23 junio, 2024

Kicillof crea un fondo que fija multas por infracciones a leyes sanitarias basado en un decreto de la dictadura

Dicho Decreto fue publicado 29 de julio de 1977...
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*Por: Pablo Portaluppi

El pasado 30 de abril, la Provincia de Buenos Aires emitió el Decreto 242/21, a través del cual se crea el “Fondo Municipal por infracciones a la normativa COVID-19”, que será administrado “por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y estará integrado por las sumas equivalentes a los recursos que recaude la Provincia, a través de los municipios”. En otras palabras, el gobierno de Axel Kicillof obliga a las comunas a cobrar multas por incumplir las restricciones impuestas por la pandemia para poder asignarle mayores recursos.

En su artículo 3, la disposición establece que “los recursos que integran el fondo creado serán distribuidos entre los municipios que hubieran adherido al Decreto N° 1/21, asignando a cada uno de ellos el monto equivalente a los recursos que efectivamente hubiere percibido la Provincia como consecuencia de las sanciones que cada distrito haya fiscalizado y juzgado”.

El Decreto 1/21 al que se hace referencia “invita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a sus previsiones, facultándolos a llevar adelante la fiscalización y el juzgamiento de las infracciones ocasionadas por el incumplimiento de la normativa nacional y provincial, dictada como resultado de la pandemia ocasionada por la nueva enfermedad”. Y cabe resaltar el siguiente párrafo: “El incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19 dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto-Ley N° 8841/77”.

Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial bonaerense el 29 de julio de 1977, cuando el Gobernador de facto era Ibérico Saint Jean, y la presidencia de la Nación la ocupaba Jorge Rafael Videla. Resulta cuanto menos extraño que una administración kirchnerista se apoye en una norma emanada por un gobierno militar.

En su artículo 1, el decreto de la dictadura establecía que “las penas de multa por infracción a las leyes y reglamentaciones provinciales sobre seguridad, salubridad o higiene cuya fiscalización le compete al Ministerio de Bienestar Social, se regirán por la presente ley”. Y en su segundo artículo, fijaba que el monto de las multas “será hasta el monto de quinientos (500) sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial cuando se trate de infracciones que importan un peligro o perjuicio para la seguridad, salubridad o higiene del personal y/o de la población”. Dicho Decreto se basaba a su vez en la Ley 21510, sancionada y publicada el 21 de enero de 1977, que determinaba multas por infracciones a leyes sanitarias.

Los montos previstos por el gobierno de Kicillof podrían superar los 4 millones de pesos, ratificando lo dispuesto en 1977, penando con hasta 500 sueldos mínimos. Así mismo, el nuevo Decreto consigna que “los recursos que se transfieran a los municipios por el presente fondo serán no reintegrables y de libre disponibilidad para los mismos”. Y que será la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Carlos Bianco, quien “reglamentará la forma en que los municipios notificarán a la Provincia su adhesión al Decreto N° 1/21, y mantendrá informado al Ministerio de Hacienda y Finanzas respecto de la nómina actualizada de adherentes”.

Otros Fondos

El gobierno de Kicillof ya había creado el año pasado, mediante el Decreto 264/2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 23 de abril de 2020, el “Fondo de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”. El mismo consistía, básicamente, en préstamos otorgados por la administración bonaerense a aquellos Municipios que se vieran afectados por la caída de la recaudación producto de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional el 20 de marzo de 2020. En los primeros tres meses de este año, del total transferido a las comunas, el 3,06% lo representa dicho Fondo.

En su artículo 1, el Decreto se proponía el “objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales permitiendo sostener las prestaciones básicas de los municipios en el marco de la pandemia de COVID-19”. El control del Fondo está a cargo de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística, a cargo de Nicolás Todesca, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Pablo López.

A diferencia del nuevo Fondo, aquel era reembolsable, y cuyo cobro estaba garantizado: “Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso, el municipio solicitante autorizará expresamente al Ministerio de Hacienda y Finanzas a retener de los recursos que le correspondan por el Régimen de Coparticipación de Impuestos establecido en la Ley N° 10.559 y modificatorias, los montos que resulten en función de la ayuda financiera otorgada”.

