KUARENTENA VIP | La oposición considera hacerle un juicio político a Alberto por las visitas a Olivos
Tras la foto VIRAL de la "reunión clandestina" del presidente, la oposición analiza hacerle un juicio político a Alberto Fernández.
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“El Gobierno nacional ha dado bofetadas morales a los argentinos haciendo uso de privilegios inaceptables en medio de la pandemia y de la cuarentena más estricta que el propio Ejecutivo dictó a través de una larga lista de decretos de necesidad y urgencia. Estas normas eran aplicables a todos los ciudadanos, sin excepciones. Expresamente se prohibió celebraciones familiares y con amigos para evitar la transmisión comunitaria del virus del Covid-19″, expresó el presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri.
En este sentido, Negri dijo que “con un equipo de juristas estamos estudiando si el Jefe de Estado ha incurrido en algunas de las causales de juicio político, instituto que está previsto por nuestra Constitución en el artículo 53”.
Frente a la iniciativa, aclaró que “más allá de que estamos seguros de que el oficialismo impedirá que un eventual proceso avance en la Cámara de Diputados, ya que se precisa la mayoría de dos tercios, creemos que sería sano que el Congreso debatiere de cara a la sociedad si la máxima autoridad del país cumplió debidamente con sus funciones. La fotografía difundida hoy del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, en la que está el Presidente, muestra que la máxima autoridad del país violó las normativas que el propio Gobierno dictó para luchar contra la pandemia”.
“En cualquier democracia republicana estos hechos son objeto de un debate serio en el Congreso. No puede el poder político arrogarse privilegios de este tipo mientras toda la Nación padecía con miedo y dolor una crisis sanitaria inusitada”, concluyó.
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El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
El ajuste fiscal sobre los ingresos de la población contrasta con la vigencia ininterrumpida de un esquema de excepción diseñado por y para la clase política. Las asignaciones vitalicias no constituyen un beneficio previsional ordinario, sino un régimen regulado por la Ley 24.018 que no exige años de aportes ni una edad mínima para su cobro. Concebidas formalmente como un reconocimiento al mérito y al honor, estas liquidaciones garantizan haberes equivalentes a las remuneraciones de la cúpula del Poder Judicial de la Nación.
La distancia entre estos ingresos y la realidad del ciudadano común expone una brecha insalvable. Un solo haber mensual de la nómina de exmandatarios equivale a varias decenas de jubilaciones mínimas del sistema general y supera por multiplicadores de dos dígitos al Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador formal. Se trata de un nivel de ingresos blindado ante la inflación que se financia de manera directa con los recursos del Tesoro Nacional.
A esta asimetría se suma la paradoja que atraviesa a la propia administración pública en funciones. Mientras los salarios del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentran congelados en torno a los 4 y 5 millones de pesos brutos por decisión política, los exmandatarios percibientes de este régimen duplican, triplican y hasta quintuplican esos montos sin ejercer función alguna.
La nómina de la abundancia
El Estado nacional liquida un total bruto de $219.926.637 mensuales para sostener 12 asignaciones vitalicias vigentes. La cifra equivale a más de 387 jubilaciones mínimas abonadas en un solo mes a este reducido grupo de 12 personas.
Expresidentes
· Alberto Fernández: $26.092.447 (46 jubilaciones mínimas).
· Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $12.691.238 (22 jubilaciones mínimas).
Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner.
Expedientes bajo la lupa
Detrás de la nómina millonaria se esconden particularidades operativas y giros judiciales que pintan la discrecionalidad del sistema. En el caso de Alberto Fernández, ANSES le retiene mensualmente el 30% de su haber bruto por una orden judicial destinada al pago de la cuota alimentaria de su hijo menor, Francisco. Por su parte, Mauricio Macri sostiene públicamente la donación parcial de su asignación a la fundación Margarita Barrientos, mientras que Adolfo Rodríguez Saá cobra varios millones de pesos al mes por un mandato interino de apenas siete días en diciembre de 2001, a diferencia de sus sucesores Ramón Puerta y Eduardo Camaño, quienes renunciaron formalmente a tramitar el beneficio.
