#OlivosGate | El pasado EXTORSIVO del polémico abogado de Fabiola Yañez
Juan Pablo Fioribello, letrado de la primera dama, tomó protagonismo en los últimos días. Se conocieron varios detalles de su carrera pero hay otros que están ocultos y no lo dejan bien parado.
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A partir de las fotos del polémico cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, empezó a tomar mayor repercusión mediática Juan Pablo Fioribello, el abogado elegido por la primera dama.
Lo que se pudo saber en las últimos días es que tiene una relación de amistad con Moria Casán y que trabajó en el caso por presunta defraudación al Estado de la actriz Andrea Del Boca, con quien luego tuvo un romance.
SU PARTICPACIÓN POLÍTICA:
se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad y fue asesor del ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. Sin embargo hay más cuestiones del pasado del letrado que se desconocen y no constituyen una buena carta de presentación.
En el año 2009, Fioribello había sido arrestado y procesado por el presunto delito de extorsión. Estuvo detenido algunos días hasta que fue liberado luego de pagar una fianza de $50.000.
Según la acusación que se había presentado ante la Fiscalía Nacional de Instrucción 47, el abogado de Fabiola Yáñez habría intentado extorsionar a un hombre con un video privado.
El denunciante declaró que Fioribello se habría hecho pasar por un sargento de la Policía Federal y que le habría exigido una suma de $25.000 a cambio de no repartir el material.
El 26 de junio del 2009 la Policía realizó la detención de Juan Pablo Fioribello y un acompañante llamado Ramiro Cenoz. Los efectivos le secuestraron credenciales de portación de varias armas de fuego y tarjetas personales que lo presentaban como “Jefe de Asesores del Gobierno de la Ciudad”.
Tras el arresto, la Justicia ordenó un allanamiento al domicilio del abogado. Allí se habían encontrado chalecos antibala, escudos policiales y armas de fuego.
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Mientras miles de bonaerenses sobreviven con sueldos de miseria y hospitales colapsados, el gobierno de Axel Kicillof parece más preocupado en asegurar peinados perfectos y cargos a medida que en solucionar los problemas de fondo. Es claro que hace tiempo que la política dejó de ser una vocación para convertirse en una pasarela. Pero lo que ocurre en el círculo íntimo del gobernador ya roza el delirio estético institucional. Mientras las aulas se caen a pedazos, mientras faltan médicos y sobran piquetes, la pareja gobernante parece moverse con el glamour de un set de televisión.
Un posteo y un punto de inflexión
El origen de esta historia podría datarse un 12 de octubre de 2022. Aquella jornada, el peluquero más cool de La Plata, Santiago Giovannone, publicaba orgulloso una imagen en Instagram en la que se lo ve abrazado a Kicillof y a su esposa, la primera dama bonaerense, Soledad Quereilhac, todos estrenando un moderno corte de cabello. Junto a ellos se encuentra otro personaje absolutamente desconocido, llamado Federico Cornet, pareja del famoso coiffeur.
Momentos posteriores a la publicación, Kicillof se trasladó a la Casa de Gobierno para lucir su nuevo peinado en la presentación del programa “Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares”. En su cuenta de Facebook, de la empresa Meta, el mandatario auguraba que “transformar la educación pública desde el cariño y el compromiso, necesita de todos y de todas”.
Pero detrás de la foto hay un detalle no menor: ya por entonces, Cornet cobraba un sueldo público en la esfera bonaerense, aunque nunca hubo demasiadas certezas al respecto. Extraoficialmente trascendió que la pareja del peluquero no percibía un ingreso por cortarle las puntas al mandatario y a la primera dama, sino como parte integral de la planta de trabajadores del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Aunque esto nunca fue aclarado oficialmente.
Hace tres años, Jorge Lanata había advertido irregularidades en esta relación: “Para gente al pedo encerrada en una casa ya está el gabinete de Alberto (Fernández). Lo que no sabíamos es que también había peluqueros con amigos que entraban por la ventana de la política, mientras las ventanillas de empleo público están cerradas para miles de personas con formación real”, explicó.
Pero otra publicación en redes sociales, mucho más reciente, vino a confirmar lo que varios años no lograron.
El 8 de noviembre de 2024, la cuenta oficial de la fundación Ludovica, del hospital de Niños de La Plata, compartió un posteo dando a conocer una actividad con el gobierno provincial, poniendo fin al asunto: “El pasado lunes, nos visitó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz y el asesor de Gabinete, Federico Cornet”.
De este modo, Cornet fue presentado oficialmente como asesor de gabinete durante una visita institucional de la ministra. Allí compartió elogios y fotos en modo funcionario ejemplar. Pero el problema no es solo que la pareja del peluquero no aparezca en el organigrama del ministerio, ni que no se sepa cuál es su función específica, sino que su ascenso parece obedecer a una lógica perversa: la política del amiguismo travestida de inclusión.
