Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
*Por: Abigail Luna
Según indicaron empleados del Congreso, Mónica García de la Fuente, no se presentó nunca a trabajar. Está asignada al bloque del Frente de Todos, pero no está nombrada como asesora de ningún diputado en particular y no tiene la obligación de rendir días, horarios ni función.
La información se dió a conocer gracias a los empleados del Congreso que reveralon a Revista Noticias, nunca haber visto a Mónica en el Congreso “Está asignada al bloque y no a un diputado en particular. Para no tener que declarar días y horas de trabajo”.
García de la Fuente asegura que trabaja desde su casa, así lo dice la psicóloga del caso Boudou en una declaración, “paso seis horas frente a la computadora y, mientras tanto, él (Amado Boudou), cumple su prisión domiciliaria, cuida a sus hijos”.
Boudou, que debe cumplir una condena de 5 años y 10 meses, por el caso Ciccone, actualmente está en prisión domiciliaria y cobrando $420 mil por la pensión vitalicia para los ex vicepresidentes.
– Especial para Data24 –
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.
El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.
El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.
Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.
Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.
Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.
Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.
La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.
De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.
En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.
Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.
Las guías de hacienda municipales, un tributo históricamente cobrado por municipios y comunas para el traslado de ganado, desataron una fuerte controversia en el arco noroeste de la provincia de Córdoba. Las Sociedades Rurales de la región emitieron un comunicado tildando esta práctica de “una desagradable costumbre de currar” y exigieron su inmediata eliminación por la falta de contraprestaciones.
En una reunión realizada el 22 de noviembre con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, dirigentes de las rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Villa Dolores, Arroyito, Deán Funes y la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero (ACIPRO), plantearon su descontento y recibieron el compromiso del funcionario para trabajar en la derogación del impuesto junto a otros organismos provinciales.
UN TRIBUTO BAJO LA LUPA
Las guías de hacienda son tasas que deben abonarse por cualquier movimiento de ganado, desde el traslado entre campos propios hasta la venta en ferias o frigoríficos. Este tributo, exponen los productores, no responde al principio fundamental de toda tasa municipal: la prestación de un servicio.
“Estos animales transitan por rutas y caminos por los cuales ya abonamos como contribuyentes. Además, las operaciones generan impuestos provinciales y nacionales que retornan a los municipios. Sin embargo, no hay ninguna contraprestación local”, señalaron los trabajadores rurales en su comunicado.
Además de la falta de justificación, las entidades advirtieron que este cobro impacta directamente en los costos de producción, lo que finalmente se traslada al precio que paga el consumidor. “Es un impuesto injusto que penaliza a un sector que siempre ha aportado, sin recibir nada a cambio”, lamentaron.
Los ruralistas también enfatizaron que este tributo representa una carga adicional para los pequeños productores, quienes muchas veces operan al límite de la rentabilidad. “No se trata solo de un impacto económico; es también un obstáculo para el desarrollo del sector y una muestra de inequidad tributaria”, explicaron.
UN RECLAMO CON HISTORIA
Aunque el rechazo a estas tasas no es nuevo, las críticas se han intensificado en un contexto económico adverso. Las rurales del Arco Noroeste destacaron que los productores enfrentan crecientes costos impositivos y burocráticos que dificultan la competitividad. “Se trata de una carga punitiva y de bloqueo que no tiene sentido. Incluso se cobra si el movimiento es entre campos del mismo propietario. Una locura adicional”, denunciaron.
Esta situación generó tensiones entre los productores y las autoridades locales. Según los ruralistas, los municipios y comunas utilizan los fondos recaudados sin transparencia, lo que genera dudas sobre el destino real de estos recursos. “No solo estamos frente a un cobro injustificado, sino también ante una gestión opaca que mina la confianza de los ciudadanos”, agregaron.
Durante la reunión con el ministro Sergio Busso, las entidades encontraron apoyo a sus reclamos. “La autoridad del Poder Ejecutivo provincial, en coincidencia de criterios, reconoció el planteo y se comprometió a trabajar desde su lugar con los organismos pertinentes”, aseguraron los ruralistas. Sin embargo, el desafío radica en transformar este compromiso en acciones concretas que alivien la carga tributaria para el sector. “Es hora de terminar con estas prácticas anacrónicas y establecer un sistema tributario más justo y transparente”, subrayaron.
En este sentido, los productores destacaron la importancia de una reforma integral que no solo elimine las guías de hacienda, sino que también garantice un marco impositivo que fomente la productividad. “No pedimos favores ni privilegios; exigimos un trato equitativo que reconozca el esfuerzo de quienes sostenemos la economía local”, manifestaron.
El comunicado también apuntó contra los municipios y comunas por la opacidad en el uso de los fondos recaudados a través de estas guías.“El ‘frasquito de recaudación’ se sigue incrementando, pero nadie sabe cuál es su destino final”, criticaron. Para las rurales del Arco Noroeste, el fin de las guías de hacienda no solo aliviaría la presión fiscal sobre los productores, sino que también beneficiaría a los consumidores al reducir los costos finales de la carne vacuna. “Los ciudadanos exigen que los administradores de nuestros fondos cambien de paradigma. Es momento de dejar atrás estas prácticas que perjudican a todos y no aportan ningún valor”, concluyeron.
