La verdad detrás del “golpe”

Toda la parafernalia que se ha llevado adelante es solo a efectos de zafar a la vicepresidenta de sus problemas judiciales...
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10 Years Experiences

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*Por: Christian Sanz

Cristina lo hizo. Finalmente, el Senado aprobó la reforma judicial que tanto inquietaba a la vicepresidenta. Resta ahora saber qué ocurrirá en la Cámara de Diputados, donde los números son adversos para el oficialismo y las febriles negociaciones con la oposición no logran llegar a buen puerto.

Día a día se conocen nuevas trabas a la eventual posibilidad de conseguir llegar al número que hace falta para obrar el milagro que le regale a la expresidenta la impunidad que pretende. Por caso, los diputados del bloque Córdoba Federal, que han sabido acompañar diversas iniciativas del kirchnerismo, ya han anticipado que votarán en contra de la norma.

Por eso, el oficialismo ha decidido impulsar una serie de medidas que se verán a partir de esta semana y que buscarán “ablandar” la cuestión: primero, habrá un cambio en la estrategia discursiva. Ya se ha demostrado el malhumor que genera en la sociedad toda mención al término “reforma judicial”. Ergo, empezará a ponerse el foco en otro tipo de iniciativas, como los también polémicos cambios impositivos, que empezarán a debatirse en el Congreso Nacional.

Segundo, no se pondrá fecha aún al inicio de la discusión por la reforma judicial en Diputados. Llegará cuando deba llegar. Tercero, habrá un llamado público al “diálogo” a efectos de introducir eventuales cambios a la ley. Pero será solo maquillaje, porque Cristina no quiere que la norma vuelva al Senado.

Como ya se dijo en reiteradas oportunidades en este mismo espacio, toda la parafernalia que se ha llevado adelante es solo a efectos de zafar a la vicepresidenta de sus problemas judiciales. Por eso la reforma se ha dado en el fuero Federal, donde el ciudadano de a pie no suele litigar.

Ciertamente, los problemas de la gente pasan por otro lugar: los fueros civil, comercial, de familia, previsional y otros. Allí sí hace falta una reforma profunda. Pero no la habrá, sencillamente porque Cristina no tiene inconveniente alguno allí. Solo en Comodoro Py y, eventualmente, en la Corte Suprema. Es el capítulo que se viene, con la “Comisión Beraldi” como actor central del culebrón en ciernes.

Si esto ocurriera en Suiza, ya sería un gran escándalo, al igual que el hecho de que, para lograr votar la media sanción de la reforma, se han creado cientos de cargos nuevos en la Justicia y se han “loteado” muchos de ellos a propios y ajenos. Pero nada ocurrirá, porque todo transcurre en Argenzuela.

LA VERDAD DETRÁS DEL “GOLPE” DE DUHALDE

Sorprendió durante la semana que pasó el rapto discursivo de Eduardo Duhalde, asegurando que había un golpe en marcha que buscaba derrocar a Alberto Fernández.

Luego del revuelo que produjo con sus palabras, elexpresidente interino decidió recular y aseguró haber tenido un brote psicótico. Nadie le creyó.

En realidad, quien le pidió que diera un paso atrás fue el propio jefe de Estado, preocupado por la bola de nieve que había generado el desacertado comentario, con una repercusión negativa que operó cual búmeran sobre su propia persona.

Para entender qué quiso decir Duhalde hay que recordar lo que publicó Tribuna de Periodistas el pasado 3 de julio: en esos días, en el marco de un encuentro a solas con el presidente, el exmandatario interino le recomendó a Alberto “sacarse de encima” a Cristina.

No solo se lo aconsejó por una cuestión de imagen —la vicepresidenta lo tracciona para abajo—, sino además porque cree que su compañera de fórmula está esmerilando su poder de a poco.

Por eso, cuando habla de “golpe”, Duhalde refiere a Cristina y sus acólitos más fieles. “Antes de fin de año, lo va a sacar del poder y va a asumir ella”, confía a sus íntimos con elocuencia y convicción. Comparte su apreciación una de sus principales enemigas: Elisa Carrió.

Ello explicaría la embestida que viene sufriendo Alberto por parte de personajes de la talla de Luis D’Elía, Víctor Hugo Morales, Mario Ishii, y otros.

