La verdad detrás del “golpe”

Toda la parafernalia que se ha llevado adelante es solo a efectos de zafar a la vicepresidenta de sus problemas judiciales...
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10 Years Experiences

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*Por: Christian Sanz

Cristina lo hizo. Finalmente, el Senado aprobó la reforma judicial que tanto inquietaba a la vicepresidenta. Resta ahora saber qué ocurrirá en la Cámara de Diputados, donde los números son adversos para el oficialismo y las febriles negociaciones con la oposición no logran llegar a buen puerto.

Día a día se conocen nuevas trabas a la eventual posibilidad de conseguir llegar al número que hace falta para obrar el milagro que le regale a la expresidenta la impunidad que pretende. Por caso, los diputados del bloque Córdoba Federal, que han sabido acompañar diversas iniciativas del kirchnerismo, ya han anticipado que votarán en contra de la norma.

Por eso, el oficialismo ha decidido impulsar una serie de medidas que se verán a partir de esta semana y que buscarán “ablandar” la cuestión: primero, habrá un cambio en la estrategia discursiva. Ya se ha demostrado el malhumor que genera en la sociedad toda mención al término “reforma judicial”. Ergo, empezará a ponerse el foco en otro tipo de iniciativas, como los también polémicos cambios impositivos, que empezarán a debatirse en el Congreso Nacional.

Segundo, no se pondrá fecha aún al inicio de la discusión por la reforma judicial en Diputados. Llegará cuando deba llegar. Tercero, habrá un llamado público al “diálogo” a efectos de introducir eventuales cambios a la ley. Pero será solo maquillaje, porque Cristina no quiere que la norma vuelva al Senado.

Como ya se dijo en reiteradas oportunidades en este mismo espacio, toda la parafernalia que se ha llevado adelante es solo a efectos de zafar a la vicepresidenta de sus problemas judiciales. Por eso la reforma se ha dado en el fuero Federal, donde el ciudadano de a pie no suele litigar.

Ciertamente, los problemas de la gente pasan por otro lugar: los fueros civil, comercial, de familia, previsional y otros. Allí sí hace falta una reforma profunda. Pero no la habrá, sencillamente porque Cristina no tiene inconveniente alguno allí. Solo en Comodoro Py y, eventualmente, en la Corte Suprema. Es el capítulo que se viene, con la “Comisión Beraldi” como actor central del culebrón en ciernes.

Si esto ocurriera en Suiza, ya sería un gran escándalo, al igual que el hecho de que, para lograr votar la media sanción de la reforma, se han creado cientos de cargos nuevos en la Justicia y se han “loteado” muchos de ellos a propios y ajenos. Pero nada ocurrirá, porque todo transcurre en Argenzuela.

LA VERDAD DETRÁS DEL “GOLPE” DE DUHALDE

Sorprendió durante la semana que pasó el rapto discursivo de Eduardo Duhalde, asegurando que había un golpe en marcha que buscaba derrocar a Alberto Fernández.

Luego del revuelo que produjo con sus palabras, elexpresidente interino decidió recular y aseguró haber tenido un brote psicótico. Nadie le creyó.

En realidad, quien le pidió que diera un paso atrás fue el propio jefe de Estado, preocupado por la bola de nieve que había generado el desacertado comentario, con una repercusión negativa que operó cual búmeran sobre su propia persona.

Para entender qué quiso decir Duhalde hay que recordar lo que publicó Tribuna de Periodistas el pasado 3 de julio: en esos días, en el marco de un encuentro a solas con el presidente, el exmandatario interino le recomendó a Alberto “sacarse de encima” a Cristina.

No solo se lo aconsejó por una cuestión de imagen —la vicepresidenta lo tracciona para abajo—, sino además porque cree que su compañera de fórmula está esmerilando su poder de a poco.

Por eso, cuando habla de “golpe”, Duhalde refiere a Cristina y sus acólitos más fieles. “Antes de fin de año, lo va a sacar del poder y va a asumir ella”, confía a sus íntimos con elocuencia y convicción. Comparte su apreciación una de sus principales enemigas: Elisa Carrió.

Ello explicaría la embestida que viene sufriendo Alberto por parte de personajes de la talla de Luis D’Elía, Víctor Hugo Morales, Mario Ishii, y otros.

Hablando de este último… en un gesto que no carece de escándalo, el Concejo Deliberante de José C. Paz decidió archivar finalmente el pedido de Juntos por el Cambio de investigar sus dichos sobre venta de “falopa” en las ambulancia de la comuna.

Ishii terminó negando la versión, desdiciéndose de sus propios dichos. Entonces… ¿por qué no se permitió avanzar en una investigación política? ¿O es que realmente sí se venden estupefacientes en los vehículos municipales?

