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A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el sábado pasado, la legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, cuestionó la jubilación de privilegio que recibe Alberto Fernández.
El expresidente del Frente de Todos percibe casi $8 millones de pesos mensuales en su jubilación de privilegio, lo que equivale a 52 jubilaciones mínimas. Su ingreso se traduce en aproximadamente $9722 por hora, logrando recaudar en solo 14 horas lo que un jubilado promedio obtiene en un mes.
Para Ocaña, Fernández no puede percibir esa jubilación porque “incumple con la Ley, más en el marco de las denuncias por fraude al Estado que este propio gobierno le ha hecho”. Finalmente, contó que no fue recibida por las nuevas autoridades de ANSES. Ocaña quiere acercar a los funcionaros del organismo las más de 50 mil firmas que juntó contra la jubilación de privilegio de Alberto en la reconocida página Change.org.
Además, pidió a Milei “que no desilusione a los millones que lo votaron. Y como estoy segura de que él está en contra, como lo ha dicho, de terminar con los privilegios de la casta, anule esta decisión del ANSES, que no solamente viola la normativa porque Alberto Fernández claramente no vive en la Argentina, sino que también es una cachetada para los millones de jubilados que hoy ganan la mínima, que con bonos llega a $200 mil”.
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Marcelo Peretta, farmacéutico, sindicalista y candidato a las elecciones porteñas de 2025, presentó oficialmente su plataforma política bajo el nombre de Movimiento Plural, un “nuevo partido liberal” que busca agrupar a los desencantados con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de Miguel Pichetto, Peretta apuesta a consolidar un espacio político que promueva “la verdadera libertad” y reformas laborales y sindicales.
Peretta, quien también es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), presentó su marca, que lleva su nombre en blanco y negro, acompañada del lema “La receta y los remedios para la Ciudad”, en referencia a su profesión y su enfoque en soluciones concretas.
En su discurso, Peretta criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señalando que “es contradictorio escuchar al Jefe de Gobierno hablar de generar empleo o crear un fuero laboral propio cuando hace 5 meses tiene acéfala la Secretaría de Empleo”. Además, cuestionó el desgaste de la administración porteña tras “casi 18 años del mismo color político”.
Peretta dirigió su mensaje a los “huérfanos, maltratados, silenciados, exiliados, ninguneados y degradados” por el gobierno de La Libertad Avanza. A través de un “Decálogo de bienvenida a los auténticos liberales”, invitó a quienes se sienten traicionados por las promesas incumplidas de Milei a sumarse a su proyecto. “No más promesas vacías, acá hay compromiso real. No más silencio, tu voz es nuestra fuerza”, afirmó.
En sus ejes, detalló algunas de las iniciativas que impulsará para fomentar el trabajo registrado en la Ciudad. Entre ellas, propuso “impuesto 0 para el primer año a todo CUIT que se instale en la Ciudad y que registre a sus trabajadores; simplificar las habilitaciones vía electrónica; y pagos de cargas sociales a cuenta del ABL”. Además, destacó que su objetivo es “recuperar a los 500 mil trabajadores porteños que están en negro o percibiendo salarios de pobreza”.
Respecto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Peretta reconoció su capacidad de trabajo y adaptación, pero criticó el enfoque del gobierno en la “especulación financiera”.
El 21 de enero pasado, la concesionaria Stampa Automotores SA ubicada en Tortuguitas, Panamericana R Pilar KM 0, le facturó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 40 Fiat Cronos Drive 1.3.
El precio unitario que pagó el ministerio a cargo de Javier Alonso fue de $56.416.566, 26. En total se invirtieron 2.256.662.650,40 pesos.
El precio de mercado del auto de similares características es de 26 millones de pesos.La compra se habría realizado con un sobreprecio superior al 100%.
Según especialistas en seguridad, el precio podría ser superior por el blindaje y distintos agregados que tienen los patrulleros pero los montos salieron de la concesionaria. Los blindajes no se realizan en la casa donde se adquirieron.
Fuentes consultadas dentro del Ministerio aseguran que la compra se realizó de manera express y sorpresiva.
Las autoridades pidieron que la compra se realizase sin objeciones. La gestoría que estuvo a cargo de la operación fue Nugamax SRL.
Esa semana, Axel Kicillof presentó unos 30 patrulleros nuevos en Ezeiza.