Hablando de este último… en un gesto que no carece de escándalo, el Concejo Deliberante de José C. Paz decidió archivar finalmente el pedido de Juntos por el Cambio de investigar sus dichos sobre venta de “falopa” en las ambulancia de la comuna.

Ishii terminó negando la versión, desdiciéndose de sus propios dichos. Entonces… ¿por qué no se permitió avanzar en una investigación política? ¿O es que realmente sí se venden estupefacientes en los vehículos municipales?

Como sea, el bloque oficialista del intendente, con 16 integrantes, impuso su número para hacer triunfar su moción de archivar el proyecto de la comisión, que impulsaba la bancada de siete concejales de Juntos por el Cambio.

No obstante lo dicho, la justicia de San Martín investiga “de oficio” la trama de las ambulancias, aunque no hay pretensión de que avance demasiado. Favor con favor se paga, dicen con intriga quienes conocen el entramado fino.

EL REGRESO DE HEIDI

Las reuniones por ahora son reservadas, al igual que lo que se habla en ellas. Refieren al armado de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, donde pretende hacer pie en 2021, en las próximas elecciones legislativas.

Horacio Rodríguez Larreta “apadrina” sus sueños, en el marco de un plan aún más ambicioso, en el cual se imagina a sí mismo como presidente de la Nación en 2023. “Una mano lava a la otra y las dos lavan la cara”, como dice la célebre frase.

Vidal ayudaría políticamente al hoy jefe de gobierno y ella se quedaría con el “cetro” de la CABA en el caso de que este lograra asumir la primera magistratura. ¿Y Mauricio Macri? Bien, gracias. Solo un recuerdo.

Las “bombas” que intentarán truncar los sueños de Larreta no vendrán solo del búnker del kirchnerismo —Cristina ya empezó a bombardearlo hace rato—, sino también de su propio espacio.

Los macristas de la primera hora, como Fernando Iglesias, ya anticiparon que no apoyarán al hoy alcalde porteño. Tampoco lo hará el radicalismo “cornejista”, que ostenta sus propias pretensiones presidenciales.

Entretanto, el gran desafío del Frente de Todos será llegar a 2021 con algún tipo de unidad. ¿Romperá Alberto con Cristina antes de las legislativas como auguran sus propios asesores? Misterio.

LIBEREN LA DROGA

Como publicó en exclusiva Tribuna de Periodistas este sábado, el gobierno pergeña despenalizar la drogas, un viejo sueño de Aníbal Fernández que terminó trunco hace poco más de diez años ante la recomendación en contrario de puntuales especialistas.

Esta nueva avanzada fue dada a conocer tibiamente en la apertura de la 18º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil.

Allí, Sabina Frederic se sinceró al asegurar que la ley de estupefacientes “está vieja y debe ser revisada para mejorar la puntería” porque en 30 años “nos ha dejado cantidad enorme de personas encarceladas y no ha bajado la oferta de droga en el mercado”.

Al mismo tiempo, reveló que se conformó una mesa de trabajo “interministerial” que comenzó a trabajar “con la idea de dar el debate”.

Para no admitir que lo que se busca es despenalizar los narcóticos, Frederic recurrió a eufemismos de vieja data: “La Ley 23.737, que estamos obligados a implementar, y lo hacemos todo el tiempo con nuestras fuerzas de seguridad apuntando a las grandes redes de tráfico, está vieja y necesita ser revisada para mejorar la puntería”.

Antes de opinar al respecto, es dable conocer qué ocurrió en los países que decidieron ese mismo camino, el de la despenalización. Uno de ellos es Colombia.

“Despenalizar no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario”, aseveró en su momento Jaime Bermúdez, ex ministro de Relaciones Exteriores colombiano, abogado y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford.

El especialista puso el foco principalmente sobre la tenencia de narcóticos —el consumo está despenalizado desde 1989 en Argentina— y advirtió que ello no beneficia al adicto, sino al traficante. “En estos casos, se vende por acumulación. No se vende el kilogramo de droga, se vende de a gramo. A usted lo dejan tener una pequeña cantidad y entonces vende rápidamente esa cantidad. Después lo hace con otra pequeña porción, después con otra, y así”.

