Las conflictivas relaciones de la ministra de Mujeres y el gobierno con los mapuches
La posición oficial es tan caótica y desordenada como el resto de las políticas de la gestión de Alberto Fernández, que pareciera no hacer pie en el intento de mostrar un rumbo claro. En respuesta, Jones Huala aseguró que “este gobierno populista es peor que la derecha”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Durante los últimos dos años, la relación entre los integrantes del gobierno nacional y la comunidad mapuche ha sido, como mínimo, contradictoria. El pueblo mapuche, actualmente la población indígena más numerosa de todo el cono sur, desperdigada entre territorios que forman parte de Argentina y Chile, ha tenido al mismo tiempo opiniones encontradas respecto a la gestión de Alberto Fernández.
La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, ha mostrado su apoyo incondicional a la comunidad mapuche. Ella misma es miembro fundadora de la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y se manifestó abiertamente contra la detención del líder Jones Huala, asegurando que “se trata de una decisión arbitraria, ilegal y abusiva, que concentra de un modo claro la persecución a un líder mapuche”.
No es ésta, sin embargo, la posición oficial del gobierno. De hecho, el propio ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que las características de las actividades de la comunidad mapuche no son aceptadas por la gestión nacional. “Quemar edificios públicos no es una reivindicación, es un delito”, aseguró en entrevistas televisivas sobre el conflicto con los mapuches.
Del mismo modo, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue más allá al asegurar que “la defensa de Jones Huala por parte de representantes del gobierno fue un grosero error jurídico. Huala es un terrorista. Yo lo dejaría en la cárcel, y cuando cumpla con su condena lo extraditaría a Argentina para condenarlo de nuevo”.
La dura sentencia de Berni apuntó a la gestión del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. El 5 de octubre, el diplomático se presentó voluntariamente en la audiencia judicial donde se evaluaba un pedido de libertad condicional para el líder de la RAM. El embajador expuso ante la comisión y aseguró que daría respaldo a Jones “porque así lo prevé la normativa internacional por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”. La maniobra fue rechazada por dirigentes de ambos lados de la grieta y provocó un conflicto diplomático con Chile, que envió una carta de protesta a Argentina por la “injerencia” de Bielsa en un proceso judicial chileno.
Lejos de sentirse agradecido por el gesto de Bielsa, el líder mapuche Jones Huala lanzó duras críticas al gobierno argentino, asegurando que “esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial”.
De este modo, la posición del gobierno nacional frente al conflicto mapuche resulta tan desordenada y contradictoria como el resto de las políticas oficiales, y se configura como una nueva raíz de trance interno en una gestión que pareciera no hacer pie en el intento de mostrar un rumbo claro.
*Fuente: REALPOLITIK
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
[cm_ad_changer campaign_id=”6″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una crisis profunda que afecta a más de dos millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto millonario para el 2025, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la creciente insatisfacción de los beneficiarios han generado una serie de reclamos que amenazan con convertirse en un tema central de debate político y social.
El presupuesto de IOMA para el próximo año asciende a1.75 billones de pesos —superando a áreas clave como Educación, Seguridad y Salud, que recibirán entre 1.15 y 1.28 billones de pesos—. Sin embargo, a pesar de esta gran asignación, el organismo atraviesa una grave crisis financiera, que no se refleja en sus balances. Los propios responsables del IOMA reconocen las dificultades económicas, pero no logran explicar cómo una caja billonaria puede tener tantos “agujeros negros”.
A lo largo de 2024, los problemas se agudizaron. En los primeros ocho meses del año, IOMA incrementó el gasto en medicamentos, que pasó del 28.9% en 2023 al 31.6% en octubre de este año. Además, se registraron más de 12,000 cirugías y 10 millones de medicamentos dispensados, lo que indica una creciente demanda, pero también evidencia de una mala gestión en los recursos.
QUEJAS Y PROTESTAS POR LA FALTA DE ATENCIÓN
Los afiliados de IOMA denunciaron numerosos problemas a lo largo de la provincia de Kicillof. En Lincoln, 10,000 afiliados se enfrentan a consultas médicas que rondan entre los $20,000 y $25,000, lo que hace imposible el acceso a atención preventiva. “Nos están tomando de rehenes, se están quedando con la plata del sueldo”, expresó un vecino afectado. La situación obligó a muchos a desplazarse hasta 60 kilómetros para acceder a servicios médicos, lo que compromete la salud de miles de bonaerenses.
– Pacientes, afiliados, médicos y profesionales de salud realizaron en Navarro un cacerolazo contra el convenio del IOMA con el Municipio. La atención en localidades vecina sigue cortada
La crisis también generó protestas en distintos distritos. En Navarro, más de 200 vecinos salieron a la calle para rechazar un convenio firmado entre IOMA y el ejecutivo local, que limita la cobertura a un único hospital. Lo ocurrido en este municipio es solo un ejemplo de lo que sucede en otros puntos de la provincia, donde IOMA rompió convenios con clínicas y hospitales privados, dejando a miles de afiliados sin cobertura médica adecuada.