El apartado de los exvicepresidentes expone irregularidades institucionales y amparos de largo alcance. Daniel Scioli percibe su jubilación como exvicepresidente mientras ejerce simultáneamente como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, una acumulación permitida únicamente por desempeñarse en el cargo actual de forma ad honorem, por el que cobraría mucho menos si no hubiera renunciado a ese sueldo. A su vez, María Estela Martínez de Perón (95 años) radica en Madrid desde hace décadas y continúa percibiendo su asignación desde el exterior sin condicionamiento alguno.
“Isabelita” junto a Carlos Menem.
El listado consolida también anacronismos históricos y concesiones extraordinarias. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, cobra su pensión por un presidente de facto designado por la junta militar de la dictadura de 1970. El caso más insólito lo protagoniza Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido —quien no fue electo por voto popular—, que cobra su haber tras una transferencia excepcional del beneficio efectuada en la década de 1990 que extendió la pensión a una hija mayor de edad por fuera de las reglas del régimen general.
El panorama previsional se completa con la reciente actualización del frente judicial. Tras las resoluciones de la ANSES dictadas en noviembre de 2024 que revocaron los beneficios de Cristina Kirchner y Amado Boudou por “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, la justicia previsional otorgó una medida cautelar a favor de la expresidenta. Con ese fallo se ordenó la restitución inmediata de la pensión derivativa por Néstor Kirchner, manteniendo a Boudou como el único exmandatario con la asignación completamente dada de baja.
Amado Boudou como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.
El pacto con el menemismo
La embestida contra estas asignaciones constituye una de las banderas centrales del discurso oficialista. La Libertad Avanza promueve la eliminación de las jubilaciones de privilegio como un eje de su política de ajuste a la “casta”, respaldándose en informes técnicos como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, la cruzada moral del Gobierno encuentra un límite difuso al chocar con sus propias alianzas y simpatías políticas.
El origen de este régimen excepcional se remonta a la Ley 24.018, sancionada en 1991 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. El proyecto original en el Senado llevó la firma de un entendimiento bipartidista entre el menemismo —con Juan Carlos Romero, Oraldo Norvel Britos y Felipe Ernesto Ludueña— y el radicalismo —a través de Adolfo Gass, Luis Agustín Brasesco y Eduardo Pósleman—. La norma llevó además la firma de Eduardo Menem —hermano de Carlos Saúl— como presidente del Senado en ejercicio del Poder Legislativo, el mismo dirimiente político que promovió y blindó la norma de privilegio que hoy, tres décadas después, aparentemente cuestiona su propio hijo, Martín Menem, desde la presidencia de la Cámara de Diputados.
Javier Milei, “Lule” Menem y Eduardo Menem —firmante de la promulgación de las jubilaciones de privilegio—.
Es la misma normativa que hoy sostiene la caja millonaria de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem. La vigencia de este privilegio contrasta con la prédica anticasta del Ejecutivo, que al mismo tiempo reivindica la figura del expresidente riojano y cobija a su entorno directo en los puestos de mayor jerarquía del Estado, con Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y Eduardo “Lule” Menem instalado en la cúpula del Poder Ejecutivo.
Esta convivencia política expone una marcada selectividad en la aplicación de los criterios éticos del Estado. Dependiente del poder Ejecutivo, ANSES actuó con celeridad para disponer la quita de beneficios a Cristina Kirchner y Amado Boudou invocando la “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, pero no aplicó la misma vara con el beneficio derivado de Carlos Menem, quien falleció con condenas firmes ratificadas por la Justicia por delitos contra la administración pública, como el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La cercanía y la afinidad personal de la conducción oficial con la familia Menem dejó intacto el haber que mensualmente se liquida a su viuda.
Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— junto a Carlos Menem —quien falleció condenado—.
El blindaje en el Congreso
Pese al impacto mediático del discurso oficial y los intentos legislativos por dar de baja estas asignaciones, la eliminación del régimen se encuentra trabada en el laberinto parlamentario. En junio de 2024, durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso, la Cámara de Diputados votó por mantener las jubilaciones de privilegio tras una ajustada definición donde sectores de la oposición colaboraron para sostener el esquema.
Ante ese revés, los diputados nacionales del MID,Oscar Zago y Eduardo Falcone, redactaron un proyecto específico para desmantelar este entramado. La iniciativa propone derogar no sólo la Ley 24.018 de expresidentes y exvices, sino también la 21.540 de dignatarios eclesiásticos, la 22.430 de legisladores mandato cumplido y la 22.731 del servicio exterior (embajadores, cónsules, etc.), sumando además un mecanismo para que el Ejecutivo invite formalmente a los exmandatarios a renunciar voluntariamente a sus cobranzas. Sin embargo, si bien tuvo un apoyo inicial del gobierno, el por entonces presidente de la Comisión de Previsión y Presupuesto, José Luis Espert, optó por cajonear el proyecto.
José Luis Espert cuando presidía la Comisión de Previsión y Presupuesto.
A la falta de consenso político se le suma una infranqueable valla jurídica: el principio de irretroactividad de las leyes. Diversos constitucionalistas y especialistas en derecho previsional coinciden en que, incluso si el Congreso lograra sancionar la derogación de la Ley 24.018 para los futuros mandatarios, la medida difícilmente pueda aplicarse a los 12 beneficiarios actuales. Al tratarse de derechos adquiridos bajo el amparo de una legislación vigente al momento de su otorgamiento, cualquier intento de quitar el haber por vía administrativa choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Esta combinación de cálculo político y cerrojo judicial garantiza que la erogación mensual superior a los $219 millones continúe saliendo de las arcas del Estado. De este modo, mientras la sociedad asimila la pauta de austeridad y las jubilaciones del régimen general se actualizan a ritmo goteado, el ecosistema de privilegio de la política argentina mantiene intacto su blindaje, exponiendo la distancia entre la narrativa electoral y la dura realidad de las cajas del poder.
Lo que ante la comunidad educativa de la ORT formalmente se anunció como una disertación institucional sobre “Ética e inteligencia artificial”, mutó de manera vertiginosa en una bajada de línea doctrinaria e ideológica. Durante más de cuarenta minutos frente a alumnos de cuarto y quinto año, el Presidente desplazó cualquier debate sobre tecnología o innovación pedagógica para volcarse de lleno a presentar el epílogo de su libro, bajo la tesis de que el libre-mercado está inscripto en la estructura bíblica y en los Diez Mandamientos.
En un auditorio con presencia restringida de adultos y sin acceso a la prensa, la alocución asumió un tono teológico e intransigente. “El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecer”, aseveró el mandatario ante los estudiantes. El encuadre no admitió matices ni matices analíticos: la prosperidad material fue presentada como la consecuencia directa de la obediencia espiritual, mientras que toda alternativa o disidencia fue calificada bajo términos de estigmatización religiosa.
El punto más álgido del discurso se alcanzó al abordar las corrientes del pensamiento económico y político opuestas al programa de gobierno. Lejos de ofrecer una crítica técnica, el Presidente acudió a escritos juveniles de Karl Marx y a las tesis del pastor Richard Wurmbrand para lanzar una acusación dogmática en un ámbito laico: “Marx era satanista”. A partir de esa premisa, concluyó que el marxismo representa un “programa satánico” cuyo resultado inexorable es “el infierno en la Tierra”, planteando a los adolescentes un dilema binario donde la elección no es política ni democrática, sino un alineamiento absoluto entre el bien y el mal.
