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Con el hashtag #CafieroVengaAlCongreso, diputados de Cambiemos pidieron al jefe de Gabinete que asista al Congreso, ya que esta obligado constitucionalmente. Integrantes del interbloque presidido por Mario Negri viralizaron un video que advierte que “hace 271 días que el jefe de Gabinete no se hace presente en Diputados”.
La semana pasada, Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) enviaron una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para exigirle que Cafiero cumpla con la Constitución Nacional, que lo obliga a rendir cuentas ante el Congreso de manera mensual.
Los legisladores denunciaron que Cafiero “viene desoyendo el mandato constitucional” y por eso “incurre en la causal de mal desempeño”, y recordaron que la última vez que asistió el funcionario fue el 30 de julio de 2020.
La semana pasada (20/4) exigimos por carta al Presidente de la Cámara que se cite urgentemente al Jefe de Gabinete, que lleva 9 meses sin pisar el recinto. Cumplir la Constitución no tiene excusas. La pandemia exige más controles y más transparencia. #CafieroVengaAlCongreso https://t.co/d2o8fZk6gi pic.twitter.com/Ioa0cCbgcv
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En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
*Por Walter Klix – Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad y referente político en Escobar, Prov. de Buenos Aires
Cada mañana cuando salgo de mi casa me cruzo con una pequeña bandera con el lema “Fuerza Mauricio”. Recuerdo que la tenía colgada sobre mis hombros en la última marcha del “Si se puede” en la ciudad de Buenos Aires posterior a la contundente victoria en las PASO de Alberto Fernández. Volvían ellos y con ellos lo inevitable.
Acababa de ser padre primerizo y me preguntaba a qué país estaba trayendo a Delfina.
En esa marcha, estaba defendiendo un proyecto de país, mis valores, mis ideas.No sé si son las acertadas, pero son en las que creo y las que considero mejor para mi país y, por ende, para que todos vivamos mejor.
Hace varios meses, a raíz del distanciamiento político entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, me vienen preguntando de qué lado estoy. Hago política desde los 19 años, desde el 2003. Siempre lo hice al lado de Macri, pero no por una cuestión de fanatismo, porque fanatizarse con un político es carecer de ideas propias. Confíe siempre (y lo sigo haciendo) en el proyecto de país que planteaba y plantea Mauricio, y si eso significaba ser del PRO, bueno soy un “chico PRO” (como nos decían promediando el primer mandato en la ciudad de Escobar, Entre Ríos).
El PRO, las ideas de Macri, siempre se caracterizó por reglas básicas como el respeto a las instituciones, los valores morales, el respeto a las ideas y las opiniones del otro, la democracia. Y, por supuesto, luchar contra quienes se oponen a todo eso, llámese en este caso “Kirchnerismo”
La democracia siempre tiene razón, y en las últimas elecciones decidió que el PRO no fuera parte del balotaje.Y allí estuvimos, sin mezquindades de por medio ni solicitud de cargos apoyando a quien iba a enfrentar al Kirchnerismo, en este caso Javier Milei. Y lo ayudamos a que pudiera ganar, y por suerte ganó y evitó la continuidad del modelo K.
Y ahora toca ayudarlo a gobernar, en caso que el presidente desee ser ayudado, y entiendo que así debe ser, NOSOTROS MÁS QUE NADIE SABEMOS A DÓNDE CONDUCE LA ARROGANCIA Y LA SOBERBIA.Los del club del helicóptero están siempre preparados para abrirle la puerta de salida al presidente de turno. El desafío entonces es doble, requiere de una enorme grandeza de quien conduce el barco, llámese Milei, como de quien quiere colaborar a llegar a buen puerto.
¿Es coherente entonces que el presidente elija a la mejor ministra del gobierno de Mauricio para ir a su gabinete al mismo lugar en el que ya supo lucirse? Por supuesto que sí, y eso no debiera generar malestar alguno y en nadie, menos en quienes decimos defender una idea de país.
Por otra parte, entiendo también que existan a contrapuntos con algunas acciones o formas del gobierno de Milei, y que desde la buena leche tratemos de colaborar con una crítica constructiva, porque en definitiva no somos lo mismo, somos parecidos pero no lo mismo, por eso fuimos en listas separadas en las elecciones. Pero esa crítica, además de ser con altura, debe estar basada y fundada en la coherencia. ¿Es coherente pedir que se restituya el porcentaje de coparticipación qué le corresponde a la ciudad de Buenos Aires y que tiene además fallo positivo de la corte suprema? Por supuesto que sí. ¿Es coherente hacer esa crítica desde una fundación cuya cúpula directiva en el balotaje apoyó abiertamente a Massa? Definitivamente no.