El régimen de coparticipación bonaerense se estructura a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD), creado el 2 de junio de 1995 mediante el Decreto 1069/95, que ordenó, a su vez, la Ley 10.559 promulgada el 22 de octubre de 1987, que establecía el reparto a las comunas. Pero lo cierto es que el CUD, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda, surge de una disposición muy compleja. Y para muchos también demasiado injusta.

En su artículo 1°, la ley 10.559 afirma que “las Municipalidades de la Provincia recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% (dieciséis con catorce por ciento) del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos”, determinando el criterio por el cual serán distribuidos los recursos:

Un 58% (cincuenta y ocho por ciento) entre todas las Municipalidades de acuerdo a lo siguiente:

  • El 62% (sesenta y dos por ciento) en proporción directa a la población.
  • El 23% (veintitrés por ciento) en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria “per cápita”, ponderada por la población.
  • El 15% (quince por ciento) en proporción directa a la superficie del Partido.

Un 37% (treinta y siete por ciento) entre las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación. Y el 5% restante se distribuye entre aquellas que cubran servicios o funciones transferidos por la aplicación del Decreto-Ley 9347/79, publicada en el Boletín Oficial el 8 de junio de 1979, también en plena dictadura militar, y que sufriera con el tiempo diversas modificaciones. Corresponde básicamente a servicios de acción social.

En 2020, el total coparticipado a los 135 municipios fue de casi $158.000 millones.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


Redacción

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Lousteau presentó un dictamen alternativo a la ley Bases que beneficia a su esposa Carla Peterson

El debate sobre la subsistencia del INCAA pareciera haber sumado un nuevo capítulo. Recientemente, el director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, oficializó el cierre de varias áreas y suspendió al personal a través de una licencia con goce de sueldo hasta nuevo aviso. Ahora, pareciera que el conflicto se metió de lleno en el debate por la ley Bases.

Las sospechas apuntan al legislador Martín Lousteau, quien actualmente se encuentra al frente de la Unión Cívica Radical. El mediático dirigente anticipó que presentó un “dictamen alternativo” a la ley Bases, y no fueron pocos los que relacionaron una de sus premisas con favores familiares.

En efecto, los puntos más importantes del proyecto de Lousteau incluyen reformas en educación, emergencia pública, delegación de facultades, obra pública, jubilaciones, RIGI, privatizaciones y blanqueo, entre otros aspectos. Uno de ellos, sin embargo, llamó la atención.

En el punto vinculado a ciencia y tecnología, Lousteau presentó una propuesta que indica que “el poder ejecutivo nacional no dificultará el normal funcionamiento de organismos como el CONICET, el INCAA, el INTI o el Servicio Metereológico Nacional, entre otros”.

Este gesto esconde una ayuda a su pareja, la reconocida actriz Carla Peterson, quien se vio envuelta en una nueva polémica en las últimas semanas. En efecto, numerosos sectores criticaron duramente la producción de la película “No me rompan”, protagonizada por la pareja de Lousteau, junto a Julieta Díaz, Celina Font y Salvador del Solar, entre otros.

La razón de la controversia se debió a que el propio INCAA admitió haber gastado 19 millones de pesos en concepto de “masa salarial” de aquellos que intervinieron en la proyección. Específicamente, figuran unos 19.845.000 destinados a la empresa Pan Contenidos SA, involucrada en el film.

De aprobarse el proyecto del líder radical, habrá creado una suerte de paraguas protector sobre el financiamiento de proyectos como el de su esposa, por el que los actores cobran sumas exorbitantes de dinero que suelen salir del estado. La polémica pareciera recién haber comenzado.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Milei firma el primer convenio de Obra Pública con el gobernador Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y firmó un acuerdo crucial para reordenar las obras públicas nacionales prioritarias en la provincia. “Ahora tenemos certidumbre con la obra pública de acá a futuro, porque sabemos cuáles obras van a ser continuadas por el Gobierno Nacional y cuáles van a ser traspasadas a la provincia”, apuntó.

