ESCÁNDALO POR LOS ALIMENTOS | La polémica compra millonaria de yerba que complica al diputado misionero Pablo Puerta
En medio del escándalo por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital humano de la Nación, en el pasado mes de marzo se denunció en forma paralela que durante la gestión del presidente Alberto Fernández, el por entonces Ministerio de Desarrollo Social destinó una suma significativa de su presupuesto a la compra irregular de yerba mate.
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Una denuncia por “irregularidades, sobreprecios y mala calidad del producto” realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en evidencia el manejo fraudulento de un “aliado” del propio gobierno nacional.
Ocurrió que, tras el escándalo de los alimentos retenidos, las autoridades preguntaron por un multimillonario gasto en yerba mate realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández: $18.000 millones en yerba mate por un total de 17.000 toneladas. El monto despachado significó casi un 70% del total de $30.500 millones destinados en ese momento a esos productos básicos para conformar un stock alimentario para “emergencias”.
La licitación pública N° 95-0058-LPU23 firmada por la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue denunciada por el gabinete de Pettovello a finales de mayo. Entre otros cuestionamientos, también se señaló sobreprecios y mala calidad del producto.
Un detalle sorprendió a las filas libertarias. La compra fue realizada a la empresa Yerbatera Misiones, perteneciente al yerbatero Pedro Puerta, además de diputado provincial, es hijo del exgobernador misionero y presidente provisorio tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta.
Desde sus redes sociales, el joven diputado se muestra como un acérrimo liberal libertario de primer ola: Militó la decisión libertaria de recortar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate e incluso logró sumar al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka, quien integraba el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.
Florencia Klipauka, de 27 años, electa diputada nacional las pasadas elecciones
La denuncia de Pettovello acusa a la empresa Yerbatera Misiones de vender al gobierno yerba mate adulterada con Poleo, una hierba usualmente utilizada para el tratamiento casero de problemas estomacales y respiratorios y que en dosis no reguladas puede acarrear consecuencias para la salud. Debido a su bajo precio y aspecto similar a la yerba mate, se utiliza para mezclar con otras hierbas y reducir el costo. Las hierbas son muy caras, por lo que se emplea un pequeño porcentaje de otras hierbas y una mayor cantidad de poleo.
Tras la acusación, el empresario y legislador provincial respondió a través de un comunicado en el que afirma que todo se trata de “otra operación berreta” en su contra y se declara “soldado” del presidente Javier Milei.
Según detallaron medios de Misiones, después que salió la denuncia, se filtró un video donde hay cientos de bolsas de palito y poleo, que se están quemando en un extenso campo del interior de Misiones. El peón que grabó y difundió el video aseguró que se trata de una de los cientos de chacras que tienen los Puerta.
Puerta también desmiente que su empresa haya realizado negocios con el gobierno del Frente de Todos, cuando Tolosa Paz, hoy denunciada por la gestión de Pettovello, ocupaba la cartera social del gabinete del presidente Fernández. “Y mucho menos existe (vínculo) con el Estado”, asegura el yerbatero de la localidad de Apóstoles.
“Evidentemente, que le contemos al país que Misiones es una provincia estatista a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho”, señala Puerta y desafía: “Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor”.
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El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
Una empresa vinculada a un exfuncionario de Daniel Scioli acaba de quedarse con un contrato por $690 millones para mantener los espacios verdes de Casa Rosada y la Quinta de Olivos, en una contratación impulsada por la Secretaría General de Presidencia que conduce Karina Milei.
La revelación fue realizada este viernes por el medio Diagonales y volvió a poner bajo la lupa la presencia de empresarios y exfuncionarios ligados al sciolismo en negocios millonarios del actual Gobierno.
El caso tiene como protagonista a Gustavo Vides, presidente de Grub SA, la empresa adjudicataria del servicio de jardinería, y ex director de Compras y Recaudación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible durante la gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires.
Como si lo antedicho fuese poco, Vides hoy ocupa un cargo en Trenes Argentinos bajo el Gobierno del presidente Javier Milei mientras el ex gobernador bonaerense ejerce como secretario de Deporte, Ambiente y Turismo.
