KAPRICHITOS | Manzur quiere EXPROPIAR su casa para construir un MUSEO: “¡Acá no va a pisar ningún político!”

La casona histórica forma parte de su familia hace 200 años. Aprovechando la cuarentena, el Gobierno de Manzur busca expropiarla desde 2020 para explotar sus intereses corporativos. ¿La propiedad privada? Un derecho opcional.
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A estas alturas del partido tenemos algo claro, la arrogancia y las ambiciones de la casta no tienen límites. La impunidad del feudo de Tucumán, a manos del exgobernador y actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, se ejemplifica con una noticia lamentable que jaquea a uno de los más importantes de los Derechos Humanos: La propiedad privada.

Oscar es un guitarrista de Colalao del Valle. Sus delicados arpegios se vieron interrumpidos por el yugo del Estado provincial: “Me está costando concentrarme para ensayar con todo esto” me cuenta. Ocurre que, a través de ordenes directas del entonces Gobernador, el Poder utiliza su aparato burocrático para robarle su casa con intenciones de construir el Museo del Vino.

Los esfuerzos del Gobierno comienzan, no de casualidad, en plena cuarentena. Concretamente, el 2 de septiembre de ese año, entra a la Legislatura de Tucumán el proyecto de expropiación de su inmueble. “Todos mis esfuerzos están destinados a conservar mi casa”. Tampoco de casualidad el apellido de Oscar es Salvatierra.

La casa que quiere expropiar inconstitucionalmente Juan Manzur lleva 200 años formando parte de la familia de Oscar, fue mantenida cuidadosamente por cinco generaciones y en ella funcionaron los primeros viñedos de uva criolla en todo el Valle Calchaquí.

El proyecto, firmado por Fernández y Manzur

“Me enteré de la peor forma. Me llegó un mensaje donde me avisan que en dos días iban a expropiar la casa. Comencé a averiguar y me encontré con que es así. Es un proyecto muy avanzado y escondido, presentado por el ministro de Producción, Juan Luis Fernández, acompañado por los bodegueros de la zona. Tienen una necesidad de declarar de utilidad pública mi casa” comentó Oscar en octubre de 2020 a medios locales.

El motivo de la expropiación a la propiedad privada responde a intereses también privados, donde juega un papel central la alianza entre la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán y la política. La histórica Casa y Bodega de Felipe Tanco, ubicada en una zona clave para el turismo, generaría mucho dinero para ambas corporaciones.

Comunicado de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán, apoyando la violación a la propiedad privada

El presidente de la Cámara, Alberto Roque Guardia (quien falleció de COVID-19 en diciembre de 2020) tenía al rededor de 6000 hectáreas entre Colalao y Tolombón. Nadie sabe cómo las obtuvo, las “malas lenguas” lo definen como un “claro testaferro de la política”.

Además de ser dueño de muchos hoteles tenía NEOCOM, una empresa constructora que ganó infinidad de licitaciones.

Otro dato de color es que, por su intento de acercarse a la gente y buscar convencer y que acepten sus mega emprendimientos, desmontes y todo lo de más “(Guardia) siempre se mezclaba con gente de las comunidades indígenas, pero no las independientes, si no las que están manejadas por punteros y se mueven con el Gobierno de Manzur. Se mostraba siempre haciendo ritual a la Pachamama, reivindicando la cultura diaguita calchaquí, siempre hipócritamente y objetivos claros de instalar sus negocios”.

La fuente consultada por este portal agregó que “no pudo ocultar que fue él quien tuvo un juicio muy grande por tierras con la comunidad indígena en Talapazo, donde quisieron poner viñedos y por el cual hubo un conflicto de mucha violencia. Guardia manejaba ya todo y en relación directa con el poder, por lo que mandaron 200 policías a reprimir en el lugar. Fue enorme el conflicto, desalojaron todo”. Sin embargo la comunidad ganó el juicio, y Guardia se tuvo que ir, esas tierras quedaron para la gente que recalmaba.

La legislatura, que funciona como una escribanía e inmobiliaria de Manzur, nunca blanqueó la situación de estos funcionarios, del legislador Fernández con 3 hectáreas a 300 metros de la casa o la relación comercial de su hijo con Guardia, ni corrigieron los errores históricos del proyecto, y tampoco el hecho de que no hay dinero.

Sobre lo señalado y volviendo al testimonio de Oscar: “Nunca pagan un valor comercial, pagan una valuación fiscal atrasada o si les haces juicio para cobrar más lo pueden mantener 20 años o lo que sea para no pagar y no hacerse cargo”.

La víctima del robo contó un hecho similar que le ocurrió a su familia, antes de que él naciera. “A mi familia ya le expropiaron otro terreno en Amaicha del Valle NUNCA el Estado pagó. Se utilizó para hacer una hostería enorme y muy linda que luego fundieron y hoy está abandonada y en parte usurpada, como todo lo que tocan y meten mano los funcionarios. Además, durante el gobierno del General Bussi, expropiaron parte de la finca donde hoy está nuestra casa, para tomar terreno para la policía, una hostería, el correo, el hospital que nunca se hizo. Ya fuimos doblemente expropiados y en ese lugar donde nos queda la casa y el terreno pretenden sacarnos todo, es decir es un despojo, un destierro. Prácticamente nos corren de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra identidad y se quedan con un patrimonio que no pertenece a nadie más que a mi familia y a mis ancestros que se rompieron el orto trabajando y manteniendo eso que nos dejaron“.

