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El Presidente se encuentra debilitado política y físicamente por las constantes presiones que el kichnerismo doctrinario ejerce sobre su cargo. Cristina Kirchner aumenta su poder dentro del Gobierno desde las oficinas del Instituto Patria. La vicepresidente le “picó el boleto” a Martín Guzmántras la interna que ocurre en torno al debate sobre las tarifas entre el ministro y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo.
Guzmán no está pidiendo la renuncia de un simple encargado incapaz, es en específico un agente especial, ya que Basualdo responde al círculo CFK – Máximo, por lo que el costo político será caro. De hecho, la vicepresidente ya planea su venganza hacia el economista.
“Cristina y Máximo Kirchner cuestionaron los modos de Guzmán para desbancar a Basualdo con la obvia intención de limar al ministro de Economía que ha perdido brillo e influencia en el Instituto Patria. En la Casa Rosada descubrieron una lógica de acoso y derribo que el Instituto Patria ya utilizó con Marcela Losardo: cuando no pudieron cooptar a la entonces ministra de Justicia, el ala dura del kirchnerismo inició un acoso mediático que terminó con su renuncia y la designación de Martín Soria”, escribió correctamente en Infobae, Román Lejtman.
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El kirchnerismo formalizó ayer miércoles un proyecto que buscó suspender las PASO y establecer elecciones “concurrentes” en la provincia de Buenos Aires.Teresa García, senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) en la legislatura bonaerense, fue la encargada de exponer una propuesta con cuatro artículos: en el primero, la suspensión de las primarias; en el segundo, la realización de los comicios provinciales el mismo día que las elecciones nacionales; en el tercero, la facultad del Poder Ejecutivo para adherir a esa modalidad; y en el cuarto, la notificación formal de la nueva normativa al gobierno bonaerense.
“Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, comunicó García en sus redes sociales, donde divulgó el documento respaldado por todo el bloque peronista, incluida la legisladora del Frente Renovador,Sofía Vannelli.
El texto advirtió sobre los riesgos de un eventual desdoblamiento: “La organización de una elección desdoblada por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos humanos provinciales, que no es posible realizar en estos escasos meses que anteceden a la elección”.
La iniciativa contó con el aval de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Según lo expuesto en la Legislatura, la exmandataria buscó unificar los comicios para fortalecer a los candidatos nacionales del peronismo, mientras Massa coincidió en la suspensión de las PASO, pero planteó la posibilidad de votar los cargos locales en noviembre, con el fin de capitalizar un escenario distinto ante el crecimiento de Javier Milei.
De este modo, la postura de ambos chocó de pleno con la estrategia de Axel Kicillof, quien había presentado, la semana anterior al 26 de marzo, un proyecto para derogar las primarias y adelantar la elección bonaerense, a fin de centrar la campaña en los logros de su gestión. El tratamiento de esa iniciativa se pospuso hasta el 3 de abril, después de que no prosperara la intención de votarla el jueves 27 de marzo.
La reacción del entorno del gobernador fue inmediata y contundente. “Rompieron todo”, criticaron en los pasillos de la Gobernación, al considerar que la fecha electoral era “una competencia del gobernador” y que el nuevo proyecto implicaba “intromisión de poderes”.
– Los intendentes de la UCR bonaerense se alinean con Kicillof por las PASO
“Habría que analizar la constitucionalidad”, advirtió una fuente oficial tras la maniobra kirchnerista. Aun así, el propio Kicillof reconoció días atrás que suspender las PASO exigía el visto bueno de la Legislatura, debido a que esas primarias están atadas por ley a las nacionales. “Lo tendrán que explicar”, añadieron voceros kicillofistas, en referencia a la movida de los senadores que respondían a Cristina Kirchner.
