La verdad detrás del “golpe”

Toda la parafernalia que se ha llevado adelante es solo a efectos de zafar a la vicepresidenta de sus problemas judiciales...
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10 Years Experiences

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*Por: Christian Sanz

Cristina lo hizo. Finalmente, el Senado aprobó la reforma judicial que tanto inquietaba a la vicepresidenta. Resta ahora saber qué ocurrirá en la Cámara de Diputados, donde los números son adversos para el oficialismo y las febriles negociaciones con la oposición no logran llegar a buen puerto.

Día a día se conocen nuevas trabas a la eventual posibilidad de conseguir llegar al número que hace falta para obrar el milagro que le regale a la expresidenta la impunidad que pretende. Por caso, los diputados del bloque Córdoba Federal, que han sabido acompañar diversas iniciativas del kirchnerismo, ya han anticipado que votarán en contra de la norma.

Por eso, el oficialismo ha decidido impulsar una serie de medidas que se verán a partir de esta semana y que buscarán “ablandar” la cuestión: primero, habrá un cambio en la estrategia discursiva. Ya se ha demostrado el malhumor que genera en la sociedad toda mención al término “reforma judicial”. Ergo, empezará a ponerse el foco en otro tipo de iniciativas, como los también polémicos cambios impositivos, que empezarán a debatirse en el Congreso Nacional.

Segundo, no se pondrá fecha aún al inicio de la discusión por la reforma judicial en Diputados. Llegará cuando deba llegar. Tercero, habrá un llamado público al “diálogo” a efectos de introducir eventuales cambios a la ley. Pero será solo maquillaje, porque Cristina no quiere que la norma vuelva al Senado.

Como ya se dijo en reiteradas oportunidades en este mismo espacio, toda la parafernalia que se ha llevado adelante es solo a efectos de zafar a la vicepresidenta de sus problemas judiciales. Por eso la reforma se ha dado en el fuero Federal, donde el ciudadano de a pie no suele litigar.

Ciertamente, los problemas de la gente pasan por otro lugar: los fueros civil, comercial, de familia, previsional y otros. Allí sí hace falta una reforma profunda. Pero no la habrá, sencillamente porque Cristina no tiene inconveniente alguno allí. Solo en Comodoro Py y, eventualmente, en la Corte Suprema. Es el capítulo que se viene, con la “Comisión Beraldi” como actor central del culebrón en ciernes.

Si esto ocurriera en Suiza, ya sería un gran escándalo, al igual que el hecho de que, para lograr votar la media sanción de la reforma, se han creado cientos de cargos nuevos en la Justicia y se han “loteado” muchos de ellos a propios y ajenos. Pero nada ocurrirá, porque todo transcurre en Argenzuela.

LA VERDAD DETRÁS DEL “GOLPE” DE DUHALDE

Sorprendió durante la semana que pasó el rapto discursivo de Eduardo Duhalde, asegurando que había un golpe en marcha que buscaba derrocar a Alberto Fernández.

Luego del revuelo que produjo con sus palabras, elexpresidente interino decidió recular y aseguró haber tenido un brote psicótico. Nadie le creyó.

En realidad, quien le pidió que diera un paso atrás fue el propio jefe de Estado, preocupado por la bola de nieve que había generado el desacertado comentario, con una repercusión negativa que operó cual búmeran sobre su propia persona.

Para entender qué quiso decir Duhalde hay que recordar lo que publicó Tribuna de Periodistas el pasado 3 de julio: en esos días, en el marco de un encuentro a solas con el presidente, el exmandatario interino le recomendó a Alberto “sacarse de encima” a Cristina.

No solo se lo aconsejó por una cuestión de imagen —la vicepresidenta lo tracciona para abajo—, sino además porque cree que su compañera de fórmula está esmerilando su poder de a poco.

Por eso, cuando habla de “golpe”, Duhalde refiere a Cristina y sus acólitos más fieles. “Antes de fin de año, lo va a sacar del poder y va a asumir ella”, confía a sus íntimos con elocuencia y convicción. Comparte su apreciación una de sus principales enemigas: Elisa Carrió.

Ello explicaría la embestida que viene sufriendo Alberto por parte de personajes de la talla de Luis D’Elía, Víctor Hugo Morales, Mario Ishii, y otros.

Hablando de este último… en un gesto que no carece de escándalo, el Concejo Deliberante de José C. Paz decidió archivar finalmente el pedido de Juntos por el Cambio de investigar sus dichos sobre venta de “falopa” en las ambulancia de la comuna.

Ishii terminó negando la versión, desdiciéndose de sus propios dichos. Entonces… ¿por qué no se permitió avanzar en una investigación política? ¿O es que realmente sí se venden estupefacientes en los vehículos municipales?

Como sea, el bloque oficialista del intendente, con 16 integrantes, impuso su número para hacer triunfar su moción de archivar el proyecto de la comisión, que impulsaba la bancada de siete concejales de Juntos por el Cambio.

No obstante lo dicho, la justicia de San Martín investiga “de oficio” la trama de las ambulancias, aunque no hay pretensión de que avance demasiado. Favor con favor se paga, dicen con intriga quienes conocen el entramado fino.

EL REGRESO DE HEIDI

Las reuniones por ahora son reservadas, al igual que lo que se habla en ellas. Refieren al armado de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, donde pretende hacer pie en 2021, en las próximas elecciones legislativas.

Horacio Rodríguez Larreta “apadrina” sus sueños, en el marco de un plan aún más ambicioso, en el cual se imagina a sí mismo como presidente de la Nación en 2023. “Una mano lava a la otra y las dos lavan la cara”, como dice la célebre frase.

