12 marzo, 2025

Frigerio destacó el equilibrio fiscal de Entre Ríos y anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos: “Continuaremos hasta eliminarlos”

El mandatario entrerriano presentó un proyecto de Reforma Tributaria tras revertir el déficit heredado y prometió avanzar hasta eliminar los impuestos regresivos.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.

“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.

Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.

Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.

Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:

  • Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
  • Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
  • Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
  • Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).

En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.

Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.

Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.

El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.

Redacción

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Feministas de ultra izquierda se movilizaron en apoyo al uso del hiyab en escuelas: “Que prohíban la religión católica”

Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.

En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.

Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.

Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”. En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.

Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.

El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.

Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.

Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.

Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.

Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.

“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”

La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.

El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.

El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.

Redacción

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La Policía bonaerense rechazó el escaso aumento de Kicillof y alertó sobre un posible acuartelamiento

La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.

Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.

Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”. 

– Los policías protestando en Ituzaingó

Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.

– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof

Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.

En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:

  1. Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia
    para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
  2. Aumento del 100% del sueldo básico
    (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
  3. Obra social IOMA
    (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
  4. Correcta atención por parte de Provincia ART
    (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
  5. Horas Co.Re.S (horas extra)
    (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
  6. Readecuación de destino
    (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
  7. Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas
    (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
  8. Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos
    (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
  9. Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021
    (por la convocatoria de septiembre de 2020).
  10. Creación de planes de vivienda
    (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).

Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.

Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.

– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato

Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados. 

El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.

Redacción

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Funcionaria de Kicillof gastó $18 millones en un proyector

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por la excandidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout, se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del procedimiento abreviado 547-0477-PAB25. El objetivo de esta licitación es la adquisición de un proyector de imágenes por un monto de 18 millones de pesos, en un contexto donde la provincia enfrenta serios problemas financieros.

Mientras la economía bonaerense se encuentra en una situación crítica y el gobernador Axel Kicillof es instado a priorizar gastos esenciales como la seguridad y la adquisición de patrulleros, el Instituto Cultural decide invertir una suma millonaria en un proyector. Preocupantemente, especialistas en tecnología han advertido al medio REALPOLITIK que existen proyectores profesionales con tecnología 4K de 8 mil lúmenes a un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que genera dudas sobre la elección de un modelo considerablemente más costoso.

Otro aspecto que genera controversia es la escasa disponibilidad del modelo seleccionado. Varios proveedores de tecnología han advertido que podría tratarse de una adquisición con sobreprecio, dado que proyectores con características similares se comercializan a valores mucho más bajos. “Es probable que terminen ofreciendo un producto similar al solicitado por la provincia, pero con un costo hasta diez veces menor al que Saintout está dispuesta a pagar”, señalan especialistas del sector.

La decisión del Instituto Cultural no sorprende en el marco de otras políticas de gasto que han generado malestar en la opinión pública. Recientemente, Saintout ha destinado millonarios fondos a la financiación de murgas y batucadas, con el argumento de respaldar el carnaval como parte de la identidad cultural bonaerense. Si bien estas iniciativas pueden tener un valor simbólico, resulta contradictorio que se asignen presupuestos multimillonarios a eventos recreativos mientras otras áreas claves como salud, educación y seguridad atraviesan una crisis sin parangón.

Este no es el único gasto de Saintout que ha despertado críticas. Recientemente, el Instituto Cultural aprobó una licitación por 1.452 millones de pesos para la limpieza de sus oficinas y dependencias, una cifra que, según consideran empresarios expertos en la materia, es a todas luces desproporcionada. Este gasto se aprobó poco después de que el gobernador Kicillof advirtiera sobre la grave crisis económica de la provincia y las dificultades para cumplir con los salarios estatales. Además, el pliego licitatorio permite ampliar el monto en un 35 por ciento, lo que podría elevar aún más el gasto total.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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ENTRE RÍOS | La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de reforma del Código Fiscal: “Celebramos bajar impuestos”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles la primera sesión especial del 146° periodo legislativo, bajo la presidencia de Gustavo Hein. En esta oportunidad, se dio sanción definitiva a los proyectos remitidos en revisión por el Senado, referidos a las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley N° 5.140 de Contabilidad Pública. Además, los legisladores aceptaron la renuncia de Stefanía Cora (Más para Entre Ríos), quien asumirá en el Senado de la Nación.

