Los gastos de Alberto Fernández: más de $190 millones en reparaciones estéticas para la Casa de Gobierno
El despilfarro de fondos públicos vuelve a ser noticia de la mano del Jefe de Estado. En esta oportunidad, por la suma millonaria que será destinada para los arreglos estéticos de la Casa de Gobierno, incluyendo la reparación de algunos monumentos.
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A pedido del presidente Alberto Fernández, Secretaría General de la Presidencia de la Nación avanzó con una licitación por el “servicio de restauración y pintura del Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno” por una suma que asciende casi los 195.000.000,00 de pesos.
Se trata de una licitación en estado de apertura por el objeto de contratación de “un servicio de restauración y pintura de las cuatro caras y cielorrasos de las galerías del Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno”, describe el pliego y agrega: “El objeto de este proyecto es la restauración, puesta en valor y pintura del Patio de Palmeras en todo su conjunto. Entendiendo por conjunto a los muros, sus galerías y cielorrasos, las columnas perípteras del patio, los muros con sus paños lisos, pilastras, molduras, ornatos y cornisas, como también las balaustradas con sus pilares y sistemas que lo componen. En azotea se incluyen los parapetos completos con sus cornisas, frisos y ornatos también. Los copones ornamentales ubicados en la galería del segundo nivel también serán objeto a restaurar”.
Cabe destacar que desde hace varios meses La Rosada viene siendo reparada, ya sea el acondicionamiento y actualización de los artefactos lumínicos hasta el cambio de vallas. En un contexto donde el ministro de Economía, Sergio Massa, viaja al exterior en búsqueda de reservas; donde más de la mitad del país está por debajo de la línea de la pobreza y donde 6 de cada 10 niños no comen todas sus comidas diarias, claramente hay un seguimiento de estos inoportunos gastos.
Sin inmutarse, el Gobierno avanzó con este costoso servicio del que resultarán beneficiadas algunas de las dos empresas ya preseleccionadas: PRODOGOROD S.S por $194.270.995,00, o Almirón-Almirón S.A. por $213.001.331,00.
Fuente: Periodismo y Punto PyP
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En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.
El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.
Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).
“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.
A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.
Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.
De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.
“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.
“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.
En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.
Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.
La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.
Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.
Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.
El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, GermánGaravano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.
El intendente de la ciudad costera, Guillermo Montenegro, anunció que busca que un empresas privadas vinculadas a la industria financien la edición 39° del histórico Festival de Cine de Mar del Plata. “Mi idea es hacer el Festival de Cine Netflix, el Festival de Cine Star+ o el Festival de Cine HBO”, expresó el jefe comunal como una alternativa para conseguir los recursos.
Sobre las conclusiones a las que arribaron, manifestó que el espíritu es “ponernos creativos y trabajar con el sector privado, con productoras, cadenas de streaming, todo lo que tiene que ver con la industria del cine”. El objetivo es que “nuestra ciudad mantenga el Festival Internacional de Cine pero también que por ese festival no se le puede sacar la plata a los vecinos ni aumentar impuestos”.
Mientras tanto, el kirchnerismo salió a criticar esa postura, alegando una “pérdida de soberanía nacional y cultural”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se preguntaron “por qué tienen que ser Amazon o Netflix los que cuenten nuestras historias”.
Esta avanzada de ultraproteccionismo K fue duramente criticada por el senador bonaerense de la Quinta sección, Alejandro Rabinovich: “El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan Nicolás Kreplak y Axel Kicillof, la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes”.
El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan @nkreplak y @Kicillofok , la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes.Necesitan… pic.twitter.com/ltA5rlf0nj
“Necesitan mantener los espacios donde se refuerce su propia mística. Desde chiquitos, en lugares de adoctrinamiento, todos igualitos, todos con la misma gorrita o todos haciendo los dedos en V, ¿por qué? No se lo cuestionan, porque sí”, sostuvo.
“Dirigen sus películas y necesitan donde proyectarlas para que vayan sus diputados, concejales y militantes a hacer de cada reunión un acto partidario. Y canten ‘Ya de bebé en mi casa había una foto de Perón en la cocina’. Y se rasguen las vestiduras hablando de la cultura. Como si fuera de ellos. Y como si ellos no miraran Netflix los días de lluvia“, agregó además.
De manera exprés, en menos de un minuto, sin debate y a mano alzada, la Honorable Cámara de Senadores aprobó, este jueves, un millonario aumento de las dietas. En concreto, a partir de junio, pasarán a cobrar al menos $4 millones todos los meses.
Quien llevó adelante la iniciativa fue Juan Carlos Romero, del peronismo disidente. Sin embargo, contó con el aval de algunos legisladores de untos por el Cambio, la UCR y el bloque federal. No apoyaron los senadores de La Libertad Avanza ni los del bloque PRO.
En diálogo con los medios, Luis Juez, repudió enérgicamente los aumentos. El senador por Córdoba manifestó que la medida: “Nuestro bloque, completo, no solamente no convalidó el tratamiento sobre tablas del proyecto sino que votamos decididamente en contra”. Juez definió el aumento de las dietas como una “bajeza inoportuna” si se tiene en cuenta “el momento que está viviendo la sociedad. Es una falta de empatía increíble”.
A su vez, cuestionó el voto de sus pares: “Después se enojan cuando la gente se enoja por la política. Pero bueno, también la gente tiene que saber distinguir. Pregunten cómo votó cada senado de cada partido”.
Según pudo saber el cronista de La Nación, Tomás Díaz Cueto, 52 Senadores —en su mayoría integrantes de Unión por la Patria— votaron a favor del aumento de dietas.
La aclaración de Villarruel
Al ser cuestionada, desde las mismas redes, Victoria Villarruel aclaró su posición. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario (…) Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”.
Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
