Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El economista y diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, sigue siendo expuesto por algunos de sus guiños hacia el kirchnerismo. Al respecto, tanto su pasado en la gestión bonaerense de Daniel Scioli como sus constantes embates a los dirigentes de Juntos por el Cambio le han causado más de un dolor de cabeza.
En el año 2014, cuando el por entonces mandatario provincial Daniel Scioli se lanzaba a la aventura presidencial en una carrera manchada de polémica por el origen de los fondos de campaña, Javier Milei era uno de sus principales asesores económicos.
En efecto, el medio de comunicación Realpolitik sacó a la luz un antiguo reportaje televisivo con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, como protagonista, en el que elogiaba a Milei como asesor de Scioli y le recomendaba al por entonces gobernador que “lo muestre más”.
“Hay un muchacho joven que se llama Javier Milei, que yo lo menciono en el libro. Ha escrito un libro muy bueno, y sé que le da consejos a Scioli”, aseguró el ex ministro de Economía al periodista, dando pruebas de la estrecha vinculación entre el ahora legislador libertario y el arco kirchnerista.
Entrevista por Instagram del abogado Leandro Furundarena al precandidato presidencial Javier Milei.
Fue en aquella misma época que Milei hacía raras apariciones televisivas. Con el pelo corto, algo bronceado y de un tono más serio que el que muestra en la actualidad, el ahora diputado nacional solía elogiar el rol del Banco Central de la República Argentina y a Axel Kicillof como ministro de Economía.
Lejos de los principios que postula hoy, Milei defendía el rol del Banco Central frente a los “ataques especulativos” y la venta de dólares de las reservas “para ganar tiempo”. Su vinculación con el kirchnerismo pareciera ir más allá de las críticas de sus compañeros de espacio.
El aspirante al Sillón de Rivadavia desde La Libertad Avanza, Javier Milei.
Cabe subrayar que el debate por los impuestos a las tarjetas de crédito volvió a unir a los libertarios con Unión por la Patria en la Legislatura porteña. La medida había sido tomada por Horacio Rodríguez Larreta y tanto el kirchnerismo como los sectores de La Libertad Avanza se unieron para obligar al Gobierno de CABA a dar marcha atrás con la iniciativa.
Cada día más lejos de quiénes se apoyaron en él en aras de la implantación de ideas liberales, aún más cerca y funcional a un kirchnerismo que apuesta por quedarse en el poder, Javier Milei se recuesta sobre su pasado sciolista y sorprende a quiénes apostaron por el revolucionario cambio político que supo prometer.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En la mañana de este viernes, operarios retiraron un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ubicadas en la avenida Paseo Colón 239, en la zona del Bajo porteño, en el barrio de Monserrat (Comuna 1).
Según trascendió, la orden fue dictada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. En redes la funcionaria expresó: “En el día de hoy, se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSES de la Av. Paseo Colón”.
Esto se da un día después de que la funcionaria emitiera una resolución para dar de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner y también la pensión que le correspondía por ser viuda de un expresidente.
A eso sumó cuatro fotos de los momentos en que dos operarios retiraban la estatua del expresidente, que estaba ubicada en una tarima en la zona del ingreso. En la secuencia se observa después a estos dos hombres con gorra y guantes subir el busto a una camioneta Peugeot Partner ploteada con la insignia oficial y, por último, a la representación ubicada en un lugar que parece un depósito, arriba de un pallet de madera.
Tanto detrás en la pared como en la parte inferior de la estatua había dos carteles idénticos pegados. “Las y los trabajadores de la Anses no olvidamos”, decía, junto a una foto de Néstor y Cristina Kirchner abrazados.
La noticia no pasó desapercibida para los representantes del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Anses (Secasfpi), que publicaron en sus redes sociales un comunicado para repudiar la medida tomada por Pettovello. Primero, a través de una grabación mostraron el momento en que los dos operarios retiraban de la sede gubernamental del centro porteño el busto y lo colocaban en la camioneta, detenida en plena calle con balizas.
La crisis de combustible en Bolivia se agudiza mientras cientos de camiones cisterna permanecen detenidos en Argentina, a la espera de cargar combustible barato. Desde el pasado viernes, aproximadamente 100 vehículos de carga se encuentran varados en la Ruta 9 —en el tramo entre Rosario y Buenos Aires— luego de que la refinería Vitco-Zárate suspendiera el abastecimiento por la falta de pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según denunciaron los propios transportistas.
A través de un video difundido en redes, los conductores relataron que el gobierno boliviano no realizó los pagos correspondientes, lo que los dejó en una situación desesperante, sin acceso a servicios básicos como agua o baños, y sin poder acercarse a la refinería.“Nosotros, como cisterneros, venimos para llevarnos el combustible y al no pagar el gobierno boliviano, nos botan a nosotros acá a orillas de la ruta”, expresó uno de los transportistas bolivianos.
La refinería emitió una instrucción que les prohíbe terminantemente acercarse al área de carguío, bajo advertencia de multas y posibles sanciones. DATA24.COM.AR se contactó, sin demasiado éxito, con la refinería Vitco: “No estamos autorizados a dar información”, expresó uno de los trabajadores.