¿Un peinado por un puesto?
La cercanía entre los protagonistas resulta visible. Con el tiempo, Giovannone se volvió una especie de estilista de cabecera del matrimonio gobernante. A la par, su pareja fue designado asesor de gabinete.¿Coincidencia? ¿Currículum? ¿O simplemente un caso de insertismo capilar en la administración pública?
Mientras tanto, en una Argentina en crisis, donde la desigualdad de género es un drama estructural, el ministerio que debería liderar esas políticas parece haber abierto sus puertas a un improvisado sin formación conocida. A la luz de los hechos, la única experiencia comprobable de Cornet es su cercanía con Giovannone -el peluquero del poder- y su afición por posar con funcionarios.
El relato oficial habla de equidad, inclusión y justicia de género. Pero desde hace tiempo que lo que se ve detrás de escena es un ministerio que reparte puestos como si fueran turnos en la peluquería. Lo que podría haber sido una política clave para combatir violencias y desigualdades, hoy parece reducido a un círculo íntimo de militantes bien peinados y funcionarios sin función.
¿Qué aporta Cornet a la agenda de género? ¿Qué calificaciones tiene? ¿Qué evaluación de desempeño lo respalda? Al día de la fecha, nadie lo sabe con claridad.
Carlos Kikuchi, antiguo titiritero de la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023, lanzó el frente Unión, Renovación y Fe (URF) y fijó como objetivo disputar el voto libertario y de centroderecha en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. El senador provincial afirmó que su espacio ofreció “una alternativa de derecha con sensibilidad social” y explicó que presentará listas en las ocho secciones electorales—donde se eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales—y en los 135 municipios, que este año renovarán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.
El dirigente sostuvo que abandonó La Libertad Avanza antes del balotaje presidencial por el acuerdo con Mauricio Macri: “Cuando Javier toma la decisión de recostarse sobre Macri para el balotaje, creo que compramos un Renault Gordini y lo pagamos al precio de una Ferrari”. Además, replicó a quienes lo acusaron de favorecer a Axel Kicillof: “Nosotros en algunas cuestiones hemos votado para darle gobernabilidad a Kicillof… Ahora, no le hemos votado todo al libro cerrado”.
– Vargas, Kikuchi, Luayza, Cuervo y Del Oso, el pasado viernes en la presentación de Unión, Renovación y Fe
Kikuchi relató que el nuevo armado ya sumó “más de 20 concejales de LLA” y aseguró que algunos funcionarios “renunciaron o están pensando renunciar al PAMI para venirse a trabajar con nosotros”. Entre sus respaldos inmediatos mencionó a los senadores Silvana Ventura y Sergio Vargas, a los diputados provinciales Fabián Luayza, Gustavo Cuervo, Sergio Vargas y Juan Del Oso, y al senador Sergio Vargas, que integran los bloques Unión, Renovación y Fe en ambas cámaras bonaerenses.
En el plano económico, manifestó coincidencias con la Casa Rosada, pero reclamó atención sobre la situación social: “Nosotros estamos de acuerdo con el reacomodamiento de la macro… en el conurbano la gente está sufriendo mucho y no se está poniendo el debido cuidado a esas cuestiones”. Desde el oficialismo replicaron en reserva: “Hoy no hay lugar para tibios ni para los que dudan del rumbo. El país necesita coraje, no discursos reciclados”.
Kikuchi confirmó que no competirá en los comicios nacionales del 26 de octubre, cuando la provincia elegirá 35 diputados nacionales. Aclaró que vio a Kicillof “una vez en su vida” y que su diálogo con la gobernación bonaerense fue “prácticamente nulo”. Respecto de una eventual alianza con La Libertad Avanza, contestó: “El diálogo siempre está abierto, pero ya no depende de nosotros”.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
La sesión del Senado bonaerense convocada para debatir la eliminación del límite a las reelecciones de legisladores cayó por segunda vez en dos semanas al no alcanzar el quórum. Aunque Unión por la Patria contó con 20 propios y el respaldo de tres “libertarios” dialoguistas, la banca 24 —clave para iniciar el tratamiento— quedó vacía cuando la senadora del Frente Renovador, Sofía Vanelli, decidió no presentarse.
El recinto estaba citado a las 15.00. Media hora después, sin los números necesarios, se pasó a un cuarto intermedio “sin fijación de hora” y, finalmente, a las 18.20 la presidenta del bloque oficialista, Teresa García, admitió la derrota: “Nosotros tenemos una responsabilidad en el recinto. Uno puede perder votaciones, pero no puede perder la discusión político. Lamento que los presidentes de las bancadas de la oposición se hayan comunicado conmigo para decirme que no van a dar quórum en esta sesión”.
