Kicillof le saca los Juegos Bonaerenses a Mar del Plata y los concentra en municipios kirchneristas
15 de las 16 subsedes seleccionadas son gobernadas por el Frente de Todos. La medida fue calificada como "una política apresurada y electoralista para bajar recursos" en municipios para asegurarse el voto joven.
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De manera contraria a lo sucedido históricamente, la 30° edición de los Juegos Bonaerenses no se desarrollará en Mar del Plata. Si bien habrá algunas actividades en la ciudad balnearia entre el 28 y el 31 de octubre, la mayoría de los deportes se definirán entre el 2 y el 20 de noviembre en distintos municipios de la provincia.
Las subsedes seleccionadas por el gobierno bonaerense son: Lomas de Zamora, Avellaneda, Pilar, Bolívar, San Fernando, Tigre, General Rodríguez, Necochea, Villa Gesell, Malvinas Argentinas, Laprida, Hurlingham, Morón, Mercedes, Quilmes y La Matanza.
Con este cambio, 15 de las 16 localidades seleccionadas son gobernadas por el kirchnerismo y, de ese número, 12 están ubicadas en el conurbano y solo 4 en el interior de la provincia.
De este modo, Axel Kicillof le quita la posibilidad de movimiento comercial a Mar del Plata, gobernada por el intendente cambiemita Guillermo Montenegro, y a muchos jóvenes les roba la posibilidad de conocer las playas marplatenses.
Históricamente los Juegos Bonaerenses se realizan en la ciudad de Mar del Plata, pero en el 30° aniversario las finales fueron cambiadas como una medida electoral.
Por su parte, el presidente de la Juventud Radical Bonaerense, Manuel Cisneros, apuntó con que la medida “es una política apresurada y electoralista para bajar los recursos en municipios del Conurbano, donde se van a asegurar el público joven para conseguir votos”.
Asimismo, señaló: “Que no se hagan en Mar del Plata hace perder la esencia de los Juegos porque hay una cuestión social que incentiva a participar de estas disciplinas a deportistas no federados que no tienen que la posibilidad de viajar tan lejos muchas veces”.
Valentín Miranda, diputado provincial de la UCR, recogió el reclamo y presentó un proyecto en la Cámara baja para que el Gobierno bonaerense deje sin efecto la resolución del cambio de subsedes de los juegos y argumentó que los motivos de descentralizar las disciplinas “no fueron informados debidamente y, a nuestro criterio, tampoco se lo hizo con la debida anticipación”.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
En un anuncio que marca el fin de un capítulo controvertido en la historia política, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el cierre definitivo de la planta ex Ciccone Calcográfica, situada en Don Torcuato. La emblemática imprenta, estatizada en 2012 tras un caso de corrupción que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, será subastada en los próximos meses.
“La ex Ciccone ya no es necesaria en manos estatales. Su cierre ahorrará al país 5.040 millones de pesos anuales”, destacó Caputo en su cuenta oficial de la red social X. La decisión incluye la desvinculación de los 270 empleados que trabajaban en la planta, quienes han sido “dispensados” hasta que se definan políticas de reubicación o acuerdos individuales.
– Caputo hizo el anuncio desde Brasil, acompañando al Presidente en la cumbre del G20
El cierre fue acompañado por un operativo que incluye el retiro de maquinaria y el desalojo del inmueble, que cuenta con una bóveda utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para almacenar billetes próximos a ser destruidos. Según Caputo, algunas máquinas serán reutilizadas:
Equipos para la fabricación de chapas patente se trasladarán a depósitos en Retiro.
Tres máquinas de calcografía serán utilizadas para la producción de pasaportes.
Las máquinas importadas para la producción de billetes serán retiradas y redistribuidas.
El ministro aclaró que la planta había dejado de operar el 31 de octubre, cuando el BCRA rescindió el contrato para la producción de billetes a nivel estatal.
