12 noviembre, 2024

Kicillof responde a la derrota electoral creando más de 50 cargos públicos

A la derrota electoral, el kirchnerismo responde creando más y más cargos.
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Días atrás y por pedido expreso de Máximo Kirchner, Axel Kicillof anunció la incorporación formal dentro de su gabinete de los intendentes Martín Insaurralde, como jefe de Gabinete, y Leonardo Nardini, como ministro de Infraestructura. Lejos de desvincular a Carlos Bianco y a Agustín Simone, respectivamente, el gobernador decidió engrosar la estructura jerárquica dentro del ejecutivo creando una enormidad de disparatados cargos públicos para contentar a sus amigos de andanzas.

A pesar de haber asumido en un cargo menor como jefe de Asesores, Carlos Bianco, cuya carrera política está basada en la amistad con el actual gobernador, tendrá bajo su ala la disparatada cifra de veintidós directores. Sin embargo, a la desvinculación del inexperto Bianco, una exigencia del propio Máximo Kirchner, se sumó la del ministro de Infraestructura, Agustín Simone, quien fue nombrado al frente del Instituto de la Vivienda bonaerense.

Lo que a simple vista pareció una autocrítica del oficialismo provincial, en la práctica pareciera tener poco de tal. Es que, desde entonces, Kicillof no solo creó una enorme estructura para contener a su amigo Carlos Bianco, tras apartarlo de la jefatura de Gabinete, sino que llevó adelante una maniobra similar o aún peor con el propio Simone.

En la nueva estructura del titular del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, ahora habrá no solo un gabinete acompañado por un subadministrador sino varias subsecretarías: Técnica, Administrativa y Legal; Desarrollo Urbano y Vivienda; Planificación de Desarrollo Urbano y Vivienda; e Inspección de Desarrollo Urbano y Vivienda. Cada una de ellas contará con su propio equipo de gabinete. Pero no solo eso.

La subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal contará con cuatro grandes direcciones. Una de ellas será la Técnico Legal, que tendrá a su cargo la dirección de Servicios Técnicos y de Coordinación Legal y la dirección de Regularización Dominial. La otra se denomina de Contrataciones de Obra, Inmobiliaria y Social, y contendrá otras dos áreas: de Contrataciones de Obra e Inmobiliaria y Social.

Esta subsecretaría también contendrá otras dos grandes estructuras. Por un lado, la dirección de Determinación de Precios y por otro la dirección General de Administración, que tendrá bajo su ala cuatro áreas más: Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Presupuesto y Contabilidad, Recupero de Fondos y una dirección delegada de la dirección provincial de Personal.

Por otra parte, la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda contará con una dirección Ejecutiva y otra de Vivienda, que contendrá una nueva dirección Técnica.

En esa línea, la subsecretaría de Planificación de Desarrollo Urbano y Vivienda se destaca por su disparatada estructura. De ella se desprende, por un lado, una dirección de Planificación Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, con dos áreas (Acuerdos Locales de Desarrollo Urbano y Vivienda y Programación y Seguimiento de Obras Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda). Además, tendrá otra gran estructura, a la que se dio por llamar dirección de Seguimiento y Evaluación del Gasto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que estará integrada por otras cuatro áreas: Informática, Planificación, Seguimiento y Evaluación del Gasto.

Como si fuera poco, la subsecretaría de Planificación de Desarrollo Urbano y Vivienda también contará con una dirección de Administración de Programas con Financiamiento Multilateral de Desarrollo Urbano y Vivienda con otras tres direcciones: Proyectos con Financiamiento Multilateral, Procesos Fiduciarios con Financiamiento Multilateral y Seguimiento y Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Multilateral.

Por último, la subsecretaría de Inspección de Desarrollo Urbano y Vivienda pareciera haberse quedado sin presupuesto: apenas contará con una dirección provincia de Control de Obras de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es decir que el control de la absurda megaestructura creada por capricho de Kicillof se realizará desde una pequeña y aislada oficina de la administración pública provincial.

EL ÁREA DE BIANCO

Tal y como lo dio a conocer REALPOLITIK, lejos de enfrentar la terrible crisis económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires con sintonía fina, las reformas de Axel Kicillof apuntan a agravarla. Es que, a pesar de su desvinculación como jefe de Gabinete, Carlos Bianco tendrá responsabilidades, rango y remuneración de ministro y contará con un disparatado plantel conformado por una enorme cantidad de funcionarios.