Como sea, el bloque oficialista del intendente, con 16 integrantes, impuso su número para hacer triunfar su moción de archivar el proyecto de la comisión, que impulsaba la bancada de siete concejales de Juntos por el Cambio.

No obstante lo dicho, la justicia de San Martín investiga “de oficio” la trama de las ambulancias, aunque no hay pretensión de que avance demasiado. Favor con favor se paga, dicen con intriga quienes conocen el entramado fino.

EL REGRESO DE HEIDI

Las reuniones por ahora son reservadas, al igual que lo que se habla en ellas. Refieren al armado de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, donde pretende hacer pie en 2021, en las próximas elecciones legislativas.

Horacio Rodríguez Larreta “apadrina” sus sueños, en el marco de un plan aún más ambicioso, en el cual se imagina a sí mismo como presidente de la Nación en 2023. “Una mano lava a la otra y las dos lavan la cara”, como dice la célebre frase.

Vidal ayudaría políticamente al hoy jefe de gobierno y ella se quedaría con el “cetro” de la CABA en el caso de que este lograra asumir la primera magistratura. ¿Y Mauricio Macri? Bien, gracias. Solo un recuerdo.

Las “bombas” que intentarán truncar los sueños de Larreta no vendrán solo del búnker del kirchnerismo —Cristina ya empezó a bombardearlo hace rato—, sino también de su propio espacio.

Los macristas de la primera hora, como Fernando Iglesias, ya anticiparon que no apoyarán al hoy alcalde porteño. Tampoco lo hará el radicalismo “cornejista”, que ostenta sus propias pretensiones presidenciales.

Entretanto, el gran desafío del Frente de Todos será llegar a 2021 con algún tipo de unidad. ¿Romperá Alberto con Cristina antes de las legislativas como auguran sus propios asesores? Misterio.

LIBEREN LA DROGA

Como publicó en exclusiva Tribuna de Periodistas este sábado, el gobierno pergeña despenalizar la drogas, un viejo sueño de Aníbal Fernández que terminó trunco hace poco más de diez años ante la recomendación en contrario de puntuales especialistas.

Esta nueva avanzada fue dada a conocer tibiamente en la apertura de la 18º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil.

Allí, Sabina Frederic se sinceró al asegurar que la ley de estupefacientes “está vieja y debe ser revisada para mejorar la puntería” porque en 30 años “nos ha dejado cantidad enorme de personas encarceladas y no ha bajado la oferta de droga en el mercado”.

Al mismo tiempo, reveló que se conformó una mesa de trabajo “interministerial” que comenzó a trabajar “con la idea de dar el debate”.

Para no admitir que lo que se busca es despenalizar los narcóticos, Frederic recurrió a eufemismos de vieja data: “La Ley 23.737, que estamos obligados a implementar, y lo hacemos todo el tiempo con nuestras fuerzas de seguridad apuntando a las grandes redes de tráfico, está vieja y necesita ser revisada para mejorar la puntería”.

Antes de opinar al respecto, es dable conocer qué ocurrió en los países que decidieron ese mismo camino, el de la despenalización. Uno de ellos es Colombia.

“Despenalizar no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario”, aseveró en su momento Jaime Bermúdez, ex ministro de Relaciones Exteriores colombiano, abogado y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford.

El especialista puso el foco principalmente sobre la tenencia de narcóticos —el consumo está despenalizado desde 1989 en Argentina— y advirtió que ello no beneficia al adicto, sino al traficante. “En estos casos, se vende por acumulación. No se vende el kilogramo de droga, se vende de a gramo. A usted lo dejan tener una pequeña cantidad y entonces vende rápidamente esa cantidad. Después lo hace con otra pequeña porción, después con otra, y así”.

Sobre los motivos por los cuales ingresa el negocio narco a un país, el especialista advierte que es provocado por un Estado débil y ausente. “Aquí, la sociedad subvaloró el tema, lo toleró e incluso se benefició. Y, cuando nos dimos cuenta de que esta gente no sólo se enriquecía, sino que mataba, que secuestraba, ya era tarde”, contestó. Obviamente, hablaba de la experiencia colombiana, donde se debió revertir la política y volver a penalizar.

FINALMENTE…

Ocurre en estas horas una situación inquietante, que intenta ser mantenida en secreto por parte del gobierno: el sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones fue “atacado” con un destructivo virus.

El hecho ocurrió el jueves pasado y persiste hasta el día de hoy, por lo cual casi todos los trámites deben hacerse en el formato del viejo y vetusto papel.

Lo grave no es eso, sino que se borraron los datos de entrada y salida de personas del país.

¿Fue un hecho aislado y fortuito o algo pergeñado por algún sector del poder político? Es la gran duda que carcome a los capitostes de Migraciones ahora mismo.

Se trata de personas experimentadas, que jamás creen en casualidades…

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

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El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

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