Milei pone bajo la lupa los contratos de Olivos: $95 millones en jardinería y $60 millones en reparaciones
El Jefe de Estado se mudó a la Quinta de Olivos y comenzó a analizar los gastos que demandan los contratos de mantenimiento firmados por la administración de Alberto Fernández.
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Como un símbolo de austeridad política, el presidente Javier Milei revisa “cada gasto” de la administración anterior y definirá cuáles se pueden reducir o, en su defecto, de cuáles se pueden prescindir.
Como es de público conocimiento, mantener la Quinta de Olivos depende de grandes sumas mensuales. Cada gestión se encarga de mantener las esculturas, el terrero de varias hectáreas y los frentes en perfecto estado, pero no así la gestión anterior que, si bien licitó grandes sumas para ello, los fondos parecen haberse disipado en otras cuestiones.
Lo mismo ocurrió con La Rosada, desde manchas de humedad, invasión de roedores, hasta insólitos carteles que pedían no utilizar las escaleras como baño. Reparar estos destrozos costarán miles de millones a las arcas estatales y el nuevo presidente entiende que, en medio de la crisis económica, es necesario rever que tan necesarias son estas demandas.
Por ello, Milei puso la lupa a los gastos más prominentes que la gestión anterior dejó licitadas por contrato. Uno de los que encendió las alarmas es el de mantenimiento de los espacios verdes: $95.210.778 entre enero y junio de 2024.
Lo mismo con la contratación de la empresa Aclimatar SRL a la que se le pidió reparar los electrodomésticos por un total de $59 millones por el lapso de 12 meses.
Con este panorama, Milei quiere reducir estos gastos y, en lo posible, prescindir de ellos hasta que la situación económica nacional mejore. Reducción que ya ha hecho, según informó el vocero gubernamental Manuel Adorni, con los alimentos y bebidas que recibe La Rosada de la empresa Manjares La Plata SRL.
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“Yo tengo más de quince asesores, seguro. Pero, tengo muchos en San Luis. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener una estructura. Son mis módulos, puedo usarlos. Es gente que me ayuda con las reuniones, hacemos obras de beneficencia” reconoció Bartolomé Abdala, titular provincial del Senado Nacional.
“De esos quince, al menos 12 o 13 y están trabajando en mi provincia. Son de categoría baja”.
El conductor de “¿La Ves?”, Jonatan Viale, le retrucó: “Los asesores no son, Bartolomé, para que vos seas gobernador sino para que te ayuden a sacar leyes”.
“Es un criterio que es respetable el de ustedes los periodistas” se excusó el número 3 en la sucesión presidencial, luego de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Todo muy bizarro. Al final, los contribuyentes siguen bancando a la maldita “CASTA”
“Fue una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giúdici, que es además la secretaria Parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, que tuvo como idea modificar la actual ley 24.018 que habla sobre las pensiones de privilegio”, comenzó Florencia De Sensi.
En este sentido, afirmó que “en realidad lo que busca esta modificación es quitar la jubilación de privilegio en aquellos casos donde se hayan cometido delitos de índole sexual, delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones que tienen estas personas que perciben esta jubilación denominada de privilegio”.
“Este tipo de privilegio lo perciben los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes tambiény no se da ante una denuncia, sino que la ley se activaría ante un fallo de segunda instancia por el cual se podría ratificar la primera de las instancias”, detalló la diputada nacional.
A su vez, indicó que “la idea cuando uno presenta siempre un proyecto de ley es que el texto pueda ser tratado en el recinto y siempre lo que se busca es poder dialogar con otros bloques que tengan un pensamiento similar para que el proyecto se transforme en ley y luego sea reglamentado”.
“En este caso entendemos que el bloque de La Libertad Avanza como otros bloques dialoguistas, como podría ser Hacemos Coalición Federal o el radicalismo, podrían empatizar y adherir a este proyecto para llevarlos todos juntos al recinto porque nosotros no buscamos levantar una bandera política desde el PRO”, contó De Sensi.
En consonancia, advirtió: “A nosotros como partido si hay algo que nos caracteriza son los valores que tenemos, es siempre haber luchado en contra de la corrupción, esa fue siempre nuestra bandera, no es algo de ahora y ante cada atropello kirchnerista nosotros vamos a estar ahí dándole una respuesta a la sociedad. Las jubilaciones de privilegio fueron algo que María Eugenia Vidal eliminó cuando ella fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y eso comprueba que esa fue una bandera que siempre fue nuestra”, resaltó la dirigente amarilla.
Finalmente, concluyó: “El gobierno anterior se dio después de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera elegir que la fórmula se componía por Alberto Fernández y ella como su vicepresidente y esta situación de atropello y aberraciones el ex presidente no las cometió solo, y no me refiero de los golpes a Fabiola, sino que hablo de la causa de los seguro que involucra a muchos funcionarios que pertenecen al kirchnerismoy se encuentra involucrados”.
La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.
Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.
La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.
Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei,Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.
La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.
Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.
Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.
Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?
LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO
La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.
Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.
La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá.
La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá.
Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.
En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.
Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.
Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.
En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.
La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.
El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.
La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.
El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.
No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.
Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.
“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.
Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.
“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4