Es solo uno de los tantos casos que muestran que todos los caminos conducen a Scioli ya que, tal como había revelado Tribuna de Periodistas hace dos semanas, ITS International Travel Services SA, la sociedad detrás de Pezzati Viajes, obtuvo una contratación de más de $70 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante una licitación privada que terminó con un único oferente.
En ese caso, el vínculo con el exgobernador bonaerense aparece a través de la familia Pezzati. Nolberto Pezzati, vicepresidente y socio fundador de ITS, es hermano de Eduardo Pezzati, dirigente de Acción Marplatense que en 2007 fue designado por Scioli al frente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, organismo que condujo hasta su fallecimiento en 2012.
A ese antecedente se suma ahora otro dato que también fue revelado por Tribuna de Periodistas relacionado con la empresa Provedent SRL, creada por Gustavo Ferrari, quien fue Asesor General de Gobierno durante la gestión bonaerense de Scioli, quien volvió a recibir un contrato del Estado nacional.
La nueva adjudicación alcanzó los $671,8 millones y elevó a casi $1.800 millones el monto acumulado por la firma en tres grandes contrataciones realizadas durante la gestión de Milei de la mano de Manuel Adorni, Adrián Ravier y Karina Milei.
Pero la cuestión no quedó allí, ya que el según los documentos a los que accedió Tribuna de Periodistas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) adjudicó a ITS International Travel Services SA un nuevo contrato por $305.536.000 para brindar el servicio integral de traslados aéreos, terrestres y alojamiento en tránsito durante el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Es decir que ITS volvió a recibir un contrato millonario a pesar de acreditar conexiones con un secretario del Gobierno de Milei, al igual que viene pasando con Ferrari y con Vides. En todo caso, todos los caminos conducen a Scioli.
*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó nuevamente en el centro de una controversia por sus negocios internacionales. Una investigación reveló que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia celebró acuerdos comerciales por al menos $645.000 dólares con sociedades vinculadas a Gilad Somjen, un empresario israelí con antecedentes judiciales relacionados con declaraciones falsas ante las autoridades fiscales de Israel y una demanda colectiva en Estados Unidos.
Lo más importante de la investigación no es solamente el pasado judicial del empresario, sino el recorrido del dinero que debía recibir la AFA por permitir que determinadas plataformas financieras utilizaran comercialmente la imagen de la Selección Argentina.
Los documentos publicados indican que el patrocinador recibió instrucciones para realizar los pagos a empresas intermediarias radicadas en Estados Unidos y, posteriormente, a una sociedad establecida en Dubái, en lugar de transferir directamente el dinero a una cuenta a nombre de la asociación.
La información surgió de un relevamiento riguroso de los periodistas Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi, complementada con antecedentes judiciales estadounidenses, publicaciones israelíes y registros societarios británicos.
Se logró recabar que entre diciembre de 2025 y julio de 2026, la AFA emitió tres facturas por un total de $645.000 dólares correspondientes a acuerdos de patrocinio con sociedades vinculadas al Gilad Somjen. El primer contrato, firmado en diciembre de 2025, contemplaba un pago de $400.000 dólares a la empresa Snow Media Limited, que actuaba por cuenta de Trade Match Limited, firma de Seychelles vinculada a Hedg.com. Mientras que siete meses después, en medio de las negociaciones para ampliar el vínculo comercial, la entidad emitió una nueva factura por $245.000 dólares en pagaderos a Mood Euro Management LLC.
Gilad Somjen es un empresario israelí vinculado a negocios financieros, tecnológicos y de patrocinio deportivo. Fue uno de los fundadores de 24Option, una plataforma que ofrecía operaciones con opciones binarias y que patrocinó a la Juventus de Italia entre 2014 y 2019.
— Gilad Somjen, conocido por su actividad en los sectores del marketing digital y servicios financieros en línea
Las opciones binarias son operaciones especulativas en las que una persona apuesta, en términos simples, a que el precio de un activo estará por encima o por debajo de determinado nivel en un momento concreto. Pueden provocar la pérdida completa del dinero comprometido y han generado numerosos cuestionamientos regulatorios por sus riesgos y por prácticas comerciales abusivas.