La charla era anunciada con temática exclusivamente sobre “ética e inteligencia artificial”.
Ataques a la prensa y clima en el auditorio
La tensión en la sede de Almagro no sólo se vivió en el plano conceptual, sino en la propia dinámica desplegada dentro del colegio. Ante las muestras de rechazo y abucheos que surgieron en el recinto hacia los medios de comunicación presentes, el Presidente alentó a los estudiantes a intensificar las arengas contra el periodismoen un espacio educativo, celebrando la reacción. Este clima convivió con un inédito operativo de seguridad y hermetismo que incluyó calles cortadas, perros antibombas y restricciones de circulación dentro del propio edificio escolar.
La respuesta del estudiantado expuso una profunda polarización interna. Mientras en el exterior y los pasillos varios alumnos realizaron intervenciones con consignas en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas para marcar distancia de la línea oficial, otros sectores optaron por amontonarse en los pasillos para saludarlo y fotografiarse con Milei.
— El Presidente en el estrado de la ORT.
Esa última escena fue rápidamente festejada por voceros del periodismo alineado con el Poder Ejecutivo. Comunicadores como Eduardo Feinmann justificaron el episodio compartiendo imágenes de los adolescentes e indicando que estaban “con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente”, rebajando la discusión sobre el adoctrinamiento y la bajada de línea a la mera fascinación juvenil por una figura pública, una benevolencia que dista de las duras críticas que ese mismo sector suele ensayar cuando los actos políticos en escuelas pertenecen a otros signos ideológicos.
El padre de un alumno de ORT me manda imágenes de los chicos con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente. pic.twitter.com/XUsuBlM3wf
Feinmann justificando que los alumnos “libremente” deciden sacarse fotos con la celebridad.
La grieta en la colectividad
La exposición en el colegio desencadenó una fuerte ola de pronunciamientos críticos dentro de la comunidad judía, donde diversos referentes y organizaciones cuestionaron el rol de la dirigencia institucional.
Desde Meretz Argentina —una corriente judía de izquierda— emitieron un duro comunicado en el que denunciaron que los alumnos fueron expuestos a un discurso “surreal, violento, fuertemente partidario y totalmente inapropiado ante una escuela”, remarcando que la introducción de referencias al judaísmo ortodoxo atenta directamente contra el carácter laico e integral de la ORT. Asimismo, la agrupación apuntó a la conducción comunitaria al señalar que “la DAIA incumple su misión de representar el pluralismo de la comunidad judía y de velar por la defensa de los derechos humanos si se convierte en una agencia de prensa de la Casa Rosada”.
Condenamos el discurso de Javier Milei en la Escuela ORT (1/2) pic.twitter.com/Khs9ov3CgZ
El comunicado de Meretz.
En esa misma línea de rechazo, las críticas hacia la complacencia de las autoridades institucionales se extendieron a voces de fuerte repercusión pública. El científico y divulgador Ernesto Resnik fue contundente al calificar lo sucedido como una “vergüenza”, dirigiendo sus cuestionamientos tanto a la gestión del establecimiento como a la conducción de la entidad representativa: “Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos”. Estas reacciones dejaron en evidencia una profunda ruptura entre las cúpulas dirigentes y amplios sectores de la colectividad que rechazan la instrumentalización de la fe.
Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos.
La crítica del científico Ernesto Resnik
Exalumno denuncia la doble vara
El testimonio del economista, investigador y exalumno Nicolás Dvoskin expuso de manera cruda la histórica doble vara de las autoridades del colegio respecto a la política.
Dvoskin, quien fue abanderado y representó a la institución en certámenes nacionales e internacionales de física, ajedrez y modelos ONU, rememoró los episodios de censura que vivió durante su paso por la secundaria: “Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin trabajo. Pedíamos que nos habiliten un aula un mediodía a la semana y un pedacito de cartelera. Nos sacaron cagando diciendo que no querían meter a la política en la escuela”.
