14 noviembre, 2024

Kicillof en problemas con la Justicia

Kicillof y Reposo habían sido sobreseídos por Canicoba Corral, Guillermo Moreno estaba procesado y fue absuelto en juicio. Ahora la Cámara Federal dispuso analizar las conductas en conjunto
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Hace instantes, la Cámara Federal porteña ordenó continuar investigando al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en una denuncia por supuestos delitos cometidos en su participación como representante del Estado Nacional en una Asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013. Así mismo, seguirá siendo investigado el el extitular de la Sigen en ese momento, Daniel Reposo.

En un fallo al que accedió Dara24, os jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens afirmaron que no se podía analizar la conducta de Kicillof y Reposo desligada del papel que jugó el ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno (procesado en esta causa en abril de 2018 y fue absuelto en el juicio oral). Por otra parte, el juez Leopoldo Bruglia coincidió con sus colegas y recomendó volver a llamar a declarar a todos los testigos del episodio.

La sentencia incluyó un cuestionamientos tácitos a como Rodolfo Canicoba Corral, el juez que estuvo al frente de la investigación, se jubiló a mitad del 2020.

Todo versa sobre lo ocurrido en un asamblea del grupo Clarín el 25 de abril de 2013, cuando Kicillof y Reposo concurrieron junto al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno como representantes de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ese día los entonces funcionarios llegaron para participar de la Asamblea General Anual Ordinaria del Grupo Clarín en nombre del Estado (que posee a través de la ANSES un 9% de sus acciones derivados de la nacionalización de las AFJP).

Moreno, Kicillof y Reposo Moreno, Kicillof y Reposo

Según el reporte que publicó al día siguiente Clarín, Moreno encabezó una delegación que incluía a más de 10 personas que no estaban autorizadas a participar de la asamblea, como su mujer, Marta Cascales, periodistas y camarógrafos de la Televisión Pública y de la agencia estatal Télam. “Filmen a todos lo que están filmando”, ordenó Moreno.

Cabe destacar, que el artículo 160 del Código Penal castiga con “prisión de quince días a tres meses” a quien “impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador a la institución organizadora del acto”.

En abril de 2018, Moreno fue procesado por aquellos hechos y en diciembre del 2020, el Tribunal Oral Federal 8 absolvió al exsecretario de Comercio Interior por inexistencia de delito. Clarín apeló el fallo en Casación.

En julio de 2020 el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso el sobreseimiento de Kicillof y Reposo por entender que habían actuado “en defensa de los intereses del Estado Nacional”. “Los representantes del Estado aquí juzgados, lejos de cometer un ilícito, defendieron la participación Estatal en la empresa, participando activamente de la Asamblea y deliberando acerca de los intereses de las partes”, afirmó el entonces juez.

Juez Rodolfo Canicoba Corral

Pero la querella del grupo Clarín apeló. “Fueron los tres funcionarios, y no sólo Moreno, quienes el 25 de abril de 2013 exhibieron una conducta claramente enfocada a turbar la asamblea de accionistas del grupo Clarín S.A. a la que concurrieron en representación de los intereses del Estado. Moreno, mediante los insultos y amenazas al orador, o aun al propiciar el ingreso al acto de personas que no estaban llamadas a participar de él, pudo haber encarnado la actividad más notable reñida con la libertad de reunión amparada por el art. 160 del Codigo Procesal”.

Según los querellantes, las filmaciones de aquella audiencia demuestran que “la conducta de Reposo y Kicillof no se había mantenido al margen de la de Moreno. Sin embargo, dos años después el mismo juez ante un mismo contexto elaboró un análisis parcializado de las mismas evidencias, liberando del proceso a los dos imputados”.

A criterio del grupo Clarín, Kicillof y Reposo “intentaban, al igual que Moreno y junto a él, turbar, alterar y desordenar el acto asambleario y alcanzar el logro de sus cometidos. De ahí la incapacidad de escindir una conducta de la otra, lo cual reclama la revocación del sobreseimiento decretado” por Canicoba.

Los jueces Llorens y Bertuzzi ordenaron revocar el sobreseimiento de ambos por entender que, de confirmarlo, cerraban la puerta a seguir evaluando su accionarPor “la entidad de los elementos de prueba existentes y el horizonte de medidas que a partir de ellos puede producirse, advertimos que no es posible avalar la adopción del temperamento conclusivo que ha motivado el recurso”, dijeron.

El fallo sostiene que “tal como ha sido edificado (por Canicoba), el sobreseimiento dispuesto sobre los Sres. Kicillof y Reposo se funda en que no ha podido advertirse, ni del relato de los testigos, ni del registro de video del acto, que aquellos profirieran los insultos y amenazas”. Pero los jueces de la Cámara Federal afirmaron que “tal conclusión sólo es correcta en la medida en que el examen se concentre exclusivamente en el obrar de los dos imputados aquí investigados”.