Sobre los motivos por los cuales ingresa el negocio narco a un país, el especialista advierte que es provocado por un Estado débil y ausente. “Aquí, la sociedad subvaloró el tema, lo toleró e incluso se benefició. Y, cuando nos dimos cuenta de que esta gente no sólo se enriquecía, sino que mataba, que secuestraba, ya era tarde”, contestó. Obviamente, hablaba de la experiencia colombiana, donde se debió revertir la política y volver a penalizar.

FINALMENTE…

Ocurre en estas horas una situación inquietante, que intenta ser mantenida en secreto por parte del gobierno: el sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones fue “atacado” con un destructivo virus.

El hecho ocurrió el jueves pasado y persiste hasta el día de hoy, por lo cual casi todos los trámites deben hacerse en el formato del viejo y vetusto papel.

Lo grave no es eso, sino que se borraron los datos de entrada y salida de personas del país.

¿Fue un hecho aislado y fortuito o algo pergeñado por algún sector del poder político? Es la gran duda que carcome a los capitostes de Migraciones ahora mismo.

Se trata de personas experimentadas, que jamás creen en casualidades…

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Un exintendente propuso crear una policía militar en el conurbano bonaerense para combatir la inseguridad y el narcotráfico

El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.

La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.

— Joaquín De la Torre

El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.

De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.

El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.

Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.

Villarruel le exigió al Gobierno una baja de impuestos urgente para el campo

Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.

También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.

La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.

La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene que el crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.

Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.

“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.

La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.

“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.

Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.

La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Más infraestructura y empleo

Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.

Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.

“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.

En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.

En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.

Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.

Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.

Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.

FURIA MILEÍSTA | La Justicia archivó una denuncia de Lilia Lemoine contra Marcela Pagano

El trasfondo político de la embestida judicial contra Marcela Pagano desnuda las contradicciones internas y los curiosos movimientos dentro del espacio oficialista. La causa que terminó archivada en Comodoro Py no surgió de la nada, sino de una presentación formal firmada por quince diputados nacionales de La Libertad Avanza, entre quienes se destacaron nombres alineados con la interna oficialista como María Celeste Ponce y Lilia Lemoine.

La principal denunciante, la diputada nacional Lilia Bolukalo Lemoine, junto al abogado patrocinante, Hernán Seivane.

Detrás del armado legal estuvo el abogado patrocinante Hernán Seivane, un letrado con un llamativo historial político que incluye registros fotográficos junto a figuras como Manuela Castañeira y Juan Grabois, un posterior paso por el bando mileísta y un reciente salto: anunció que ahora trabajará para Ramón “El Nene” Vera, histórico dirigente kirchnerista reconvertido en “liberal” por milagro, como sucedió con tantos otros dirigentes de la talla de Leila Gianni o Daniel Scioli.

El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (su nuevo jefe) y Sebastián Pareja

El archivo judicial

La denuncia impulsada por los quince legisladores oficialistas apuntaba contra Marcela Pagano por supuesta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El escrito sostenía que la diputada se valía de su cargo y de su pareja para supuestamente ocultar bienes, además de deslizar graves acusaciones sobre supuestos retornos de dinero de personal parlamentario, presuntos vínculos con diplomáticos extranjeros y viajes al exterior. Un combo de imputaciones que carecía de respaldo probatorio pero que servía como ariete político dentro de la interna, motivo por el que la Justicia archivó la causa.

La diputada nacional Marcela Pagano, la denunciada por el oficialismo.

La juez María Romilda Servini respaldó el dictamen fiscal que desestimó la denuncia punto por punto al comprobar que no existía ninguna hipótesis delictiva. La resolución detalló los nueve motivos centrales por los cuales el expediente quedó descartado:

1. Las operaciones inmobiliarias cuestionadas ocurrieron meses antes de que Pagano asumiera como diputada nacional, durante 2023.

2. La adquisición del departamento en la calle Migueletes se realizó con fondos debidamente acreditados por la venta previa de otra propiedad que la periodista tenía desde 2011.

3. El monto en efectivo declarado respondía a ahorros previos y la fecha errónea en el sistema oficial se debió a un error administrativo y no a una omisión maliciosa.

4. Respecto a la situación de Franco Bindi, la Justicia determinó que no existía unión convivencial formal ni obligación de informar bienes ajenos, ya que la convivencia comenzó formalmente años después.

