La hija viajera de Belliboni consiguió un puesto en el Estado tras el triunfo del Frente de Todos
En enero del 2020, su hija Josefina comenzó a cobrar un salario de 154 mil pesos en el departamento judicial de Lomas de Zamora. Lejos de la lucha piquetera, o no tanto, la hija del líder del Partido Obrero se muestra en Grecia y el Caribe, disfrutando de la buena vida.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El piquetero y líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, goza de una bochornosa celebridad desde se supo que, a pesar de las declamaciones sociales y los dogmas que repite hasta el hartazgo en entrevistas periodísticas, cobra un jugoso salario como asesor en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Nunca trabajé en el estado, no fui funcionario ni tuve cargos”, aseguró Belliboni tan sólo unas pocas horas antes de que se conozca la investigación de REALPOLITIK, en la que se contrastaron sus palabras con datos registrados en la ANSES: hace al menos ocho años que percibe contratos en el estado.
Sin embargo, no es el conocido piquetero el único de su familia cobrando envidiables salarios en la actividad pública. A poco más de un mes de asumir Alberto Fernández, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, y Axel Kicillof, Belliboni se cobró otro favor ingresando a su hija Josefina en la administración pública.
En efecto, en enero del 2020 Josefina Belliboni ingresó al poder judicial de la provincia de Buenos Aires, con un jugoso salario de 154.166 pesos. La hija de Belliboni, nacida en 1984, actualmente se desempeña en el departamento judicial de Lomas de Zamora, donde a pocas semanas de asumir comenzó a militar en la agrupación Judiciales Independientes.
Como su padre, Josefina levanta las banderas socialistas, pega carteles, afiches y vocifera máximas morales en las que asegura trabajar por los derechos de los ignorados. Al mismo tiempo, claro está, que cobra un oneroso sueldo en la administración pública.
La hija de Eduardo Belliboni goza de la buena vida, como su padre. En las redes sociales se muestra descansando del ajetreo de la lucha por la patria socialista en distintos destinos de Europa, en donde no perdió oportunidad de visitar sitios históricos en Grecia y relajarse en cristalinas aguas rodeada de palmeras silvestres.
A cada paso, con cada investigación periodística que se inicia, la imagen de Belliboni y el relato del abnegado luchador por los derechos de los trabajadores se desdibujan en un borroso retrato familiar atravesado por contratos en el estado, sueldos abultados, lujos, viajes y tragos exóticos junto al mar.
*Fuente: REALPOLITIK
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El ConcejoDeliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.
En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.
La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.
“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.
Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.
El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.
LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
Solicitud de deuda líquida y exigible.
Aprobación para instalación medidor de luz.
Venta de planos del municipio.
Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
Inscripción de comercio, industria, etc.
Los recursos contra resoluciones administrativas.
Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
Por presentación de denuncias contra vecinos.
Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Sellados municipales de planos.
Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
Carnet sanitario.
Desinfección y desratización.
Derechos de edificación.
Actuaciones administrativas.
Tasa por servicios especiales.
Tasa por servicios eventuales.
Sobretasa General Inmobiliaria.
Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.
El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.
Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.
El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.
La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.
La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.
Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.
El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”
El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.
Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.
El concejal Cristian Beneito, de Vamos Juntos, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon que apunta a incorporar publicidad en los polideportivos municipales para generar nuevos recursos destinados a su mantenimiento. La iniciativa plantea la modificación de la Ordenanza Municipal Nº 22.920, que regula el Código de Publicidad, mediante la adición del artículo 60.5, habilitando la colocación de anuncios en los polideportivos Las Heras, Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y los que se sumen en el futuro.
“Seguimos apostando con el sector privado para generar más trabajo y así mejorar nuestros polideportivos municipales”, expresó Beneito al presentar el proyecto. Con esta medida, se podrán formalizar convenios público-privados que permitirán ingresos a través de la publicidad en estos espacios, con el compromiso de destinar los fondos exclusivamente al mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones.
La propuesta amplía la regulación ya existente en otras instalaciones deportivas, como el Parque Municipal de los Deportes y la Laguna de los Padres. Entre sus beneficios, el proyecto pretende atraer a grandes marcas y abrir un espacio para que comerciantes locales se publiciten, generando empleo y potenciando el perfil turístico de Mar del Plata.
Beneito aseguró que la publicidad estará regulada bajo la supervisión del EMDER y no alterará la estética de los polideportivos, buscando un equilibrio entre el aspecto comercial y visual de los espacios. “Esto significa más recursos para mejorar nuestras instalaciones y hacer crecer nuestra ciudad con alianzas estratégicas”, concluyó el concejal, destacando que la iniciativa permitirá redirigir parte del presupuesto municipal a otros programas y proyectos importantes.
