Momento de definiciones en Mar del Plata | El espacio de Burlando no se decide entre internas
El abogado mediático se encuentra en arreglos con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, para conformar en Buenos Aires el peronismo no K.
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Mientras los rumores sobre que el abogado mediático Fernando Burlando dejaría atrás su precandidatura a gobernador bonaerense para bajarse de una vez por todas, la realidad que su construcción en diferentes Municipios se ha vuelto sólido. Por ejemplo, en Mar del Plata llegó a tener diversas internas entre dirigentes.
De un lado, se ubica el empresario gastronómico César Moraiz, quién correría con muchísima ventaja por encima del resto desde los diversos apoyos del Movimiento de Integración Federal y sectores peronistas locales. Por el otro, el dirigente portuario Daniel Tunoni, un hombre de Alternativa Republicana Federal, el cual aún sigue en “stand by”.
El empresario gastronómico de Mar del Plata, César Moraiz.
A pesar de todo ello, Burlando para no ir con boleta corta como aspirante en Buenos Aires, mantiene serias conversaciones con los círculos del peronismo no K, más específicamente con la línea del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Su idea sería tener injerencia también en la mesa nacional, mucho más poder aún.
Hubo algún que otro “tanteo” del sector de Javier Milei, con quien tiene buena relación por fuera de la política, sin embargo no hubo llegada a buen puerto como consecuencia de su hermana Karina Milei. La cual “por solamente ego personal”, se habría negado a levantar el teléfono en el momento indicado.
El precandidato a gobernador bonaerense, el abogado Fernando Burlando.
Ahora bien, dependiendo de cómo arregle el abogado Burlando a nivel nacional, sus estructuras locales podrían llegar a fortalecerse en autonomía, o bien se deberán mezclar con viejos duhaldistas que construyen el armado bonaerense por fuera del kirchnerismo. ¿Ya hay avanzado algo?
Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que el precandidato a gobernador bonaerense tendría predilección por Moraiz como aspirante a la Intendencia de Mar del Plata. No sin antes entender que las reglas del juego pueden cambiar con el peronismo no K, estructurado ya con sus figuras locales. ¿Qué sucederá? Falta un mes para el cierre de listas.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.
El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.
La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.
Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.
En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.
Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.
Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.
La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.
El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.
El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.
*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
El discurso oficial del Gobierno de Javier Milei se construyó sobre una premisa innegociable: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y “el que las hace, las paga”, con un combate sin cuartel contra la corrupción de la “casta”. Sin embargo, cuando la denuncia surge desde las entrañas de las Fuerzas que el propio Presidente prometió reivindicar, la respuesta no es la investigación, sino el castigo.
El cabo Miguel Ángel Montiel no es un teórico de la política; es un efectivo que, tras nueve años de servicio, decidió encadenarse a metros de la oficina presidencial para exponer una red de “planillas fantasma” y desvío de fondos en la Superintendencia de Transporte de la PFA. Lo hizo a cara descubierta, con su uniforme y la honestidad de quien ya no tiene nada que perder.
La reacción del Ejecutivo fue un silencio ensordecedor.Ni Karina Milei, ni la ministra Alejandra Monteoliva, ni la hoy senadora Patricia Bullrich —quien históricamente se embanderó en la defensa de la “familia uniformada”— se dignaron a cruzar la calle para escuchar al denunciante. En lugar de una citación para auditar las cajas negras de la fuerza, Montiel recibió un mensaje mafioso: una “zona liberada” en su domicilio de Burzaco, donde una operación de inteligencia disfrazada de robo le arrebató las pruebas (pendrives, fotos, documentos y su notebook) que sustentaban su denuncia, bajo la vigilancia previa de drones que nadie pudo —o quiso— explicar.
Montiel esposado a las rejas de la Casa Rosada.
Entre el patrullero, el taller y la prohibición
La degradación de las Fuerzas de Seguridad no comenzó ayer, pero bajo la gestión actual ha alcanzado niveles de cinismo inéditos. Montiel confesó recientemente en una entrevista televisiva lo que es un secreto a voces en los pasillos de las comisarías: un sueldo de $850.000 tras casi una década de servicio no alcanza para sostener a una familia. Para poner un plato de comida en la mesa, el cabo debe sacarse el uniforme y ponerse el overol demecánico, realizando “changas” extrasque completen el salario que el Estado le mezquina.
