“Nadie quiere votar a un discapacitado”: La repudiable afirmación de un candidato libertario

Las declaraciones que vertió en redes sociales Lucas Luna, candidato al Parlasur del partido La Libertad Avanza que comanda Javier Milei, iban dirigidas a Franco Rinaldi del PRO.
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Un candidato de La Libertad Avanza (LLA), el partido que lidera el actual diputado nacional y aspirante a presidente de la Nación Javier Gerardo Milei, protagonizó un repudiable momento al asegurar que “nadie quiere votar a discapacitados como Franco Rinaldi”, quien encabezará la lista de candidatos a legisladores del PRO.

“Nadie quiere votar a discapacitados como Franco Rinaldi, uno quiere votar gente como uno”, comentó Lucas Luna en un espacio de Twitter donde los usuarios se reúnen a intercambiar ideas y debatir sobre política.

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Debido al impacto negativo que generaron sus declaraciones, Luna debió cambiar de nombre de usuario varias veces, aunque finalmente decidió borrar la cuenta. El momento quedó registrado en una grabación ejecutada por el periodista de Clarín, Gabriel Martínez Bracesco, quien casualmente participó de dicha reunión virtual.

Tras la viralización total del material, el propio Rinaldi le dedicó varias líneas a Luna: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei”, inició.

El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas. Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad”, sumó.

“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo. Está lleno de ejemplos que lo corroboran, como el del único presidente de Estados Unidos electo 4 veces Franklin D. Roosvelt y que padecía poliomielitis, el gobernador de Texas Abbot que tras un accidente quedó en silla de ruedas, etcétera”, precisó para luego concluir utilizándose de ejemplo.

Jorge Macri junto a Franco Rinaldi

“Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión“, cerró.

Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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LA PLATA | Masivo repudio contra las amenazas K que recibió un periodista

El Concejo Deliberante de La Plata, en un gesto de unidad y firmeza en la defensa de los principios democráticos, aprobó por unanimidad un proyecto de decreto expresando su enérgico repudio y preocupación ante las amenazas de muerte dirigidas al periodista platense Santiago Sautel, director del GRUPO REALPOLITIK. Este respaldo unánime es particularmente significativo dado que proviene de todos los bloques políticos, incluyendo a Unión por la Patria, al que pertenece la funcionaria provincial Florencia Saintout.

La amenaza a Sautel

El incidente que precipitó esta acción legislativa puso de relieve la urgente necesidad de proteger a los periodistas y medios de comunicación frente a cualquier forma de intimidación o violencia. Sautel fue amenazado a través de redes sociales con ser blanco de un disparo y con el incendio de las oficinas del medio. Estas amenazas no solo constituyen un ataque contra la integridad física y emocional del periodista y su equipo, sino que representan un atentado contra la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Es relevante destacar que Florencia Saintout, actualmente funcionaria de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Axel Kicillof, preside el Instituto Cultural bonaerense. La aprobación unánime de este proyecto, presentado por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, demuestra que, más allá de las diferencias políticas y las responsabilidades gubernamentales, la protección de la libertad de expresión es un compromiso compartido por todos los sectores de la sociedad.

Este acto de unanimidad en el Concejo Deliberante de La Plata es un recordatorio poderoso de que, en la defensa de los valores democráticos, no hay lugar para divisiones partidarias. La libertad de expresión nos concierne a todos como ciudadanos y es responsabilidad de todos protegerla y promoverla en todo momento y lugar.

Redacción

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Perú se negó a costear la operación de uno de sus compatriotas y confrontó a un médico argentino.

El presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Cichero, en una entrevista con La Nación, analizó la situación precaria del sistema de salud pública en cuanto a la atención gratuita a extranjeros no residentes. Sugirió revisar la estrategia general para aliviar la carga de los hospitales, proponiendo medidas como el recupero de gastos y seguros de salud obligatorios.

En relación con la propuesta reciente del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de cobrar por los servicios de salud pública a los bonaerenses que se atiendan en la Ciudad, Cichero explicó que “la proporción que encontramos es 60% de pacientes de la Ciudad y 40% del Conurbano. En algunos casos, la relación es 70% Conurbano y 30% Ciudad. De modo que la persona que vive en la Ciudad, además de pagar su cobertura, soporta con sus impuestos la salud pública de 33 hospitales. Un número enorme”.

En este sentido, aclaró que la intención no es dejar de atender, sino “generar lo que en la administración de la salud se llama recupero de gastos. Los bonaerenses pagan impuestos a sus municipios para recibir atención médica, pero utilizan los servicios de la Ciudad”.

Turismo sanitario

Sobre el tema de los extranjeros no residentes, Cichero mencionó que el sistema de salud argentino es único en el mundo, ya que es de gratuidad absoluta para quienes lo utilizan, pero supone un costo fenomenal para el Estado argentino. “Si bien, según la Constitución, cualquier persona que pise nuestro territorio tiene garantizada la salud, creo que ya hemos sido demasiado benevolentes, porque a los argentinos –en ningún lugar del mundo– se les atiende gratis”, afirmó.

Para ilustrar su punto, compartió un ejemplo concreto: “Me llega un chico de 23 años al Hospital Fernández para operarse de dos válvulas cardíacas. Recién bajado del ómnibus desde Perú, la familia lo trae al hospital y lo deja internado. Le hacemos todos los estudios y lo opero. Le escribo al cónsul peruano para pedir simbólicamente que, por lo menos, ya que la cirugía la costea el Estado argentino, paguen las válvulas, que son un bien costoso que el paciente se lleva consigo. El cónsul peruano me respondió que no las pagarían. Yo propongo que si una persona no tiene cobertura, no tiene documento argentino ni tampoco reside en el país, se le requiera un seguro de salud obligatorio para atenderse en los hospitales argentinos”.

El costo de las válvulas, explicó más adelante, ronda los diez mil dólares. Por ello, señaló la existencia del “turismo sanitario” y mencionó que “la culpa es de los gobiernos que no organizan los requisitos que debería cumplir quien entra a la Argentina y luego requiere una atención médica muy cara. Como médico, no puedo juzgar. Pero, institucionalmente, si tengo una cama reservada para una cirugía cardíaca para un argentino de Jujuy pero me llega un indocumentado que me requiere esa cama, si yo no lo opero, me arma un revuelo legal. Me ha sucedido que un extranjero sin cobertura ni residencia me presente un amparo para una cirugía del corazón o un tratamiento dialítico. ¡Pero señor si usted tiene documento paraguayo! Vinieron las organizaciones de DD.HH. a reclamarme la cirugía y se terminó haciendo. Es lo que pasa siempre”.

Redacción

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ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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Más de 110 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son extranjeros

Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.

En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.

Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.

Redacción

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