07 septiembre, 2024

La gestión de Kicillof protege a un funcionario acusado de abusar de su hijo autista

Familiares de dos niños abusados por su propio padre, un funcionario de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, aseguraron que Damián Costamagna, vicepresidente del organismo, buscó protegerlo. Al abusador lo denunció su propia hija de quince años.
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El escándalo, al menos en los medios de comunicación, estalló un 3 de octubre del año 2021. En aquella mañana, la pequeña LC de tan sólo catorce años, contó con escabrosos detalles el abuso sexual que sufre por parte de su padre biológico, SC, desde los cuatro años. De acuerdo a la pequeña: “Me tocaba y hacía que lo toque. A la noche dormía con él en una cama pequeña e intentaba penetrarme”.

La historia de LC se extiende por varios párrafos plagados del horror que sólo la inocencia de una niña puede contar. Incluso, LC aseguró haber sido testigo de la violación de su hermano, que sufre de espectro autista, durante una visita sin supervisión. “Se encerraba con mi hermano en el baño y yo, desde la pieza, podía escuchar los gritos y llantos de mi hermano. Yo gritaba preguntando que estaba pasando y él me respondía ‘nada LC’ y le tapaba la boca a mi hermano para que yo no lo escuchara llorar. Luego lo dejaba durante la noche desnudo, metido en una bañadera”, confesó la pequeña víctima de un verdadero monstruo.

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El acusado por sus propios hijos, SC, es consultor en Saneamiento Hídrico, de acuerdo a su presentación en Linkedin, y trabaja en la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. Su ex esposa y madre de ambas víctimas, no sólo realizó las denuncias penales correspondientes sino que, además, exigió que el organismo provincial lleve adelante un sumario administrativo.

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Ya en el organismo, familiares de las víctimas y trabajadores cuestionaron a Damián Costamagna, vicepresidente de la Autoridad del Agua bonaerense y funcionario vinculado a La Cámpora y al gobernador Axel Kicillof, por proteger al peligroso abusador. “Asegura que no se siente cómodo con el avance de la causa porque podría pegarle políticamente al Instituto Patria, con el que SC tendría vinculación”, confirmaron.

Al respecto, el Equipo Interdisciplinario para el Abordaje de Situaciones de Violencia de Género fue instado a actuar y elevó una nota exigiendo el sumario de SC. A ellos se sumó un pedido de la dirección de Sumarios Administrativos de la provincia de Buenos Aires, que solicitó que se le inicie un sumario al abusador y se lo suspenda de su trabajo.

Insólitamente, la primera reacción de Costamagna fue negarse, pero luego cedió ante la presión de los trabajadores y la Justicia y firmó el documento, según testigos, “a regañadientes”. Mientras tanto, y a pesar de los desgarradores pedidos de la familia por una prisión preventiva para el abusador de menores, SC sigue libre, publicando en las redes sociales y exigiendo volver a ver a sus víctimas, sus propios hijos.

*Fuente: REALPOLITIK


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MORENO CONDENADO a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por manipular el INDEC

La Justicia encontró culpable al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de la manipulación de datos estadísticos, abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, por lo que lo condenó a tres años de prisión y a otros seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal Nro 2 de Comodoro Py, por los delitos cometidos cuando el ex funcionario de Cristina Kirchner, estaba al frente del Institutito Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007.

Además, de Moreno, el Tribunal condenó a la ex directora de Índices de Precio de Consumo, Beatriz Paglieri, a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, las otras acusadas en la causa.

El fallo que lleva las firmas de los jueces federales Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel. Ahora pasará a la Cámara de Casación que debe ratificar la sentencia contra Moreno para que sea efectiva. Aunque no son de cumplimiento en una cárcel, se deberán someterse a reglas de conducta específicas, como fijar residencia y cumplir las normas del Patronato de Liberados.

Esta es la tercera condena que recibe el funcionario, ya que tiene una sentencia de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y la otra, es a dos años de prisión en suspenso por el caso en el que invitó a pelear a los miembros de una asamblea en la empresa Papel Prensa en el año 2010.


Redacción

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Diputados K blindaron a Espinoza ante la denuncia por abuso sexual y rechazaron su suspensión

La propuesta de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, que instaba a los órganos competentes a apartar temporalmente al intendente, fue desestimada tras no conseguir el apoyo necesario en la Cámara Baja. La iniciativa requería tres cuartas partes de los votos para ser tratada, pero sólo obtuvo 103 votos a favor, frente a 79 en contra, y no hubo abstenciones. Esta situación impidió que el proyecto avanzara, dejando al caudillo matancero en su puesto mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.

El proyecto presentado por la legisladora del PRO manifestaba su “preocupación ante el procesamiento del intendente de La Matanza” y pedía la “inmediata suspensión en el cargo, mientras se sustancian las investigaciones pertinentes”. Lospennato criticó duramente la decisión de Unión por la Patria de no apoyar la moción, acusándolos de brindar protección política a Espinoza. “Quieren decirse que defienden a las víctimas de violencia, pero no defienden a todas las víctimas, porque si las víctimas son de un poderoso como Espinoza, a Espinoza le dan protección política”, declaró.

El caso que rodea al intendente Espinoza se remonta a una denuncia presentada por Melody Rakauskas, una de sus secretarias, quien lo denunció en la Justicia por abuso sexual. Este procesamiento judicial se encuentra en una etapa clave, con la existencia de una semiplena prueba que, según Lospennato, justifica el pedido de suspensión para que Espinoza no interfiera en las investigaciones en curso.

