11 octubre, 2024

¡NOSOTROS TAMBIÉN QUEREMOS! | Ahora quieren los “privilegios” Núñez Carmona y Nicolás Ciccone

El socio y amigo de Amado Boudou, José María Núñez Carmona y el ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone pidieron excarcelados al Tribunal Oral Federal 4
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Descubren que la diputada “libertaria” Celeste Ponce fue beneficiaria de un plan social

La polémica diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, es parte de una nueva controversia: Un decreto emitido el 16 de marzo de 2018 por la Municipalidad de Huinca Renancó, localidad cordobesa donde es oriunda, constata que la legisladora fue beneficiaria de un subsidio.

El documento especifica que Ponce recibió una “ayuda socioeconómica reintegrable con trabajo social comunitario”, a realizar “en cualquiera de las Áreas bajo responsabilidad del Municipio, sin generar precedentes de relación laboral” con la Municipalidad. En el Decreto Nº 125/2018, figura su nombre entre el de varios beneficiarios, junto a su respectiva información personal, domicilio y número de DNI.

El documento público lleva la firma del abogado Oscar Elías Mario Saliba, entonces intendente por parte de la Unión Cívica Radical. Ocupó ese puesto de manera ininterrumpida desde 2001 hasta 2023, cuando pasó a integrar la Legislatura de Córdoba.

Fuentes de Huinca Renancó expresaron que “el plan social era para ayudar a los vecinos de Huinca, sin embargo, en esa época, ella (por Ponce) estaba en Córdoba Capital. Hasta ahora nunca se demostró la contraprestación” que detalla el documento.

Además, la misma fuente agrega: “Lo polémico es que el padre de Celeste era funcionario de esa gestión (la de Oscar Saliba) que le otorgó el plan social. Y su situación económica no es vulnerable, para empezar, ellos tiene, aquí en el pueblo, tres lujosas propiedades. Una de las viviendas cuenta hasta con una piscina”.

Celeste Ponce recibió ayuda social, pero cuenta con tres propiedades (una de ellas con piscina)

Según expresa en su biografía oficial, volcada en la página de la Unicameral, Saliba (el ex intendente radical) ocupa cargos en en el Estado cordobés desde 1985, año en el que se desempeñó como secretario privado del Presidente Provisorio de la Legislatura provincial.

UN PUESTO EN EL ESTADO PARA EL PAPÁ DE LA DIPUTADA “LIBERTARIA”

La familia Ponce también aparece vinculada a la actual gestión de gobierno. Ana Lucía Bolaño, la actual intendente de Huinca Renancó, contrató a Ricardo Ismael Ponce, padre de María Celeste, como Encargado del Área de Tránsito.

Cabe destacar que las direcciones de domicilio registradas en los decretos de María Celeste y Ricardo Ponce coinciden, es decir, se trata de la misma casa.

La contratación de Ricardo Ponce fue oficializada a través del Decreto N° 090/2024, con las firmas de la intendente y la secretaria de Gobierno, el 26 de enero del corriente año. Según consta en el documento, Ponce padre recibió un salario mensual superior a los $400 mil entre enero y julio de 2024, alcanzando en abril casi los $520 mil.

Según fuentes periodísticas locales, el ingreso del padre de la diputada nacional al Estado municipal de Huinca Renancó se dio luego de una visita que Celeste Ponce realizó exclusivamente (principios de enero de este año) a su pueblo para reunirse con la intendente Bolaño, para conseguirle el puesto estatal a su padre y a otro familiar.

Redacción

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Milei defendió el veto ante los empresarios y acusó a la oposición de “usar una causa noble para robar dinero a los alumnos”

Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.

Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.

– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora

Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.

En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.

Redacción

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Polémica alianza entre libertarios y kirchneristas para frenar el proyecto que termina con la reelección en los sindicatos

La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.

La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.

Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.

Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.

Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del TrabajoPablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.

Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.

“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.

Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.

El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión. “Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.

“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.