Además, las entidades hicieron un llamado a la sociedad para unirse en este reclamo. “La lucha por un sistema tributario justo no es solo una causa del sector rural, sino de todos los ciudadanos que buscan mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, subrayaron.
Por último, los productores reiteraron su compromiso de seguir insistiendo en la derogación de las guías de hacienda y en la construcción de un diálogo constructivo con las autoridades. “El futuro de nuestro sector depende de políticas que promuevan el desarrollo y no de cargas que lo obstaculicen”, concluyeron.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
El Gobierno libertario, en su intento de reducir el gasto público y combatir la corrupción, anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía. La medida, oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), comenzó a regir el 1 de enero.
Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la creación de la Anpyn busca “eliminar entes y áreas con funciones duplicadas, reducir costos y lograr mayor eficiencia”. Destacó también que “se reducirá un 79% del personal, pasando de 1.420 empleados a solo 300, y se venderán inmuebles y activos innecesarios”. En redes sociales, Adorni calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios”.
La medida también incluye la reestructuración de inmuebles e infraestructura utilizados por los organismos disueltos, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir costos operativos. Según el Gobierno, esta acción se enmarca en una estrategia más amplia conocida como “la motosierra profunda”, que busca disminuir el gasto público en todas las áreas del Estado. Esta estrategia ha sido presentada como una forma de aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos y reorientar el presupuesto hacia sectores prioritarios.
La Anpyn asumirá el rol de concesionario de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación, un proceso clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de esta vía fluvial estratégica. También centralizará las funciones de la AGP, la Subsecretaría de Puertos y el disuelto Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA).
Entre sus principales tareas se encuentran la supervisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay —una arteria clave para el comercio exterior—, la concesión de terminales portuarias y la modernización de los puertos nacionales. Además, la Agencia asumirá un rol protagónico en la promoción de inversiones privadas y la asociación público-privada.
Iñaki Arreseygor, hasta ahora subsecretario de Puertos y Vías Navegables, liderará el nuevo organismo. Arreseygor, abogado con experiencia en el sector público y privado, asumirá el desafío de implementar los cambios propuestos. Su historial incluye cargos en el Gobierno de Cambiemos, lo que refuerza la expectativa de una gestión orientada a resultados concretos. Sin embargo, su designación también ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan la falta de un perfil técnico más especializado en la dirección de un organismo con competencias tan amplias.
La nueva Agencia tendrá además la responsabilidad de fomentar la sostenibilidad ambiental en los puertos y las vías navegables. Para ello, se anunció la implementación de programas de monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto que permitan garantizar la protección de los ecosistemas aledaños a las zonas de dragado y operaciones portuarias.
El cierre de la AGP y la creación de la Anpyn generó reacciones diversas entre los especialistas y actores del sector. Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Naviera, consideró la medida como “muy positiva”. En declaraciones a Clarín, afirmó que la nueva Agencia otorga “jerarquía y autonomía” a un sector vital para el comercio exterior e interno. Además, destacó que el modelo busca reactivar el desarrollo portuario, un área relegada por políticas públicas inadecuadas. “Esperamos que la Anpyn sea una herramienta eficaz para impulsar este sector”, expresó.
Por el contrario, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, mostró preocupación por la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto. “El cambio de dependencia del Ministerio de Transporte al de Economía podría complicar los sistemas de transporte multimodal”, advirtió. Morales también cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida y la visión del ministro de Desregulación, FedericoSturzenegger. Recordó que este último había planteado la posibilidad de que buques de banderas extranjeras operaran en cabotaje marítimo, una idea contraria a las políticas de la mayoría de los países con litoral.
A su vez, varios expertos destacaron la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay como eje fundamental del comercio regional. Esta vía fluvial conecta a Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, facilitando la exportación de cereales y productos industriales. Sin embargo, la falta de una política clara para fortalecer la flota fluvial nacional ha generado críticas. Mientras Paraguay consolidó una de las flotas fluviales más importantes del mundo, la de Argentina ha perdido protagonismo en las últimas décadas. Este desbalance pone de manifiesto la necesidad de una estrategia más integral para el desarrollo del sector.
El cierre de la AGP también responde a problemas financieros significativos. Según datos oficiales, el organismo acumuló un déficit de 9 millones de dólares en los últimos diez meses, un factor determinante en la decisión del Gobierno.
La AGP, en palabras del director del Observatorio PESCARE, Daniel Coluccio, era una “caja utilizada con fines políticos partidarios”. Según Coluccio, en los últimos diez meses del año pasado, el organismo generó un déficit de 9 millones de dólares. “El Gobierno busca un mejor perfil de transparencia en el sector, eliminando modelos asociados a la corrupción”, afirmó en una entrevista a Canal E.
La investigación sobre posibles irregularidades también abarca las concesiones otorgadas en el pasado, muchas de las cuales no cumplían con los estándares legales ni administrativos adecuados. Coluccio subrayó que el Gobierno deberá realizar auditorías detalladas para garantizar que los nuevos contratos sean transparentes y eficaces. Además, indicó que la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ser tratada como una prioridad geoestratégica, dada su relevancia no solo para Argentina, sino también para los países vecinos.
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, JorgeD’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, FedericoAchával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de CésarMansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio.Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