Aunque el Gobierno asegura que buscará reubicar a algunos de los trabajadores en la administración pública, no se ha especificado cuántos podrán mantener sus empleos. “Nadie volverá a la planta de la ex Ciccone”, confirmaron fuentes oficiales. El cierre definitivo también simboliza un cambio en la estrategia estatal: Argentina ya no producirá billetes localmente y optará por proveedores internacionales.
“El cierre de la ex Ciccone pone fin a uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.
El escándalo de la ex Ciccone
El cierre de la planta marca el epílogo de un caso que sacudió al país en 2012, cuando se destaparon irregularidades en la compra de Ciccone Calcográfica por parte de testaferros vinculados a Amado Boudou, entonces vicepresidente. La denuncia inicial fue realizada por Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele, quien actuó como intermediario en la operación a través de la firma The Old Fund.
El escándalo llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la empresa en agosto de 2012. Sin embargo, las investigaciones continuaron, y en 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Javier Milei sorprendió al lanzar duras críticas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una relación tensa desde hace meses. En una entrevista con LN+, Milei aseguró que Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones” y que “decidió no participar” en reuniones de Gabinete. “Hace mucho tiempo que no asiste. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, afirmó el mandatario.
Estas declaraciones confirman los rumores sobre una relación deteriorada entre los líderes de La Libertad Avanza, algo que hasta ahora se había manejado con discreción desde la Casa Rosada.Milei enfatizó que su vínculo con Villarruel se limita a lo estrictamente institucional y evitó hablar de posibles cambios en la estructura del gobierno.
EL QUIEBRE Y SUS IMPLICANCIAS
El presidente dejó entrever que las diferencias con Villarruel se intensificaron tras decisiones y actitudes que consideró contrarias a su línea política. Entre los desencuentros, se mencionan su visita a Isabel Perón en Madrid, la colocación de un busto de la exmandataria en el Congreso y desacuerdos sobre la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Además, Milei cuestionó el papel de Villarruel en actos oficiales, como su aparición en la ceremonia de la Fragata Libertad, lo que generó tensiones con otros funcionarios del Ejecutivo.
Por su parte, Villarruel mantiene el silencio ante estas acusaciones. Desde su entorno, consideran que su bajo perfil responde a una estrategia de evitar escalar el conflicto.
¿ALIANZA CON EL PRO EN EL HORIZONTE?
En otro tramo de la entrevista con Trebuc, Milei abrió la puerta a una posible alianza electoral con el PRO para las elecciones de 2025. “Creo que debemos caminar hacia un rumbo en el que nos encontremos juntos. El enemigo son los colectivistas que nos llevaron a la miseria. Para lograr un cambio permanente, hay que trabajar en tres áreas: económica, política y cultural”, afirmó.
– Milei junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO
El mandatario destacó el trabajo de su hermana Karina Milei —encargada del armado político de su espacio— y resaltó la importancia de librar una batalla cultural para consolidar sus ideas a largo plazo: “Estamos integrando los tres frentes activamente. Necesitamos un brazo político sólido, y Karina ha demostrado una capacidad excepcional en este aspecto”, añadió.
DESAFÍO ECONÓMICO, LA HERENCIA RECIBIDA
Milei dedicó parte de la entrevista a describir la crítica situación económica al asumir la presidencia. Según detalló, el país enfrentaba un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, desequilibrios monetarios y reservas negativas por 12.000 millones de dólares. “Era una bomba armada para que en diciembre comenzaran los saqueos y en enero el peronismo estuviera de vuelta en el poder”, afirmó, apuntando contra el PJ.
El presidente defendió las medidas económicas implementadas en su gestión, asegurando que han generado resultados milagrosos. “En seis meses logramos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, redujimos la pobreza 11 puntos y controlamos la inflación. Nuestro modelo es reconocido en el mundo”, aseguró.
En cuanto a la política monetaria, Milei se mostró optimista respecto al levantamiento del cepo cambiario, que espera concretar a través de un proceso de mercado. También celebró el respaldo de la ciudadanía a su gestión: “A pesar de las medidas impopulares, estamos mejor posicionados en las encuestas que al inicio del mandato”.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
El Gobierno anunció que dará de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero Manuel Adorni este jueves en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.