Soy y seré del PRO mientras sus ideas no se tergiversen. Porque en definitiva ser de un partido político no es ser hincha de un club de fútbol donde por supuesto uno se deja llevar por la pasión. Ser parte de un espacio político nos obliga a actuar con la razón.
Celebro y acompaño que nuestro líder quiera presidir el partido y por ende las ideas, pero siempre respetando lo que hemos pregonado, el valor de la palabra. Por eso no me gustó en absoluto que no se respete lo acordado y que desplacen a Patricia de la presidencia de la asamblea, por más mal rodeada y asesorada qué esté. Patricia fue la cara visible de nuestro espacio los últimos 4 años y encabezó la lucha contra el avasallamiento K en cada rincón del país, no merece semejante destrato.
El kirchnerismo perdió las elecciones, pero aún está. Está en el Senado, está en diputados, está en la provincia más grande del país, está en la Justicia.Está agazapado esperando que volvamos a equivocarnos.
Nosotros tenemos algo que el presidente Milei aún no tiene, y es la experiencia de verlos volver a causa de errores propios. La Argentina nos pone de nuevo el desafío de estar a la altura de la historia, porque estamos en ese punto de inflexión en el que salimos definitivamente de la debacle o nos sumergimos en ella para siempre.
Estar a la altura requiere grandeza, por supuesto en primer lugar de quien gobierna, pero también de quienes queremos que a Milei le vaya bien para que en definitiva nuestras ideas triunfen. Porque eso es en definitiva lo que debería importar, qué ganen nuestras ideas más allá de si las enarbola el PRO o no.
Apelo a la grandeza de los 3 grandes líderes qué tuvo la política no Kirchnerista del siglo 21 como lo son Mauricio, Patricia y Milei, para que las ideas le ganen a la soberbia y podamos definitivamente encontrar el rumbo que saque a la Argentina de la pobreza, la desidia y el abandono al cual nos ha llevado el Kirchnerismo.
En medio de la conmoción que despertó la desaparición de Loan Peña en el paraje Algarrobal, vecinos autoconvocados señalaron la “infiltración” de diversos dirigentes ultra kirchneristas en las marchas. Los propios vecinos denunciaron que los dirigentes intentaron utilizar el trágico suceso con intenciones de desestabilizar al gobierno provincial.
Desde sus redes, el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Braillard Poccard, señaló la “responsabilidad política” detrás del caso. “No es únicamente jurisdicción de la Justicia. Hay responsables del poder ejecutivo que no accionaron los protocolos y deben hacerse cargo por tanta inacción”. Finalmente, exigió la destitución del Ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Mientras tanto, en diálogo con los medios, Braillard Poccard dijo que “el gobernador Gustavo Valdés menosprecia la situación”.
Germán Braillard Poccard
Ariel Osuna, dirigente de Barrios de Pie, utilizó el caso directamente contra el gobierno nacional: “En el país de la Libertad, la libertad que pregona la venta de armas y órganos. En la provincia donde el poder político se maneja como un Feudo. Una justicia adicta a cuidar los privilegios del Feudalismo”.
Los vecinos de Corrientes que participaron de la marcha pidiendo justicia por Loan consideraron que los dirigentes “utilizan esta tragedia para hacer política” y difundieron un video en redes donde pueden verse a dirigentes y militantes del Movimiento Evita: Verónica Molina (referente, fue candidata a Diputada Nacional de Massa), a Fabrizio Bin (dirigente del PJ provincial y Secretario General del Evita de Corrientes), a Clara Aymara Mendoza (referente), María José Espíndola (del Movimiento Octubres) y al ya mencionado Osuna.
En esa línea, los usuarios de las redes recordaron que, en febrero, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación votó negativamente el capítulo de la Ley Bases que buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la trata de personas y otros delitos, como la corrupción de niños, los secuestros extorsivos, entre otros.
Veronica Molina junto a Sergio Massa durante las elecciones del 2023
El falso audio de Valdés
La semana pasada, a través de un comunicado, el gobierno de Corrientes alertó que “circula un audio que intenta parecer la voz del gobernador Gustavo Valdés sobre el caso del niño Loan Peña”. En el audio puede escucharse: “Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte”.