“En el marco de la reactivación de obras que estamos llevando adelante con fondos provinciales, hoy conversamos con Guillermo Francos sobre la necesidad de comenzar, progresivamente, a retomar aquellas con fondos nacionales que ya tienen un grado de avance considerable. Es importante ese compromiso en un escenario complejo como éste, que nos obliga a trabajar de manera coordinada y a ser muy eficientes y eficaces en el manejo de los escasos recursos que tenemos” señaló la semana pasada el gobernador.

El encuentro, que tuvo lugar este lunes, también contó con la presencia del secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine. Durante la reunión, se suscribió un acuerdo que establece un plan para reactivar en una primera instancia las obras nacionales en Entre Ríos y transferir otras al gobierno provincial. “Con este acuerdo en definitiva podemos decirle a los vecinos de Entre Ríos qué obras se van a continuar y de qué manera“, subrayó el mandatario, al tiempo que agregó que la provincia también trabaja con los municipios el tema, allanándoles el camino a los intendentes en este ordenamiento de la obra pública nacional.

El acuerdo brindará certidumbre a las empresas y un plan de trabajo ordenado de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Cabe aclarar que el 20 de mayo, el mandatario entrerriano inició el proceso de reactivación de la obra pública provincial tras el análisis de la deuda heredada de la gestión anterior y los avances de cada una de las construcciones.

Redacción

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Ritondo fulminó a la UCR: “Son los nuevos socios del kirchnerismo”

Durante la sesión de ayer, el diputado nacional, Cristian Ritondo, lamentó que los radicales hayan votado a favor de la reforma jubilatoria y se sumaran al kirchnerismo. Tras 12 horas de intercambios, el presidente del bloque PRO remarcó su oposición al proyecto para aumentar las jubilaciones de privilegio y apuntó contra la Unión Cívica Radical: “Nos proponíamos no prestarnos al show que el radicalismo junto con su nuevo socio el kirchnerismo quería hacer en este recinto”.

“Vengo escuchando ese discurso de excusarse y escuchando a diputados hacerse los economistas sin entender que la sociedad argentina votó el cambio profundo, incluso mayor que el nuestro“, agregó Ritondo, para luego redoblar su apuesta: “Hay algunos que entraron con la camiseta de Boca y en el entretiempo se pusieron la de River”, sostuvo, parafraseando a su par, Diego Santilli.

“Parece que algunos entraron por el cambio y rápidamente se olvidaron cómo era el cambio”, siguió. Y, ya dirigido contra Unión por la Patria, remarcó que los haberes jubilatorios “cayeron un 32,4% desde diciembre del 2019 a diciembre del 2023 y un 42,9% en bruto. ¿Se acordaron ahora caraduras?”.

Lapidario, aseguró que “hay una pandemia de populismo que se va a extendiendo en este Congreso (…) Recién leía la plataforma que era Juntos por el Cambio y hoy están votando lo contrario a lo que decía la plataforma”, fustigó.

“La sociedad argentina votó el cambio profundo”

En medio de interrupciones, ironizó: “Los escucho hablar pavadas y no digo nada”. Allí, nuevamente cargó contra los radicales: “Para hablar de gobernabilidad hay que ejercerla, pero hay sectores de los que no esperó nada”.

Para cerrar, guardo más ironías y acusaciones contra el bloque que preside Rodrigo de Loredo: “Los creía republicanos, abiertos y comprometidos con el cambio de verdad, pero no me presto al circo y vamos a votar en contra”. “Dime con quien votas y te diré quién eres”, cerró.

Redacción

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FAdeA entrega nuevos Aviones IA-63 Pampa III a la Fuerza Aérea Argentina

La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martin (FAdeA) entregó, hoy 4 de junio, dos aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa III Bloque II a la Fuerza Aérea Argentina (FAA). FAdeA es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, el ministerio de Defensa es dueño del 99 % del paquete accionario y Fabricaciones Militares S.E. tiene el 1% restante.

La ceremonia, que será encabezada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, contó con la presencia de altos mandos militares, incluyendo al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Xavier Isaac, y al Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo, Jefe del Estado Mayor General de la FAA.