5. La mención a un supuesto inmueble en Nordelta carecía por completo de ubicación, valor o elementos que lo vincularan con la legisladora.

6. Los viajes al exterior mencionados por una exempleada no demostraron ningún incremento patrimonial injustificado.

7. Las acusaciones sobre supuestos retornos de sueldos del personal parlamentario se basaban en recortes mediáticos y carecían de pruebas concretas.

8. La supuesta asociación ilícita con vínculos internacionales mencionada en el escrito no describía ninguna organización criminal, roles ni un plan delictivo real.

9. La presentación incumplía los requisitos legales básicos al omitir circunstancias de tiempo, modo y lugar, convirtiéndose en un escrito vacío de contenido probatorio.

De este modo, la maniobra judicial impulsada por el sector oficialista quedó totalmente desinflada en los tribunales, dejando en evidencia una presentación carente de rigor jurídico que terminó colapsando bajo su propio peso probatorio.

El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Juan Grabois y junto a Manuela Castañeira.

La doble vara oficialista

El contraste entre la embestida judicial archivada contra Pagano y la realidad interna de La Libertad Avanza desnuda una evidente doble vara. Mientras un sector del oficialismo impulsó una causa vacía de contenido para castigar a una disidencia, las irregularidades y los escándalos con pruebas concretas dentro de la propia oficialista se acumulan sin la misma vara de exigencia.

El ejemplo más claro ocurrió con Manuel Adorni, quien quedó cercado por inconsistencias patrimoniales tras acumular prórrogas y demoras para presentar su declaración jurada, a pesar de que el propio Javier Milei había afirmado meses antes que el funcionario ya la tenía preparada.

Manuel Adorni y su esposa subiendo al avión privado cuya compra de pasajes aún no puede justificar.

Otro caso elocuente involucra a la diputada nacional María Celeste Ponce, precisamente, una de quienes firmaron la denuncia contra Pagano. Esta diputada fue gravemente cuestionada y denunciada mediáticamente en 2024 por su exasesora Guillermina Ruiz, quien la acusó de exigirle retornos mensuales de hasta $500 mil de su sueldo y aportó pruebas documentadas de varias transferencias bancarias, incluso permitiéndole acceder a los movimientos de su cuenta bancaria al periodista Tomás Díaz Cueto, hoy más alineado con el propio espacio de Ponce.

Lejos de recibir el castigo interno o la presión judicial que el espacio impulsó contra otros, Ponce fue públicamente blindada por su compañera de bloque Lilia Lemoine, a pesar de que los registros difundidos por la exasistente salpicaban directamente al entorno y exponían una red de complicidades dentro de la misma tropa libertaria. Ponce fue denunciada por Eduardo “El Presto” Prestofelippo a raíz de esta causa. A pesar de la facilidad con la que la Justicia Federal podría haber accedido a esos registros del Banco Nación, la causa fue archivada raudamente sin realizar ningún tipo de investigación, sin llamar a testigos a declarar, ni corroborar absolutamente nada.

La diputada nacional María Celeste Ponce junto al presidente, Javier Milei.

La persecución interna impulsada por este sector no se limita a figuras institucionales, sino que también apunta contra la propia militancia y disidencia tuitera del espacio. El mismo abogado y los mismos actores involucrados en la embestida contra Pagano han quedado señalados por armar listas negras y promover causas judiciales contra militantes libertarios críticos, demostrando que el aparato judicial y mediático del oficialismo opera de manera sistemática para silenciar cualquier voz interna que cuestione los privilegios y las contradicciones de la cúpula dirigente.

Mientras la justicia sepultó la opereta contra Pagano por falta absoluta de elementos, el oficialismo opta por mirar hacia otro lado cuando las pruebas de corrupción y desmanejos florecen en su propio búnker.

*Por Augusto Grinner

Entre Ríos eliminó las jubilaciones de privilegio para gobernadores y vicegobernadores después de 61 años

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.

La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.

La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.

— Gabriela Lena, diputada provincial

Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.

En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión

La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.

En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.

Una diputada del PRO fulminó a Kicillof: “Es el peor gobernador de la historia, tiene el cerebro envenenado de zaffaronismo”

Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.

El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.

Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.

De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.

La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios. En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.

HUMOR por Argüelles​

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