Karina Milei mide a Adorni para frenar la candidatura de Espert en Provincia de Buenos Aires
La hermana del Presidente resiste al economista, que cuenta con el aval de Milei para ser candidato.
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Karina Milei mandó a medir la intención de voto del vocero Manuel Adorni en Provincia de Buenos Aires con la clara intención de bloquear la candidatura de José Luis Espert, empujado por el presidente para encabezar las listas libertarias en ese distrito en 2025.
Fuentes de Casa Rosada revelaron que la hermana del Presidente piensa en el vocero, a pesar de que su figura se medía para competir en Capital Federal. Desde el Congreso, en tanto, confirmaron que Adorni es platense, punto a favor para candidatearse en suelo bonaerense.
Adorni hizo la secundaria en el colegio San Luis y trató sin éxito de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata como economista. La exigencia de esa carrera lo obligó a cambiarse a la UADE para terminar como contador.
Varios medios, ya habían informado en junio pasado que Karina ubicó a su armador, Sebastián Pareja, como presidente del partido La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, una vez que la Justicia le otorgó el reconocimiento provisorio al sello. Esa maniobra le serviría para frenar la candidatura de Espert, catapultado por el propio Jefe de Estado como primer candidato a diputado en esa jurisdicción para el año próximo.
En el oficialismo es un secreto a voces que Karina desprecia profundamente al economista pero es Milei quien lo venera y lo llama “profe” en público. “Lo loco es que Espert, en privado, dice barbaridades de Milei pero Milei es el único que lo sostiene”, dijeron.
La bronca de la secretaria general de la Presidencia con Espert derivó en la evaluación acerca de la posibilidad de que fuera ella misma quien encabezara la boleta bonaerense en las elecciones de medio término.
Karina, Lule Menem y Pareja estudiaron a cada paso la forma de frenar la candidatura del diputado que preside actualmente la comisión de Presupuesto en la Cámara Baja y pretenden limitarlo a punto tal de dejarlo sin un solo concejal en las listas.
Entre los diputados libertarios descreen que el gobierno traslade la candidatura de Adorni a PBA. “El candidato es Espert“, aseguró un legislador.
No obstante, en otro despacho oficialista abrieron el paraguas. “Es una práctica habitual medir en los dos lados”, deslizaron en referencia al distrito porteño y la provincia, pero también admitieron que el vocero presidencial “tiene la doble posibilidad porque es platense”.
*Fuente: LPO
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El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
La intendencia de Morón (Conurbano bonaerense, Provincia de Buenos Aires) atraviesa uno de sus momentos de mayor crisis institucional: acumulando en pocas semanas se acumularon un escándalo de narcotráfico, un pedido formal de interpelación al intendente peronista, Lucas Ghi y sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades contables millonarias.
Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio de Morón. Había ingresado a la gestión local en febrero de 2020 y fue formalmente designada en ese cargo directivo en junio de 2025, mediante un decreto firmado por el propio Ghi. Cumplía una carga horaria de 48 horas semanales y dependía de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.
La causa se inició en marzo de 2026 a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo. La Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, ordenó tareas de campo a la Policía Federal. El resultado fue un operativo de ocho allanamientos simultáneos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo”.
— Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón que está prófuga en una investigación por narcotráfico
En la vivienda de Ortigoza, ubicada en la calle Isabel Pardo al 2500 de Castelar, los investigadores secuestraron un ladrillo de cocaína de 480 gramos, una bolsa con otros 70 gramos de la misma sustancia, tres envoltorios adicionales con 15 gramos, una balanza digital y dinero en efectivo.
“Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, sostuvo Ghi desvinculándose de Ortigoza “de inmediato” apenas se conoció el resultado del allanamiento y dijo sentirse “profundamente decepcionado”, añadiendo también que la funcionaria estaba “formada y capacitada” para el área de Género y que su cargo “no fue fruto de militancia política”.
Cuando los efectivos fueron a detener a Ortigoza, ya no estaba en el domicilio. La jueza de Garantías Laura Mariel Pinto la imputó por tenencia ilegítima de drogas con fines de comercialización en dosis fraccionadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Trascendió que estaría refugiada en la casa de su madre, y sus allegados sostuvieron que planea entregarse “cuando la situación se aclare”, argumentando que las drogas fueron dejadas en su casa por su pareja sin su consentimiento.
En el total de los ocho allanamientos, se incautaron 1,717 kg de cocaína, 241 gramos de marihuana, un revólver calibre .32, municiones, y registros de presuntas operaciones de compra y venta.A su vez fue detenido Norberto Hernán Aliano (42 años) por comercio de estupefacientes, mientras que se ordenó la captura de Ángel Daniel Paz (34 años), identificado como pareja de Ortigoza.
Este escándalo no llegó solo. En febrero de 2026, otra empleada municipal, Karen Yael Cufré, fue detenida como parte de la banda que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez (21 años), quien se suicidó en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos. Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón. La Justicia la identificó como la recaudadora de la banda, que operaba desde penales bonaerenses y utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para extorsionar a las víctimas. El municipio también la cesanteó “de inmediato” al enterarse.