En 2016, Somjen y otros responsables de 24Option llegaron a un acuerdo de culpabilidad por presentar información falsa ante las autoridades fiscales israelíes.Según los antecedentes publicados por el medio económico israelí Calcalist, la maniobra estaba vinculada a ingresos de millones de dólares generados entre 2010 y 2012 que no habían sido correctamente declarados.
La acusación describía una estructura de sociedades registradas en jurisdicciones extranjeras que, formalmente, aparentaban desarrollar sus actividades fuera de Israel. Sin embargo, las decisiones y el control real de esas compañías se ejercían desde territorio israelí.
El propósito atribuido por la fiscalía era evitar obligaciones tributarias. El acuerdo contemplaba penas a cumplir mediante trabajos de servicio, multas personales y pagos a la autoridad fiscal. Estos antecedentes también fueron reconstruidos por el medio de The Times of Israel.
Lo importante de esto para la AFA, es que cuando una organización firma un contrato internacional de cientos de miles de dólares, debería evaluar quién controla realmente la sociedad contratante, cuál es su historial y si existen riesgos legales o financieros.
La demanda colectiva en Estados Unidos
Cloud With Me —el nombre anterior de Snow Media—, Somjen y Asaf Zamir fueron demandados en 2018 ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Pensilvania por la oferta de tokens CLD. Los demandantes alegaron violaciones de la legislación federal de valores y sostuvieron que los tokens habían sido vendidos sin el registro correspondiente. El aviso judicial delimitó la clase a quienes adquirieron esos activos directamente mientras estaban en Estados Unidos entre el 25 de julio de 2017 y el 19 de junio de 2018.
El expediente terminó mediante un acuerdo de $165.000 dólares, aprobado definitivamente el 26 de julio de 2022 por el juez federal Mark Hornak.. El documento judicial es explícito al esclarecer que el tribunal no resolvió el fondo a favor de ninguna de las partes, los demandados negaron responsabilidad y el acuerdo no constituyó una admisión de ilícito.
Por eso, no corresponde presentar esto como una condena. Sí constituye información relevante para el perfil de riesgo, donde hubo litigio federal por una oferta de criptoactivos, se registraron situaciones procesales de default contra los demandados y finalmente se pagó para extinguir las reclamaciones de la clase, aunque sin determinación judicial de responsabilidad.
— Los cofundadores de la empresa Cloud With Me (ahora conocida como Snow Media), Gilad Somjen y Asaf Zamir
Es importante precisar que se trató de una demanda civil resuelta mediante un acuerdo, sin admisión de responsabilidad, y no de una condena penal contra Somjen. Los antecedentes del caso están registrados en la base de litigios de valores de la Universidad de Stanford y en el expediente federal Balestra v. Cloud With Me Ltd.
El 12 de diciembre de 2025, la AFA aceptó una propuesta comercial presentada por Snow Media Limited, una sociedad registrada en Irlanda del Norte. La compañía actuaba en representación de Trade Match Limited, una firma radicada en Seychelles que opera la plataforma financiera Hedg.com.
Mediante el acuerdo, AFA concedió a Hedg.com derechos de patrocinio sobre las selecciones nacionales en Medio Oriente y África, a cambio de $400.000 dólares. Sin embargo, las facturas emitidas por la AFA establecían que el dinero debía transferirse a cuentas de dos sociedades intermediarias, en lugar de depositarse directamente en una cuenta de la asociación.
— Honorable Mark R. Hornak, juez federal de distrito en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Pensilvania
De ese monto, $280.000 dólares debían dirigirse a TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni y Erica Gillette, mientras que los $120.000 dólares restantes tenían como destinataria a CAE Services LLC, una sociedad constituida en el estado estadounidense de Wyoming.
¿Por qué aparecen Javier Faroni, TourProdEnter y CAE Services?
Aquí comienza la parte más delicada de la investigación. Faroni es un productor y empresario argentino cuya firma TourProdEnter LLC mantenía una relación comercial con la AFA desde diciembre de 2021, y conforme a contratos difundidos por la compañía obtuvo facultades para representar comercialmente a la asociación fuera del país y cobrar ingresos derivados de acuerdos internacionales.