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“Que la humildad le gane al ego” | La reflexión de un dirigente del PRO

*Columna de opinión por: Walter Klix. Director nacional del @Minseg – Presidente de Fundación @proyectar_arg – Consultor y militante PRO



La política, en Argentina más que en otros países, suele correr al ritmo de la adrenalina que le inyecta la ansiedad de quienes la practican a diario. Pero también de quienes esperan muy pacientemente los resultados de las promesas de campaña.

Probablemente en las últimas 15 o 20 elecciones hayamos escuchado a los candidatos de distintos partidos políticos prometer que van a bajar la inflación, que van a bajar los índices de inseguridad y que van a terminar con la corrupción.

¿Por qué el relato es tan repetitivo? Básicamente por algo que suele decir el actual Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La administración argentina fue tan mala, que ni siquiera fuimos capaces de generarnos problemas o desafíos nuevos. Y es así, hace al menos 30 o 40 años que Argentina tiene inflación, inseguridad y corrupción.

Con estos precedentes, Javier Milei, quien preside actualmente el país atacando de lleno estas tres arterias y con algunos indicios de mejora en todas ellas, tiene en jaque electoral a toda la oposición, la cual indudablemente transita una crisis general luego de 20 años de un modelo y grieta política qué dominaron la atención del sector.

Por eso pareciera normal que se empiece a hablar de las elecciones del año 2025, para las cuales faltan exactamente un año, tiempo suficiente para que en un país como Argentina cambie absolutamente todo. Aun así, me animo a afirmar que el oficialismo va a triunfar en las elecciones del año que viene, principalmente por la debacle de la oposición y muy al margen del rumbo del gobierno.

El Peronismo con una interna qué no se veía desde antes de la llegada del kirchnerismo. El Radicalismo sin entender los mensajes de la sociedad jugando nuevamente a las internas para que emerja un vencedor qué jamás validará el pueblo. El PRO, partido al cual pertenezco desde sus inicios, proponiendo una renovación qué no se da ni en la práctica, ni en sus nombres ni en sus formas.

Dicho esto, y afirmando que el partido o frente electoral que apoye el Presidente Milei va a ganar las legislativas del 2025, es importantísimo darle la entidad necesaria a ese acontecimiento, principalmente en la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Muchos dirán que puede ser el final del Peronismo/Kirchnerismo y fácilmente podríamos demostrar que no es así.

Soy del PRO (de sus ideas), y por ende me abrazo a los números. El Peronismo ha perdido las últimas cuatro elecciones legislativas y erróneamente en todas se los dio por muerto para las presidenciales siguientes. Repaso En 2009 un, para ese entonces, desconocido Francisco De Narváez encabezaba una lista de un frente electoral llamado “Unión Pro” con el acompañamiento de Macri y Felipe Solá, entre otros, y le ganaría ajustadamente a la lista testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, que para ese entonces era un Kirchnerista en crecimiento.

El frente electoral triunfante se desintegró, y dos años después Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. En 2013, un Sergio Massa qué venía a prometer celdas para los ñoquis de La Cámpora, sus ex aliados, enfrentaba al candidato del oficialismo, Martin Insaurralde. La cómoda victoria del tigrense daba por sentado un futuro auspicioso en las elecciones de 2015. Nuevamente, quienes fueron juntos en las elecciones legislativas fueron separados en las ejecutivas y dividieron votos, en este caso Macri y Massa. Reñida victoria de Scioli en las generales, y ajustadísima derrota luego vs Macri 51-49 en el balotaje.

Aquí si se instaló la idea de que el kirchnerismo sin “fierros” pasaría a la inevitable desaparición. Más aún, cuando en 2017 la propia Cristina Fernández caería derrotada frente a Esteban Bullrich. Sin embargo, dos años después lo que parecía inimaginable sucedió. Massa se olvidó de sus rencores con los ñoquis de La Cámpora, Cristina escondió su orgullo a cambio de no ir presa y Alberto Fernández vio la oportunidad de su vida. Resultado aplastante en las PASO qué definió anticipadamente la elección y eyectó por las nubes el dólar y el riesgo país durante 4 meses.