“El mismo es evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado Inteligencia Artificial para su confección o algún otro método de edición, dada sus características sonoras, el cual claramente se fabricó y viralizó con fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial. Se puede advertir en el mismo, discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real, además de presentar ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, concluye el texto.
Los cinco gobernadores del PRO, buscan tener una agenda diferente a la del presidente del partido, Mauricio Macri, en cuanto a su relación con el presidente Javier Milei. Para los mandatarios provinciales, la clave es mantener un buen diálogo con el gobierno nacional para no poner en riesgo la gestión en cada distrito.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) concidieron en la necesidad de mantener un equilibrio entre el presidente del PRO y el vínculo con el gobierno nacional. Hay quienes temen que la motosierra de Milei afecte, aún más, el envío de fondos a las provincial.
“PRIMERO LA GESTIÓN” EXCLAMAN LOS GOBERNADORES PRO
Los mandatarios provinciales no quieren que se repita la lógica que imperó en el PRO en los últimos seis meses con el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri. “Nosotros tenemos que gestionar, junto a Patricia porque es ministra. Ninguno se va a pelear con ella”, afirmó un mandatario provincial del macrismo.
“No queremos integrar el gobierno nacional, nos interesa gestionar nuestras provincias y que nos envíen los recursos que corresponden por ley. Si nos traspasan competencias, queremos el dinero. Nada más”, agregó otro gobernador del PRO.
Los mandatarios provinciales saben que, tras la sanción de la ley ómnibus y el paquete fiscal, se abre un nuevo período en la relación entre la Casa Rosada y las provincias aliadas. De hecho, la semana pasada Frigerio se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo, para a dialogar sobre las transferencias de obra pública y recursos de Nación a provincias.
EL GRAN DILEMA DE LOS GOBERNADORES
En la nueva era del PRO, los gobernadores coinciden en alinearse detrás de Macri y dar por terminada la guerra con Patricia Bullrich, quien insiste en una fusión entre el partido amarillo y La Liberta Avanza de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, quieren evitar la interferencia del expresidente en la relación que supieron construir con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Toto Caputo.
“Necesitamos saber si el gobierno quiene mantener una relación como la que tuvimos con el tratamiento de la ley ómnibus y si nos ven como aliados. Tenemos que mejorar la gestión y ordenar nuestras cuentas. Sobre todo con la vista puesta hacia adelante”, consideró otro gobernador del PRO.
Macri tiene como prioridad recuperar la identidad del partido, llevarlo nuevamente a ser competitivo y extender el poder territorial del espacio. En los planes del exmandatario no está enfrentarse a los gobernadores y quiere que sean parte del modelo de conducción que busca construir.
El ministro de Defensa, Luis Petri, acusó al gobierno anterior de desviar fondos destinados a las Fuerzas Armadas. Durante la entrega de cinco tanques TAM 2C AC modernizados en Magdalena, Buenos Aires, Petri reveló que se usaron 20 millones de dólares del astillero Tandanor para construir pérgolas y refugios de ómnibus, en lugar de reparar buques.
Petri destacó que estas decisiones políticas con sesgo ideológico retrasaron la modernización de los tanques y otros equipos militares. Afirmó que desde que asumieron en diciembre, el gobierno ha destinado recursos para equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas, incluyendo la adquisición de aviones supersónicos F-16.
La modernización de los tanques TAM 2C AC se realizó en colaboración con la empresa israelí Elbit Systems, mejorando significativamente sus capacidades operativas con tecnología de última generación. El ministro de Defensa enfatizó que se han invertido más de 21 millones de dólares en proyectos de drones, sin resultados concretos hasta el momento.
En su discurso, Petri declaró: “Los recursos han estado disponibles, lo que claramente se les ha dado otro destino por decisión política”. Además, subrayó: “Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó”.
El ministro criticó la falta de inversión y el desvío de fondos en el pasado, subrayando la necesidad de destinar los recursos a los intereses vitales de la patria y no a otros fines. Además, cuestionó la retención de ascensos militares por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la disponibilidad de fondos para la compra de sistemas de armas y la remodelación de bases militares.
La visita incluyó una demostración dinámica de los tanques en la pista de prueba y una exposición de los desarrollos en curso en la planta de producción. Petri concluyó reiterando el compromiso de su gestión con la modernización y el equipamiento de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la seguridad de Argentina.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
