Macri mostró “apoyó absoluto” a una alianza entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Fuentes de la Casa Rosada aseguran que la alianza está “muy avanzada”. Luis Espert sería cabeza de lista para “erradicar el populismo”.
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El expresidente Mauricio Macri ha manifestado su apoyo “absoluto” a una posible coalición electoral entre el partido que fundó, el PRO, y La Libertad Avanza del presidente Javier Milei para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Este viernes, el expresidente declaró estar “absolutamente de acuerdo con la alianza”, aunque advirtió que las negociaciones aún se encuentran en etapas preliminares.
Las declaraciones tuvieron lugar mientras ingresaba al edificio ubicado en Balcarce 412, donde se realizaría una reunión del PRO para discutir un posible acuerdo electoral con los libertarios en la provincia de Buenos Aires. El expresidente fue consultado por otros periodistas sobre esta posible alianza y respondió afirmativamente, aunque con hermetismo respecto al estado actual de la negociación. Macri aclaró que “todavía no hay nada concreto” y que se encuentran “en la fase de palabras y fotos”, sugiriendo que las conversaciones están en etapas iniciales.
Fuentes de la Casa Rosada informaron que las negociaciones para la alianza están “muy avanzadas”. El encuentro entre los representantes de ambas fuerzas duró más de una hora y fue caracterizada como “muy positiva” por los participantes.
Una de las cuestiones “inobjetables” para Milei era que José Luis Espert fuera “la cabeza” de lista para las legislativas nacionales, aunque el diputado no pudo asistir a la reunión debido al “delicado estado de salud de su madre”, según aclararon desde el Gobierno. También se confirma que Diego Santilli, cuyo mandato como diputado finaliza en diciembre, será uno de los candidatos que integrarán la alianza entre LLA y PRO.
Durante su breve intercambio con la prensa, Macri destacó que el PRO ha “colaborado como no lo ha hecho nunca nadie con La Libertad Avanza en este año y medio de gestión”. En CABA, el PRO buscaría retener el control que mantiene desde hace casi dos décadas. Vidal ha intensificado su exposición a posible candidata, realizando actividades territoriales bajo el lema “Fiebre amarilla”.
El respaldo se produce en un momento donde los partidos políticos están definiendo sus estrategias de cara a las elecciones legislativas de octubre. La reunión a la que asistía Macri tenía como objetivo coordinar la estrategia electoral a nivel nacional, con especial atención a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia de importantes figuras del PRO, incluyendo al actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y a la exgobernadora y jefa de campaña, María Eugenia Vidal.
Días antes, el 17 de marzo, la Casa Rosada había anunciado un principio de acuerdo con el PRO. Este anuncio se realizó mediante una fotografía publicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en la que aparecían reunidos el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei, junto a los armadores libertarios Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, además de los diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli. El mensaje que acompañaba la publicación expresaba la intención de ambas fuerzas de “erradicar el populismo” y “trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor”.
“Macri no especuló nunca y desde el primer momento apoyó al gobierno desde el Congreso”, declaró Ritondo, adelantando que el acuerdo podría incluir a otras fuerzas políticas que “quieran luchar contra el kirchnerismo”, lo que sugiere que la alianza podría expandirse más allá de LLA y el PRO.
En las próximas elecciones legislativas, que se realizarán el 26 de octubre, se elegirán 35 bancas de diputados nacionales provenientes de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la distribución de esas bancas muestra una clara mayoría de UxP con quince diputados, seguido por el PRO con siete, mientras que LLA cuenta con apenas dos representantes. Más allá, ya se observan señales concretas de cooperación entre ambas fuerzas en el ámbito legislativo.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
La morosidad de las familias en la provincia de Buenos Aires, bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, llegó al 11.2% en febrero de 2026, partiendo de apenas 2.9% un año antes. Eso significa que en doce meses el porcentaje de personas que no puede pagar sus deudas se multiplicó casi por cuatro.
Si se suman las deudas con entidades no bancarias (fintech, tarjetas de supermercados, prestamistas digitales), el indicador ya supera el 14%. Para dimensionarlo, un nivel así no se veía desde al menos 2004, y hay que remontarse al colapso de la convertibilidad en los años 90 para encontrar algo comparable.
