EXPLOTÓ LA INTERNA LIBERAL | Carlos Maslatón: “Karina Milei no es la dueña del Movimiento”
El espacio de Milei es un completo caos. Los ofendidos apuntan contra Karina Milei y el exSIDE, Carlos Kikuchi.
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Las turbulencias dentro de La Libertad Avanza comenzaron a mostrarse públicamente desde marzo. Quienes prendieron la mecha desde las redes fueron el periodista, El Presto, el comunicador Emanuel Danann y el influencer tucumano Welcome Peronia.
Durante un vivo, los tres referentes de la denominada “batalla cultural”, expusieron las falencias del armado de Javier Milei y las peleas internas. Factores que llevaron a que éstos dejen de apoyar la figura del libertario. En esa transmisión, El Presto fue contundente: “El armado de La Libertad Avanza, a nivel nacional, no puede estar condicionado por una tarotista que desconoce al mundo político (refiriéndose a la hermana de Javier, Karina Milei) ni por un excolaborador de la SIDE (por Carlos Kikuchi)”.
Editorial: Hablamos de lo que está pasando en el armado nacional de Javier Milei. Miles de jóvenes desencantados por los polémicos acuerdos en Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, etc. Danann cuenta los motivos por de las internas. Charly, de Welcome Peronia, retrata el conflicto de Milei en Tucumán, con los Bussi.
En ese momento, Welcome Peronia se refirió al armado en Tucumán. “Dejaron de lado a todos los militantes que lo siguen hace más de dos años y que están afiliando gente, por un oscuro acuerdo con Ricardo Bussi, quien es parte política de la casta tucumana y será condenado por abuso sexual”.
Por su parte, EmanuelDanann apuntó a algunos twitteros de Milei que, después de las elecciones de 2021, consiguieron cargo en la Legislatura porteña. “En las redes sociales, a la campaña, se la están armando twitteros que son ñoquis de la Legislatura. Los mismos que le aplauden todo y crearon esa imagen de líder mesiánico que terminó espantando a posibles votantes”.
CARLOS MASLATÓN: DESTRUYAN A KIKUCHI, DESPLACEN A KARINA
Las declaraciones públicas de los tres referentes, abrió el camino para que Carlos Maslatón siguiera esta historia a través de su Twitter. El abogado y puntero político de Javier Milei inspira amores y odios en iguales cantidades. Propios y ajenos coincidirán, inexorablemente, en que Maslatón no es ningún “caído del catre” en lo que a armados políticos se refiere.
El primer tweet de Maslatón que encendió las alarmas
El “polémico” abogado liberal tomó la posta y apuntó toda su furia tuitera hacia el círculo más íntimo de Javier Milei. Para Maslatón, “esta cuestión de la interna es buena, porque hay lucha por el poder, por el manejo del armado político, por las candidaturas”.
Insiste que lo que se discute “es un llamado de atención al líder ‘Milei, fijate lo que está pasando, los operadores están arruinando el sistema político’. Es hora de cambiar. De esto va a haber mucho más”.
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En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.
“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.
“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.
Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.
La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.
Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.
Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.
“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).
— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi
El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.
— El Papa Francisco con Ángel Rossi
“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.
La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.
El ajuste fiscal sobre los ingresos de la población contrasta con la vigencia ininterrumpida de un esquema de excepción diseñado por y para la clase política. Las asignaciones vitalicias no constituyen un beneficio previsional ordinario, sino un régimen regulado por la Ley 24.018 que no exige años de aportes ni una edad mínima para su cobro. Concebidas formalmente como un reconocimiento al mérito y al honor, estas liquidaciones garantizan haberes equivalentes a las remuneraciones de la cúpula del Poder Judicial de la Nación.
La distancia entre estos ingresos y la realidad del ciudadano común expone una brecha insalvable. Un solo haber mensual de la nómina de exmandatarios equivale a varias decenas de jubilaciones mínimas del sistema general y supera por multiplicadores de dos dígitos al Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador formal. Se trata de un nivel de ingresos blindado ante la inflación que se financia de manera directa con los recursos del Tesoro Nacional.