Ese mismo vehículo fue adquirido por Kicillof el año pasado y, según informes públicos, donados a la provincia de Santa Fe. La Cornisa mostró que los mismos patrulleros de Santa Fe, donados por Kicillof, aparecían en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Juan Grabois, agitador social y referente del partido Frente Patria Grande, ha realizado recientemente varias declaraciones contundentes respecto a supuestos intentos de desestabilización o llevar adelante “un golpe” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Sus pronunciamientos en una entrevista al medio Somos Gelatina, han generado controversia en el escenario político, excusándose de que “todavía pensar es legal”.
“Quiero que se caiga el gobierno y quiero que Milei no sea más presidente”, afirmó Grabois, remarcando sostener esa postura.
El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria enfatizó la necesidad de utilizar herramientas institucionales para interrumpir el mandato presidencial, mencionando “el juicio político, la lucha popular por la renuncia”, recordando que “eso ha pasado en la historia argentina”.
“Nuestro pueblo sacó al incompetente de De la Rúa y a la asesina de Patricia Bullrich”, sostuvo, en una dura acusación contra la actual ministra de Seguridad.
Grabois destacó, asimismo, la tensión generada por la politización de ciertos espacios y por la influencia de la política partidaria en la toma de decisiones. Recordó sus propias experiencias y la evolución de su rol dentro del movimiento sindical.
“La resistencia no violenta no implica estar paradito dejando que te peguen… Tenés que estar dispuesto a sacrificar algo”, subrayó Grabois, añadiendo: “Yo cuando era pibe iba recontra al frente y ahora me tocó otro rol, pero yo lo felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo a los jubilados.”
“Es la toma por asalto del poder de los multimillonarios, es el gobierno Elon Musk. Es el anarcocapitalismo, es el capitalismo sin gobierno, sin contralógicas, ni de lo público ni de lo comunitario”, afirmó, utilizando metáforas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.
La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.
Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.
El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.
Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.
La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.
A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.
Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.
En un encuentro celebrado este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió al intendente de Colón, José Luis Walser, para delinear posibles acciones compartidas entre ambas instituciones. El diálogo se centró en dos ejes fundamentales: la concientización sobre la importancia de no consumir alcohol al conducir vehículos y la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, con énfasis en la prevención del suicidio.
La reunión respondió a la necesidad de articular políticas públicas que aborden estos problemas de manera integral en la provincia. En relación con la iniciativa de “alcohol cero”, Walser subrayó la importancia de contar con mayores recursos para reforzar los controles viales en su jurisdicción.
“Venimos de varias reuniones con Gustavo Hein, alguien que escucha lo que pasa en el territorio. Trabajamos en el marco de su decisión de involucrarse en temáticas que van más allá de lo legislativo, como el programa de alcohol cero”, resaltó el presidente municipal. Añadió que, próximamente, Colón podría firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para reforzar estas medidas de control:
“Estamos a punto de firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para tener un nuevo alcoholímetro en nuestra ciudad. Colón tiene una temporada turística de muchísima ocupación y permanentemente controlamos esta problemática. Por eso este compromiso del presidente es fundamental”.
En paralelo, ambas partes abordaron la necesidad de impulsar acciones de promoción de la salud mental, con el objetivo de prevenir el suicidio. Walser explicó: “Esto es muy necesario en los territorios. Sabemos que hay un alto grado de suicidios en la provincia y Colón es, lastimosamente, uno de los departamentos que tiene mayor índice. Así que vamos a trabajar de la mano”.
El intendente también destacó el trabajo que el municipio viene realizando desde el Área de Salud en materia de prevención. “Coincidimos en generar acciones concretas para poder brindar herramientas, sobre todo a los jóvenes, que son quienes atraviesan procesos complejos con las adicciones y con otras problemáticas y que necesitan el acompañamiento del Estado”, enfatizó.
Tanto Hein como Walser reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación institucional para afrontar estas problemáticas con políticas conjuntas. De este modo, procuran sumar esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad y salvaguardar la seguridad vial en toda la región.
Desde hace décadas, la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de constantes licitaciones, anuncios y presupuestos multimillonarios, pero también de un patrón de fraude sistémico que ha dejado rutas inconclusas, obras mal ejecutadas y una pérdida millonaria de recursos estatales.