A nivel nacional, la mora general del sector privado alcanzó el 6.7% en febrero de 2026, y los préstamos personales llegaron al 13.2% de irregularidad. El Conurbano Bonaerense es la zona más golpeada, allí la mora de personas físicas trepó al 18.4% en diciembre de 2025, cuadruplicándose en un año.
El problema tiene varias raíces que se potencian entre sí, la primera sería que las negociaciones salariales no lograron compensar la inflación acumulada desde finales de 2023. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Javier Milei eliminó o redujo subsidios a servicios públicos (luz, gas, agua), lo que encareció fuertemente las tarifas del hogar. La combinación de sueldos rezagados y facturas más caras dejó a muchas familias sin margen para pagar las cuotas de sus créditos.
Entre 2024 y 2025, el stock de préstamos creció un 54% en términos reales. Los bancos relanzaron el crédito al consumo con fuerza, pero —según el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili— en esa primera oleada “se prestó a ciegas, sin saber bien a quién”. Millones de personas accedieron al crédito formal por primera vez o tras años de exclusión, pero muchas sin capacidad real de repago.
Con una inflación que bajó más rápido de lo esperado, las cuotas de préstamos tomados a tasas del 70–80% anual no se “licuaron” con la inflación como los deudores esperaban. En cambio, se volvieron más pesadas en términos reales. A comienzos de 2026, las tasas para préstamos personales seguían en torno al 68% anual, lo que hace muy difícil refinanciar o pagar deudas viejas.
Aunque la economía creció un 11.9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el empleo formal privado cayó un 2.9%, equivalente a unas 170.000 personas que perdieron su trabajo registrado. Sectores intensivos en mano de obra como textil, construcción y comercio minorista fueron los más afectados.
El fenómeno del “endeudamiento para comer”
Uno de los aspectos más reveladores de la crisis es para qué se usa el crédito. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Juan Cuattromo, explicó que “la gente toma financiamiento para gastos del día a día”. Lo confirman los datos, como que el 44.6% de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito, cuando en 2023 ese porcentaje era del 35.4%. El uso de tarjeta de crédito en farmacias también creció, mientras que el pago con débito (dinero disponible en cuenta) cayó fuertemente.
— El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo
Un informe del Centro de Estudios de la UBA señaló que el consumo masivo “está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo”. En otras palabras, las familias no se endeudan para comprar un electrodoméstico o hacer un viaje, sino para comprar fideos, remedios y artículos de limpieza. Eso vuelve el endeudamiento mucho más frágil, siendo que no hay un activo que respalde la deuda, y la capacidad de pago depende exclusivamente del salario mensual.
La morosidad no afecta a todos por igual y, según el Banco Provincia, el problema golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. En los créditos inferiores a un millón de pesos, uno de cada cinco presenta atrasos, mientras que en los préstamos superiores a los 10 millones esa proporción desciende a uno de cada diez. Cuattromo señaló además que los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos son quienes registran mayores niveles de irregularidad.
— Análisis de la consultora CML&A, del economista Pablo Curat, en base a datos del BCRA
Entre los jóvenes de 18 a 21 años, la morosidad alcanzó el 40%, cuando un año antes se ubicaba en 26.5%. En tanto, el Conurbano bonaerense exhibe una tasa de mora familiar un 48% más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires y un 58% superior a la del interior provincial. En total, cerca de 1.4 millones de bonaerenses se encuentran en una situación de riesgo crediticio medio o alto.
El riesgo del “efecto trampa” sobre el consumo y la recuperación
El estudio del BAPRO advierte sobre un círculo vicioso que frena la recuperación económica, donde los núcleos parentales endeudados tienen menos dinero disponible para consumir, lo que deprime las ventas, lo que a su vez afecta el empleo y los ingresos. El consumo masivo registró una caída interanual del 3.4% en febrero de 2026, acumulando diez meses consecutivos de retroceso.
El punto más alarmante, es que incluso una eventual mejora salarial podría no traducirse inmediatamente en más consumo. Quienes estén al día con sus deudas o lleguen a tener algo más de margen probablemente destinen ese dinero primero a pagar los atrasos acumulados, antes que a gastar en bienes y servicios. Esto implica que la reactivación de la demanda interna podría demorar mucho más de lo que indican los números macro.
