Las postales de la primera sesión virtual del Senado

CFK sin tapaboca, fallas de conexión, chicanas y decretos... así fue la primer reunión virtual del Senado.
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Finalmente, la primera sesión de forma remota en la historia del Congreso de la Nación se llevó a cabo en el Senado y dejó como postal un recinto ocupado por una pantalla gigante para mostrar a la mayoría de los senadores, y cuatro legisladores presentes de forma física junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se mostró sin barbijo.

La vicepresidenta ingresó a pasadas las 14 para dar inicio a la sesión y, a diferencia de la secretaria administrativa, María Luz Alonso, y el secretario parlamentario, Juan Tunessi, no lució el tapabocas que se recomienda como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus.

Los únicos cuatro senadores presentes en el recinto fueron la presidenta provisional de la Cámara, Claudia Ledesema, y los vicepresidentes Martín Lousteau, Maurice Closs y Laura Rodríguez Machado, quien para la ocasión eligió un barbijo amarillo, color distintivo del PRO, partido al que representa.

Mientras la senadora cordobesa se ponía de a ratos el “tapaboca”, Ledesma, Closs y Lousteau tenían los suyos a mano pero prácticamente no los usaron, algo que probablemente se debió a que había lugar suficiente en el recinto para garantizar la distancia social entre ellos.

El hemiciclo estuvo ocupado mayormente por la imponente pantalla de led instalada frente al estrado de la presidencia, donde se proyectaron el resto de los 71 senadores que participaron de la histórica sesión.

No obstante, no todos ellos se conectaron desde organismos públicos o domicilios particulares, dado que unos 17 estuvieron presentes en sus respectivos despachos del palacio legislativo, principalmente los representantes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Entre quienes se acercaron a sus despachos estuvieron los bonaerenses Esteban Bullrich, Gladys González (Juntos por el Cambio) y Jorge Taiana (Frente de Todos), la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), mano derecha de la vicepresidenta en el Senado y el correntino Pedro Braillard Poccard (Frente de Todos).

La sesión transcurrió sin desperfectos hasta la 17:07, cuando Bullrich estaba en el uso de la palabra y desapareció de la pantalla gigante, seguido por el resto de sus pares conectados de forma remota.

La conexión se retomó a las 17:17, pero persistían los problemas de sonido y la senadora Ledesma, en ese momento a cargo de la sesión en reemplazo de Cristina Kirchner, pidió esperar unos minutos más hasta que finalmente a las 17:23 se normalizó la conexión y la vicepresidenta regresó al estrado.

La vicepresidenta usó hoy una curiosa forma de corregir a una senadora que la llamó “Presidente” en lugar de utilizar el sustantivo femenino, como ella pidió en varias oportunidades.

La tucumana Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, daba su discurso cuando llamó “Presidente” a la titular del Senado, quien ya en una oportunidad corrigió al jefe del bloque oficialista, José Mayans, por llamarla de esa manera.

“Presidenta”, suele subrayar Cristina Kirchner en las sesiones cuando alguien la nombra en masculino, pero en esta ocasión, debido a la modalidad de videoconferencia adoptada en el marco de la pandemia, eligió no interrumpir a la legisladora para corregirla.

En cambio, la titular de la Cámara alta esperó a que Elías de Pérez concluyera su exposición y, antes de pasarle la palabra al siguiente en la lista de oradores, expresó: “Gracias, senador”.

Teniendo en cuenta la atención que suele prestar la vicepresidenta de la Nación al uso del femenino para referirse a ella por su cargo, la palabra “senador” para referirse a Elías de Pérez pareció una corrección indirecta.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – María Luisa Torres


Redacción

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Milei negó una interna con Villarruel: “Tenemos una excelente relación”

El presidente Javier Milei se refrió a una de las fuertes polémicas de la semana pasada: una presunta interna entre él y la vicepresidenta Victoria Villarruel. De todas formas, el mandatario negó cualquier tipo de pelea y aseguró que tienen “una excelente relación. No pensamos igual, eso es claro. Nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente”.

En cuanto al origen de la discusión, que fue la convocatoria al Senado a tratar el DNU 70/23 aún cuando el oficialismo no contaba con los votos, el Presidente respaldó a Villarruel y sostuvo: “Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio. Quién soy yo para meterme en su trabajo”.

Por último, apuntó que los rumores de interna habían iniciado por una “interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina de la Presidencia” por parte de la prensa, aunque reconoció que “son las reglas de juego”.

Segmento de la nota de Bonelli a la cual hace mención el Presidente

“He visto una nota del periodista del Grupo Clarín, de Marcelo Bonelli, y exactamente miente toda la nota. Son todas mentiras. No hay una frase que sea verdad”, dijo.

Y aclaró: “Yo entiendo que el Grupo Clarín este muy enojado conmigo, debe ver peligrar algunos de sus negocios. O estarán nerviosos porque corté la pauta publicitaria. No es el único medio que está enojado conmigo por haberle cortado la plata. Hay algunos más agresivos y más explícitos, como C5N. Pero digo, bueno, está bien, son las reglas de juego”, advirtió

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Más de 110 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son extranjeros

Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.

En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.

Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.

Redacción

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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Ocaña pidió anular la jubilación de privilegio de Alberto, equivalente a 52 mínimas

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el sábado pasado, la legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, cuestionó la jubilación de privilegio que recibe Alberto Fernández.

El expresidente del Frente de Todos percibe casi $8 millones de pesos mensuales en su jubilación de privilegio, lo que equivale a 52 jubilaciones mínimas. Su ingreso se traduce en aproximadamente $9722 por hora, logrando recaudar en solo 14 horas lo que un jubilado promedio obtiene en un mes.

Para Ocaña, Fernández no puede percibir esa jubilación porque “incumple con la Ley, más en el marco de las denuncias por fraude al Estado que este propio gobierno le ha hecho”. Finalmente, contó que no fue recibida por las nuevas autoridades de ANSES. Ocaña quiere acercar a los funcionaros del organismo las más de 50 mil firmas que juntó contra la jubilación de privilegio de Alberto en la reconocida página Change.org.

Además, pidió a Milei “que no desilusione a los millones que lo votaron. Y como estoy segura de que él está en contra, como lo ha dicho, de terminar con los privilegios de la casta, anule esta decisión del ANSES, que no solamente viola la normativa porque Alberto Fernández claramente no vive en la Argentina, sino que también es una cachetada para los millones de jubilados que hoy ganan la mínima, que con bonos llega a $200 mil”.

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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