A estas alturas del partido tenemos algo claro, la arrogancia y las ambiciones de la casta no tienen límites. La impunidad del feudo de Tucumán, a manos del exgobernador y actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, se ejemplifica con una noticia lamentable que jaquea a uno de los más importantes de los Derechos Humanos: La propiedad privada.
Oscar es un guitarrista de Colalao del Valle. Sus delicados arpegios se vieron interrumpidos por el yugo del Estado provincial: “Me está costando concentrarme para ensayar con todo esto” me cuenta. Ocurre que, a través de ordenes directas del entonces Gobernador, el Poder utiliza su aparato burocrático para robarle su casa con intenciones de construir el Museo del Vino.

Los esfuerzos del Gobierno comienzan, no de casualidad, en plena cuarentena. Concretamente, el 2 de septiembre de ese año, entra a la Legislatura de Tucumán el proyecto de expropiación de su inmueble. “Todos mis esfuerzos están destinados a conservar mi casa”. Tampoco de casualidad el apellido de Oscar es Salvatierra.
La casa que quiere expropiar inconstitucionalmente Juan Manzur lleva 200 años formando parte de la familia de Oscar, fue mantenida cuidadosamente por cinco generaciones y en ella funcionaron los primeros viñedos de uva criolla en todo el Valle Calchaquí.

“Me enteré de la peor forma. Me llegó un mensaje donde me avisan que en dos días iban a expropiar la casa. Comencé a averiguar y me encontré con que es así. Es un proyecto muy avanzado y escondido, presentado por el ministro de Producción, Juan Luis Fernández, acompañado por los bodegueros de la zona. Tienen una necesidad de declarar de utilidad pública mi casa” comentó Oscar en octubre de 2020 a medios locales.
El motivo de la expropiación a la propiedad privada responde a intereses también privados, donde juega un papel central la alianza entre la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán y la política. La histórica Casa y Bodega de Felipe Tanco, ubicada en una zona clave para el turismo, generaría mucho dinero para ambas corporaciones.

El presidente de la Cámara, Alberto Roque Guardia (quien falleció de COVID-19 en diciembre de 2020) tenía al rededor de 6000 hectáreas entre Colalao y Tolombón. Nadie sabe cómo las obtuvo, las “malas lenguas” lo definen como un “claro testaferro de la política”.
Además de ser dueño de muchos hoteles tenía NEOCOM, una empresa constructora que ganó infinidad de licitaciones.

Otro dato de color es que, por su intento de acercarse a la gente y buscar convencer y que acepten sus mega emprendimientos, desmontes y todo lo de más “(Guardia) siempre se mezclaba con gente de las comunidades indígenas, pero no las independientes, si no las que están manejadas por punteros y se mueven con el Gobierno de Manzur. Se mostraba siempre haciendo ritual a la Pachamama, reivindicando la cultura diaguita calchaquí, siempre hipócritamente y objetivos claros de instalar sus negocios”.
La fuente consultada por este portal agregó que “no pudo ocultar que fue él quien tuvo un juicio muy grande por tierras con la comunidad indígena en Talapazo, donde quisieron poner viñedos y por el cual hubo un conflicto de mucha violencia. Guardia manejaba ya todo y en relación directa con el poder, por lo que mandaron 200 policías a reprimir en el lugar. Fue enorme el conflicto, desalojaron todo”. Sin embargo la comunidad ganó el juicio, y Guardia se tuvo que ir, esas tierras quedaron para la gente que recalmaba.

La legislatura, que funciona como una escribanía e inmobiliaria de Manzur, nunca blanqueó la situación de estos funcionarios, del legislador Fernández con 3 hectáreas a 300 metros de la casa o la relación comercial de su hijo con Guardia, ni corrigieron los errores históricos del proyecto, y tampoco el hecho de que no hay dinero.
Sobre lo señalado y volviendo al testimonio de Oscar: “Nunca pagan un valor comercial, pagan una valuación fiscal atrasada o si les haces juicio para cobrar más lo pueden mantener 20 años o lo que sea para no pagar y no hacerse cargo”.

La víctima del robo contó un hecho similar que le ocurrió a su familia, antes de que él naciera. “A mi familia ya le expropiaron otro terreno en Amaicha del Valle NUNCA el Estado pagó. Se utilizó para hacer una hostería enorme y muy linda que luego fundieron y hoy está abandonada y en parte usurpada, como todo lo que tocan y meten mano los funcionarios. Además, durante el gobierno del General Bussi, expropiaron parte de la finca donde hoy está nuestra casa, para tomar terreno para la policía, una hostería, el correo, el hospital que nunca se hizo. Ya fuimos doblemente expropiados y en ese lugar donde nos queda la casa y el terreno pretenden sacarnos todo, es decir es un despojo, un destierro. Prácticamente nos corren de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra identidad y se quedan con un patrimonio que no pertenece a nadie más que a mi familia y a mis ancestros que se rompieron el orto trabajando y manteniendo eso que nos dejaron“.
Salvatierra comentó a Data24.com.ar que su padre había presentado un proyecto para que la bodega de la casa sea reconocida por su valor histórico “pero jamás tuvo acompañamiento eso, es claro que ponerla en valor como patrimonio cultural de la provincia no es la intención, sino un interés en los negocios privados”.

“Hay presiones políticas para que nos hagamos a un lado. Por esa propiedad tenemos muchísimas denuncias, vandalismo, robo, intento de quemar la propiedad, e incluso saquearon la casa. Incluso recibí amenazas personales“, agregó.
Oscar y su familia se niegan rotundamente a entregar de ningún modo su histórica casa, por la cual tienen un enorme valor sentimental. “No perdemos las esperanzas y nunca vamos a abandonar. Nosotros vamos a dar lucha hasta el final porque a esa casa no la va a pisar ningún político”, finalizó.
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