Salvatierra comentó a Data24.com.ar que su padre había presentado un proyecto para que la bodega de la casa sea reconocida por su valor histórico “pero jamás tuvo acompañamiento eso, es claro que ponerla en valor como patrimonio cultural de la provincia no es la intención, sino un interés en los negocios privados”.

“Hay presiones políticas para que nos hagamos a un lado. Por esa propiedad tenemos muchísimas denuncias, vandalismo, robo, intento de quemar la propiedad, e incluso saquearon la casa. Incluso recibí amenazas personales, agregó.

Oscar y su familia se niegan rotundamente a entregar de ningún modo su histórica casa, por la cual tienen un enorme valor sentimental. “No perdemos las esperanzas y nunca vamos a abandonar. Nosotros vamos a dar lucha hasta el final porque a esa casa no la va a pisar ningún político”, finalizó.


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Se vendió un edificio estratégico de la Policía Federal Argentina: firmado por un funcionario de Milei, ex empleado de Elsztain

La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.

Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.

Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.

La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.

Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.

La derrota del “amigo” del Presidente

La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.

Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de remate para que los empresarios amigos sigan levantando torres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.

La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.

Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA

Sin techo y con sueldos de miseria

Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.

El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.

Vista satelital del predio rematado.

La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientras la Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.

Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.

Entrada a lo que era el predio de la PFA

El modelo extractivo del Estado

La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.

Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.

Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.

Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)

*Por Augusto Grinner

Una diputada de LLA admitió darle a su hijo pasajes del Congreso para que viaje de Salta a CABA: “Va y viene”

La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.

En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes

Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.

La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó. 

Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular. 

Tato Young fulminó a Adorni por su cuestionado patrimonio: “No entiendo cómo todavía no lo echaron del Gobierno, es muy turbio”

La Justicia ordenó medidas de prueba en el patrimonio de Manuel Adorni, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Tras esto, Tato Young analizó su situación y cuestionó su continuidad en el Gobierno.

Durante su programa “Volviendo a casa” (Radio Mitre), Tato Young y sus columnistas hablaron acerca de las investigaciones: “Yo les voy a ser franco, yo no entiendo cómo todavía no se fue del Gobierno o cómo no lo echaron. En contra de esto que estoy diciendo, hace un ratito nada más volvió la mesa política del Gobierno. Estuvo encabezada por Manuel Adorni, en su oficina, haciendo de anfitrión”, expresó el conductor.

Ayer “se conoció de otro departamento de Manuel Adorni en Caballito de 200 metros, supuestamente declarado por él en 230 mil dólares. Si lo ven al departamento me van a dar la razón que sale mucho más que eso”, remarcó Tato.

“Es un departamento muy bueno, de lujo, de 200 metros. Y además en la declaración jurada dice que se lo prestaron dos personas a la plata. Que hay 200 mil dólares de esos 230 que es plata prestada. Es todo demasiado turbio. Demasiado turbio”, enfatizó el periodista.

Los detalles de la nueva medida de la Justicia sobre Manuel Adorni

De acuerdo a la información de Sergio Ferella en TN, el fiscal de la causa “ordenó todas las medidas de lo que tiene que ver con los delitos de investigación patrimonial“. A su vez detalló que fueron ”nueve medidas” en el marco de la investigación de su supuesta propiedad y la no declaración ante las autoridades.

“Ha pedido, por ejemplo, a todos los registros de la propiedad en Exaltación de la Cruz para saber si efectivamente está inscrito a nombre de él o su mujer, ya sea si cuenta con algún otro bien inmueble. También pidió las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción e ingresos a la Secretaría General de Presidencia“, añadió.

Por otro lado, el periodista afirmó que el fiscal “estaba por pedir también todas las salidas del país deAdorni, ya sea en vuelo privado u otros medios”

Por primera vez en la historia, las cinco fuerzas federales protestarán juntas por los bajos sueldos

Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.

El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.

En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.

A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.

La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas. 

El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.

A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas. 

La Justicia multó a LLA de Corrientes por no rendir cuentas sobre gastos de campaña

El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.

La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.

La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.

Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.

A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.

– Lisandro Almirón

Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.

La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.

Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.

¿Qué candidatos estaban en juego?

En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.

Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.

– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub

La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.

Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.

La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.

Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.

El padre de Martín Menem cobra una jubilación de $41 millones tras ganarle un juicio al Estado

Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.

Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.

La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.

Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.

La promesa que nunca llegó

La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevista en YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.

Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.

Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.

Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.

El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado

La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.

Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberse ausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.

Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.

Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.

El triunfo de la genealogía sobre el mérito

El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.

La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.

En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionales de Villarruel, pero premia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.

Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.

La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.

* Por Augusto Grinner

HUMOR por Argüelles

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