“Lo que originariamente se denunció, y lo que en consecuencia debió motivar el desarrollo de estas actuaciones, no fue la posibilidad de que los imputados turbaran el acto desde un actuar puramente individual. Cuando se afirmaba que lo acontecido en la reunión del 25 de abril de 2013 quedaba atraído por la fuerza del art. 160 del Código Penal, es porque la conducta de los funcionarios -no de uno sino de los tres-, traducía un obrar comunitario destinado a turbar la vida de la empresa.   La causa debió avanzar en el camino dirigido a desentrañar, a partir del estudio de los relatos y de las evidencias, si el proceder de Kicillof y de Reposo –cada uno con sus particularidades constituyó la prolongación del obrar de Moreno”, afirmó el fallo.

Según Llorens y Bertuzzi, “probablemente eclipsados por el comportamiento particular de Moreno, y quizás limitados por la necesidad misma de establecer qué era lo que había hecho cada uno, en las declaraciones testimoniales no se ahondó en la concreta interrelación que pudo darse entre los tres asistentes. A este cometido es, justamente, que corresponde dirigir la investigación.

El juez Bruglia sostuvo que la decisión de Canicoba Corral era “prematura” porque “no se hallan agotadas las medidas de prueba tendientes a conformar una evidencia certera que permita descartar o no la posible comisión de un delito por parte de los imputados”.

Ahora, será la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está momentáneamente a cargo del juzgado federal 6, la que deberá llevar adelante la labor encomendada.


Redacción

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La Justicia elevó a juicio oral la denuncia por violencia de género contra Martín Gill, el ministro de Llaryora

El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.

Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.

Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.

Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.

LAS AGRESIONES DENUNCIADAS

La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.

El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.

Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja

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La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.

En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.

Redacción

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El gobierno le quitó la jubilación de privilegio y la pensión por viudez a Cristina Kirchner

El Gobierno anunció que dará de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero Manuel Adorni este jueves en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.

“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión” expresó Adorni.

Según explicó el funcionario, “la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

De acuerdo a la resolución del Gobierno, “el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”.

Adorni indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción

La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la Causa Vialidad. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.

La lectura del veredicto ocurrió unos minutos después de las 11, en Comodoro Py. Mientras esto ocurría, la expresidenta participaba de una actividad con mujeres en Moreno.

Frente a este escenario, tanto el PRO y LLA están a favor de la Ley de Ficha Limpia, para que personas con condenas penales por delitos dolosos graves no puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Para el partido amarillo es una “bandera histórica del espacio”, mientras que el oficialismo también piensa en la resolución de otros proyectos antes de que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

*Fuente: Agencias

Redacción

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El PRO impulsa un proyecto para frenar las apuestas ilegales entre menores

El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.

Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.

El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.

La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.

Pero el problema va mucho más allá del deporte. En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.

Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.

El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.

Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.

En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.

A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.

– El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un convenio con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, con el fin de responder a las denuncias sobre sitios de apuestas ilegales

La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.

CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…

El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.

El debate en el Congreso

Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.

“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.

La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.

Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.

De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.

En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.

En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.

Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.

“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.

Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.

Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:

Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/

En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.

Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.

Redacción

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LA MATANZA | Leila Gianni denunció al intendente Fernando Espinoza por la clausura a Mercado Libre

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado nuevamente ante la Justicia Federal por la “clausura arbitraria e ilegal” del proyecto de expansión del Centro de Distribución de Mercado Libre en la localidad de Tapiales. La denuncia, presentada hoy por la abogada Leila Gianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, recae sobre el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini.

La presentación judicial acusa a Espinoza de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto de Gianni, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos”.

El escrito detalla que la clausura se produjo el 18 de octubre de 2024, cuando agentes municipales y efectivos policiales—bajo órdenes directas de Espinoza— se presentaron en el sitio de construcción impidiendo el acceso de camiones con materiales e interrumpiendo completamente la obra.

Gianni, quien renunció a su cargo para militar por La Libertad Avanza en La Matanza, critica que se haya optado por la clausura sin agotar previamente otras medidas menos severas, como multas o plazos de regularización. También cuestiona la legalidad del acta de clausura, señalando que carece de una descripción clara de las infracciones y resulta ilegible, lo que limita el derecho de defensa de la empresa.

LA DENUNCIA DE GIANNI

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“Los agentes municipales, acompañados de efectivos policiales, con una actitud prepotente y desmedida, justificaron su intervención con excusas que resultaban completamente insuficientes. Hablaron de razones ‘burocráticas’, ‘administrativistas’ e incluso ‘ilegales’”, describe la denuncia. “Sin dar lugar a un diálogo o a una reconsideración razonable de la situación, procedieron a la clausura y paralización total de la obra, lo que sorprendió tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa”, agrega.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, denunció la clausura en sus redes sociales. Espinoza respondió al CEO de Mercado Libre a través de sus redes sociales, sugiriendo que la firma no habría solicitado la habilitación municipal para edificar en el Mercado Central. “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas”, señaló Espinoza en un mensaje dirigido a Galperin.