Mientras tanto, el país andino enfrenta una escasez generalizada de combustible, agravada en parte por los bloqueos en carreteras que sectores afines al expresidente, Evo Morales, mantienen desde mediados de octubre. Esta situación provocó una disminución en los volúmenes de carburantes, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registran largas filas en las estaciones de servicio.
Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, demandó una pronta solución a su gobierno, subrayando que esta escasez compromete el servicio de transporte en Bolivia, especialmente con la cercanía de las fiestas de fin de año. “Se está trabajando a media máquina. Tenemos responsabilidad con nuestro pueblo”, dijo, aludiendo a los compromisos incumplidos por las autoridades de Hidrocarburos.
Sectores de la oposición boliviana y analistas argumentan que la escasez de dólares limitó la capacidad de pago de YPFB a sus proveedores internacionales, generando tensiones y demoras en el suministro de combustibles desde países como Argentina, Paraguay y Perú. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que la incapacidad de YPFB para cumplir sus obligaciones responde a una crisis de gestión en la estatal, y advirtió que Bolivia podría enfrentar mayores restricciones si Paraguay o Perú también suspenden sus envíos.
Esta versión de la falta de pago de YPFB choca contra las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Alejandro Gallardo Baldiviezo, quien señaló ayer que “fue un tema de una sanción a la planta de almacenaje de Zárate”.
Para hoy, miércoles 6 de noviembre, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Joel Callaú, afirmó que hubo problemas en la importación de diésel porque la Municipalidad de Zárate inició una acción legal.
“Toda esta sanción ya fue subsanada y ya se han cargado 47 cisternas que ya se encuentran en tránsito hacia Bolivia”, explicó.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
Maximiliano Uceda, quien fuera secretario de Gestión Cultural durante el gobierno de Alberto Fernández, tuvo un breve y cuestionado paso por el ministerio de Cultura de la Nación bajo la conducción de Tristán Bauer, donde era responsable del Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Su renuncia, precedida por el cierre de todas sus redes sociales, levantó sospechas y especulaciones sobre posibles conflictos internos dentro del oficialismo de aquel momento, aunque mediáticamente se confirmó que el exsecretario había estado vinculado a reiterados episodios de maltrato. La denuncia de una trabajadora en redes sociales marcó el golpe final.
Desde mayo, el nuevo cargo de Uceda lo posiciona bajo la órbita de la subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural de la provincia de Buenos Aires, liderada por Cynthia Ottaviano. Desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tendrá la responsabilidad de impulsar proyectos en sectores clave de la economía cultural de la provincia, en un contexto de alta expectativa y escrutinio público.
El nombramiento no solo revive las dudas sobre su salida del ministerio de Cultura, sino que también refuerza la percepción de que el kicillofismo continúa reciclando figuras polémicas dentro de espacios estratégicos con el único objetivo de sumar cuerpo de cara a la contienda presidencial 2027.
Como es de esperarse, Maximiliano Uceda no es nuevo en la administración pública. Antes de ser desvinculado del ministerio de Cultura de la Nación por maltrato laboral, desempeñó funciones en la provincia de Mendoza durante la gestión del gobernador Francisco Pérez. quien lo designó asesor en el ministerio de Cultura provincial en 2012 y 2015. Luego, fue designado para conducir el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Entre 2016 y 2018 además cobró un contrato en la Universidad Nacional de las Artes. Ese mismo año ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, mientras que a la par se mantuvo vinculado al gobierno de la provincia de Mendoza, que lo cobijó incluso durante la era Javier Milei.
Vale destacar que el flamante funcionario de Kicillof es hermano de la ex diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Lourdes Uceda, quien viene de ocupar una banca en el periodo 2019–2023. Finalmente, tras el fin de su mandato, Marisa tampoco optó por la actividad privada: consiguió otro contrato en la Cámara de Diputados de la Nación, donde actualmente desempeña tareas bajo el legajo 800861, en el escalafón A-3-T.
Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
No es nada nuevo el hecho de que cada dirigente se sienta con el peronismo para poder hacerse de músculo y oportunidades dentro de la provincia de Buenos Aires. Y La Libertad Avanza (LLA) no le escapa al bulto.
Más específicamente la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quién tiene como principales alfiles territoriales a Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana, y Juan EstebanOsaba, apoderado del sello libertario en provincia de Buenos Aires. Estos no escatimaron en presiones y cruzaron los límites.
Según informaron fuentes oficiales a DATA24.COM.AR, con el aval de la hermana del presidente Javier Milei, Sebastián Pareja salió a coquetear con Sergio Cuello, ex armador del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en el 2023.
Sin ir más lejos, ya hubo reuniones importantes en la ciudad de La Plata, en dónde también habría estado presente el presidente de Diputados, Martín Menem. Allí algunos acuerdos quedaron en el aire, pero se esperan supuestos avances.
Sergio Cuello es presidente del sello peronista no K, Juntos en Acción (JeA), el cual le realizó la campaña territorial también al entonces candidato a gobernador Diego Santilli en el 2023.
Lejos de pretensiones y demás “roscas”, Sergio Cuello también estaría siendo tentado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para darle estructura en el 2025 y así proyectarse al 2027 como aspirante a la Gobernación.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