Por último, victoria ajustada pero victoria al fin de Santilli sobre Tolosa Paz. Dos años después, ambos frentes cayeron derrotados ante la figura renovadora de Javier Milei. En resumen, el Kirchnerismo perdió el 100% de las elecciones legislativas de los últimos 15 años. Sin embargo, lejos de desaparecer como frente político fueron capaces de volver al poder más de una vez.

Quienes participamos activamente de todo este proceso que acabo de detallar, y más aún quienes vivimos en carne propia el regreso del Kirchnerismo al poder en el 2019, tenemos la posibilidad de afirmar que el pragmatismo Peronista le ha ganado por goleada a la arrogancia y soberbia de los sectores que lo enfrentaron. Principalmente en el partido al cual aún pertenezco.

Aquellos que deseamos que el rumbo político y económico actual se sostenga en el tiempo, debemos ayudar a nuestros líderes a que entiendan tres cosas: 1. Ganarle al Kirchnerismo el año que viene es prácticamente una misión obligada. 2. Esa eventual victoria no implica absolutamente nada más que un número x (equis) de diputados y senadores. 3. Si no dejamos de lado el ego, ellos van a volver.

La política argentina necesita imperiosamente qué La Libertad Avanza y el PRO entiendan que no hay margen para ir separados el año que viene, incluso cuando en términos electorales tal vez convenga quedarse con las 3 bancas del senado en algún distrito. LLA y el presidente Milei deben asumir con altura y humildad el liderazgo de un nuevo frente electoral. Macri, Bullrich y el PRO deben asumir que quien gana conduce, y que en este momento toca acompañar. Con seguridad el Peronismo hará su parte, y dejaran sus diferencias de lado al menos por unos meses. Es ahora el momento en el que hay que ser más Peronistas que nunca a la hora de los acuerdos a mediano y largo plazo.

El desenlace de un 2025 no implica un correlato a futuro, pero sin dudas marcará un rumbo hacia un nuevo horizonte en la política argentina qué puede tomar envergadura de manera definitiva o en este caso sí, desvanecerse rápidamente ante el aparato político más ambicioso de poder que se haya conocido en América latina, solo comparable con el PRI del siglo XX.



Redacción

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Kicillof destina $1.500 millones a tres distritos ultra K

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exige mayores contribuciones bajo el argumento de mejorar áreas clave como la seguridad, la educación y la salud, aunque los resultados hasta el momento muestran un deterioro evidente en estos sectores.

En el marco de una nueva licitación pública, identificada como LPU-0003-2024, el gobierno de Axel Kicillof adquirió un puñado de camiones con cabina dormitorio y caja volcadora trasera, versión diésel. La justificación oficial es la necesidad de atender ciertas problemáticas operativas.

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La apertura de ofertas se llevó a cabo en la dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales, en la sede de la capital provincial. Sin embargo, lo que promete generar indignación entre los bonaerenses, quienes luchan por llegar a fin de mes, es el exorbitante costo de la licitación, que asciende a 1.489.681.440 de pesos, financiados con los impuestos de los bonarenses.

– Achával (Pilar), Ustarroz (Mercedes) y Boto (Luján)

La inversión irá a parar a tres distritos ultrakirchneristas: Pilar, donde gobierna Federico Achával (hijo del empresario K, Federico De Achával, accionista mayoritario de Hipódromo Argentino de Palermo SA); Mercedes, cuyo intendente es Juan Ustarroz (hermano de crianza de Wado de Pedro); y Luján, distrito conducido por Leonardo Boto (quien viene de instaurar una tasa municipal al combustible del 1,55 por ciento).

De acuerdo con consultoras privadas, la imagen positiva del gobernador Kicillof ha disminuido considerablemente. En un contexto económico crítico, los elevados gastos y la falta de resultados tangibles incrementan el descontento de la población, que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos mientras el mandatario bonaerense utiliza a la provincia como trampolín para sus aspiraciones personales.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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El Gobierno se arrodilla ante la CGT y el sindicalismo le copa la reforma laboral

El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.

El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.

– Héctor Daer

De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.

Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.

Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).

“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos

Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.

Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.

El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.

Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".

Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.

Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.

Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.

"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.

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