La negativa de UxP a tratar el proyecto de suspensión generó una fuerte reacción en la oposición. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada, señaló: “Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos”.

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El Gobierno oficializó los cambios en la firma digital: se podrá validar y registrar de manera remota

En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.

Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante. Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.

La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.

Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.

El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.

Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.

Redacción

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¿Les conviene fusionarse al PRO y LLA? | Una encuesta publicó datos alarmantes

Una encuesta realizada por CB Consultores repasó los beneficios y dificultades de una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones del año que viene. Si bien hay marchas y contramarchas en el acercamiento de ambos espacios electores, persisten las dudas dentro de ambos partidos sobre la conveniencia de fusionarse en un armado ¿Qué opinan los votantes de Javier Milei: conviene ir juntos o separados?

El presidente libertario se muestra reticente de aliarse oficialmente con el PRO y ejecutar un armado conjunto, la reciente medición parece descartar cualquier tipo de duda.

En provincia de Buenos Aires, la respuesta no se puede ignorar: Mauricio Macri y Javier Milei deben compartir listas.  En este sentido, desde la consultora interrogaron a los encuestados sobre qué partido o espacio elegirían en los próximos comicios con una distinción clave: el PRO y LLA juntos o el PRO y LLA separados.

El resultado es categórico para el oficialismo: juntos LLA y el PRO pueden vencer al kirchnerismo en la provincia y encarar unas elecciones presidenciales del 2027 con otras chances, en relación a lo sucedido en 2023

De esta manera, juntos alcanzarían el 30,2% de los votos en territorio peronista, mientras que el kirchnerismo llegaría a 27,1%.

Tercero se ubica un peronismo no kirchnerista aparecería con 6,3%, dato que podría ser significativo si Kicillof logra encolumnar al peronismo disidente bajo su ala.

 Finalmente, la izquierda alcanza el 3,2%, la UCR un 2,2%, y el blanco 4,1%.

¿QUÉ PASA SI LLA Y EL PRO COMPITEN SEPARADOS EN 2025?

En caso de no ir juntos, en este escenario el kirchnerismo arrasaría con la votación con un 28,5% de los encuestados votando la lista de Kicillof. Mientras que los libertarios quedarían en segundo lugar con un 17,2% y el PRO en un 9,8%.

Un escenario increíblemente similar al de 2023, dónde Kicillof desplazó a ambas fuerzas políticas, y un número que dejaría muy mal parado sobre todo a Mauricio Macri.

Ficha técnica de la encuesta de CB Consultores

 Cantidad de casos: 1.213 casos en territorio bonaerense,

Margen de error: +/- 2,8% de margen de error.

Fecha de campo del 23 y el 28 de agosto


Redacción

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Interpol busca al diputado libertario prófugo denunciado por pedofilia

Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.

El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.

Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.

La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.

Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.

El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.

Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.

El ministro de Seguridad de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.

Redacción

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Alberto nombró en Atucha a una peluquera que conoció por Facebook

En un polémico nombramiento, Valeria Yolanda Araujo, peluquera de oficio, fue designada en 2021 en Nucleoeléctrica Argentina S.A. por expreso pedido del entonces presidente Alberto Fernández.

La empresa, encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, es conocida por exigir altos niveles de calificación académica y experiencia técnica a sus empleados, condiciones que Araujo no cumplía al momento de su incorporación.

Nucleoeléctrica, una empresa que requiere un currículum altamente especializado para acceder a sus puestos, parece haber hecho una excepción con Araujo. A pesar de no contar con la formación universitaria ni la experiencia técnica requerida para la mayoría de los puestos en la empresa, Araujo fue colocada en un cargo administrativo con un salario de $2 millones mensuales, una suma que supera incluso el piso salarial para empleados con mayor calificación.

El origen de esta controvertida designación parte de las redes sociales: Fernández habría conocido a Araujo a través de Facebook y, aprovechando su cercanía geográfica a la planta de Nucleoeléctrica en Lima, partido de Zárate, solicitó su contratación de manera directa. Esta acción no sería un caso aislado, ya que se ha señalado que el ex presidente solía realizar este tipo de nombramientos, colocando en cargos estatales a personas de su entorno o recomendadas por conocidos.

Desde su nombramiento, Araujo ha mantenido un perfil bajo, eliminando su presencia en redes sociales y evitando cualquier exposición pública. Según testimonios de empleados de la planta de Atucha, Araujo realiza tareas administrativas básicas, similar a las de cualquier empleado en su posición. Sin embargo, su salario y la forma en que accedió al cargo generó malestar entre quienes sí cumplen con los estrictos requisitos para trabajar en la empresa.

A pesar de la polémica, la peluquera continúa en su puesto, cumpliendo con el horario y las tareas asignadas. Sin embargo, el cambio de gestión en Nucleoeléctrica, ahora bajo control del nuevo gobierno, podría poner en revisión estas y otras designaciones realizadas durante el mandato anterior. Santiago Caputo, mano derecha del presidente Milei, junto con Alberto Lamagna y Luis Fasanella, quienes ocupan los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, se enfrentan a la tarea de reestructurar la empresa, lo que podría incluir una reducción significativa del personal, afectando a entre 500 y 1.000 empleados.

Redacción

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