Las insinuantes visitas de Marcelo Tinelli a Casa Rosada

Es por todos sabido que el conductor televisivo Marcelo Tinelli es un férreo simpatizante del gobierno de Alberto Fernández, llegando incluso a formar parte de la extinta "Mesa del Hambre" al inicio de la gestión, bajo la coordinación de Victoria Tolosa Paz.
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No es casualidad que, durante los tres años de gestión del presidente Alberto Fernández, las visitas de Marcelo Tinelli a la Casa Rosada fueran al menos cinco. Así se desprende del Registro Único de Audiencias del ministerio del Interior de la Nación, al que se puede acceder a través de un simple click vía página web oficial y que busca aportar un manto de claridad a las reuniones que se mantienen puertas adentro de la casa de gobierno.

La primera de ellas ocurrió el 20 de diciembre de 2019, para la foto de la fracasada “agenda contra el hambre”, de la que participaron otras celebridades y militantes de organizaciones sociales y los derechos humanos.

Entonces, la decadente postal generó una profunda indignación por contraponerse a la miseria en la que la política sumergió al país: en las pantallas de televisión se observaba el arribo de un puñado de autos de alta gama, propiedad de empresarios beneficiados con los recursos estatales que venían a salvar a los argentinos de la miseria. Algo que, como era de esperar, nunca ocurrió.

Otras reuniones, en cambio, tuvieron por objetivo simplemente conversar con Fernández en pleno confinamiento por la pandemia. Ocurrió, por ejemplo, el 19 de octubre de 2020, cuando Tinelli se reunió en calidad de presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el objetivo de analizar el desarrollo de una agenda deportiva de cara al confinamiento.

Sin embargo, las visitas que despertaron la atención fueron otras tres, en las que el conductor se presentó en calidad de “empresario”, aunque aduciendo intereses “colectivos”. Una de ellas fue del 23 de abril de 2021. La otra, el 4 de junio de 2021, donde Tinelli se presentó en representación de su productora, Laflia Contenidos SA.

No obstante, el encuentro que acaparó todas las miradas tuvo lugar el 20 de octubre de 2022, cuando Tinelli pidió reunirse con el médico Juan Manuel Castelli, quien ocupa el cargo de subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación.

Según quedo plasmado en la agenda la reunión, el interés invocado en la misma resulta “difuso”. Aunque más lo es el motivo del encuentro: “Hablar sobre cómo dejar bien parado al gobierno con los medios”. Sin dudas, las motivaciones del conductor televisivo, devenido en operador mediático del gobierno, dejan poco lugar a la imaginación.

La primera reunión ocurrió el 20 de diciembre de 2019, para la foto de la fracasada “agenda contra el hambre”

Finalmente, párrafo aparte merece el encargado de manejar la agenda pública del ministerio de Salud, quien recurrió a un insólito sincericidio al momento de completar la solicitud, ya sea por no comprender las motivaciones de ambos participantes o, quizás, por comprenderlas suficientemente bien.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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ROSARIO | Javkin dio su discurso de apertura de Sesiones y no fue ningún ciudadano

El pasado jueves 21, el intendente de Rosario dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Pablo Javkin, que habló aproximadamente una hora, dio su discurso orientado sobre la Seguridad: “Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos. Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.

Javkin, conocido por su trayectoria política que incluye cargos desde concejal hasta diputado nacional por Santa Fe antes de asumir la intendencia, se enfrenta a una creciente percepción de descontento ciudadano en su gestión. A pesar de que su llegada en 2019 prometió cambios en áreas como seguridad y lucha contra el narcotráfico, la realidad muestra una situación compleja y desafiante.

Lo que llamó la atención en redes fue la nula convocatoria que generó el acto: Nadie estaba viendo la apertura de sesiones, solamente estaba la imagen de Javkin en una mega pantalla alquilada. Desde el gobierno municipal aclararon a los medios que no se vio convocatoria porque no movilizaron a la militancia.

Redacción

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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Juez condenó el aumento de sueldo de los senadores: “Es una caradurez”

De manera exprés, en menos de un minuto, sin debate y a mano alzada, la Honorable Cámara de Senadores aprobó, este jueves, un millonario aumento de las dietas. En concreto, a partir de junio, pasarán a cobrar al menos $4 millones todos los meses.

Quien llevó adelante la iniciativa fue Juan Carlos Romero, del peronismo disidente. Sin embargo, contó con el aval de algunos legisladores de untos por el Cambio, la UCR y el bloque federal. No apoyaron los senadores de La Libertad Avanza ni los del bloque PRO.

En diálogo con los medios, Luis Juez, repudió enérgicamente los aumentos. El senador por Córdoba manifestó que la medida: “Nuestro bloque, completo, no solamente no convalidó el tratamiento sobre tablas del proyecto sino que votamos decididamente en contra”. Juez definió el aumento de las dietas como una “bajeza inoportuna” si se tiene en cuenta “el momento que está viviendo la sociedad. Es una falta de empatía increíble”.

A su vez, cuestionó el voto de sus pares: “Después se enojan cuando la gente se enoja por la política. Pero bueno, también la gente tiene que saber distinguir. Pregunten cómo votó cada senado de cada partido”.

Según pudo saber el cronista de La Nación, Tomás Díaz Cueto, 52 Senadores —en su mayoría integrantes de Unión por la Patria— votaron a favor del aumento de dietas.

La aclaración de Villarruel

Al ser cuestionada, desde las mismas redes, Victoria Villarruel aclaró su posición. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario (…) Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”.

Victoria Villarruel on Twitter: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… / Twitter”

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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