La interna en el oficialismo de Provincia de Buenos Aires contrastó con el apoyo que algunos radicales dieron a la postura de Kicillof sobre el desdoblamiento.El Foro de Intendentes de la UCR publicó un comunicado el martes 25 de marzo en el que acompañó la idea de separar la elección, al sostener que “los bonaerenses necesitan debatir sus propios temas provinciales y municipales”. Otros sectores, sin embargo, se mostraron críticos y demandaron una definición urgente del calendario. Desde el PRO, Cristian Ritondo expresó el 26 de marzo: “Hoy volvemos a pedirle que priorice las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses por sobre los conflictos internos con sus socios políticos”.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
El partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta, emitió un comunicado de en el que anunció su decisión de no unirse a alianzas con otras fuerzas. Explicó que prefería diferenciarse de “los partidos tradicionales añosos, que son responsables, por acción u omisión, de que la ciudad esté sucia, insegura, con alto desempleo y mala atención de la salud”.Sostuvo que su principal interés es “beneficiar directamente a los porteños, no a los partidos”.
La fuerza confirmó que competiría en las elecciones porteñas del 18 de mayo de 2025 bajo el sello Remedios para CABA (RPC) y presentó diez “remedios” enfocados, entre otros puntos, en recuperar la cultura del trabajo, fortalecer la seguridad, salir de la especulación financiera y bajar impuestos para impulsar al sector privado. El comunicado tiene las firmas de Mariana Funes (presidenta del Congreso Partidario) y Marcelo Peretta (candidato a legislador).
Desde el partido explicaron que el 19 de marzo vencían las inscripciones para conformar frentes electorales entre los cerca de 80 partidos habilitados en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, las fuerzas que deseaban unirse debían presentarse para ser publicadas luego en un listado oficial. Aclararon que, al no buscar alianzas, Movimiento Plural aparecería más adelante, ya que el plazo para anotar candidatos individuales se extendería hasta el 29 de marzo. Señalaron, además, que mucha gente se había afiliado y que quisieron brindar certeza sobre su participación y el sello bajo el cual se presentarían.
El costo de los medicamentos constituyó el eje central de la campaña. Según la información divulgada, varios laboratorios controlaron gran parte de la producción, lo cual elevó los precios de los remedios, particularmente para los jubilados con bonos desactualizados. El gobierno nacional anunció un plan para abaratarlos mediante la producción local de drogas de alto impacto, aunque Peretta aseguró: “el gobierno miente, lo anunciado representa un mercado mínimo de la canasta de medicamentos”. También afirmó que “hay que apuntar a los productos masivos que son los que consumen la mayoría de los pacientes” y criticó la burocratización del sistema gratuito de PAMI.
Con todo, Peretta prometió presentar proyectos concretos en la Legislatura para enfrentar el aumento de los medicamentos. Así, el Movimiento Plural dejó asentado que se presentaría en las urnas de manera independiente el 18 de mayo bajo una nueva estructura y con propuestas dirigidas a marcar distancia de los partidos tradicionales.
En un giro inesperado dentro del Pro, Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se diferenció públicamente de Horacio Rodríguez Larreta, quien recientemente lanzó su campaña para las elecciones legislativas porteñas. Quirós expresó sus reservas sobre la estrategia de su exjefe, especialmente en lo que respecta a las críticas hacia la gestión de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la ciudad.
El ministro dejó claro en una entrevista que no está de acuerdo con las tácticas confrontativas que Larreta lleva adelante en su campaña: “No es por ahí”, y agregó: “La política es construir, no golpear”.
A pesar de las críticas hacia Larreta, Quirós reafirmó su apoyo al actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien considera “fundamental” para continuar con el proceso de transformación que la ciudad necesita. “Mi compromiso está con Jorge Macri, y con la idea de construir una ciudad mejor, que es lo que nos une”, declaró.
El distanciamiento de Quirós llega en un momento de creciente tensión dentro del PRO, donde varios sectores de la oposición están involucrados en una serie de disputas internas. Cabe recordar que el pasado lunes, Jorge Macri se había diferenciado de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich por la protesta y represión a los jubilados en el Congreso. La actitud crítica de Quirós también refleja la división que persiste en el partido, que se intensificó tras las diferencias entre los dos principales referentes, Larreta y Macri.
Aunque Quirós no descartó una posible candidatura en el futuro, dejó claro que su prioridad en este momento es contribuir al fortalecimiento del espacio político a través de un proyecto de consenso. “No se trata solo de aspirar a un cargo, sino de encontrar soluciones reales para la gente”, explicó.