A esta asimetría se suma la paradoja que atraviesa a la propia administración pública en funciones. Mientras los salarios del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentran congelados en torno a los 4 y 5 millones de pesos brutos por decisión política, los exmandatarios percibientes de este régimen duplican, triplican y hasta quintuplican esos montos sin ejercer función alguna.
La nómina de la abundancia
El Estado nacional liquida un total bruto de $219.926.637 mensuales para sostener 12 asignaciones vitalicias vigentes. La cifra equivale a más de 387 jubilaciones mínimas abonadas en un solo mes a este reducido grupo de 12 personas.
Expresidentes
· Alberto Fernández: $26.092.447 (46 jubilaciones mínimas).
· Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $12.691.238 (22 jubilaciones mínimas).
Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner.
Expedientes bajo la lupa
Detrás de la nómina millonaria se esconden particularidades operativas y giros judiciales que pintan la discrecionalidad del sistema. En el caso de Alberto Fernández, ANSES le retiene mensualmente el 30% de su haber bruto por una orden judicial destinada al pago de la cuota alimentaria de su hijo menor, Francisco. Por su parte, Mauricio Macri sostiene públicamente la donación parcial de su asignación a la fundación Margarita Barrientos, mientras que Adolfo Rodríguez Saá cobra varios millones de pesos al mes por un mandato interino de apenas siete días en diciembre de 2001, a diferencia de sus sucesores Ramón Puerta y Eduardo Camaño, quienes renunciaron formalmente a tramitar el beneficio.
El apartado de los exvicepresidentes expone irregularidades institucionales y amparos de largo alcance. Daniel Scioli percibe su jubilación como exvicepresidente mientras ejerce simultáneamente como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, una acumulación permitida únicamente por desempeñarse en el cargo actual de forma ad honorem, por el que cobraría mucho menos si no hubiera renunciado a ese sueldo. A su vez, María Estela Martínez de Perón (95 años) radica en Madrid desde hace décadas y continúa percibiendo su asignación desde el exterior sin condicionamiento alguno.
“Isabelita” junto a Carlos Menem.
El listado consolida también anacronismos históricos y concesiones extraordinarias. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, cobra su pensión por un presidente de facto designado por la junta militar de la dictadura de 1970. El caso más insólito lo protagoniza Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido —quien no fue electo por voto popular—, que cobra su haber tras una transferencia excepcional del beneficio efectuada en la década de 1990 que extendió la pensión a una hija mayor de edad por fuera de las reglas del régimen general.
El panorama previsional se completa con la reciente actualización del frente judicial. Tras las resoluciones de la ANSES dictadas en noviembre de 2024 que revocaron los beneficios de Cristina Kirchner y Amado Boudou por “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, la justicia previsional otorgó una medida cautelar a favor de la expresidenta. Con ese fallo se ordenó la restitución inmediata de la pensión derivativa por Néstor Kirchner, manteniendo a Boudou como el único exmandatario con la asignación completamente dada de baja.
Amado Boudou como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.
El pacto con el menemismo
La embestida contra estas asignaciones constituye una de las banderas centrales del discurso oficialista. La Libertad Avanza promueve la eliminación de las jubilaciones de privilegio como un eje de su política de ajuste a la “casta”, respaldándose en informes técnicos como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, la cruzada moral del Gobierno encuentra un límite difuso al chocar con sus propias alianzas y simpatías políticas.
El origen de este régimen excepcional se remonta a la Ley 24.018, sancionada en 1991 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. El proyecto original en el Senado llevó la firma de un entendimiento bipartidista entre el menemismo —con Juan Carlos Romero, Oraldo Norvel Britos y Felipe Ernesto Ludueña— y el radicalismo —a través de Adolfo Gass, Luis Agustín Brasesco y Eduardo Pósleman—. La norma llevó además la firma de Eduardo Menem —hermano de Carlos Saúl— como presidente del Senado en ejercicio del Poder Legislativo, el mismo dirimiente político que promovió y blindó la norma de privilegio que hoy, tres décadas después, aparentemente cuestiona su propio hijo, Martín Menem, desde la presidencia de la Cámara de Diputados.