La acumulación de estos dos casos policiales en pocos meses, ambos involucrando a empleadas con funciones sensibles del municipio, es la base sobre la que la oposición fundamenta el pedido de interpelación
El pedido de interpelación
Antes de entrar al fondo de la cuestión, conviene aclarar el mecanismo. Una interpelación es una herramienta del Concejo Deliberante (el “parlamento” municipal) mediante la cual los concejales citan obligatoriamente a un funcionario —en este caso el intendente— para que concurra al recinto y responda preguntas sobre su gestión. No es una sanción en sí misma, pero tiene un enorme peso político porque obliga a dar explicaciones en público y bajo presión parlamentaria.
Ghi pertenece al espacio kirchnerista y el municipio de Morón fue históricamente un bastión de ese espacio político. Luego del escándalo narco, un grupo de concejales de la oposición —La Libertad Avanza, PRO y monobloques— presentó formalmente en el Concejo Deliberante un proyecto para interpelar a Ghi.
— El intendente de Morón, Lucas Ghi junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Los opositores buscan que el jefe comunal concurra al recinto y explique los argumentos de selección de su personal administrativo, los controles internos y cómo dos empleadas en funciones sensibles pudieron quedar vinculadas a hechos delictivos bajo su gestión.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez. En noviembre de 2024,la oposición ya había intentado interpelar a Ghi por la ola de inseguridad en el distrito, pero ese pedido fue rechazado por 12 votos contra 11, en parte gracias a la ausencia inexplicada del concejal opositor Bernardo Magistocchi y al alineamiento inesperado de Adrián Colonna y Daniela Cáceres, ambos ediles del bloque “Nuevo Pro Morón” con el oficialismo.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas bonaerense es el organismo encargado del control externo en la provincia de Buenos Aires. Su función es fiscalizar de qué manera los municipios administran y utilizan los fondos públicos.
Cada año, revisa las rendiciones de cuentas presentadas por las comunas y tiene la facultad de aprobarlas, formular observaciones o, como en este caso de detectar irregularidades, aplicar sanciones a los responsables.
En su fallo sobre la rendición de cuentas 2024, el Tribunal detectó que el Municipio de Morón abonó una bonificación no remunerativa por un total de $1.845.954.174.54 sin efectuar los descuentos previsionales que exige la Ley 9.650 de la Provincia de Buenos Aires. Esta ley aclara que deben considerarse sujetas a aportes jubilatorios “toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, incluidas las no remunerativas”.
En términos simples, se demuestra que el municipio pagó bonos a sus empleados, pero no realizó los descuentos de jubilación y obra social correspondientes sobre ese dinero, lo cual perjudica tanto a los trabajadores (que aportan menos a su futura jubilación) como al sistema previsional (el IPS bonaerense). El Tribunal advirtió que ya había formulado la misma observación en ejercicios anteriores y que los funcionarios podrán ser considerados “directamente responsables” ante futuros perjuicios.
El mismo fallo del Tribunal detectó además otras irregularidades de peso, entre ellas obras paralizadas desde 2023 sin que se acreditara su reanudación ni se ofreciera una justificación formal, anticipos millonarios a contratistas que no fueron recuperados ni respaldados con documentación sobre su destino y una advertencia contable especialmente crítica, ya que el municipio no logró demostrar la existencia real de parte de los fondos declarados en caja, es decir, registró dinero que no pudo ser verificado físicamente.
Como resultado, Ghi fue multado con $410.000, junto a varios funcionarios de su gabinete. Si bien el monto parece bajo para la magnitud de lo observado, el Tribunal advirtió que la situación podría derivar en responsabilidades patrimoniales personales de mayor magnitud si los problemas no se corrigen.
La conducción de Ghi también enfrenta otros focos de tensión simultáneos. En mayo de 2026, trascendió que el municipio realizó una contratación directa de $51 millones para publicidad web a favor de la empresa Ninja Contenidos SRL, dueña del portal Sol Bonaerense, sin licitación pública y bajo el mecanismo de “trámite de excepción”. El cuestionamiento de ellos sería mayor, dado que ese gasto se hizo en medio de una situación de apremio financiero del municipio, con demoras en el pago de salarios y deterioro de servicios públicos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.
Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.
Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci
El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.
A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.
El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.
Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.
De la calle a los tribunales
El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.
— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024
La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.
En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.
La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.
En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.
¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?
Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.
A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.
Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.
Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.
La morosidad de las familias en la provincia de Buenos Aires, bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, llegó al 11.2% en febrero de 2026, partiendo de apenas 2.9% un año antes. Eso significa que en doce meses el porcentaje de personas que no puede pagar sus deudas se multiplicó casi por cuatro.
Si se suman las deudas con entidades no bancarias (fintech, tarjetas de supermercados, prestamistas digitales), el indicador ya supera el 14%. Para dimensionarlo, un nivel así no se veía desde al menos 2004, y hay que remontarse al colapso de la convertibilidad en los años 90 para encontrar algo comparable.
