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La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2006 y 2008, Romina Picolotti, fue encontrada culpable por el delito de fraude contra la administración pública, por lo que fue condenada a 3 años de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Para la Justicia, quedó demostrado que pagó gastos personales con fondos estatales.
El fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, se dio a conocer la tarde de ayer, tras haber fallado en línea con el fiscal Diego Luciani, quien había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisión.
Romina Picolotti ocupó el cargo en la Secretaría durante los gobiernos de los Kirchner.
Para la fiscalía, Picolotti no pudo acreditar “los cuantiosos gastos” que se le imputaron, pese a pedir la absolución. Según los cálculos, el perjuicio al Estado argentino fue de $6.941.170.
Entre los gastos privados por los que fue juzgada la exsecretaria de Ambiente se encuentran el uso de fondos gubernamentales para la compra de pasajes de avión, vuelos charters, almuerzos en SushiClub, regalos, productos de farmacia y hotelería, tanto para ella como para su familia.
Alberto Fernández era Jefe de Gabinete cuando Picolotti llegó a la Secretaría.
Previo a conocerse la condena, la ex funcionaria kirchnerista declaró: “Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente, que yo no cometí delito alguno”.
Picolotti llegó al juicio oral, en una causa que se había tramitado en el juzgado federal de María Servini. La imputada alcanzó el puesto en el Gobierno a instancias de Alberto Fernández, quien por entonces se desempeñaba como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Picolotti también ejerció el cargo durante el primer año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta que renunció por la magnitud que habían cobrado las denuncias en su contra en ese momento.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
Según reveló recientemente un informe del diario La Nación, de los 17 candidatos que encabezan las listas para la Legislatura porteña, sólo uno no respondió a la solicitud del medio para presentar y detallar sus proyectos para el distrito: Manuel Adorni, quien conservó su puesto de vocero presidencial mientras encabeza la boleta de La Libertad Avanza, la lista de Javier Milei en la Ciudad.
Esta situación no se trata de un hecho aislado, no estamos ante un caso del mileísmo odiando a La Nación, como promueve recientemente el espacio. Otros medios especializados en verificación de datos, como Chequeado, confirmaron que el equipo de prensa de Adorni tampoco proveyó respuestas detalladas sobre sus propuestas al ser consultados para una nota similar.
Reportes de otros importantes diarios, como es el caso de Clarín, señalaron la ausencia de planes específicos del economista para la Ciudad, contrastando con una campaña que se basó fundamentalmente en criticar al PRO y en polarizar con el kirchnerismo; y en cuanto a la adhesión a consignas, el relato se sostuvo principalmente en el “modelo Milei” y el “ajuste”, sin especificar su aplicación en el ámbito porteño, que es de lo que se esperaría que hablara Adorni en su rol de candidato porteño.
La falta de concreción en temas específicos de la Ciudad, particularmente en materia fiscal, cobra relevancia al recordar antecedentes recientes en la propia Legislatura porteña. El año pasado, mientras los legisladores Ramiro Marra y Eugenio Casielles (cofundadores de La Libertad Avanza), junto al abogado y legislador Yamil Santoro, impulsaban un proyecto de recorte de gasto en el presupuesto de CABA; la legisladora de LLA (y actual presidenta del bloque)ex-camporista Pilar Ramírez y otros miembros fieles al “león” votaron en contra de esa iniciativa, eligiendo prorrogar el presupuesto elaborado por el larretismo, una acción que parece colisionar con el discurso de “motosierra” y “ajuste fiscal” que el espacio promueve a nivel nacional.
El contraste entre la presentación detallada de plataformas por parte de la casi totalidad de los candidatos y la ausencia de las mismas por parte de Adorni, sumado a un enfoque de campaña anclado mayormente en la agenda nacional y en las críticas hacia sus rivales políticos, plantea interrogantes sobre el rol que buscaría cumplir el vocero presidencial en la Legislatura. Los hechos recabados sugieren que la estrategia podría apuntar más a traccionar votos para el espacio en general, que a un compromiso con el debate y la búsqueda de soluciones específicas para los problemas de la Ciudad, lo que alimenta el debate sobre el carácter “testimonial” de su postulación.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
Una foto publicada en X por el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, desató una nueva tormenta interna en el oficialismo. El detalle que golpeó fue la ausencia de uno de los fundadores del movimiento político libertario, el diputado provincial de Buenos Aires, Agustín Romo.
Espert intentó decorar el posteo con un simple: “¡Haremos libre a la Provincia!”. Pero ni los fueguitos de sus seguidores ni las manos levantadas taparon la pregunta que se hizo el mundo twittero libertario: ¿Dónde está Romo?