“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión” expresó Adorni.
Según explicó el funcionario, “la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
De acuerdo a la resolución del Gobierno, “el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”.
Adorni indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.
Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción
La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la Causa Vialidad. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.
La lectura del veredicto ocurrió unos minutos después de las 11, en Comodoro Py. Mientras esto ocurría, la expresidenta participaba de una actividad con mujeres en Moreno.
Frente a este escenario, tanto el PRO y LLA están a favor de la Ley de Ficha Limpia, para que personas con condenas penales por delitos dolosos graves no puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Para el partido amarillo es una “bandera histórica del espacio”, mientras que el oficialismo también piensa en la resolución de otros proyectos antes de que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
Luego de casi un año de desencuentros políticos, el armado de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires sufrió su primera ruptura concreta. Por el enfrentamiento con Karina Milei, el legislador libertario Eugenio Casielles (y co-fundador del espacio) lanzó su propio espacio por fuera de La Libertad Avanza.
Durante la tarde de este viernes, se concretó un movimiento que se venía insinuando desde hace meses: la fractura formal del espacio libertario en el bastión del PRO, donde Mauricio Macri resiste cualquier tipo de fusión con LLA para las legislativas 2025. Con un acto en el teatro Regina, en el que reunió a más de 500 personas, el legislador porteño formalizó su salida del espacio que controla “El Jefe” desde la Casa Rosada.
El nombre elegido para la agrupación por Casielles es Transformación, una denominación con la que busca sugerir una búsqueda más allá del ámbito de la Ciudad. La salida del referente, que muy probablemente tenga su correlato en la Legislatura, es significativa. Junto a Ramiro Marra, otro que cayó en desgracia ante la hermana presidencial, fueron claves en la instalación de la marca libertaria en la Ciudad. Hasta el triunfo nacional de Milei, el dúo oficiaba como referente del espacio en el enclave porteño.
EL PROBLEMA DE SIEMPRE: KARINA MILEI
La estrategia sobre quiénes y cómo debían manejar la versión metropolitana de LLA ahondó las diferencias con la Casa Rosada, en momentos en los que la secretaria general de la Presidencia se transformó en la armadora todopoderosa del partido nacional y sus versiones distritales o provinciales. En el entorno de Casielles aseguran que desde hace dos años que no se comunica con Karina Milei, una distancia que se expresó en la puja sobre el ordenamiento interno de la Legislatura porteña.
En junio de este año, el bloque de LLA quedó envuelto en una controversia cuando Pilar Ramírez (ex funcionaria kirchnerista), una persona de extrema confianza de Karina Milei, desconoció la titularidad de Marra y se proclamó presidenta del bloque de ese espacio. De ahí en adelante, no hubo vuelta atrás en la relación entre el ahora legislador disidente y la hermana del mandatario.
PREVISIBILIDAD POLÍTICA ES DESARROLLO PARA TODOSMe sumé a la política para aportar caras nuevas y fortalecer la democracia. Hoy vemos referentes que no quieren voces distintas y que exigen de nuevo obediencia debida.La política no se trata de quien grite ni aplauda más… pic.twitter.com/PM2lpZR7Ak
Casielles se aleja del partido con fuertes críticas: “Este espacio hoy se llenó de aplaudidores, obsecuentes, las mismas caras que gobernaron las últimas décadas y las mismas prácticas mesiánicas que nos hicieron fracasar una y otra vez”, dijo.
“TRANSFORMACIÓN” EL NUEVO ESPACIO DE CASIELLES
Gente cercana al legislador explicaron que el nuevo espacio “Transformación” apuesta a marcar su distancia “de las prácticas que han caracterizado a los últimos gobiernos y también al actual”.
“Hoy vemos referentes que no quieren voces distintas y que exigen de nuevo obediencia debida. La política no se trata de quién grite ni aplauda más fuerte, sino de alcanzar consensos y potenciar las diferencias, porque ese siempre fue el motor para lograr las mejores ideas. Ni la democracia ni la política deben ser un club de amigos”, había publicado esta semana en las redes sociales.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