A los recientes 1.500 millones de pesos asignados al canal estatal RTS Televisión Santafesina, ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe suma una nueva resolución que adjudica una suma millonaria a la empresa Amplify SA, propiedad de Juan ManuelAngelini, Federico María Di Benedetto y Marina Hernández. Estos tres empresarios comparten un elemento común: todos ellos fueron funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de Angelini, quien ocupó el cargo de director General de Comunicación Participativa, el 1 de octubre de 2023 ingresó como planta de gabinete de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CACRMP), según se desprende de la resolución SAGYP Nro. 473/23. Durante los últimos años, actuó como aportante en las campañas electorales de Juntos por el Cambio y llegó a administrar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Por su parte, DiBenedetto viene desarrollándose en diferentes cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008: fue coordinador del departamento de Comunicación y Prensa del jefe de Gabinete de Ministros, subsecretario de Comunicación y secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. Además, al igual que Angelini, realizó en diversas oportunidades aportes de campaña al Pro durante los últimos años.
Finalmente, Marina Hernández se desempeñó como subsecretaria de Gestión Comunal de la Ciudad y supo mantener, en numerosas oportunidades, actividades con Larreta principalmente durante la última gestión.
El beneficio fue otorgado por Luis Persello, el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Fe que mantuvo trabajos cruzados en la administración pública durante varios años, tanto en el ministerio de Justicia y Seguridad como en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
A través de una resolución, Persello adjudicó la suma total de 18.600.000 a la empresa Amplify SA, con el objetivo de realizar capacitaciones en técnicas de opinión pública, estrategias de focus group, y relevamientos de datos a través de medios digitales y redes sociales.
La resolución explica que el contrato incluye: “La prestación del servicio realización de capacitaciones en técnicas y metodologías para la opinión pública, estrategias de focus group y relevamiento de datos e información y servicio de realización de capacitaciones sobre uso, alcances y manejo de redes sociales”. Sin embargo, el documento no especifica cómo se implementarán estas actividades ni los resultados esperados.
Según pudo saber REALPOLITIK, Persello prometió al gobernador Pullaro que estos estudios constituirán herramientas útiles para ajustar estrategias políticas y medir el estado de ánimo social, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Y, en paralelo, devolver los favores recibidos en épocas electorales.
En un nuevo episodio de opacidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue señalado por ocultar el proceso de un masivo concurso para la cobertura de más de quinientos cargos en el sistema de salud.
Según relataron fuentes cercanas al proceso a REALPOLITIK, la convocatoria fue organizada sin la debida transparencia y con la aparente intención de concentrar las vacantes en manos de personas afines al kirchnerismo, a través de un pacto entre el ministerio de Salud, que conduce Nicolás Kreplak, y las entidades sindicales especializadas en la materia: la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El llamado a concurso, al que se puede acceder a través de este link, lleva el respaldo formal de las autoridades gremiales y está dirigido exclusivamente a seccionales provinciales. Este tipo de convocatoria, que incluye un cronograma detallado y listado de cargos, típicamente se publicaría en medios de amplia circulación para garantizar que los postulantes calificados tengan acceso equitativo a las vacantes. Sin embargo, este concurso fue omitido de los canales de comunicación oficiales, limitando el acceso solo a aquellos selectos con un vínculo directo con los organizadores.
El documento menciona que los cargos, actualmente cubiertos de manera interina y no adjudicados en el concurso anterior, se ofrecerán exclusivamente dentro de un lapso breve, del 25 al 27 de octubre de 2024, con inscripción del 4 al 11 de noviembre. Esto deja un margen estrecho para la difusión pública y la posibilidad de que profesionales no alineados con el gobierno provincial participen en igualdad de condiciones.
Proceso de selección bajo la sombra
La disposición establece detalladamente los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los aspirantes. Desde la presentación de documentos de identidad, certificados profesionales, hasta la constitución de un domicilio legal en la localidad del puesto concursado, las condiciones son exhaustivas. Este esquema, aunque regulado por ley, se ve empañado por la opacidad con que se ha manejado su comunicación.
El jurado que seleccionará a los profesionales está constituido, en su mayoría, por funcionarios designados por el ministerio que conduce Nicolás Kreplak, con un evidente control sobre el proceso. La disposición establece que un representante del gremio y otro designado por la entidad de matriculación profesional tendrán voz y voto en el comité evaluador, lo que despierta sospechas sobre la imparcialidad de este proceso, dado el rol preponderante de los sindicatos aliados del gobierno.
Este proceso de selección viciado pone en evidencia la falta de transparencia en un área tan sensible como la salud pública. La decisión de ocultar información y reducir la convocatoria para favorecer a sectores afines constituye un atentado contra el acceso igualitario y democrático a los empleos públicos.
Sin dudas, la ciudadanía, organizaciones de transparencia y la dirigencia opositora podrían presionar para que el gobierno rinda cuentas sobre la falta de publicación en los medios y los motivos para limitar el acceso a la información. El presunto favoritismo en la selección podría derivar en acciones legales por parte de profesionales de la salud que se vean afectados.