A eso se suma que el crédito nuevo se frenó desde mediados de 2025, los préstamos dejaron de crecer y en marzo de 2026 cayeron un 2.5% mensual, lo que hace más difícil refinanciar deudas existentes.
En esta situación las señales son mixtas. Bausili, declaró en mayo de 2026 que “el sistema se está saneando” y que “lo peor ya pasó”, destacando que los datos de marzo y abril muestran cierta desaceleración en el deterioro. La calificadora Moody’s proyecta una mejora gradual para 2026, especialmente en los segmentos con mejores garantías (como préstamos con descuento de haberes), no obstante, advierte que los deudores de bajos ingresos seguirán vulnerables a cualquier shock en el empleo o el salario.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan dió a conocer en una dura carta abierta en la que denunció que la obra social de la provincia de Buenos Aires falsea al argumentar que solo les debe $8.278.254.990.97. El principal centro pediátrico del país cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por asegurar que las cuentas ya estaban saldadas.
“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirmaron en la nota, subrayando que no se contabilizaron los otros intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo el incumplimiento.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es la obra social de los empleados públicos provinciales de Buenos Aires. Fundado en 1957, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2.7 millones de afiliados, incluyendo docentes, empleados municipales, estatales activos y jubilados bonaerenses.
A comienzos de junio de 2026, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anunció públicamente —a través de la red social X— que el IOMA había cancelado la totalidad de su deuda con el Garrahan, pagando más de $1.230 millones. La Provincia declaró “deuda cero” y señaló que sus registros administrativos ya no mostraban obligaciones impagas. De acuerdo a la explicación oficial, ese monto surgió de una auditoría interna del IOMA que revisó las prestaciones facturadas por el hospital.
Dado el enorme tamaño de la provincia, una cantidad muy significativa de niños con esa cobertura termina siendo atendida en el Garrahan —un hospital nacional— cuando sus casos superan la capacidad del sistema provincial. Esa atención genera una deuda de IOMA hacia el Garrahan, que es exactamente lo que está en disputa.
“Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”, destacaron los profesionales de la salud.
El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín, es el centro pediátrico de alta complejidad más importante de Argentina. Su financiamiento proviene principalmente del Estado, con el 80% que lo aporta el Estado Nacional y el 20% restante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que, en términos presupuestarios, es un hospital nacional. Sin embargo, tiene una fuente adicional de ingresos, con la recuperación de gastos por atender pacientes que tienen obra social o prepaga.
Cuando un niño de cualquier provincia llega al Garrahan con cobertura médica, el hospital le factura esa atención a la obra social correspondiente. IOMA es la obra social que más pacientes deriva al Garrahan.
— La carta donde el Hospital Garrahan reclama una deuda multimillonaria por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires
La Provincia salió a responder y fundamentó su postura en los resultados de una auditoría interna realizada por el IOMA antes de concretar el pago. Según ese relevamiento, el 85% de los montos reclamados por el Garrahan no contaba con respaldo documental, técnico ni normativo, había prestaciones que no registraban facturación formal en los sistemas del organismo, se detectaron valores fijados de manera unilateral por el hospital a través de un supuesto “Nomenclador Garrahan” que nunca fue acordado entre las partes y también se vinculó una posible sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.
En consecuencia, Kicillof ratificó que no pagará los fondos restantes hasta que el hospital presente la documentación correspondiente de cada afiliado. El IOMA propuso también una auditoría conjunta para determinar de dónde viene la discrepancia.
La deuda que se arrastra desde 2017
El conflicto no es nuevo. La deuda del IOMA con el Garrahan se remonta al año 2017, cuando empezaron a acumularse facturas impagas por la atención de afiliados bonaerenses. Durante años, el hospital continuó atendiendo a esos niños —porque no puede negarse a hacerlo— mientras el saldo impago fue creciendo. Según el propio Garrahan, la deuda acumula prestaciones brindadas a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la actualidad.
Con el tiempo, parte de ese monto llegó a la Justicia, donde se estima que $2.500 millones están judicializados, lo que impide que el hospital disponga de esos fondos incluso si se llegara a un acuerdo.