Javier Milei, “Lule” Menem y Eduardo Menem —firmante de la promulgación de las jubilaciones de privilegio—.
Es la misma normativa que hoy sostiene la caja millonaria de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem. La vigencia de este privilegio contrasta con la prédica anticasta del Ejecutivo, que al mismo tiempo reivindica la figura del expresidente riojano y cobija a su entorno directo en los puestos de mayor jerarquía del Estado, con Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y Eduardo “Lule” Menem instalado en la cúpula del Poder Ejecutivo.
Esta convivencia política expone una marcada selectividad en la aplicación de los criterios éticos del Estado. Dependiente del poder Ejecutivo, ANSES actuó con celeridad para disponer la quita de beneficios a Cristina Kirchner y Amado Boudou invocando la “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, pero no aplicó la misma vara con el beneficio derivado de Carlos Menem, quien falleció con condenas firmes ratificadas por la Justicia por delitos contra la administración pública, como el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La cercanía y la afinidad personal de la conducción oficial con la familia Menem dejó intacto el haber que mensualmente se liquida a su viuda.
Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— junto a Carlos Menem —quien falleció condenado—.
El blindaje en el Congreso
Pese al impacto mediático del discurso oficial y los intentos legislativos por dar de baja estas asignaciones, la eliminación del régimen se encuentra trabada en el laberinto parlamentario. En junio de 2024, durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso, la Cámara de Diputados votó por mantener las jubilaciones de privilegio tras una ajustada definición donde sectores de la oposición colaboraron para sostener el esquema.
Ante ese revés, los diputados nacionales del MID,Oscar Zago y Eduardo Falcone, redactaron un proyecto específico para desmantelar este entramado. La iniciativa propone derogar no sólo la Ley 24.018 de expresidentes y exvices, sino también la 21.540 de dignatarios eclesiásticos, la 22.430 de legisladores mandato cumplido y la 22.731 del servicio exterior (embajadores, cónsules, etc.), sumando además un mecanismo para que el Ejecutivo invite formalmente a los exmandatarios a renunciar voluntariamente a sus cobranzas. Sin embargo, si bien tuvo un apoyo inicial del gobierno, el por entonces presidente de la Comisión de Previsión y Presupuesto, José Luis Espert, optó por cajonear el proyecto.
José Luis Espert cuando presidía la Comisión de Previsión y Presupuesto.
A la falta de consenso político se le suma una infranqueable valla jurídica: el principio de irretroactividad de las leyes. Diversos constitucionalistas y especialistas en derecho previsional coinciden en que, incluso si el Congreso lograra sancionar la derogación de la Ley 24.018 para los futuros mandatarios, la medida difícilmente pueda aplicarse a los 12 beneficiarios actuales. Al tratarse de derechos adquiridos bajo el amparo de una legislación vigente al momento de su otorgamiento, cualquier intento de quitar el haber por vía administrativa choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Esta combinación de cálculo político y cerrojo judicial garantiza que la erogación mensual superior a los $219 millones continúe saliendo de las arcas del Estado. De este modo, mientras la sociedad asimila la pauta de austeridad y las jubilaciones del régimen general se actualizan a ritmo goteado, el ecosistema de privilegio de la política argentina mantiene intacto su blindaje, exponiendo la distancia entre la narrativa electoral y la dura realidad de las cajas del poder.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
Se trata de Ángel Rossi, cardenal desde 2023 y elector en el cónclave que eligió a León XIV. El arzobispo también ironizó sobre los millones que el Gobierno dice haber sacado de la pobreza.
El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre negocios de todo el país muestra que casi la mitad está peor que hace un año y que seis de cada diez descartan invertir.
