Este miércoles un grupo de diputados opositores presentó un proyecto de ley que establece un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, que contempla, como polémico para varios dirigentes oficialistas, la baja de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos.
En principio, el proyecto plantea una reforma judicial que incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves y/o violentos, la aceleración de los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privadas de la libertad.
La propuesta fue respaldada por los diputados de Juntos por el Cambio Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, quienes aparecen como cofirmantes del despacho. Esta propuesta se asemeja a la del exdiputado mendocino Luis Petri, en la que planteó que la baja de imputabilidad sea 14 años. Aunque también fue planteado por el exministro de Justicia, Germán Garavano en el 2017.
La iniciativa “hace hincapié en dos puntos centrales: la reparación del daño producido por el delito tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos“, dice el texto de la normativa. A diferencias de otras iniciativas presentadas, esta no solamente regula la baja de la edad de la imputabilidad. Ante la comisión de un delito, se propone que los adolescentes culpables puedan realizar todas las medidas de reparación posibles, en lugar de que la única posibilidad sea derivarlos a la cárcel.
Según describe la normativa sigue la noción de “justicia restaurativa”, que pretende explorar nuevos métodos de abordaje a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación de la ley en sí.
En el documento de 37 páginas optan más por medidas socioeducativas en lugar de destinar a los menores a prisión. Es por ello que los diputados sugirieron medidas bajo el marco de “abordaje restaurativo”, entendiendo como un proceso en el que “todas las partes implicadas en un conflicto resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delitos y sus implicaciones a futuro”, haciendo referencia a quien viole la ley, la víctima y la comunidad.
Asimismo, el carácter interdisciplinario de esta medida busca que “las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada” sino que se hagan mediante acuerdos y espacios de escucha que conformen diferentes perspectivas teóricas, “en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas en materia de derechos humanos de adolescentes”, informaron los legisladores que idearon este escrito.
“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, sostuvo Santilli tras ser consultado por esta medida que él acompañó.
Añadió y concluyó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.
