La Ley de Alquileres entró en vigencia hace ocho meses, pero recientemente desde Inquilinos Agrupados denunciaron el “incumplimiento sistemático por parte del mercado inmobiliario” de la normativa nacional y la provincial. Por este motivo, realizaron dos propuestas que pronto serán llevadas a cabo al Congreso Nacional: crear inmobiliarias municipales y generar un organismo de control dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Las inmobiliarias municipales no vendrían a reemplazar las existentes en el mercado, sino que sería una oficina pública de alquiler donde la función principal sea firmar contratos de locación y asegurarse que se establezcan en el marco de la ley. “La idea es que cualquier persona que quiera asegurarse de que se cumpla la normativa, tanto propietario como inquilino, vaya ahí a firmar para tener una garantía. No estamos inventando nada, esto ya sucede en Europa”, señaló el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.
Asimismo, el organismo de control estatal velaría porque la Ley de Alquileres se cumpla, así como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat debería construir políticas sobre el acceso a la vivienda en alquiler. “Tenemos una ley muy buena y si no se cumple es una situación gravísima”, agregó.
La Ley de Alquileres fue sancionada por el Congreso Nacional y entró en vigencia el pasado 1° de julio. Dicha normativa plantea, entre sus principales puntos, que la duración de los contratos de locación pasen de dos a tres años, mientras que los aumentos de precios deberán ser una vez al año en base a un índice que elabora el Banco Central.
“El incumplimiento es absoluto, total. Se le está pidiendo a los inquilinos condiciones ilegales, como exigirle garantías cuando la ley es clara al respecto, piden contratos por menos de tres años o la inmobiliaria cobra sellado cuando no se puede. Se creó una campaña en contra de la Ley de Alquileres, aumentaron los precios, no cumplen y ahora intentan derogarla. Y todo esto sobre el silencio del Gobierno nacional. Por eso vamos a presentar estas propuestas, luego del ruidazo que vamos a hacer a finales de marzo por el fin del decreto y el plan de desendeudamiento”, finalizó Muñoz.
El 31 de marzo es la fecha de finalización del DNU que congela el precio de los alquileres, prorroga automáticamente los contratos y suspende los desalojos desde hace casi un año. Por lo tanto, a partir del 1° de abril aquellos inquilinos que no pagaron las actualizaciones ni los montos de los 12 alquileres, tendrán que sumar los meses adeudados, contemplando el ajuste en los que correspondan.
– Especial para Data24.com.ar –