Según un relevamiento realizado por este medio, el listado de vacantes en hospitales y unidades sanitarias de la provincia de Buenos Aires presenta un total de aproximadamente 515 cargos distribuidos en distintas especialidades y localidades de las regiones I a XII.
En conjunto, las vacantes se concentran en especialidades médicas de atención primaria y urgencias, además de áreas de salud mental y trabajo social. Esto muestra un enfoque en reforzar tanto los servicios clínicos esenciales como el apoyo en salud mental en las distintas regiones.
Regiones I a V:
Principales establecimientos: Hospital José Penna (Bahía Blanca), Hospital Julio de Vedia (Nueve de Julio), Hospital Abraham Piñeyro (Junín), y otros en Carmen de Areco, Pergamino, Vicente López, y San Fernando.
Principales vacantes: médicos en especialidades de cardiología, clínica médica, oftalmología, neonatología, psiquiatría, además de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, farmacéuticos, kinesiólogos, y nutricionistas.
Total de cargos aproximado: 127.
Regiones VI y VII:
Principales establecimientos: Hospital Isidoro Iriarte (Quilmes), Hospital Lucio Melendez (Adrogué), Hospital Mi Pueblo (Florencio Varela), y Hospital Narciso López (Lanús).
Principales vacantes: psicólogos, enfermeros, pediatras, fonoaudiólogos, kinesiólogos, y especialidades médicas como pediatría, neumonología, ginecología y clínica quirúrgica.
Total de cargos aproximado: 120.
Regiones IX, X y XI:
Principales establecimientos: Hospital Materno Infantil Argentina Diego (Azul), Hospital Blas Dubarry (Mercedes), Hospital Alejandro Korn (José Melchor Romero), y otros en Las Flores, Rauch, y Saladillo.
Principales vacantes: especialistas en odontología, psiquiatría, pediatría, neonatología, neurología, fonoaudiología, bioquímica, y áreas relacionadas con rehabilitación y geriatría.
Total de cargos aproximado: 109.
Regiones XI y XII, y Red Provincial de Salud Mental:
Principales establecimientos: UPAs de Los Hornos y Lezama, Hospital Alberto Balestrini (Ciudad Evita), Hospital Paroissien (La Matanza), y unidades de CPA en varias localidades.
Principales vacantes: psicólogos, trabajadores sociales, y médicos en clínica médica, obstetricia, pediatría, terapia intensiva, gastroenterología, nefrología.
Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por Javier Milei, manifestó su desacuerdo con la dirección del partido. En una reciente entrevista en Radio con Vos, el legislador señaló que la política no debería consistir en “quién aplaude más fuerte” y criticó duramente el entorno de Milei, al que responsabilizó de imponer una lógica verticalista y poco democrática.
Casielles, quien acompañó a Milei desde los primeros días de LLA, se mostró especialmente decepcionado con la estructura actual del partido, que, según él, está dominada por decisiones impulsivas y caprichosas que no tienen en cuenta el diálogo interno ni la competencia profesional. “Yo trato de mantener siempre una línea, y el espacio tiene una volatilidad que no me representa”, explicó, subrayando que cada vez encuentra menos coincidencias con el rumbo de LLA, aunque por el momento asegura no haber abandonado el espacio.
El diputado también puso como ejemplo de esta falta de estabilidad la rotación constante de funcionarios en altos cargos del gobierno de Milei, que considera perjudicial para el desarrollo de una política coherente y sólida: “En diez días se fue un Secretario de Energía, un Canciller y quien dirigía la Aduana”.
Casielles no solo lamentó la salida de Mondino, sino que defendió su lealtad y profesionalismo. Según el legislador, la decisión de apartarla se basó en un desacuerdo con el rumbo de la política internacional, un tema sensible para LLA y que, según Casielles, debería discutirse en profundidad en lugar de resolverse mediante “movimientos erráticos”. En sus redes sociales, Casielles manifestó su descontento por la velocidad con la que la Administración cambia sus funcionarios, dejando al descubierto lo que describe como “una ausencia de planificación y una falta de rumbo a largo plazo”.
La situación generó tensiones también en el bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, donde, aunque mantienen una estructura de interbloque, la unidad empieza a mostrar grietas. Casielles describió el espacio como más verticalista que liberal, con una dinámica donde la crítica y el disenso son mal recibidos. “En LLA no hay lugar para gente que piense distinto”, afirmó en una entrevista en el programa “Rosca y Casta”, agregando que la política no puede sustentarse en la lealtad ciega sin un plan de país claro.
Según el legislador, su intención es que el partido construya un proyecto a mediano y largo plazo que permita a Argentina avanzar de forma sólida y estable, con un país “fuerte y eficiente”. Sin embargo, para Casielles, este objetivo se desvanece en un contexto en el que se prioriza la lealtad por encima de las ideas y la competencia. “Si lo que vale es quién aplaude más fuerte, poco podemos construir”, sentenció.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.