Leila Gianni, por su parte, afirmó que “La Matanza necesita liberarse de la opresión de líderes como Espinoza”, a quien calificó como “un personaje muy siniestro” y “una persona perversa”. La abogada representa a la Asociación para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción en la denuncia, y sostiene que la sanción fue desproporcionada en relación con las supuestas infracciones.

LOS ANTECEDENTES DEL FEUDO DE ESPINOSA

En 2017, el municipio ya había denunciado que Mercado Libre no contaba con los permisos de construcción correspondientes para una obra en el mismo predio. La empresa alegó que tenía los permisos nacionales necesarios, ya que el predio es federal. La disputa legal se extendió por varios meses, hasta que en 2018 la justicia federal falló a favor de Mercado Libre.

Espinoza ya está señalado en la justicia por otra causa judicial por un abuso sexual a su ex secretaria Melody Rakauskas. El intendente solicitó un permiso para viajar a Barcelona, pero le fue negado por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica.

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Redacción

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Sandra Pettovello echó a la funcionaria que gastó $2 millones en una cafetera

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.

La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.

– La carta de renuncia de Constanza Cassino

El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.

Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).

– La factura por la compra de la cafetera y la factura por el servicio de catering

Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo García Eleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.

Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.

Redacción

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MAR DEL PLATA | Funcionaria municipal amenazó de muerte a un periodista que la investigó

El periodista Ulises Catriel Cuenca, colaborador en varios medios, denunció que fue amenazado de muerte tras la publicación de una investigación que sacó a la luz un entramado de nepotismo y presuntas malversaciones en el área de Tránsito del municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata.

La amenaza, según comentó Cuenca, fue realizada por Ana Mariela Gómez, una de las principales implicadas en las irregularidades denunciadas en su investigación, quien contactó al comunicador para exigirle que retirara la nota.

– Ulises Catriel Cuenca entrevistando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

El conflicto se desencadenó luego de que el medio digital NOVA publicara una investigación que expone el supuesto manejo irregular de las licencias de conducir en la mencionada área municipal, donde Gómez es acusada de utilizar su posición para favorecer a su entorno familiar y participar en la supuesta exigencia de sobornos. El trabajo de Cuenca reveló una compleja red de favores y corrupción, en la que se señala a varios funcionarios.

Tras la denuncia, funcionarios del gobierno marplatense se comunicaron con el periodista para solidarizarse y le informaron que empezarán una investigación contra Gómez.

“TE VOY A MANDAR A MATAR”

Cuenca informó que recibió dos llamadas telefónicas consecutivas ayer, 18 de octubre, en las que una mujer, posteriormente identificada como Gómez, lo amenazó directamente. En la primera comunicación, la voz femenina le advirtió: “Si no bajás la nota, te voy a mandar a matar”, y luego cortó la llamada sin más. Minutos después —desde otro número— la misma voz lo contactó de nuevo para preguntarle sobre las fuentes utilizadas en su artículo. Cuando el periodista se negó a retirar la publicación, la mujer se identificó como Ana Mariela Gómez y amenazó con presentar una denuncia penal.

Ante esta situación, Ulises Cuenca decidió radicar una denuncia por extorsión y amenazas de muerte en la Comisaría 13 de Playa Serena, bajo el expediente PP-08-00-042102-24/00. Ahora, la resolución del caso queda en manos de la justicia local.

– La denuncia realizada por el periodista tras la amenaza

La publicación que motivó las amenazas de Gómez expone una serie de irregularidades en el área de Tránsito, un departamento que está bajo la lupa de la Justicia por casos de corrupción que involucran el manejo de las licencias de conducir. Según la investigación periodística, la dependencia fue escenario de un creciente nepotismo, donde Ana Mariela Gómez, quien se presenta como “vicedirectora” del área, favorece a su círculo familiar cercano.

Entre los implicados se encuentran su hijo Matías Lovato, que según la publicación de Cuenca habría intentado obtener beneficios laborales a pesar de un sumario administrativo en su contra por solicitar sobornos. Lovato habría exigido 300 mil pesos a cambio de retirar multas, un hecho por el que se pidió un sumario administrativo el 5 de junio bajo el expediente EX-2024-00136096-MUNIMDP-DGLT#SLTH, aunque hasta el momento el proceso permanece “dormido”. La investigación también apunta a que Gómez utilizó su influencia para garantizar que Lovato sea efectivizado en la Municipalidad, evitando consecuencias por sus actos.

– Ana Mariela Gómez

El nepotismo no termina con Matías. El otro hijo de Gómez, Julián Lovato, también habría ingresado al Municipio gracias a la influencia de su madre, al igual que la pareja de este, Ana Lucero, que actualmente trabaja en el área de licencias de conducir, presuntamente buscando también asegurarse una posición fija en la administración pública.

Además de las denuncias por nepotismo, Gómez fue acusada de maltratos y persecución laboral, con reportes de una orden de restricción en su contra, relacionada no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con vecinos del barrio Aeroparque, quienes habrían sido afectados por sus acciones.

Redacción

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