Esta realidad de “policías pluriempleados” choca de frente con una burocracia estatal que parece ensañarse con el eslabón más débil. Mientras el Gobierno se jacta de una filosofía liberal que defiende la libertad de trabajo, a los efectivos se les persigue y prohíbe generar ingresos extra a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Pedidos Ya o Rappi.
Es la cumbre de la humillación: el Estado les otorga salarios por debajo de la línea de pobreza, les quiebra la obra social (dejando a miles de familias sin cobertura médica digna) y, al mismo tiempo, les cierra la puerta a cualquier salida laboral honesta para sobrevivir. A quien se atreve a reclamar por esta miseria planificada, como hizo Montiel el pasado 2 de abril, la institución le responde con la persecución de su propia cúpula, tratándolo como a un delincuente por el solo hecho de querer ganar el dinero que el propio Ministerio de Seguridad no le garantiza.
Montiel junto a una madre y su hijo en la movilización frente al Edificio Centinela.
Danann y el peso de la traición electoral
El sentimiento de desamparo que recorre las filas de la fuerza encontró su voz política en el acto frente al edificio Centinela. Fue Emmanuel Danann quien, con la contundencia que el momento exigía, puso nombre y apellido al malestar de miles de uniformados.
Como señaló Danann en su discurso, este gobiernose embanderó con la defensa de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para ganar votos, asegurando que el apoyo sería total. Sin embargo, en la práctica, la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se mantienen salarios de miseria, sino que se ha permitido el vaciamiento de la obra social (IOSFA / OSPFA), dejando a los efectivos y sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier problema de salud.
La traición es doble porque no sólo es económica, sino moral. El mileísmo, que se jacta de combatir a los “corruptos”, ha decidido amparar a las cúpulas denunciadas mientras utiliza el aparato de inteligencia para perseguir a los que, como Montiel, se atreven a señalar dónde se fuga el dinero. La reivindicación prometida resultó ser un espejismo: el apoyo del Estado hoy no es para el policía que arriesga la vida en la calle, sino para el sistema que garantiza que nada cambie.
Junto a Miguel Montiel, Emmanuel Danann en el discurso que dio el 2 de abril.
Operación de inteligencia y amenazas a la familia
La persecución contra Montiel no sólo es política, es quirúrgica y mafiosa. El ingreso a su domicilio en Burzaco el pasado 12 de febrero no tuvo las características de un robo común. El uso de drones para vigilancia previay la permanencia de los delincuentes dentro de la casa, incluso al notar que se trataba de la vivienda de un policía, delatan una operación de inteligencia. El objetivo fue claro: sustraer una notebook, fotos, dos pendrives y la documentación probatoria de la corrupción denunciada. Si fuera un “robo al voleo”, ¿a qué delincuente puede interesarle robar pendrives, fotos y documentación?
Al cabole habrían mandado a robar las pruebas, pero además le dejaron un mensaje claro: su familia está marcada. El asedio ha escalado hasta las amenazas directas contra su entorno, una táctica de terrorismo institucional para quebrar la voluntad de quien decidió no ser cómplice.
El alambre por donde ingresaron los delincuentes: cortadoUna de las puertas forzadasLa habitación revuelta, la campera de la PFA a la vista
En paralelo, el asedio continuó en el plano administrativo con una desprolijidad que roza el absurdo. La Subinspector Celia Rejas —como encargada— y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada —como testigos— se presentaron para notificar al denunciante de resoluciones que exponen el apuro de la cúpula por desplazarlo. En un acto de negligencia documental, las actas oficiales registran periodos de “disponibilidad” fechados erróneamente en 2025, un yerro técnico que demuestra cómo se están armando expedientes a contrarreloj para intentar dar un barniz de legalidad a la persecución.
En un video publicado el martes 7 de abril en su Instagram, Montiel dijo: “hoy tuve la agradable visita, e inesperada, de mis camaradas de la comisaría Belgrano Norte, para notificarme. Me hicieron firmar tres actas de notificaciones […] están analizando qué es lo que van a hacer: si me van a echar de la policíao si continúo en servicio pasivo”.