Durante el transcurso de la sesión, se dio ingreso y se aprobó por mayoría el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (T.O. 2022). La iniciativa fue aprobada aceptando los cambios introducidos por el Senado al texto que había obtenido media sanción de la Cámara baja a fines del año pasado.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, argumentó en favor de la iniciativa. “Este proyecto ya lo habíamos tratado el año pasado y la Cámara de Senadores hizo modificaciones con aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funcionarios del Poder Ejecutivo y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se escuchó a algunas ONGs”, describió.

“Es un proyecto para celebrar, ya que el gobernador sabe interpretar lo que la sociedad está demandando, que es la baja de impuestos. Esto, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que buscar el equilibrio fiscal y de todas maneras ir reduciendo la carga impositiva en el sector privado, para tener una provincia más competitiva con la Región Centro y para que las empresas empiecen a generar mayor rentabilidad y empleo genuino”, amplió el legislador.

Carlos Damasco (Fe y Libertad), por su parte, manifestó su desacuerdo con la propuesta legislativa y su voto en contra: “Con la reforma se elimina el beneficio por buen cumplimento y no se lo reemplaza con ningún incentivo para los contribuyentes cumplidores. Esto hace que se desaliente el pago en término de los tributos. Un tema no menor son los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, que no tenían vigencia para el año 2024 y se cobraron igual, por lo cual se debería inducir a la devolución o compensación”.

En tanto, Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), expresó el apoyo del bloque que integra: “Vamos a acompañar el proyecto por el trabajo que hicieron nuestros senadores. Nos hubiera gustado que el tiempo que se dio en el Senado, lo hubiéramos tenido en Diputados el año pasado. Seguimos sin compartir el criterio que sostiene el proyecto al fijar las alícuotas en Ingresos Brutos a los distintos sectores productivos”. Respecto de esto último, dijo que “se le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo”. También hizo referencia a la “omisión involuntaria de haber cobrado un adicional de impuestos, que significa alrededor de 18.000 millones de pesos, sin el debido respaldo legislativo” y agregó: “Se pretendía subsanar ese error con otro error, que era legislar en materia impositiva con retroactividad. No era la manera de solucionarlo. Afortunadamente el Senado ha salvado este error, pero lo que no ha quedado salvado es lo que pagaron de más los entrerrianos. Eso tiene que ser devuelto u otorgado como un crédito fiscal”.

Por su parte, Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), agregó sobre el mismo tema: “Estamos para acompañar porque no se puede dilatar más y hay una incertidumbre en el contribuyente”.

Roque Fleitas (La Libertad Avanza), sostuvo: “Acompañamos porque consideramos que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias para que gestione”. No obstante, aclaró: ”No estamos de acuerdo, en el artículo 17, con incrementar la alícuota a las maquinarias agrícolas, porque el campo es el motor de la producción”.

Por otro lado, tuvo ingreso y se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se incorpora el punto 15 al apartado b), inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 5.140. Con este cambio, se agrega a las contrataciones directas por vía de excepción aquellas que están “destinadas a proveer determinados bienes y /o servicios en zonas de islas del territorio provincial vinculadas a finalidades esenciales del Estado: educación, salud y seguridad”.

Redacción

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“La corrupción de RIQUELME está MATANDO a Boca” | Walter Klix cuenta todos los curros en el club

Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.

“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”

Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.

“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.

Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.

Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.

“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”

En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.

“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.

El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.

“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.

Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.

“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.

Redacción

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Casado fulminó a Manes: “En el ámbito médico estaba mal visto por vendehumo”

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”. Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.

Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.

La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.

La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.

En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.

Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.

– El cruce entre Caputo y Manes

La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.

Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.

Redacción

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