09 febrero, 2025

En los últimos 6 meses, Juan Schiaretti destinó más de 180 millones de pesos en su campaña presidencial

Durante este último año, el gasto del ex gobernador de la provincia de Córdoba fue de más de 180 millones de pesos en propaganda política.
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El frente ‘Hacemos Por Córdoba’ logró quedarse nuevamente con las elecciones provinciales, solo que, en este caso, la lista por la gobernación fue encabezada por Martín Llaryora, debido a que el exmandatario provincial ahora se encuentra haciendo su campaña para presidente junto Florencio Randazzo.

En las últimas semanas, un usuario llamado “Contribuyente Rebelado expuso varias de las pautas que Schiaretti repartió durante el transcurso de este semestre, no solo con Publirevistas S.A., quien es perteneciente a Grupo La Nación, sino también a muchos otros medios como Suquia FM, Cadena 3, hasta América TV.

https://twitter.com/ContribuyenteR/status/1672385231016394753

A lo largo de estos últimos seis meses, se logró hacer un conteo total de los fondos que fueron destinados hacia estas agencias por Juan Schiaretti. La suma absoluta llegó a $184.929.718,00 con la difusión de su propaganda junto a su compañero de fórmula, Florencio Randazzo.

Tras su arribo a Capital Federal hace algunas semanas, Schiaretti fue invitado a los pisos de LN+ para exponer su plan de gobierno. Esta entrevista fue financiada por los contribuyentes cordobeces que desembolsaron un total de 44 millones de pesos por la propaganda electoral. Asimismo ocurrió en Grupo América con una suma de $7.787.401,00.

https://twitter.com/ContribuyenteR/status/1672375033291845632

Respecto a Radio Suquia, el precandidato a presidente de la Nación por el frente ‘Hacemos por Nuestro País’ para terminar de fortalecerse en la propia provincia repartió un total de $19.636.000,00, desde que inició su campaña electoral.

Contribuyente rebelado on Twitter: “¿Querés saber cuanta es la pauta que Schiaretti le dio a Cadena 3 (Radiodifusora del Centro S.A.?2023: $113.973.9862022: $256.462.6852021: $155.316.9482020: $112.069.5172019: $116.010.2382018: $103.724.6382017: $110.691.3492016: $73.011.4942015: $29.037.254SIGUE⬇️ pic.twitter.com/K7rebqA3Zf / Twitter”

¿Querés saber cuanta es la pauta que Schiaretti le dio a Cadena 3 (Radiodifusora del Centro S.A.?2023: $113.973.9862022: $256.462.6852021: $155.316.9482020: $112.069.5172019: $116.010.2382018: $103.724.6382017: $110.691.3492016: $73.011.4942015: $29.037.254SIGUE⬇️ pic.twitter.com/K7rebqA3Zf

El exgobernador cordobés no solo enviaría dinero del Estado a dicha emisora, sino que también utilizó estos bienes para destinarlos a Radiodifusora del Centro S.A., quien participa en el tan conocido medio Cadena 3, con una impactante cifra de $113.973.986,00.

Javier Del Sole

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Un municipio de Salta construirá un muro de 200 metros en la frontera con Bolivia para frenar los cruces clandestinos: “Era un descontrol total”

El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignación del país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.

La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.

Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.

Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.

La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.

Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.

En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.

El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.

Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.

Redacción

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El Gobierno avanzó con una reforma migratoria inspirada en las medidas de Donald Trump

El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.

El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.

– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane

A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.

El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.

La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.

El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.

Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.

Redacción

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FESTEJAN ADORNI Y KARINA | Javier Milei echó a Eduardo Serenellini de la secretaría de Prensa

Tras meses de desgastes y cuestionamientos, Eduardo Serenellini renunció este martes a su cargo de secretario de Prensa de Javier Milei. El funcionario, que resistió como pudo durante largos meses en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada, era duramente cuestionado por la secretaria general Karina Milei desde que se enteró que había habilitado el pago de pauta a medios de comunicación en los que trabajó y se dedicaba a promover decisiones favorables con otras empresas, según las versiones que daban en la cúpula libertaria.

El ahora ex funcionario no tenía el respaldo ni de la hermana del presidente ni de Santiago Caputo, los dos integrantes del Triángulo de Hierro junto al líder libertario. Además arrastraba una interna feroz con Manuel Adorni, el portavoz de Milei.

Pero pese a eso se mantuvo en su cargo de manera insólita durante más de un año. Su estadía en la Rosada le generó enfrentamientos a Milei con el campo y tuvo su capítulo más polémico cuando quedó envuelto en una situación delicada por la aparición de una agencia de publicidad privada cursando pauta oficial, como reveló el sitio La Política Online

* Noticia en desarrollo


Redacción

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El círculo rojo respaldó al Gobierno por el éxito de las reformas pero reclamó “más diálogo”

El lunes 13 se llevó a cabo la primera reunión de la “Mesa del Diálogo Argentino 2025” en Punta del Este, en la residencia del abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Andrés Prieto Fasano, quien impulsó la iniciativa junto al Padre Guillermo Marcó. Empresarios de distintos ámbitos participaron en un espacio multisectorial que buscó “profundizar la cultura del diálogo” y “avanzar en propuestas concretas que favorezcan el crecimiento y la inclusión social en todo el territorio”.

Los asistentes destacaron los resultados del primer año de gestión del presidente Javier Milei, especialmente en cuanto a la obtención de superávit fiscal y la baja de la inflación, pero manifestaron preocupación por el desempleo y los reclamos salariales. Aun así, reconocieron los logros oficiales y remarcaron la necesidad de abrir instancias de diálogo de cara a las elecciones de medio término. Uno de los industriales presentes afirmó que “el Ejecutivo puede tener un buen test electoral y continuar con las reformas necesarias”.

