Eugenio Casielles repudió al senador de Milei que justificó la venta de niños: “¿De qué carajo habla este señor?”
El legislador de CABA por LLA, Eugenio Casielles, repudió las declaraciones del senador Juan Carlos Pagotto y apuntó contra él por intentar justificar la venta de niños en el Congreso.
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Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
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El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.
El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.
De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.
El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.
La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.
El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.
La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.
El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.
Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.
La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados.
Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.
Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.
Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.
Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.
Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.
Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.
El rol de Bornoroni
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.
Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.
“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.
Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.
La deuda
Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.
Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.
“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.
Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.
Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.
Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.
En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.
Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.
Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.
Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.
LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%
En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.
En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.
También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.
El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.
El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.
Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.
Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.
Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.
¿De dónde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.
Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.
La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.
La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.
¿Quién es Juan Carlos Molina?
Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.
Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.
La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.
Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.
El afamado economista Juan Carlos de Pablo advirtió, delante del mandatario nacional, que una eventual derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos podría afectar severamente a la Argentina. Lo hizo durante un homenaje a Adam Smith realizado el último miércoles donde ambos compartieron una disertación sobre La riqueza de las naciones.
De Pablo hizo una pausa en su exposición para referirse a las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre en Norteamérica: “¿Qué pasa si el presidente Trump pierde la elección de medio término y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”. La sala atravesó un incómodo silencio.
En esos comicios, los votantes renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y también una parte del Senado, en una elección que pondrá a prueba el respaldo al oficialismo republicano frente a la oposición demócrata.
¿Qué pasa si pierda y se convierte en un pato rengo?
Antes de esa frase, había planteado el vínculo entre la Casa Rosada y Washington. “Ustedes saben que el presidente de la nación anda en muy buena relación con su par de Estados Unidos”. Milei interrumpió esa afirmación entre risas con un irónico “ponele”. La intervención generó risas simpáticas y efusivos aplausos en el auditorio del Palacio Libertad.
De Pablo completó luego su planteo con una referencia al costo político de esa estrategia internacional. “Pero qué le vas a decir, ¿por qué te jugaste con él? La decisión siempre es única. Siempre tenés este dilema entre los beneficios y los riesgos, eso es inevitable”.
El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague más de $101 millones, más intereses y costos judiciales.
Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climático en el norte argentino.
“Hemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infracciones”, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas Rodríguez.
Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.
Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectáreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectáreas en la zona del Quemado Nuevo.
En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió “con el fin de promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos”.
La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podía ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que “no es un salvoconducto para evadir sanciones ambientales”, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.
Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.
La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería inválida. El tribunal, tras analizarla, la declaró válida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.
Según la resolución, los desmontes investigados constituyen un “cambio de uso de suelo” sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una “deforestación masiva” que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente Perín.
La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberá ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderá la resolución en las instancias siguientes.
Historial judicial
La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.
Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aún más su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y está vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda “Ganaderos de Formosa”, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. Allí se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrían sido desconocidos. En ese expediente la Justicia también ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.
Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas más amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.
Además, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas “en negro”, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. También se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.
Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo Insfrán. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fácilmente verificadas mediante imágenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
Regresó a LLA
Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como “diferencias irreconciliables”. En los hechos, una serie de críticas públicas a la conducción política y a decisiones estratégicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachándolo de “impostor” e “impresentable”.
El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este “parte de la casta”. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.
“No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLA”, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legítimos y que incluso mantenía de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio político y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, “Libertad, Trabajo y Progreso”.
Posteriormente, integraría su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.
La ampliación del proyecto Fénix previó USD 165 millones anuales en exportaciones, 1.143 empleos en la etapa de construcción y 504 puestos en operación, con un salto de 9.500 toneladas anuales en la capacidad productiva.
El procedimiento incluye vigilancia policial en los ingresos, clausura de corralones y fiscalización de obras en un barrio atravesado por el crecimiento en altura sin planificación.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