La maniobra final es la más perversa: la patologización del reclamo. Apenas Montiel expuso las cajas negras de la fuerza, el sistema respondió pasándolo a revista de forma inmediata. Ahora que el cabo sumó a su denuncia el reclamo por mejoras salariales y el estado terminal de la obra social, la institución activa el protocolo del silencio: dicen que “está loco”. La revisión de la Junta Médica para evaluar su “aptitud psicofísica” no es un examen de salud, es el mecanismo histórico para declarar “no apto” al que señala la suciedad, buscando quitarle el uniforme y la credencial para silenciar su testimonio mientras el Estado le respira en la nuca a su familia.
Como parte de este desarme simbólico, la cúpula le exigió la entrega inmediata de su uniforme y equipo. Sin embargo, Montiel se negó rotundamente a ceder sus atributos de mando, ya que aún posee estado policial. Sabe que el objetivo… de esta intimación es despojarlo de su identidad policial para que no pueda aparecer uniformado en videos o ante la prensa, intentando restarle peso a su denuncia. A pesar de que ya le han prohibido formalmente presentarse en eventos públicos y medios de comunicación, el cabo resiste: entiende que el uniforme no le pertenece a la cúpula que lo persigue, sino al juramento que ellos mismos traicionaron.
Video subido por Miguel Montiel a sus redes sociales explicando la entrega de notificaciones.
La persecución contra Montiel saltó de la calle a la pantalla de televisión. El miércoles 8 de abril, el cabo se presentó uniformado en el piso de Crónica TV, en una visita gestionada por Emmanuel Danann y Augusto Grinner, para exponer ante todo el país lo que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar. Con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, Montiel adelantó lo que era un secreto a voces: que su expulsión de la fuerza era cuestión de horas.
Su capacidad de anticipación fue milimétrica. Sólo 12 horas después de su aparición televisiva, la cúpula policial envió a su domicilio el acta de defunción de su carrera policial. Al momento de estampar la firma en el acta que pretende silenciarlo, el cabo, retirado del Ejército, dejó un mensaje de puño: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”.
El cementerio de la desidia y el grito de “los buenos”
La crisis que atraviesan las Fuerzas de Seguridad no es sólo administrativa o salarial; es una tragedia humanitaria que se mide en vidas perdidas. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal construido, en parte, sobre el hambre de quienes arriesgan la vida, la realidad en las barriadas del conurbano y el interior del país es desoladora. Los suicidios de tres efectivos policiales en los últimos días—en Temperley, Entre Ríos y Merlo— son el síntoma terminal de un sistema que asfixia al personal, les quiebra la salud mental y les quita la cobertura médica básica.
Montiel, visiblemente afectado por la pérdida de sus pares mientras él mismo resiste el asedio oficial, fue tajante al referirse al agente de la PFA que se quitó la vida: “Quería […] mandarle mis condolencias a los familiares de mi camarada fallecido en el día de ayer, que sepan que no están solos“, frase que no es sólo un pésame, sino además una denuncia contra la soledad a la que el Estado arroja a sus efectivos. El cabo, que hoy debe trabajar como mecánico para subsistir, sintetizó el sentimiento de quienes aún honran el uniforme a pesar de la cúpula:“los de azul son los buenos”.
María Belén Ferreyra Suicidada el 28 de marzoDaniela Giuliana Lezcano Balzer Suicidada el 2 de abrilJuan Antonio Laundolfi Suicidado el 6 de abril
La resistencia del cabo Montiel ha dejado al descubierto la grieta que separa el relato oficial de la cruda realidad de las comisarías: mientras en los despachos gubernamentales se celebran los números macroeconómicos, en la calle los efectivos enfrentan el desamparo de una obra social quebrada, salarios que no cubren la canasta básica y un sistema que, lejos de proteger al honesto, parece diseñado para silenciarlo bajo amenazas y amonestaciones.
El caso de Montiel no es un hecho aislado, sino el espejo de una Fuerza que exige a gritos ser dignificada antes de que el silencio y la desidia se sigan cobrando vidas.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
La renuncia de Sergio Maldonado dejó al descubierto la interna con Carlos Presti y golpeó a una obra social militar ya desbordada por las deudas, la falta de prestaciones y el suicidio de un suboficial retirado que había denunciado abandono médico.
Mientras el relato oficial se aferra a una “tábula rasa” mal entendida, el armado de LLA se convirtió en un refugio de ex militantes de Moreno, abogados del kirchnerismo, barrabravas, comunistas y dirigentes peronistas denunciados por acoso. Del slogan de la “Argentina distinta” a una estructura nacional plagada de “los mismos de siempre” que el Presidente prometió barrer.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
