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Parodi hizo referencia a la causa en IOMA por una defraudación de más de 600 millones de pesos y el IPS por 750 millones de pesos: “Obviamente que los implicados en el delito están paseando por la ciudad de La Plata. Queremos que devuelvan el dinero porque, en realidad, mientras la Justicia se duerme, ellos se gastan la plata y viven viajando al exterior con lo que se robaron del estado”, destacó.
“Hasta creo que han comprado caballos y a uno le han puesto IPS, miren la impunidad de los muchachos que trabajan en el Instituto de Previsión Social que hasta a un animal de carrera le pusieron IPS porque obviamente lo pagó el Instituto, es decir lo pagaron todos nuestros jubilados”, reveló.
Parodi dijo que “se hacen contrataciones directas, cuasi licitaciones, y en realidad el oferente o el contratado no cumple ni los mínimos requisitos y condiciones que establece la ley para las contrataciones públicas”, finalizó.
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Este mediodía, a través de un comunicado publicado en redes, el Gobierno anunció el cierre del 40% de los registros automotores de todo el país. Según argumentaron desde el Ministerio de Justicia, la medida se tomó para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”. En ese marco, también se recortó en un 30% el personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), que depende la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona.
Los registros automotores son los organismos responsables de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en el país. Según la base de datos de la DNRPA, existen 1.558 registros automotores seccionales, que, durante el año 2023, realizaron un promedio de 254.940 trámites mensuales (3.059.285 a nivel nacional).
“A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”, explicaron desde mencionado Ministerio.
¿Qué dice el comunicado del Gobierno?
Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó la jubilación de privilegio de Alberto Fernández. El organismo realizó el trámite en tiempo récord, tardaron menos de dos meses, por lo que el expresidente cobrará entre 7 y 8 millones de pesos al mes.
El trámite para su jubilación fue iniciado a las pocas semanas de haber finalizado su gestión, en diciembre del año pasado y se llevó a cabo en el expediente número 0240134826860261, que este martes recibió el alta tras pasar por una revisión.
ANSES aceptó, además, abonar un retroactivo de alrededor de 32 millones de pesos a Alberto por los cuatro meses, a contar desde diciembre, que no había cobrado esa pensión graciable para expresidentes.
El vocero del organismo, ahora comandado por el abogado mileista Mariano De Los Heros, manifestó que “la actuación de ANSES se ajustó a derecho y a la ley vigente. Las resoluciones del director ejecutivo cuentan con dictamen del servicio jurídico permanente. No hay forma que una medida de menor rango, como es una resolución del director ejecutivo del ANSES, sea quien sea, modifique el régimen legal vigente”.
Por otro lado, Federico Despoulis, abogado especialista en temas previsionales, señaló que la actual gestión de ANSES “obvió una resolución que todavía esta vigente y que postergó el pago de retroactivos a ex presidentes y vicepresidentes” primero por la pandemia y luego por la crisis económica. Dicho pliego fue prorrogado por Osvaldo Giordano, sucesor de la camporista Fernanda Raverta, primer titular de ANSES del gobierno de Milei.
Ayer miércoles, el presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá, emprendió una campaña para expulsar del partido al ministro de Defensa, Luis Petri. El pedido fue publicado en su cuenta personal de Twitter.
“Estemos a la altura de su doctrina, principios y futuro. Un radicalismo sin miedo ni complejos. El primer paso es con la expulsión de Luis Petri de nuestras filas”, puede leerse en el twitt colgado por Rombolá.
Frente a la postura de la Juventud Radical, el mendocino salió con los tapones de punta: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo kirchnerista?”, respondió Petri, citando el propio mensaje del dirigente porteño.
En noviembre de 2022, el hijo del exministro de Economía, Sergio Massa, fue parte de una inesperada polémica por un viaje a Qatar que estaba por hacer y quedó trunco, por las críticas recibidas.
“Esto, que era mi sueño, lo conseguí por mi cuenta, pero me comí el garrón de ser el ‘hijo de’”, dijo Tomás Massa en sus redes sociales.
Mal que le pese, su problema no es ser el vástago del siempre sospechado Sergio, sino una persona que ostenta un patrimonio que no puede explicar.
Por caso, en esos mismos días se viralizó un video de YouTube donde puede verse un galpón lleno (literalmente) de autos, algunos de ellos clásicos.
Son imágenes subidas hace meses por un joven llamado Ramiro Diz, cuyo “canal” en esa red social se dedica justamente a mostrar automóviles de todo tipo.
La cuestión es que los autos que aparecen en el video se atribuyen al hijo de Massa. De hecho, el tal Ramiro lo dice casi en clave: “Tomás, que es una masa”.
Sea verdad o no la versión, no debería sorprender. Porque la denuncia que Christian Sanz (director periodístico de citado medio) hizo al ministro de Economía por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos aún duerme el sueño de los justos.
De hecho, en el hilo de Twitter que se viralizó con el video en cuestión se hace referencia a aquella presentación, hecha por Sanz a fines de agosto de 2022.
Dicho sea de paso, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, tan afecto a avanzar raudamente en el expediente que investiga el financiamiento del ataque contra Cristina Kirchner, no ha tomado una sola medida de prueba en esta causa judicial.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas. Todo esto es información que… pic.twitter.com/4uxO5Yv8x8