Manzur destina casi $3 millones por mes en “publicidad” a un local de Havanna

Un periodista tucumano dio a conocer, mediante un video en sus redes sociales, una grosera estafa con pauta publicitaria perpetrada por el gobierno provincial que conduce el gobernador Juan Manzur.
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En un video filmado en un café de Havanna, en un shopping de la capital tucumana, el periodista donde introdujo: “Yo siempre hablo con pruebas con cosas que puedo demostrar, como por ejemplo que ‘Caro’ y Manzur te siguen robando e hipotecando tu vida”, afirmó en referencia a Carolina Vargas Aignasse, la polémica ministra de Gobierno y Justicia.

“¿Saben por qué me vine a este local? Porque recibe del gobierno de la provincia 2.600.000 pesos mensuales en concepto de publicidad oficial, algo así como 87 mil pesos por día. Claro, acá se ve poca gente y por eso el gobierno pone ese dinero”, agregó. En este tono, entre indignado e irritado, continuó: “Es una vergüenza, lo hacen a través de la secretaría de Comunicación Pública. No sabés la cantidad de guita que chorean ahí”.

A su vez, mostró en su cámara el ticket que adquirió por consumir un café en el local de la reconocida marca de alfajores, cuya figura legal pertenece a la empresa Tucson City SA. Posteriormente, evidenció las pruebas correspondientes desde su notebook: “Acá se ve, en la página del Tribunal de Cuentas, concretamente en el acuerdo Nro. 2926, que el día 18 de agosto de 2021 la secretaría de Comunicación Pública emitió dicho pago para la programación CNN Radio Tucumán en calidad de publicidad anticipada del 01 al 30 de septiembre”. E ironizó: “Qué suerte que tienen que en agosto ya les pagan la publicidad por el trabajo de septiembre”.

Con respecto a la societaria Tucson City, aclaró que su persona jurídica figura registrada en “la localidad Yerba Buena” y que en primer lugar (2013) se inscribieron bajo la categoría “venta al por menor de bombones, golosinas, artículos de confitería, etcétera”, pero que en agosto del 2020 empezaron a comercializar por “tiempo y espacio publicitario”. En tanto, el comunicador tucumano apeló a la concientización de sus seguidores: “Ellos ganan cuando vos desconocés las cosas; ahora reparten bolsones con 3 mil o 5 mil pesos por voto”.

Tucson City SA es una empresa de Jorge Artigas y Cristian Efrain Sierra

“Difundan esto, que todo el mundo sepa cómo chorean; pagan publicidad oficial para que te digan que Manzur es divino (…). No seamos cómplices, te necesitamos a vos para cambiar esta república (…). No dejen que los ladrones sigan ocupando espacios de poder”, sentenció.

Finalmente, vale aclarar que en abril del año pasado, en pleno confinamiento estricto por la pandemia, en este mismo local se podía observar gente sentada tomando un café como si las condiciones sanitarias fueran normales, lo que generó un fuerte repudio de la sociedad tucumana.

*Fuente: REALPOLITIK


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Redacción

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ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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ROSARIO | Javkin dio su discurso de apertura de Sesiones y no fue ningún ciudadano

El pasado jueves 21, el intendente de Rosario dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Pablo Javkin, que habló aproximadamente una hora, dio su discurso orientado sobre la Seguridad: “Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos. Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.

Javkin, conocido por su trayectoria política que incluye cargos desde concejal hasta diputado nacional por Santa Fe antes de asumir la intendencia, se enfrenta a una creciente percepción de descontento ciudadano en su gestión. A pesar de que su llegada en 2019 prometió cambios en áreas como seguridad y lucha contra el narcotráfico, la realidad muestra una situación compleja y desafiante.

Lo que llamó la atención en redes fue la nula convocatoria que generó el acto: Nadie estaba viendo la apertura de sesiones, solamente estaba la imagen de Javkin en una mega pantalla alquilada. Desde el gobierno municipal aclararon a los medios que no se vio convocatoria porque no movilizaron a la militancia.

Redacción

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Ocaña pidió anular la jubilación de privilegio de Alberto, equivalente a 52 mínimas

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el sábado pasado, la legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, cuestionó la jubilación de privilegio que recibe Alberto Fernández.

El expresidente del Frente de Todos percibe casi $8 millones de pesos mensuales en su jubilación de privilegio, lo que equivale a 52 jubilaciones mínimas. Su ingreso se traduce en aproximadamente $9722 por hora, logrando recaudar en solo 14 horas lo que un jubilado promedio obtiene en un mes.

Para Ocaña, Fernández no puede percibir esa jubilación porque “incumple con la Ley, más en el marco de las denuncias por fraude al Estado que este propio gobierno le ha hecho”. Finalmente, contó que no fue recibida por las nuevas autoridades de ANSES. Ocaña quiere acercar a los funcionaros del organismo las más de 50 mil firmas que juntó contra la jubilación de privilegio de Alberto en la reconocida página Change.org.

Además, pidió a Milei “que no desilusione a los millones que lo votaron. Y como estoy segura de que él está en contra, como lo ha dicho, de terminar con los privilegios de la casta, anule esta decisión del ANSES, que no solamente viola la normativa porque Alberto Fernández claramente no vive en la Argentina, sino que también es una cachetada para los millones de jubilados que hoy ganan la mínima, que con bonos llega a $200 mil”.

Redacción

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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Milei negó una interna con Villarruel: “Tenemos una excelente relación”

El presidente Javier Milei se refrió a una de las fuertes polémicas de la semana pasada: una presunta interna entre él y la vicepresidenta Victoria Villarruel. De todas formas, el mandatario negó cualquier tipo de pelea y aseguró que tienen “una excelente relación. No pensamos igual, eso es claro. Nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente”.

En cuanto al origen de la discusión, que fue la convocatoria al Senado a tratar el DNU 70/23 aún cuando el oficialismo no contaba con los votos, el Presidente respaldó a Villarruel y sostuvo: “Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio. Quién soy yo para meterme en su trabajo”.

Por último, apuntó que los rumores de interna habían iniciado por una “interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina de la Presidencia” por parte de la prensa, aunque reconoció que “son las reglas de juego”.

Segmento de la nota de Bonelli a la cual hace mención el Presidente

“He visto una nota del periodista del Grupo Clarín, de Marcelo Bonelli, y exactamente miente toda la nota. Son todas mentiras. No hay una frase que sea verdad”, dijo.

Y aclaró: “Yo entiendo que el Grupo Clarín este muy enojado conmigo, debe ver peligrar algunos de sus negocios. O estarán nerviosos porque corté la pauta publicitaria. No es el único medio que está enojado conmigo por haberle cortado la plata. Hay algunos más agresivos y más explícitos, como C5N. Pero digo, bueno, está bien, son las reglas de juego”, advirtió

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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