En el documento, el hospital detalló por qué considera que ese pago que sostiene la Provincia no alcanza para saldar la deuda. Indican que el monto efectivamente adeudado asciende a $8.278 millones solo en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora. Además, aclara que los 1.230 millones anunciados por Kicillof constituyen apenas una cancelación parcial a cuenta de una deuda anterior y no la extinción total del pasivo.
Conforme a esa interpretación, los pagos se aplicarán primero a cubrir intereses, de modo que el capital principal permanecería prácticamente intacto. El texto también advierte que la deuda sigue incrementándose “día a día con cada nuevo paciente” que el hospital atiende. A la vez, señala que toda la documentación fue presentada al IOMA en tiempo y forma, con constancias de entrega y recepción, y que, al no haberse registrado un rechazo formal dentro de los plazos de auditoría, las facturas quedaron firmes, consentidas y exigibles.
La intendencia de Morón (Conurbano bonaerense, Provincia de Buenos Aires) atraviesa uno de sus momentos de mayor crisis institucional: acumulando en pocas semanas se acumularon un escándalo de narcotráfico, un pedido formal de interpelación al intendente peronista, Lucas Ghi y sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades contables millonarias.
Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio de Morón. Había ingresado a la gestión local en febrero de 2020 y fue formalmente designada en ese cargo directivo en junio de 2025, mediante un decreto firmado por el propio Ghi. Cumplía una carga horaria de 48 horas semanales y dependía de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.
La causa se inició en marzo de 2026 a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo. La Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, ordenó tareas de campo a la Policía Federal. El resultado fue un operativo de ocho allanamientos simultáneos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo”.
— Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón que está prófuga en una investigación por narcotráfico
En la vivienda de Ortigoza, ubicada en la calle Isabel Pardo al 2500 de Castelar, los investigadores secuestraron un ladrillo de cocaína de 480 gramos, una bolsa con otros 70 gramos de la misma sustancia, tres envoltorios adicionales con 15 gramos, una balanza digital y dinero en efectivo.
“Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, sostuvo Ghi desvinculándose de Ortigoza “de inmediato” apenas se conoció el resultado del allanamiento y dijo sentirse “profundamente decepcionado”, añadiendo también que la funcionaria estaba “formada y capacitada” para el área de Género y que su cargo “no fue fruto de militancia política”.
Cuando los efectivos fueron a detener a Ortigoza, ya no estaba en el domicilio. La jueza de Garantías Laura Mariel Pinto la imputó por tenencia ilegítima de drogas con fines de comercialización en dosis fraccionadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Trascendió que estaría refugiada en la casa de su madre, y sus allegados sostuvieron que planea entregarse “cuando la situación se aclare”, argumentando que las drogas fueron dejadas en su casa por su pareja sin su consentimiento.
En el total de los ocho allanamientos, se incautaron 1,717 kg de cocaína, 241 gramos de marihuana, un revólver calibre .32, municiones, y registros de presuntas operaciones de compra y venta.A su vez fue detenido Norberto Hernán Aliano (42 años) por comercio de estupefacientes, mientras que se ordenó la captura de Ángel Daniel Paz (34 años), identificado como pareja de Ortigoza.
Este escándalo no llegó solo. En febrero de 2026, otra empleada municipal, Karen Yael Cufré, fue detenida como parte de la banda que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez (21 años), quien se suicidó en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos. Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón. La Justicia la identificó como la recaudadora de la banda, que operaba desde penales bonaerenses y utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para extorsionar a las víctimas. El municipio también la cesanteó “de inmediato” al enterarse.
La acumulación de estos dos casos policiales en pocos meses, ambos involucrando a empleadas con funciones sensibles del municipio, es la base sobre la que la oposición fundamenta el pedido de interpelación
El pedido de interpelación
Antes de entrar al fondo de la cuestión, conviene aclarar el mecanismo. Una interpelación es una herramienta del Concejo Deliberante (el “parlamento” municipal) mediante la cual los concejales citan obligatoriamente a un funcionario —en este caso el intendente— para que concurra al recinto y responda preguntas sobre su gestión. No es una sanción en sí misma, pero tiene un enorme peso político porque obliga a dar explicaciones en público y bajo presión parlamentaria.