El primero en meter el dedo en la llaga fue Daniel Parisini, alias Gordo Dan, quién además es amigo de Romo. A él, le siguió una andanada de mensajes replicando su interrogante. @TraductorTeAma también respondió directo al tuit de Pareja: “No reconozco a ninguno de la foto, estuve buscando a este que hizo el espacio desde 0 con nosotros pero no lo vi…”. La acusación no era menor: los que están en la foto no serían los verdaderos fundadores, sino los nuevos gerentes de la libertad designados por Karina Milei.
Las respuestas y retuits no tardaron en crecer y alimentaron el fuego de una interna que viene cocinándose a fuego lento desde hace meses. Como si se tratara de una novela dramática, cada episodio muestra un pase de facturas más sucio que el anterior: denuncias de punteros, acomodos familiares, despidos por WhatsApp y una competencia desatada por ver quién es más fiel al trono de Javier Milei.
Cuando parecía que el guion ya estaba escrito apareció el Presidente. Milei rompió el silencio con un retuit que pareció un misil teledirigido a Pareja y compañía. Ante un posteo cariñoso de Romo—“Todos los días tenemos que agradecerle a Dios por el Presidente que tenemos”—, el primer mandatario respondió con una frase tan emotiva como estratégica: “Muchas gracias Agustín querido del alma…!!!”. La frase no fue inocente. Fue una señal clara: el respaldo está con el que dejaron afuera de la foto.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
Durante la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Pareja, principal armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por un inesperado baldazo de agua justo cuando se disponía a dirigirse a los asistentes. El hecho se produjo en el momento en que Daniel Mollo, histórico relator de Boca Juniors y coordinador local del partido, había dado lectura a la presentación de Pareja. El ataque, habría provenido de una vecina desde un balcón, se puede observar en videos que documentaron el episodio.
“Vinimos a cambiar la Argentina, la Provincia, San Martín. Vamos a volver a gobernar San Martín. Va a volver a ser un distrito que crezca, que sea sano”, exclamó Pareja, antes de ser mojado, destacando que la gestión peronista está “agotada”.
Hasta el momento se desconoce el nombre propio de quién estaría detrás, aunque circula la hipótesis de que “sería alguien que se encuentra disconforme con su modo de conducir y repartir los cargos”. Fuentes internas de LLA admitieron que “la gente ya está bastante desencantada con el gobierno, incluso muchos de los propios”, lo que estaría sumiendo al bloque en “su momento más complejo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia”.
El foco de la tensión interna radicaría en la puja por el armado territorial entre dos sectores antagónicos: el vinculado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, y el alineado con Santiago Caputo, asesor presidencial cuya influencia ha crecido notablemente en los últimos meses. Sebastián Pareja encabeza el primer grupo, ocupando un lugar clave para la expansión de LLA en el distrito electoral más grande del país y designado por Karina para darle “un lavado de imágen” al armado bonaerense.
Por su parte, Santiago Caputo ha denunciado públicamente el uso de recursos territoriales por parte del ala de Karina Milei, señalando el reparto de las cajas del PAMI en distintas provincias como una práctica de clientelismo. El propio Caputo envió un mensaje directo a Pareja y otros operadores del partido, acrecentando la interna.
Un antecedente reciente que refleja la tensión entre ambos sectores fue el caso de Marina Biagetti, militante de la agrupación juvenil “Las Fuerzas del Cielo” que responde a Caputo. Biagetti fue expulsada por Alberto Pascual, coordinador de La Libertad Avanza en Junín que respondía a Pareja. Este suceso generó la inmediata reacción tanto de Caputo como de Daniel Parisini (“el Gordo Dan”), quienes lograron no solo reintegrarla sino también la expulsión de Pascual.
Lo más significativo del caso fue la intervención directa del presidente Javier Milei, quien desde su cuenta de Twitter respaldó a Biagetti, inclinando la balanza llamativamente en favor de su asesor. Este gesto presidencial fue interpretado como un respaldo a Caputo en la puja interna.
“Tienen que intentar ser un poco menos pelotudos porque van a salir todos volando a patadas en el culo. El Presidente nunca defrauda. Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las Fuerzas que vienen Del Cielo”, escribió Caputo desde su cuenta oficial de X.
El gobierno de Milei también busca desarrollar una estrategia para meterse de lleno en la interna peronista para intentar romper al principal espacio opositor de cara a las elecciones de octubre, algo que a la larga llevaría a usar como moneda de cambio las votaciones en la Legislatura bonaerense para hacer crecer la interna en el PJ y aprovechar la fractura entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof para “echar nafta al fuego”.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