En mayo, FAdeA completó el último vuelo funcional del IA-63 Pampa III matriculado “1036”. La última entrega de estas aeronaves a la FAA ocurrió en 2023, cuando se entregó el avión A-710 (Av-1035) a la VI Brigada Aérea de Tandil.

Los aviones, matriculados A711 y A712, forman parte del contrato plurianual firmado en 2021, que incluye la conversión de tres IA-63 Pampa II a Pampa III Bloque II y la certificación de esta versión, además de la adquisición de estaciones de planificación de misión y materiales para la fabricación de más aeronaves.

Estas entregas fortalecen las capacidades de entrenamiento de la FAA y demuestran el continuo compromiso de FAdeA con la modernización de la aviación militar argentina. Es la primera entrega que se produce en la gestión libertaria de un programa de fabricación que viene demorado por una causa recurrente y común a los últimos gobiernos: no disponer de recursos con la cadencia que requiere una planta industrial estratégica.

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LA CASTA | Senadora opositora canjeó su voto a favor de la Ley Bases a cambio de que le den una embajada

En las últimas horas, el Gobierno nacional inició el proceso para proponer a la senadora Lucila Crexell como embajadora de la Argentina en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El guiño del oficialismo se da a pocas horas de la votación de la ley de Bases y el paquete fiscal.

Así lo expresa el mensaje que remitió el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Diana Mondino, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación.

“Se deja constancia que la señora Carmen Lucila CREXELL será designada Delegada Permanente de la República ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, una vez obtenido el correspondiente Acuerdo”, dice el texto.

Crexell es senadora por la Provincia de Neuquén e ingresó a la Cámara alta por la alianza Juntos por el Cambio. Sin embargo, en los últimos meses se la vio alineada con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Teniendo en cuenta que no pertenece a bloques aliados al oficialismo, el voto de Crexell se tornó más que importante para el oficialismo, que en el Senado solo cuenta con siete senadores propios contra el piso de 33 que tiene el kirchnerismo.

En este contexto, todos los senadores que no componen el interbloque K se vuelven importantes para la Casa Rosada con el fin de lograr mayorías que contrarresten el poder del peronismo no dialoguista.

*Con información de Diario Mendoza Today

Redacción

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Arde la Interna del PRO | El macrismo planea desplazar a Bullrich de la Asamblea del partido

La interna política que sacude al PRO se delibera en provincia de Buenos Aires. Allí, las dos facciones, una correspondiente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la otra que responde al expresidente, Mauricio Macri, intentan consolidar su poder y control dentro del partido.

Bullrich, respaldada por Javier Milei, está confrontando la conducción de Macri dentro del PRO. Es por ello que el actual presidente del partido considera bloquear la asunción de Bullrich como presidenta de la Asamblea del partido, una posición que ambos habían acordado previamente y que debería llevarse adelante este mes.

El pasado jueves, el Jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, se reunió con dirigentes del PRO alineados a Mauricio para trazar los pasos que seguirá el partido. El encuentro juntó a Cristian Ritondo, Diego Santilli, Néstor Grindetti, los jefes comunales Juan Ibarguren, (Pinamar), Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Jorge Etcheverry (Lobos), Fernando Bouvier (Arrecifes), Marcelo Matzkin (Zárate), y Pablo Petrecca (Junín). Además, los presidentes de los bloques del PRO en la Legislatura bonaerense: el diputado Agustín Forchieri, y el senador Alejandro Rabinovich.

Esta reunión marcó el inicio de una nueva mesa política para distanciarse del grupo de Bullrich y reforzar su propia posición. El temor de los dirigentes es que la titular de la cartera de Seguridad y Milei absorban su estructura.

Mauricio Macri mantiene un perfil bajo mientras se aprueba la Ley Bases del Gobierno. Al mismo tiempo, el PRO busca “volver a las bases”. Ayer, Cristian Ritondo cuestionó la conducción del PRO bonaerense, en manos de Daniela Reich, cuadro que responde Bullrich. El diputado se prepara para tomar el mando provincial, las elecciones serán el 4 de agosto.

Redacción

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