A nivel nacional, la mora general del sector privado alcanzó el 6.7% en febrero de 2026, y los préstamos personales llegaron al 13.2% de irregularidad. El Conurbano Bonaerense es la zona más golpeada, allí la mora de personas físicas trepó al 18.4% en diciembre de 2025, cuadruplicándose en un año.
El problema tiene varias raíces que se potencian entre sí, la primera sería que las negociaciones salariales no lograron compensar la inflación acumulada desde finales de 2023. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Javier Milei eliminó o redujo subsidios a servicios públicos (luz, gas, agua), lo que encareció fuertemente las tarifas del hogar. La combinación de sueldos rezagados y facturas más caras dejó a muchas familias sin margen para pagar las cuotas de sus créditos.
Entre 2024 y 2025, el stock de préstamos creció un 54% en términos reales. Los bancos relanzaron el crédito al consumo con fuerza, pero —según el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili— en esa primera oleada “se prestó a ciegas, sin saber bien a quién”. Millones de personas accedieron al crédito formal por primera vez o tras años de exclusión, pero muchas sin capacidad real de repago.
Con una inflación que bajó más rápido de lo esperado, las cuotas de préstamos tomados a tasas del 70–80% anual no se “licuaron” con la inflación como los deudores esperaban. En cambio, se volvieron más pesadas en términos reales. A comienzos de 2026, las tasas para préstamos personales seguían en torno al 68% anual, lo que hace muy difícil refinanciar o pagar deudas viejas.
Aunque la economía creció un 11.9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el empleo formal privado cayó un 2.9%, equivalente a unas 170.000 personas que perdieron su trabajo registrado. Sectores intensivos en mano de obra como textil, construcción y comercio minorista fueron los más afectados.
El fenómeno del “endeudamiento para comer”
Uno de los aspectos más reveladores de la crisis es para qué se usa el crédito. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Juan Cuattromo, explicó que “la gente toma financiamiento para gastos del día a día”. Lo confirman los datos, como que el 44.6% de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito, cuando en 2023 ese porcentaje era del 35.4%. El uso de tarjeta de crédito en farmacias también creció, mientras que el pago con débito (dinero disponible en cuenta) cayó fuertemente.
— El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo
Un informe del Centro de Estudios de la UBA señaló que el consumo masivo “está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo”. En otras palabras, las familias no se endeudan para comprar un electrodoméstico o hacer un viaje, sino para comprar fideos, remedios y artículos de limpieza. Eso vuelve el endeudamiento mucho más frágil, siendo que no hay un activo que respalde la deuda, y la capacidad de pago depende exclusivamente del salario mensual.
La morosidad no afecta a todos por igual y, según el Banco Provincia, el problema golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. En los créditos inferiores a un millón de pesos, uno de cada cinco presenta atrasos, mientras que en los préstamos superiores a los 10 millones esa proporción desciende a uno de cada diez. Cuattromo señaló además que los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos son quienes registran mayores niveles de irregularidad.
— Análisis de la consultora CML&A, del economista Pablo Curat, en base a datos del BCRA
Entre los jóvenes de 18 a 21 años, la morosidad alcanzó el 40%, cuando un año antes se ubicaba en 26.5%. En tanto, el Conurbano bonaerense exhibe una tasa de mora familiar un 48% más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires y un 58% superior a la del interior provincial. En total, cerca de 1.4 millones de bonaerenses se encuentran en una situación de riesgo crediticio medio o alto.
El riesgo del “efecto trampa” sobre el consumo y la recuperación
El estudio del BAPRO advierte sobre un círculo vicioso que frena la recuperación económica, donde los núcleos parentales endeudados tienen menos dinero disponible para consumir, lo que deprime las ventas, lo que a su vez afecta el empleo y los ingresos. El consumo masivo registró una caída interanual del 3.4% en febrero de 2026, acumulando diez meses consecutivos de retroceso.
El punto más alarmante, es que incluso una eventual mejora salarial podría no traducirse inmediatamente en más consumo. Quienes estén al día con sus deudas o lleguen a tener algo más de margen probablemente destinen ese dinero primero a pagar los atrasos acumulados, antes que a gastar en bienes y servicios. Esto implica que la reactivación de la demanda interna podría demorar mucho más de lo que indican los números macro.
A eso se suma que el crédito nuevo se frenó desde mediados de 2025, los préstamos dejaron de crecer y en marzo de 2026 cayeron un 2.5% mensual, lo que hace más difícil refinanciar deudas existentes.
En esta situación las señales son mixtas. Bausili, declaró en mayo de 2026 que “el sistema se está saneando” y que “lo peor ya pasó”, destacando que los datos de marzo y abril muestran cierta desaceleración en el deterioro. La calificadora Moody’s proyecta una mejora gradual para 2026, especialmente en los segmentos con mejores garantías (como préstamos con descuento de haberes), no obstante, advierte que los deudores de bajos ingresos seguirán vulnerables a cualquier shock en el empleo o el salario.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
Crecen las críticas por la carga del Inmobiliario Rural y por la posibilidad de nuevos impuestos en una de las regiones de mayor presión sobre una chacra agrícola, pagando hasta 13 veces más que en provincias como Santa Fe o Córdoba.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