Entre ellos, se destacan: un subsecretario de Análisis y Monitoreo de Datos e Información Estratégica, un subsecretario de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, un subsecretario de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, un subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, un director provincial de Comunicación Institucional, un director provincial de Análisis y Evaluación de Impacto, un director provincial de Monitoreo de Datos e Información Estratégica, un director provincial de Análisis Político Estratégico, un director provincial de Seguimiento y Priorización de Asuntos Políticos, un director provincial de Seguimiento Económico Estratégico, un director provincial de Asuntos Económicos y Productivos, un DGA, un director provincial de Asuntos Legales, un director de Contenidos y Coordinación de Medios, un director de Procesamiento de Datos e Información, un director de Seguimiento de Datos e Información, un director de Análisis Político, un director de Asuntos Políticos, un director de Seguimiento Económico, un director de Asuntos Económicos y Productivos, un director de la Dirección Provincial de Personal, un director de Compras, uno de Contabilidad, uno de Informática y Servicios Auxiliares y un director de Servicios Técnicos y Administrativos.

En total, serán veintidós funcionarios que pasarán a engrosar la sobredimensionada estructura del estado bonaerense para acompañar a un funcionario de rango menor que, a la vista de los resultados, debería haber dado un paso al costado de la gestión hace mucho tiempo.

*Fuente: REALPOLITIK


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Redacción

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El Gobierno no financiará las elecciones internas del PJ y solo ofrecerá 3.200 urnas

Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.

– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos

El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.

La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.

Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.

El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.

LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS

La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.

En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.

El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.

– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento

Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.

Redacción

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El PRO impulsa un proyecto para frenar las apuestas ilegales entre menores

El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.

Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.

El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.

La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.

Pero el problema va mucho más allá del deporte. En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.

Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.

El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.

Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.

En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.

A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.

– El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un convenio con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, con el fin de responder a las denuncias sobre sitios de apuestas ilegales

La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.

CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…

El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.

El debate en el Congreso

Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.

“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.

La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.

Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4060-D-2024

Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.

De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.

En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.

En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.

Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.

“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.

Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.

Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:

Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/

En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.

Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.

Redacción

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El legislador Santoro apuntó contra Villarruel: “Es inconstitucional ese busto de Isabelita”

El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.

Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.

El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.

La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.

La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.

Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.

El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.

Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.

Redacción

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La Libertad Avanza presentó en CABA una versión de la “Ley Bases”

Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.

Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.

La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.

En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA. 

Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.

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El oficialismo logró un dictamen para poder privatizar Aerolíneas Argentinas

El Gobierno de Javier Milei continúa en su marcha hacia la privatización de empresas estatales deficitarias que les cuesta millones por años a todos los argentinos. En esta ocasión, se alcanzó un dictamen favorable para poder tratar en sesión de diputados el proyecto de ley que permita privatizar Aerolíneas Argentinas antes del 30 de noviembre, fecha en que cierran las sesiones ordinarias.

El plenario de la comisión de Transporte, Presupuesto y Hacienda fue dirigido por Pamela Verasay, del radicalismo, y José Luis Espert, del oficialismo libertario. En ella se firmó un dictamen de mayoría con diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, y Producción y Trabajo de San Juan.

Por su parte, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda firmaron el dictamen de minoría en el cual rechazan por completo el proyecto de privatización, quienes acusaron de “traidores a la patria” y “cómplices” a aquellos diputados que acompañaron el proyecto del oficialismo.

Sin embargo, el bloque de Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, Río Negro y Salta, no firmó ningún dictamen. Serán claves las negociaciones del gobierno con este bloque de cara a la votación en la Cámara para sumar apoyos y lograr aprobar el proyecto.

Este proceso legislativo se enmarca en un contexto en el cual el sindicato aeronáutico “se resiste y lucha” contra el gobierno de Milei, con medidas de fuerza como el paro de este 30 de octubre.

A su vez, se dio a conocer que el ex diputado del PRO, Omar de Marchi, se suma al directorio de la empresa como director y vicepresidente de la compañía. En caso de lograrse aprobar el proyecto de ley, el proceso de privatización podría llevar hasta un año en concretarse.

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El Gobierno eliminó el “registro de abogados y gestores” para tramitar jubilaciones

A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, Mariano De Los Heros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.

Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.

El ministro ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.

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