Vidal ayudaría políticamente al hoy jefe de gobierno y ella se quedaría con el “cetro” de la CABA en el caso de que este lograra asumir la primera magistratura. ¿Y Mauricio Macri? Bien, gracias. Solo un recuerdo.

Las “bombas” que intentarán truncar los sueños de Larreta no vendrán solo del búnker del kirchnerismo —Cristina ya empezó a bombardearlo hace rato—, sino también de su propio espacio.

Los macristas de la primera hora, como Fernando Iglesias, ya anticiparon que no apoyarán al hoy alcalde porteño. Tampoco lo hará el radicalismo “cornejista”, que ostenta sus propias pretensiones presidenciales.

Entretanto, el gran desafío del Frente de Todos será llegar a 2021 con algún tipo de unidad. ¿Romperá Alberto con Cristina antes de las legislativas como auguran sus propios asesores? Misterio.

LIBEREN LA DROGA

Como publicó en exclusiva Tribuna de Periodistas este sábado, el gobierno pergeña despenalizar la drogas, un viejo sueño de Aníbal Fernández que terminó trunco hace poco más de diez años ante la recomendación en contrario de puntuales especialistas.

Esta nueva avanzada fue dada a conocer tibiamente en la apertura de la 18º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil.

Allí, Sabina Frederic se sinceró al asegurar que la ley de estupefacientes “está vieja y debe ser revisada para mejorar la puntería” porque en 30 años “nos ha dejado cantidad enorme de personas encarceladas y no ha bajado la oferta de droga en el mercado”.

Al mismo tiempo, reveló que se conformó una mesa de trabajo “interministerial” que comenzó a trabajar “con la idea de dar el debate”.

Para no admitir que lo que se busca es despenalizar los narcóticos, Frederic recurrió a eufemismos de vieja data: “La Ley 23.737, que estamos obligados a implementar, y lo hacemos todo el tiempo con nuestras fuerzas de seguridad apuntando a las grandes redes de tráfico, está vieja y necesita ser revisada para mejorar la puntería”.

Antes de opinar al respecto, es dable conocer qué ocurrió en los países que decidieron ese mismo camino, el de la despenalización. Uno de ellos es Colombia.

“Despenalizar no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario”, aseveró en su momento Jaime Bermúdez, ex ministro de Relaciones Exteriores colombiano, abogado y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford.

El especialista puso el foco principalmente sobre la tenencia de narcóticos —el consumo está despenalizado desde 1989 en Argentina— y advirtió que ello no beneficia al adicto, sino al traficante. “En estos casos, se vende por acumulación. No se vende el kilogramo de droga, se vende de a gramo. A usted lo dejan tener una pequeña cantidad y entonces vende rápidamente esa cantidad. Después lo hace con otra pequeña porción, después con otra, y así”.

Sobre los motivos por los cuales ingresa el negocio narco a un país, el especialista advierte que es provocado por un Estado débil y ausente. “Aquí, la sociedad subvaloró el tema, lo toleró e incluso se benefició. Y, cuando nos dimos cuenta de que esta gente no sólo se enriquecía, sino que mataba, que secuestraba, ya era tarde”, contestó. Obviamente, hablaba de la experiencia colombiana, donde se debió revertir la política y volver a penalizar.

FINALMENTE…

Ocurre en estas horas una situación inquietante, que intenta ser mantenida en secreto por parte del gobierno: el sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones fue “atacado” con un destructivo virus.

El hecho ocurrió el jueves pasado y persiste hasta el día de hoy, por lo cual casi todos los trámites deben hacerse en el formato del viejo y vetusto papel.

Lo grave no es eso, sino que se borraron los datos de entrada y salida de personas del país.

¿Fue un hecho aislado y fortuito o algo pergeñado por algún sector del poder político? Es la gran duda que carcome a los capitostes de Migraciones ahora mismo.

Se trata de personas experimentadas, que jamás creen en casualidades…

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Presti avaló el ataque ordenado por Thatcher al ARA General Belgrano: “Fue un acto de guerra”

El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982

“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado. 

La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror

La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher

El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.

Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.

“Una lectura funcional a la versión británica”

Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo. 

El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.

También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.

En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica. 

Se vendió un edificio estratégico de la Policía Federal Argentina: firmado por un funcionario de Milei, ex empleado de Elsztain

La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.

Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.

Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.

La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.

Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.

La derrota del “amigo” del Presidente

La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.

Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de remate para que los empresarios amigos sigan levantando torres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.

La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.

Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA

Sin techo y con sueldos de miseria

Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.

El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.

Vista satelital del predio rematado.

La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientras la Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.

Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.

Entrada a lo que era el predio de la PFA

El modelo extractivo del Estado

La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.

Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.

Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.

Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)

*Por Augusto Grinner

Una diputada de LLA admitió darle a su hijo pasajes del Congreso para que viaje de Salta a CABA: “Va y viene”

La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.

En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes

Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.

La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó. 

Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular. 

Frigerio se reunió con Caputo para impulsar una baja de impuestos y avanzar con obras viales

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.

– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina

En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.

La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.

Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.

Los libertarios furiosos con Gisela Scaglia, la diputada santafesina que votó junto a los K una moción contra Milei por su apoyo a Israel y Estados Unidos

En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.

El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de Javier Milei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno. 

La moción de Valdés:

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Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei. 

El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.

La UIF escondió sanciones antiguas de lavado de dinero tras un pedido del Banco Hipotecario de Elsztain

La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.

El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.

La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.

Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.

En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.

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Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.

Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.

La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.

El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.

Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.

El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.

*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)

HUMOR por Argüelles​

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