García cuestionó a los ausentes: “¿Cuál es el problema de dar una discusión política? cuando uno asume una responsabilidad política, se sienta y discute. Se puede ganar o perder. Esconderse para no dar quórum es una actitud poco menos que cobarde”, y agregó: “Es triste que hoy no esté sentada la oposición, como un acto de extorsión”.
El ex libertario Carlos Kikuchi acompañó la queja oficialista: “Lamentamos enormemente lo que está ocurriendo. Somos servidores públicos y nuestra obligación es venir a debatir por la positiva o la negativa cualquier tema”.
Desde la oposición, la estrategia fue unificada. El bloque libertario celebró “un rotundo fracaso de la casta” y afirmó: “Es una derrota del kirchnerismo y una victoria de los bonaerenses que exigen una política distinta”. El PRO apuntó en la misma línea: “Gracias a la firmeza y el trabajo coordinado de los bloques del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, frenamos un nuevo intento del oficialismo de debilitar las reglas de la democracia”.
NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i
Los radicales también justificaron la ausencia. “Muchos municipios siguen golpeados por las consecuencias del temporal, y la situación es crítica en materia de seguridad, salud y educación. No vamos a convalidar debates que no pongan en el centro a los bonaerenses”, señalaron. El jefe del bloque, Agustín Maspoli, reforzó: “Hoy no dimos quorum porque no avalamos la idea de habilitar reelecciones indefinidas. Es momento de discutir los temas que realmente importan. La provincia enfrenta urgencias que no pueden esperar”.
Vanelli, cuyo voto era decisivo, anticipó su postura en redes: “La sesión de hoy… ¡atrasa! Tomé la decisión de NO asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores???? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos”.
El proyecto impulsado por el senador kirchnerista Luis Vivona proponía modificar el artículo 13 bis de la Ley 5109 y permitir la reelección indefinida de senadores y diputados, sin incluir a los intendentes. Paralelamente, la senadora Ayelén Durán presentó otra iniciativa para extender el beneficio también a los jefes comunales, siguiendo un acuerdo del gobernador Axel Kicillof con los intendentes afectados por la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La ley vigente limita a dos mandatos consecutivos —completos o no— la permanencia en el cargo y exige un período de intervalo para postularse nuevamente. De prosperar los cambios, figuras de peso como Teresa García o el camporista Facundo Tignanelli podrían buscar un tercer mandato consecutivo este año.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. “Dignidad es no robar”, subrayó durante un acto en la planta de Itasa, en el Parque Industrial de Paraná, donde presentó la primera inversión aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
“Anoche escuchaba a una ex presidenta decir que la cárcel daba dignidad”, inició Frigerio ante operarios y empresarios. Señaló las máquinas que lo rodeaban y afirmó: “Esto es lo que da dignidad. Dignidad es esforzarse todos los días, es apostar por el país como lo hacen nuestros empresarios, invirtiendo, endeudándose, apostando por generar más empleo de calidad”. Remató: “Dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana para que, con el fruto de ese esfuerzo, se pueda llevar el plato de comida a la casa”.
DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF
El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución de la Cámara de Casación y dispuso: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos…”.
Además, confirmó el decomiso de $84.000 millones. El TOF 2 deberá definir ahora las condiciones de detención; por su edad, la ex mandataria podría acceder al arresto domiciliario y no podrá competir en las próximas elecciones. Desde 1983 solo dos ex presidentes quedaron condenados: Carlos Menem y ahora Cristina Kirchner.
Tras conocerse la sentencia, Frigerio publicó en la red social X: “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR”. En el mismo mensaje destacó que Itasa adhirió al RINI con una inversión de cuatro millones de dólares y precisó que 17 empresas tramitaron su incorporación al programa.
Durante el acto, el mandatario indicó que esos 17 proyectos totalizaron $ 21.000 millones y defendió la medida: “Es la primera de muchas por venir”. Añadió que la provincia atravesó “la caída de recursos más fuerte que se recuerde”, pero aseguró que “la crisis ya no recayó sobre las espaldas del sector privado”. Subrayó que su gestión priorizó “la transparencia y la administración eficaz de cada peso” y describió como “un cambio cultural que espero que haya llegado para quedarse” la articulación con los empresarios para “generar riqueza produciendo para la Argentina, produciendo para el corazón energético que es Vaca Muerta”.
Frigerio concluyó que el trabajo es “el norte que guía nuestras decisiones de gobierno” y vinculó la iniciativa a la “dignidad” que, según expresó, “no es ir a la cárcel, sino trabajar”.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