En otras ciudades como Mar del Plata, Olavarría y Azul, los afiliados también persentaron quejas por la falta de cobertura médica, y algunos decidieron llevar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo. En muchos casos, los médicos privados que aún mantienen contratos con IOMA están cobrando las consultas por fuera del sistema, lo que genera conflictos con los reintegros.
– Protestas de los afiliados del IOMA en Olavarría
La crisis en IOMA generó un fuerte debate. Desde la oposición, legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza exigen respuestas urgentes. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la creación de un Comité de Crisis para dar soluciones a los afiliados y la declaración de emergencia sanitaria, económica y operativa de IOMA. La idea es realizar una auditoría para esclarecer cómo se manejan los recursos de la obra social, que hasta ahora han estado rodeados de opacidad.
El bloque opositor también propuso la intervención de IOMA por parte del Ejecutivo, lo que permitiría una revisión exhaustiva de su funcionamiento. A pesar de estas propuestas, el oficialismo, liderado por Axel Kicillof, no ha tomado medidas concretas para solucionar la crisis.
Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por Javier Milei, manifestó su desacuerdo con la dirección del partido. En una reciente entrevista en Radio con Vos, el legislador señaló que la política no debería consistir en “quién aplaude más fuerte” y criticó duramente el entorno de Milei, al que responsabilizó de imponer una lógica verticalista y poco democrática.
Casielles, quien acompañó a Milei desde los primeros días de LLA, se mostró especialmente decepcionado con la estructura actual del partido, que, según él, está dominada por decisiones impulsivas y caprichosas que no tienen en cuenta el diálogo interno ni la competencia profesional. “Yo trato de mantener siempre una línea, y el espacio tiene una volatilidad que no me representa”, explicó, subrayando que cada vez encuentra menos coincidencias con el rumbo de LLA, aunque por el momento asegura no haber abandonado el espacio.
El diputado también puso como ejemplo de esta falta de estabilidad la rotación constante de funcionarios en altos cargos del gobierno de Milei, que considera perjudicial para el desarrollo de una política coherente y sólida: “En diez días se fue un Secretario de Energía, un Canciller y quien dirigía la Aduana”.
Casielles no solo lamentó la salida de Mondino, sino que defendió su lealtad y profesionalismo. Según el legislador, la decisión de apartarla se basó en un desacuerdo con el rumbo de la política internacional, un tema sensible para LLA y que, según Casielles, debería discutirse en profundidad en lugar de resolverse mediante “movimientos erráticos”. En sus redes sociales, Casielles manifestó su descontento por la velocidad con la que la Administración cambia sus funcionarios, dejando al descubierto lo que describe como “una ausencia de planificación y una falta de rumbo a largo plazo”.
La situación generó tensiones también en el bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, donde, aunque mantienen una estructura de interbloque, la unidad empieza a mostrar grietas. Casielles describió el espacio como más verticalista que liberal, con una dinámica donde la crítica y el disenso son mal recibidos. “En LLA no hay lugar para gente que piense distinto”, afirmó en una entrevista en el programa “Rosca y Casta”, agregando que la política no puede sustentarse en la lealtad ciega sin un plan de país claro.
Según el legislador, su intención es que el partido construya un proyecto a mediano y largo plazo que permita a Argentina avanzar de forma sólida y estable, con un país “fuerte y eficiente”. Sin embargo, para Casielles, este objetivo se desvanece en un contexto en el que se prioriza la lealtad por encima de las ideas y la competencia. “Si lo que vale es quién aplaude más fuerte, poco podemos construir”, sentenció.
Luego de que el Senado bonaerense girase a Diputados la reforma jubilatoria del Banco Provincia, el ex ministro de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, cargó duramente contra el gobernador Axel Kicillof. En esa línea, acusó al gobierno bonaerense de comprar “voluntades” en medio de la compleja situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en el día a día.
“Con la ayuda de los traidores del cambio, Kicillof logró media sanción para volver atrás y restablecer las jubilaciones de privilegio en el Banco Provincia, que habíamos eliminado en el gobierno de María Eugenia Vidal”, cuestionó en su cuenta de X.
Asimismo, el titular del PRO bonaerense señaló que el populismo siempre “compra voluntades” para que “todo siga igual” en el país. “Ellos ganan cuando se mantiene el status quo, porque conservan sus privilegios y someten a su gente”, argumentó.
En ese sentido, Ritondo mostró su preocupación ya que, en medio de este debate en la Cámara Alta, la inseguridad “se cobra una nueva víctima” todos los días. “En la misma provincia en la que los pacientes de IOMA se mueren esperando atención médica. En la misma provincia en la que hay más chicos con hambre que chicos con la panza llena. En esa misma provincia, Axel Kicillof elige devolverles los privilegios a unos pocos”, agregó más tarde.