La principal prioridad del PRO es mantener el control político de la Ciudad, territorio que gobierna hace 18 años. El pasado 19 de marzo, Jorge Macri selló el frente "Buenos Aires Primero", una alianza que agrupa al PRO junto con los partidos Demócrata, UNIR, Ciudades en Acción, Encuentro Republicano Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), liderado por el diputado Oscar Zago, ex presidente de la bancada La Libertad Avanza.
Se espera que hoy se avancen en las definiciones de candidaturas, de cara al cierre de listas del 29 de marzo. En medio de un gran hermetismo, comienza a circular con fuerza el nombre de María Eugenia Vidal, ex vicejefa de Gobierno y ex gobernadora bonaerense. Vidal, que ocupa el rol de jefa de campaña, recorre las comunas de la Ciudad bajo el lema "Fiebre amarilla", participando en actividades con vecinos y militantes del PRO.
El 3 de abril es la fecha elegida por Victoria Villarruel para abrir la sesión especial para tratar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto por el Ejecutivo para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria se produce en medio de una creciente presión política, especialmente por parte del bloque oficialista y sectores del peronismo, quienes exigen el tratamiento de los nombramientos con urgencia.
La decisión de Villarruel de fijar la fecha del 3 de abril responde a un contexto de tensiones dentro del Senado. “La sesión se convocó para tratar los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, a quienes el Poder Ejecutivo propuso para cubrir vacantes en la Corte Suprema”, detalló el comunicado oficial.
El anuncio de la convocatoria fue realizado en un momento clave, ya que la presión por parte del oficialismo se intensificó debido a las controversias que rodean los nombramientos. Según lo señalado por diversos medios, la propuesta de los pliegos había sido solicitada inicialmente por el bloque oficialista, que esperaba un tratamiento urgente en la cámara alta. Sin embargo, Villarruel, que podía establecer el día y la hora de la sesión, optó por evitar nuevos inconvenientes para el Gobierno tras haber logrado aprobar el DNU que permite avanzar con un nuevo “acuerdo” con el FMI.
En este sentido, el senador por el Frente de Todos, José Mayans, declaró: “El retraso en la convocatoria es una muestra clara de la falta de voluntad del oficialismo para avanzar en los pliegos. Queremos que se discuta con la celeridad que requieren los temas que hacen a la justicia en nuestro país”.
La demora también fue vista como una maniobra política, dada la relevancia de los cargos en cuestión. Ariel Lijo, uno de los jueces propuestos, es conocido por su rol en el Juzgado 4 de Comodoro Py, que tiene competencia en varios casos de alto perfil, lo que provoca cierta resistencia dentro de sectores políticos que lo consideran vinculado a intereses del poder. “Lijo es un juez que tiene un historial que no podemos pasar por alto. Su nombramiento a la Corte Suprema tendría implicaciones muy serias para la independencia judicial”, aseguraron desde la oposición.
Desde el entorno de Villarruel, la fecha elegida para la sesión busca “evitar el desgaste innecesario” y garantizar los votos necesarios. Sin embargo, surgieron dudas sobre la composición del voto en el Senado, ya que varios senadores del oficialismo mostraron resquemores frente a los nombramientos, lo que podría complicar la aprobación.
Por otro lado, el pliego de García Mansilla también genera controversias. A pesar de contar con un dictamen favorable, algunos sectores opositores cuestionan su idoneidad para ocupar un cargo tan relevante con el argumento de que su perfil no responde a las necesidades de una Corte que debe reflejar los valores de imparcialidad y justicia requeridos.
La convocatoria a la sesión tiene lugar en un momento clave para el Poder Judicial, dado que la Corte Suprema atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de confianza pública. La necesidad de contar con jueces cuya imparcialidad no sea cuestionada es uno de los temas centrales del debate. Según los analistas políticos, la composición de la Corte Suprema será fundamental en los próximos años, especialmente en un contexto de tensión política y social como el que atraviesa Argentina.
“Es un tema clave, no solo por el nombramiento de los jueces, sino porque la Corte Suprema tiene un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Necesitamos jueces que garanticen la transparencia, la equidad y la justicia en todas sus decisiones”, sostuvo el constitucionalista Félix González.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