Ghi pertenece al espacio kirchnerista y el municipio de Morón fue históricamente un bastión de ese espacio político. Luego del escándalo narco, un grupo de concejales de la oposición —La Libertad Avanza, PRO y monobloques— presentó formalmente en el Concejo Deliberante un proyecto para interpelar a Ghi.
— El intendente de Morón, Lucas Ghi junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Los opositores buscan que el jefe comunal concurra al recinto y explique los argumentos de selección de su personal administrativo, los controles internos y cómo dos empleadas en funciones sensibles pudieron quedar vinculadas a hechos delictivos bajo su gestión.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez. En noviembre de 2024,la oposición ya había intentado interpelar a Ghi por la ola de inseguridad en el distrito, pero ese pedido fue rechazado por 12 votos contra 11, en parte gracias a la ausencia inexplicada del concejal opositor Bernardo Magistocchi y al alineamiento inesperado de Adrián Colonna y Daniela Cáceres, ambos ediles del bloque “Nuevo Pro Morón” con el oficialismo.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas bonaerense es el organismo encargado del control externo en la provincia de Buenos Aires. Su función es fiscalizar de qué manera los municipios administran y utilizan los fondos públicos.
Cada año, revisa las rendiciones de cuentas presentadas por las comunas y tiene la facultad de aprobarlas, formular observaciones o, como en este caso de detectar irregularidades, aplicar sanciones a los responsables.
En su fallo sobre la rendición de cuentas 2024, el Tribunal detectó que el Municipio de Morón abonó una bonificación no remunerativa por un total de $1.845.954.174.54 sin efectuar los descuentos previsionales que exige la Ley 9.650 de la Provincia de Buenos Aires. Esta ley aclara que deben considerarse sujetas a aportes jubilatorios “toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, incluidas las no remunerativas”.
En términos simples, se demuestra que el municipio pagó bonos a sus empleados, pero no realizó los descuentos de jubilación y obra social correspondientes sobre ese dinero, lo cual perjudica tanto a los trabajadores (que aportan menos a su futura jubilación) como al sistema previsional (el IPS bonaerense). El Tribunal advirtió que ya había formulado la misma observación en ejercicios anteriores y que los funcionarios podrán ser considerados “directamente responsables” ante futuros perjuicios.
El mismo fallo del Tribunal detectó además otras irregularidades de peso, entre ellas obras paralizadas desde 2023 sin que se acreditara su reanudación ni se ofreciera una justificación formal, anticipos millonarios a contratistas que no fueron recuperados ni respaldados con documentación sobre su destino y una advertencia contable especialmente crítica, ya que el municipio no logró demostrar la existencia real de parte de los fondos declarados en caja, es decir, registró dinero que no pudo ser verificado físicamente.
Como resultado, Ghi fue multado con $410.000, junto a varios funcionarios de su gabinete. Si bien el monto parece bajo para la magnitud de lo observado, el Tribunal advirtió que la situación podría derivar en responsabilidades patrimoniales personales de mayor magnitud si los problemas no se corrigen.
La conducción de Ghi también enfrenta otros focos de tensión simultáneos. En mayo de 2026, trascendió que el municipio realizó una contratación directa de $51 millones para publicidad web a favor de la empresa Ninja Contenidos SRL, dueña del portal Sol Bonaerense, sin licitación pública y bajo el mecanismo de “trámite de excepción”. El cuestionamiento de ellos sería mayor, dado que ese gasto se hizo en medio de una situación de apremio financiero del municipio, con demoras en el pago de salarios y deterioro de servicios públicos.
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concluyó el mega operativo simultáneo en varias villas y asentamientos de Buenos Aires para hacer controles, allanamientos y clausuras. Según las coberturas oficiales, el objetivo fue frenar delitos como narcomenudeo, armas ilegales, vehículos con pedido de secuestro y comercios irregulares.
“Vamos a impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Más de 1.500 uniformados formaron parte del procedimiento, entre dos helicópteros, un vehículo blindado, drones y fuerzas especiales, de acuerdo con lo trascendido. La aglomeración policialcomenzó pasadas las 7 de la tarde y se registraron al menos 27 personas y la clausura de 25 comercios.