“Pero la historia nos demuestra que el populismo tiene fecha de caducidad. Estamos construyendo un equipo en toda la provincia para decirles basta. Por más que se resistan, el cambio siempre llega”, sentenció.
VIDAL TAMBIÉN EXPUSO SU REPUDIO:
La ex gobernadora, e ideóloga del proyecto que terminó siendo reformulado, recurrió a su cuenta de X para retuitear la exposición que brindó el senador Alex Campbell.
Armaron una sesión especial para tratar dos disparates, el RIGI provincial y derogar una ley de @mariuvidal que eliminaba jubilaciones de privilegio.Que quede claro, desde el @proargentina NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con… pic.twitter.com/oxEJh7XEJm
“Desde el PRO NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con déficit sigan generando deudas”, explicaba en su disertación.
No obstante, Campbell bancó el proyecto de Vidal para eliminar las jubilaciones de privilegio, a diferencia de Kicillof que “sigue haciendo populismo con el dinero de los impuestos que pagamos todos”.
LA REFORMA POLÉMICA DE KICILLOF:
El proyecto del BAPRO busca revertir las modificaciones implementadas durante la gestión de María Eugenia Vidal, que habían reducido el haber jubilatorio del 82% al 75% y aumentado la edad de jubilación para las mujeres con el objetivo de reducir el déficit de la Caja previsional. El proyecto que se aprobó este jueves restituye el 82% del haber y establece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, argumentando una reparación basada en las desigualdades laborales de género.
La propuesta aprobada este jueves incluye la derogación de la ley 15008 con el objetivo de restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas a través de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia.
Entre las medidas propuestas para achicar el déficit de la Caja se encuentra la ampliación del aporte de las personas afiliadas, tanto activas como pasivas. Para los afiliados activos, el aporte podría aumentar hasta un 16%, mientras que para los pasivos sería hasta un 12%. Además, se prevé un incremento en las contribuciones obligatorias que debe hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando éstas hasta el 21%. Asimismo, se plantea la instauración de un nuevo régimen para los ingresantes al sistema, que contemplaría un aporte personal del 19%.
El proyecto de ley también incluye la incorporación de una contribución adicional por parte del Banco Provincia. Asimismo, se prevé una partida presupuestaria de la Provincia para afrontar de manera conjunta y coordinada el posible déficit que pueda enfrentar la Caja. Esta financiación buscaría restablecer el rol del Estado como garante final del sistema previsional, asegurando de esta manera la sostenibilidad y estabilidad financiera de la Caja en el tiempo, siempre alineado a los recursos disponibles.
Por lo que se pudo saber desde el radiopasillo de Casa Rosada, la vicepresidente Victoria Villarruel sigue en su principal objetivo de mejorar su organigrama territorial. Más aún desde su alejamiento del Partido Demócrata (PD).
Propios y extraños se encargaron de oficializar diferentes reuniones en “off” que mantuvieron los hijos del ex mandatario sanjuanino con la segunda del Gobierno.“Mantiene el ‘Pacto de Damas’ con Karina Milei, pero de a poco juega sus propias cartas”, sentenciaron a este medio, de manera anónima.
De momento, Cruzada Renovadora, el sello de la familia Avelín que cuenta con personería jurídica en 3 provincias (San Juan, Jujuy y Río Negro), tendría como objetivo poderse organizar hacia el ámbito nacional (necesitaría 5). Aún profundizan en afiliaciones y adhesiones en el territorio bonaerense.
¿La provincia de Buenos Aires está fuera del arreglo?
La batalla en provincia de Buenos Aires cada vez sería más complicada, porque el asesor presidencial Santiago Caputo mantendría su propio juego, detrás de lo que sería su “mesa chica” con el diputado bonaerense Agustín Romo a la cabeza. Del otro costado, la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, ofreciendo aval a su alfil Sebastián Pareja, actual titular de Integración Socio Urbana.
En el medio, el famoso “Pacto de Damas” entre Villarruel y Karina, el cual salió a la luz y trataría de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el territorio bonaerense no tendrían injerencia política de Victoria. De esta forma, presuntamente se allanó el camino para la hermana del Presidente.
Sin embargo, el acuerdo de la vicepresidente con Cruzada Renovadora traería un beneficio en lo que es la musculatura del interior del país, por la presencia en provincias como San Juan, Jujuy y Río Negro. ¿Desventajas? El territorio bonaerense también está siendo coordinado de la mano de Esteban Javier Pascual Del Malvar, quién no pretende quedarse afuera de los sufragios intermedios.
No es seguro asimilar si Cruzada Renovadora evitaría sugerir nombres para la provincia de Buenos Aires, o bien si se selló la alianza con el sector de Victoria Villarruel. Pero sobre la mesa se encuentra todo…
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.
Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarrique también fue condenado en la causa.
El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.
La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.
El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