Entre los casos más emblemáticos de esta problemática se encuentra el camino Maipú – Labardén, donde la gestión de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Patricia Tombesi durante el gobierno de Daniel Scioli, ejecutó una serie de licitaciones fraudulentas que continúan afectando a los bonaerenses. En este esquema, la gestión de Axel Kicillof pareciera haber continuado el derrotero.
El camino de Maipú – Labardén, la historia se repite
El caso del acceso a la localidad de Labardén desde la ruta 2 es un claro ejemplo del fraude sistemático perpetrado desde la dirección de Vialidad bonaerense. En marzo de 2015, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, junto a Patricia Tombesi y otros funcionarios, anunciaron la licitación de la pavimentación del camino con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
– Choque en ruta 6
Los habitantes de la zona ya habían denunciado incumplimientos previos: en 2011, la provincia había licitado una obra similar sin que se llevara a cabo ninguna mejora significativa. Cuando los vecinos reclamaron, funcionarios de Vialidad argumentaron que los contratos seguían vigentes y que no podían reasignar fondos hasta que no se resolvieran legalmente los compromisos con las empresas contratistas. Mientras tanto, la gestión de Tombesi y Granero realizaba “redeterminaciones de precios” y nuevos préstamos a organismos como el Banco Mundial y el BID, aumentando la carga financiera sobre la provincia sin resultados tangibles.
– De izquierda a derecha: Favio Granero, Patricia Tombesi, Karina Arbia y Maria Inés Tombesi
Para 2017, la falta de pavimentación había provocado varios accidentes y los vecinos seguían exigiendo respuestas. Sin embargo, en 2023, el actual gobernador Axel Kicillof anunció una nueva licitación para asfaltar el mismo camino, con un presupuesto de 4.137 millones de pesos (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Al día de hoy, las obras siguen sin completarse y el camino de Maipú-Labardén permanece en condiciones precarias.
Ruta nacional 6, otra obra incumplida
Lejos de ser una excepción, el caso del camino Maipú – Labardén pareciera uno más de un extenso derrotero. Por caso, en noviembre de 2014, la entonces administradora de Vialidad, Patricia Tombesi, anunció la finalización de una serie de obras en la ruta nacional 6, una vía clave que atraviesa municipios como Zárate y Campana. Según Tombesi, el presupuesto asignado para estas mejoras ascendía a 1.700 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares en ese momento), con el objetivo de renovar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y rehabilitar 500 kilómetros de rutas.
No obstante, estas obras comenzaron a sufrir dilaciones y anuncios reiterados de finalización, sin avances concretos. A pesar de las reiteradas inyecciones de fondos y de la supuesta finalización del 60 por ciento de los trabajos, la realidad en la carretera mostraba otra cosa: capas de asfalto provisorias, ausencia de banquinas seguras, mala señalización y tramos enteros donde la ruta se convertía en una sola mano.
– Otro accidente en ruta 6, año 2014
La situación generó una serie de accidentes viales y, más tarde, se agravó con las inundaciones de 2014, que dejaron a Zárate y Campana aisladas debido al desborde de los arroyos cercanos.
La administración de Vialidad bonaerense, bajo el mando de Tombesi, se convirtió en un entramado de intereses familiares. La funcionaria contaba con la asesoría de sus primos María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero, además del escribano Alan Lynch, quienes se involucraron directamente en la gestión de fondos públicos. Posteriormente, estos mismos nombres aparecerían como aportantes a la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.
Reiteración de fraudes
Sin importar el color político, el patrón se repitea a lo largo de la historia provincial: licitaciones anunciadas, presupuestos multimillonarios, obras iniciadas pero nunca finalizadas y nuevas licitaciones que buscan reparar lo que nunca se construyó. Esta dinámica ha costado miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, mientras las condiciones viales siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias.
– Postal de la inundación de Zárate, en el año 2015
A pesar de las numerosas denuncias y de la apertura de causas judiciales, figuras clave en este entramado, como Patricia Tombesi, Favio Lautaro Granero y Alan Lynch, siguen sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el endeudamiento de la provincia sigue en aumento y los mismos problemas estructurales continúan afectando a los bonaerenses.
La falta de transparencia y la impunidad han permitido que este esquema de fraude continúe operando a lo largo de distintas administraciones.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