Los lugares alcanzados incluyeron villas y barrios como 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre. La novedad no fue solo la cantidad de personal, sino la simultaneidad, siendo que la idea fue actuar en muchos puntos a la vez para evitar que los grupos delictivos se lograsen reacomodar.
El operativo apuntó a tres frentes. El primero y más importante, fue capturar personas con pedido de detención, desactivar puntos de venta de droga y revisar vehículos y comercios sospechosos. En los primeros minutos de la misión, incluso se reportó el hallazgo de armas cortas y dosis de cocaína listas para la venta minorista.
Además del componente policial, hubo una parte de “ordenamiento urbano”, con retiro de autos abandonados, control de chatarrerías, inspección de locales, clausuras y limpieza de espacios ocupados de forma irregular. Eso muestra que el gobierno porteño no lo planteó solo como un operativo contra el delito, sino también como una intervención sobre el espacio público.
El nombre elegido por el Ministerio de Seguridad porteño para este despliegue fue el de “Tormenta Negra”. Jorge Macri lo presentó como algo “sin antecedentes en la Ciudad” y lo vinculó con la necesidad de “orden” y “seguridad”. En sus declaraciones, sostuvo que no quieren que el delito de la provincia, administrada por el gobernador Axel Kicillof, se instale en la Ciudad y dijo que van a perseguir a quienes “vengan de afuera a molestar a los porteños”.
En la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, marcó con aerosol uno de los puntos detectados como búnker de venta de drogas. Al señalar la fachada de la vivienda con una cruz roja, destacando que en el lugar “tenían dosis listas para la venta y armas”. Luego de los operativos, personal porteño levanta una pared interior para impedir que la casa vuelva a ser ocupada por narcos y que el punto de venta retome su actividad.
En la villa 31 fueron detenidas cinco personas por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Asimismo, durante los procedimientos se secuestraron envoltorios con marihuana y pasta base, además de teléfonos celulares y armas de fuego. En paralelo, por distintas infracciones de tránsito, las autoridades secuestraron 14 motocicletas y cinco automóviles por falta de documentación.
Además del búnker narco clausurado en la Villa 31, el operativo previó medidas similares en otros tres puntos identificados como centros de comercialización de drogas. Los inmuebles destacados estarían ubicados en las villas 15, Zavaleta y Fraga.
Desde el Gobierno porteño señalaron que estos procedimientos especiales orientados a la prevención del delito se incorporan a los operativos de control que ya se desarrollan en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, precisaron que durante los últimos ocho meses fueron inspeccionados 110.000 vehículos y 123.000 personas en los puntos de ingreso y egreso del territorio porteño, tanto en la avenida General Paz como en los puentes que atraviesan el Riachuelo.
En esos controles aleatorios de identidad fueron detenidas 98 personas con pedidos de captura vigentes por delitos como robo, hurto, lesiones, encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, las autoridades informaron que se labraron 15.000 infracciones a conductores de vehículos.
Más tarde, durante una entrevista con el medio de LN+, Jorge Macri aseguró que se trata del primer operativo de control realizado en las villas porteñas y se remarcó que “en la Ciudad tiene que haber orden y no se puede construir en cualquier lado”.
A la medianoche, felicitó al ministro de Seguridad porteño, al secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro, al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló y a los efectivos que participaron del operativo. A través de un mensaje, agradeció “el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días para que la ley se cumpla y el orden se respete”.
El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.
Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.
Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci
El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.
A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.
El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.
Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.
De la calle a los tribunales
El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.
— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024
La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.
En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.
La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.
En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.
¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?
Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.
A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.
Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.
Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.
Impulsada por referentes de la derecha europea y respaldada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la propuesta busca una moratoria migratoria, retornos masivos y mayor control fronterizo, aunque todavía debe completar su registro oficial para tener validez legal en la UE.
El consorcio chino ganó pese a que la auditoría internacional recomendó la oferta argentina, técnicamente superior. El ahorro representa apenas el 0,1% del proyecto y deja sin trabajo a 500 operarios locales y más de 50 PyMEs proveedoras.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