Los participantes resaltaron “la importancia de la inteligencia artificial en todos los procesos de comunicación de esta época” y coincidieron en que estas herramientas pueden “incentivar el diálogo”. Al mismo tiempo, subrayaron que el encuentro estuvo inspirado en la metodología del Instituto del Diálogo Interreligioso, creado por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires, para promover la cooperación y la construcción de consensos. Según explicaron en un comunicado de prensa, “esta primera mesa del Diálogo Argentino 2025 marca el inicio de una serie de encuentros que buscarán sumar más voces y perspectivas”.

“La jornada buscó impulsar una cultura de entendimiento mutuo que oriente a la Argentina hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con mayores oportunidades para todos. Los participantes coincidieron en la importancia de trascender las diferencias sectoriales y construir consensos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país”, agregaron los empresarios. Además, en la reunión se proyectaron futuras instancias de conversación con otros sectores, incluidos sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, bajo la premisa de que “se deberán activar mesas de diálogo, en donde tendrán que estar sentados todos los sectores”.

“El problema que vemos es que la crisis de representación no es solo empresarial”, advirtió uno de los participantes, quien sostuvo que la cooperación y el intercambio de ideas se consideraron pilares fundamentales para definir un futuro más equitativo.

Al finalizar el encuentro, los asistentes coincidieron en que “solo a través de la escucha y el trabajo conjunto se podrán desarrollar soluciones de largo plazo para la Argentina”. Entre los presentes se destacaron:

  • José Urtubey: Abogado, dirigente industrial, cofundador de Grupo Tapebicuá y director de Celulosa Argentina S.A.
  • Bogos Ekserciyan: Presidente de la Unión Industrial de La Rioja y dueño de Ritex.
  • Daniel Hadad: Abogado, periodista y empresario de medios. Fundador de Infobae, C5N, Radio 10, Radio Mega y Radio Amadeus.
  • Vicente Scavone: Empresario farmacéutico de Laboratorios Lasca (Paraguay).
  • Tomi Karagozian: Dirigente industrial y CEO de TN Platex (industria textil).
  • Viviana Zocco: Fundadora y CEO de Ticmas (tecnología educativa).
  • Jennifer Jones: Ingeniera y abogada, parte del equipo Prieto Fasano Abogados.
  • Jacques Patrick Supervielle: Presidente Joven de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y director del Grupo Banco Supervielle.
  • Mirta Fasano: Abogada y arquitecta, profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Sebastián Krongold: Dirigente agropecuario, referente de la producción en Corrientes.
  • Astrid Domínguez Wilson Smith: Empresaria paraguaya en los rubros gastronómico, deportivo y de real estate.
  • Lidia Fasano: Ex jueza y profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Andrés Prieto Fasano: Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, anfitrión de la reunión y promotor de las Mesas del Diálogo.

Prieto Fasano explicó: “La Mesa del Diálogo Argentino es un espacio donde todas las voces son escuchadas y valoradas. Aquí, líderes de diversos ámbitos comparten sus perspectivas y conocimientos, buscando soluciones que beneficien a todos los argentinos. Es un ejercicio de democracia participativa y un compromiso con el futuro de nuestra nación”.

Los empresarios remarcaron que planeaban continuar con estos encuentros de manera periódica para “tender puentes” y analizar la evolución del escenario económico-social de cara a 2025. Con ese propósito, confiaron en que la participación activa de todos los sectores resultaría vital para fortalecer el tejido social y económico argentino, además de asegurar que el diálogo siga abierto para abordar los desafíos que atraviesa el país.

Redacción

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Cristina acudirá a la Justicia para recuperar su millonaria jubilación de privilegio

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente a la Justicia Federal para reclamar la restitución de su jubilación especial, luego de que el gobierno de Javier Milei suspendiera su cobro. La expresidenta percibía dos haberes en simultáneo: su pensión como exjefa de Estado y la asignación correspondiente como viuda de Néstor Kirchner, lo que le permitía recibir una suma millonaria.

Cabe recordar que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, según lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún restan instancias judiciales para que la sentencia quede firme.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo de 2024, la expresidenta percibía un monto bruto mensual que equivalía aproximadamente a 385 jubilaciones mínimas de aquel entonces.

El abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner, presentó ante la ANSES un escrito en el que sostiene que la suspensión de los pagos “vulnera los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y exigió el reintegro de los montos retenidos. En su denuncia, calificó la medida como “un acto más de persecución con fines vengativos, hostigamiento y sectarismo político” por parte del Gobierno. Asimismo, insistió en que la ANSES carece de facultades legales para revocar este tipo de beneficios.

Fuentes del organismo previsional confirmaron que ni Cristina Kirchner ni Amado Boudou —condenado por el caso Ciccone— están cobrando actualmente sus asignaciones especiales. “Por ahora, no cobran un peso”, indicaron.

El pasado 14 de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la decisión de revocar tanto la jubilación como la pensión de la exmandataria. En ese contexto, señaló que la medida representaba “un ahorro de unos $21.827.624 para los argentinos”.

Desde el Gobierno buscan rechazar el reclamo de Cristina Kirchner, argumentando que su situación encuadra en el concepto de “indignidad” previsto en el artículo 29 de la ley 24.018, que impide otorgar beneficios previsionales a quienes hayan cometido delitos dolosos contra el Estado con fines de enriquecimiento. La normativa establece que estos haberes no podrán ser percibidos por quienes hayan sido destituidos mediante juicio político o sumario debido a un mal desempeño en sus funciones.

Redacción

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El Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares retirados y generó un fuerte rechazo

Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:

  • Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
  • Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
  • Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri

En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.

Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.

Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.

A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.

“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.

Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.

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Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.

Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.

AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.

Redacción

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