Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tras una votación de cinco votos contra dos, la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche será destituida de su cargo. Los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos presentaron este lunes sus votos. Aunque la destitución es oficial, Goyeneche comentó que recurriría a la Corte Suprema por el insólito fallo de destitución.
Goyeneche argumentó que este fallo se debe únicamente a la investigación que llevó a cabo contra el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien finalmente fue condenado a 8 años de prisión como consecuencia de dicha investigación.
En un escrito que presentó en a la Corte Suprema la fiscal comentó: “La persecución a la que estoy siendo sometida (por cumplir mis funciones y solicitar, simplemente, que se respeten las reglas básicas del debido proceso en el marco del HJE donde se juzga mi desempeño), así como la inminente aniquilación de mis más elementales garantías de defensa, justifican conforme a derecho que V.E. admita su intervención (…) y haga lugar a la solicitud urgente suspensión del trámite del proceso de enjuiciamiento que aquí se le requiere”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Joaquín De la Torre abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la provincia de Buenos Aires y decidió conformar un monobloque, aunque aseguró que seguiría alineado con Javier Milei en el plano nacional. Su salida respondió a las diferencias con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, y marcó un cambio en la composición de la Cámara alta, donde el bloque libertario quedó ahora con cuatro miembros.
Desde el entorno de De la Torre aclararon que “no se siente representado por las decisiones que se están tomando en cuanto al armado provincial, pero en lo nacional sigue alineado con el gobierno de Javier Milei”. En tanto, desde la bancada libertaria minimizaron el impacto de su alejamiento al sostener que la relación legislativa con el exalcalde “fue ‘muy buena’” y atribuyeron la ruptura a diferencias con el rumbo provincial del partido. De la Torre, por su parte, negó conflictos con Karina Milei, pero reconoció la tensión con Pareja y también con José Luis Espert, a quien el Presidente promovió como candidato a diputado nacional.
La relación del exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal con el oficialismo libertario había sufrido roces en mayo del año anterior, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a Pablo De la Torre —hermano de Joaquín— de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por una denuncia de retención de 5 millones de toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno avanzó entonces con una denuncia penal. A pesar de esos conflictos, De la Torre permaneció algunos meses más en la bancada de LLA, hasta que finalmente se alejó por las discrepancias con el armado bonaerense.
Paralelamente, surgieron detalles sobre una presentación del municipio de San Miguel —bajo la órbita de De la Torre— por una deuda del Ejército en tasas impagas de Campo de Mayo que ascendió a más de 650 millones de pesos. Ese reclamo alcanzó al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con una intimación de pago y posible remate de predios.
El bloque libertario en el Senado provincial quedó integrado por Curestis, Arietto, Reich y Riva. Una bancada aparte, compuesta por tres senadores que también se identificaron con el nombre de La Libertad Avanza pero que no respondieron al Gobierno nacional, se mantuvo en el recinto como otro espacio diferenciado. Al mismo tiempo, De la Torre pasó a ser el único representante de su monobloque. Así, el mapa de la Cámara alta bonaerense quedó conformado por 21 bancas de Unión por la Patria, 9 del PRO, 8 de la UCR + Cambio Federal, 4 de LLA1, 3 de la otra bancada libertaria y la monobanca de De la Torre.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el exsecretario de Seguridad de San Miguel, Juan José Esper Zamar, continuó por el momento en el bloque libertario que conduce Agustín Romo, sin replicar la determinación de su referente político. De la Torre confirmó, además, que no competiría en los comicios de medio término de 2025: “En San Miguel, nuestro grupo tiene como regla no dar reelección a los cargos legislativos y tengo que dar el ejemplo. Vamos a aspirar a que San Miguel siga teniendo una representación, pero no voy por la reelección”.
El exintendente explicó que esa decisión respondía a su proyecto local y añadió: “Creemos que tenemos una historia y que, si la elección es desdoblada, tenemos cosas para decir y mostrar, como nuestros sistemas de seguridad y de primera infancia. Eso lo vamos a sostener y seguramente intentaremos desde lo local construir una fuerza que permita que los bonaerenses discutan temas provinciales. Estamos dispuestos a dar esa discusión, creyendo que la provincia debe ser reconstruida desde lo local hacia lo provincial”.
De la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que en su carrera política pasó por el massismo, el macrismo y el kirchnerismo, había llegado al Senado bonaerense en 2021 bajo la lista de Juntos, encabezada por Facundo Manes. Posteriormente se distanció de ese espacio debido al acuerdo entre el sector cambiemita y el peronismo por el pliego de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas, y en 2023 fundó su monobloque Derecha Popular. Sin embargo, en marzo de 2024 se sumó a la bancada libertaria que presidía el senador Carlos Curestis, junto con Florencia Arietto, Betina Riva y Daniela Reich.
De esta manera, La Libertad Avanza perdió a uno de sus alfiles en la Cámara alta bonaerense, que quedó con cuatro senadores afines al Gobierno de Javier Milei y diferentes expresiones liberales divididas en otros bloques. Pese a la ruptura, De la Torre insistió en que mantendría su respaldo nacional a la gestión presidencial, al tiempo que buscó reforzar su influencia territorial a través de la experiencia adquirida en San Miguel.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
Carola Laner, diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, representando a la ciudad de Concordia, y presidiendo la importante Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la situación de la delincuencia y advirtió que “es el peor mensaje que le podemos dar a nuestra sociedad”, en una nota con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, en Canal EY!
“La ‘puerta giratoria’ empodera únicamente a los delincuentes”, afirmó Laner, agregando: “Es el mensaje de que podemos robar el dinero de todos y que los juicios pueden demorar años.”
El proyecto más destacado y representativo de Laner es su iniciativa para incorporar la figura de “reiterancia delictiva” como criterio para la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. Presentado el 20 de mayo de 2024, esta iniciativa busca establecer una distinción clara entre reiterancia y reincidencia.
“La reiterancia es la conducta delictiva repetida en el tiempo. Mientras que la reincidencia es aquella persona que ha reiterado en el delito y se produce cuando una persona comete un delito después de una sentencia definitiva”, explicó Laner, algo que se sostiene viendo las estadísticas en Concordia, por ejemplo, de 1.000 detenciones, el 70% corresponden a delincuentes reiterantes.
El bloque de La Libertad Avanza en el ConcejoDeliberante de LaMatanza presentó un proyecto para que el intendente, FernandoEspinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.
– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza
La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.
La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.
– La concejal de LLA, Lorena Ramos
Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.
El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.
– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.
En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.
Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.
