“LAS PIEDRAS QUE PUSO LA DERECHA” así se refirió Cerruti al homenaje a las víctimas del Covid
La Vocera Presidencial tuvo que borrar el video de su cuenta de Instagram por todos los insultos recibidos tras afirmar que los homenajes de fallecidos por covid eran de "la derecha".
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, descalificó el monumento a los muertos por coronavirus ubicado en la Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada. Estas declaraciones polémicas las efectuó durante una recorrida por la sede del Poder Ejecutivo junto a la ministra de Igualdad española, Irene Montero, y su par nacional, Ayelén Mezzina. Allí, la vocera presidencial tuvo la repudiable frase: “La derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos por Covid”.
Cerruti subió el video a su cuenta de Instagram y tras varias horas, la frase tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales y distintos referentes de la oposición la criticaron, como es el caso del diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy escribió en su cuenta de Twitter: “Las piedras no representan a “la derecha”. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes”.
El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff también la criticó mediante twitter: “Qué vergüenza, @gabicerru. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza”.
Tras los insultos y críticas por parte de la oposición, Cerruti decidió borrar el video.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
Mauricio Macri analiza reeditar a Juntos por el Cambio en la provincia para freezar el acuerdo con Javier Mileiy llegar en una posición menos débil a una negociación antes del cierre de listas de agosto.
El PRO bonaerense se reunió este martes y, en medio de la falta de defunciones, hubo señales respecto de un regreso de Juntos al menos de manera parcial.
Si bien la mayoría de los presentes en la reunión que encabezó Cristian Ritondo en sede del partido en San Telmo se mostraron favorables a un acuerdo con los libertarios, no se pudo imponer una postura. Principalmente porque Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que reporta a Jorge Macri, se opuso a cerrar con La Libertad Avanza.
Del cónclave, en el que estuvieron los intendentes del PRO, surgió la idea de invitar al próximo encuentro a los intendentes radicales. Fue llamativa la coincidencia con las palabras del propio Macri desde Balcarce, donde pidió integrar a los radicales a un acuerdo para volver a gobernar la Argentina. No parecieron las definiciones de alguien que busca acordar ya con Milei.
En el PRO dijeron al medio La Política Online que el escenario bonaerense puede quedar abierto si recrean Juntos con los radicales que gobiernan buena parte de los distritos del interior, más la porción de peronistas de Juan Schiaretti y algunos aliados que formaron parte de la alianza que gobernó el país y la provincia entre 2015 y 2019.
Más aún considerando que los libertarios tienen serios problemas para encontrar candidatos competitivos tanto a nivel seccional como para la lista de diputados nacionales.
El acuerdo que quiere Karina Milei con los dirigentes del PRO por separado, sin cerrar con el propio Macri, tiene dos trabas fundamentales.Una es la del propio Macri, que quiere estirar la definición para luego de las elecciones porteñas. El líder del PRO dice que si logran dejar a Manuel Adorni en un tercer puesto, serán los libertarios los que deberán venir a golpear la puerta para un acuerdo.
En el gobierno también quieren evitar forzar el acuerdo subterráneo con los dirigentes del PRO para evitar que se rompa el bloque amarillo en Diputados, que necesitan como agua hasta diciembre para garantizarse el tercio del que Milei se valió para tener gobernabilidad.
Carola Laner, diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, representando a la ciudad de Concordia, y presidiendo la importante Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la situación de la delincuencia y advirtió que “es el peor mensaje que le podemos dar a nuestra sociedad”, en una nota con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, en Canal EY!
“La ‘puerta giratoria’ empodera únicamente a los delincuentes”, afirmó Laner, agregando: “Es el mensaje de que podemos robar el dinero de todos y que los juicios pueden demorar años.”
El proyecto más destacado y representativo de Laner es su iniciativa para incorporar la figura de “reiterancia delictiva” como criterio para la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. Presentado el 20 de mayo de 2024, esta iniciativa busca establecer una distinción clara entre reiterancia y reincidencia.
“La reiterancia es la conducta delictiva repetida en el tiempo. Mientras que la reincidencia es aquella persona que ha reiterado en el delito y se produce cuando una persona comete un delito después de una sentencia definitiva”, explicó Laner, algo que se sostiene viendo las estadísticas en Concordia, por ejemplo, de 1.000 detenciones, el 70% corresponden a delincuentes reiterantes.
El kirchnerismo formalizó ayer miércoles un proyecto que buscó suspender las PASO y establecer elecciones “concurrentes” en la provincia de Buenos Aires.Teresa García, senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) en la legislatura bonaerense, fue la encargada de exponer una propuesta con cuatro artículos: en el primero, la suspensión de las primarias; en el segundo, la realización de los comicios provinciales el mismo día que las elecciones nacionales; en el tercero, la facultad del Poder Ejecutivo para adherir a esa modalidad; y en el cuarto, la notificación formal de la nueva normativa al gobierno bonaerense.
“Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, comunicó García en sus redes sociales, donde divulgó el documento respaldado por todo el bloque peronista, incluida la legisladora del Frente Renovador,Sofía Vannelli.
El texto advirtió sobre los riesgos de un eventual desdoblamiento: “La organización de una elección desdoblada por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos humanos provinciales, que no es posible realizar en estos escasos meses que anteceden a la elección”.
La iniciativa contó con el aval de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Según lo expuesto en la Legislatura, la exmandataria buscó unificar los comicios para fortalecer a los candidatos nacionales del peronismo, mientras Massa coincidió en la suspensión de las PASO, pero planteó la posibilidad de votar los cargos locales en noviembre, con el fin de capitalizar un escenario distinto ante el crecimiento de Javier Milei.
De este modo, la postura de ambos chocó de pleno con la estrategia de Axel Kicillof, quien había presentado, la semana anterior al 26 de marzo, un proyecto para derogar las primarias y adelantar la elección bonaerense, a fin de centrar la campaña en los logros de su gestión. El tratamiento de esa iniciativa se pospuso hasta el 3 de abril, después de que no prosperara la intención de votarla el jueves 27 de marzo.
La reacción del entorno del gobernador fue inmediata y contundente. “Rompieron todo”, criticaron en los pasillos de la Gobernación, al considerar que la fecha electoral era “una competencia del gobernador” y que el nuevo proyecto implicaba “intromisión de poderes”.
– Los intendentes de la UCR bonaerense se alinean con Kicillof por las PASO
“Habría que analizar la constitucionalidad”, advirtió una fuente oficial tras la maniobra kirchnerista. Aun así, el propio Kicillof reconoció días atrás que suspender las PASO exigía el visto bueno de la Legislatura, debido a que esas primarias están atadas por ley a las nacionales. “Lo tendrán que explicar”, añadieron voceros kicillofistas, en referencia a la movida de los senadores que respondían a Cristina Kirchner.
La interna en el oficialismo de Provincia de Buenos Aires contrastó con el apoyo que algunos radicales dieron a la postura de Kicillof sobre el desdoblamiento.El Foro de Intendentes de la UCR publicó un comunicado el martes 25 de marzo en el que acompañó la idea de separar la elección, al sostener que “los bonaerenses necesitan debatir sus propios temas provinciales y municipales”. Otros sectores, sin embargo, se mostraron críticos y demandaron una definición urgente del calendario. Desde el PRO, Cristian Ritondo expresó el 26 de marzo: “Hoy volvemos a pedirle que priorice las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses por sobre los conflictos internos con sus socios políticos”.