Javier Milei entre los adolescentes. Sin tropiezos, Santiago Oría capta el momento con su videocámara
El exalumno detalló cómo esa supuesta vocación de neutralidad era utilizada para silenciar las voces críticas de los estudiantes mientras la conducción se beneficiaba de sus logros académicos: “Llegaron a llamarme de rectorado para pedirme que baje el tono porque decía cosas que a la escuela no le gustaban.Se colgaban de mis premios en nombre de la escuela pero me pedían que me calle”. La situación llegó a su punto límite en la entrega de diplomas de su promoción, el 10 de diciembre de 2003, al cumplirse 20 años del retorno de la democracia en Argentina. Luego de pedir autorización para hablar en el acto, la dirección le exigió presentar el texto con anticipación: “Hablaba de la importancia de la educación y de la democracia. Me respondieron que igual no querían que hablaran alumnos y no querían meter cuestiones políticas”.
Esa rigidez para clausurar el debate plural entre los propios estudiantes contrasta frontalmente con la alfombra roja desplegada para la visita del Poder Ejecutivo. “Hoy ORT recibe a un presidente que en un auditorio lleno de estudiantes a los que no se les preguntó si querían escucharlo afirmar que hay que abuchear a los periodistas, que el capitalismo responde al plan de Dios y es maravilloso”, cuestionó Dvoskin, rematando con una definición certera sobre la hipocresía institucional: “Si te preocupa que un alumno de 17 años hable de democracia pero no que un presidente de 55 baje línea religiosa, macartista y promotora de la violencia, tu problema no es con la política. Tu problema es político. Con todo respeto y como ex alumno, ex abanderado, ex representante de la escuela en diversos ámbitos, váyanse a cagar”.
Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin…
El descargo del exalumno y exabanderado de la ORT.
Antisemitismo y paradoja populista
La estrategia de utilizar símbolos y preceptos religiosos para sacralizar las medidas de gobierno genera una seria preocupación en diversos análisis sociales e instituciones comunitarias. Al vincular de manera directa la fe judía con las políticas de ajuste y la desregulación económica, la retórica oficial desplaza la discusión secular hacia el plano del dogma. Esta apropiación constante no fomenta la tolerancia ni la integración; por el contrario, arriesga encender prejuicios y canalizar el malestar social a través de un peligroso antisemitismo reactivo, responsabilizando a toda la colectividad por las decisiones del Poder Ejecutivo.
A esta instrumentalización se suma una notable paradoja conceptual en el corazón del relato oficial. Pese a que el Presidente insiste en rechazar el populismo argumentando que no se le gana “haciendo más populismo”, la praxis de su discurso apela a las herramientas clásicas del populismo de derecha.La división binaria entre el bien y el mal, la estigmatización de la prensa desde un estrado escolar y la descalificación del adversario negándole entidad moral revelan una narrativa maniquea que dista de la deliberación democrática, transformando un espacio educativo en un escenario de polarización.
“Si quieren ABUCHEAR más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”Milei alentando a chicos de SECUNDARIA a abuchear a los periodistas kjjj y dónde están los caraduras que decían “CON LOS CHICOS NO” y “adoctrinamiento” pic.twitter.com/G9meDP1UFZ
El paso de Javier Milei por la escuela ORT no sólo dejó al descubierto la fragilidad de las proclamas de neutralidad institucional, sino que expuso la fractura abierta en una comunidad que se debate entre la complacencia dirigencial y el repudio al adoctrinamiento. Al convertir un aula en un estrado teológico para legitimar su programa político y estigmatizar el disenso, el mandatario terminó tensionando los propios cimientos laicos y plurales de la institución.
El episodio queda así registrado como un claro indicador de época: la paradoja de un discurso que combate al colectivismo recurriendo a los dogmas del fanatismo, en un escenario donde la educación y la fe corren el riesgo de quedar reducidas a simples herramientas de propaganda.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
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