En ese contrato se establecía una comisión del 30% sobre ingresos comerciales, junto con otro 10% vinculado a determinadas tareas logísticas. Además, en octubre de 2025, la conducción de Tapia amplió anticipadamente la relación contractual hasta 2030 y extendió las facultades de la empresa. El problema es que TourProdEnter quedó involucrada en investigaciones sobre el manejo de fondos internacionales de la AFA.
— El empresario argentino Javier Faroni habría participado del enlace entre la AFA y el empresario isaraelí
En julio de 2026, la agencia EFE informó sobre una investigación estadounidense referida a operaciones comerciales y financieras de la firma. Entre las hipótesis examinadas figuraban posibles conductas de lavado de activos y fraude bancario. Se trataba de sospechas bajo investigación, no de delitos ya probados.
La segunda sociedad que debía percibir dinero, CAE Services LLC, agrega un elemento distinto. Esta empresa estaba registrada en Wyoming y figuraba vinculada en documentación societaria de 2024 a Juan Schreiber, un empresario de Bariloche. Schreiber había sido señalado como una persona involucrada en la organización de sociedades estadounidenses utilizadas para canalizar fondos vinculados a la AFA. Los periodistas reconstruyeron conexiones con empresas que habrían intervenido en operaciones por al menos $41.9 millones de dólares. Las sociedades fantasma por donde se canalizó el dinero ya fueron cerradas, pero quedaron las huellas de la ruta del dinero.
La conexión no permite concluir automáticamente que los $120.000 dólares del patrocinio con Somjen fueran ilícitos. Lo que hace es volver relevante la pregunta sobre por qué CAE Services era una destinataria del contrato y qué prestación justificaba recibir esa cantidad.
— El DJ, productor musical argentino y el reclutador de testaferros que canalizaron fondos de la AFA, Juan Schreiber
También existe una particularidad numérica. Los $280.000 dólares destinados a TourProdEnter equivalían al 70% del acuerdo inicial y los $120.000 dólares dirigidos a CAE Services, al 30%. Asimismo, no sería correcto asumir que esos $120.000 dólares correspondían a la comisión histórica del 30% que percibía TourProdEnter. La documentación citada no explica que esa fuera su naturaleza.
Solo siete meses después, durante el Mundial, surgió una nueva negociación. El 14 de julio de 2026 se fechó un borrador de modificación contractual que planteaba extender la relación hasta el 31 de julio de 2027 e incorporar una segunda plataforma financiera, Evest.com. La relación entre Evest y la AFA ya tenía presencia pública. El 28 de enero de 2026, la propia asociación informó sobre un evento conjunto celebrado en el Burj Khalifa de Dubái, que presentó como parte de su estrategia de expansión comercial internacional.
— Faroni junto a su esposa, Érica Gillette. Ambos se encuentran investigados por el supuesto desvío y uso indebido de fondos de la AFA
El borrador de julio presenta dos inconsistencias que merecen atención. La primera es económica. La versión en inglés menciona $450.000 dólares, mientras que la versión en español consigna $275.000 dólares. Son $175.000 dólares de diferencia en un documento comercial que debería expresar obligaciones claras. La segunda es contractual, siendo que el texto contempla exclusividad para determinadas marcas, pero también reconoce que la AFA tenía acuerdos con otros patrocinadores del sector financiero, como PU Prime, MiTrade y XTrend.
La factura de $245.000 dólares
Ese mismo 14 de julio, la AFA emitió una factura por $245.000 dólares vinculada al patrocinio de la marca de trading Hedg.com. Lo novedoso fue el destinatario del pago. En lugar de las cuentas utilizadas en diciembre, la factura indicaba que el importe debía dirigirse a Moon Euro Management LLC, una sociedad de Dubái.
En junio de 2026, la entidad comunicó a sus contrapartes que había designado a esa sociedad como nuevo agente oficial de recaudación, con efectos para contratos celebrados desde el 18 de mayo. Pero Moon Euro Management era una compañía de reciente creación y su licencia comercial había sido registrada el 5 de mayo de 2026, y no se identificaba públicamente a sus propietarios o principales ejecutivos.
Aunque tenía domicilio en Dubái, la cuenta bancaria indicada para recibir pagos de la AFA estaba radicada en Grove Bank & Trust, en Miami. La explicación comercial podría ser que la AFA necesitaba una estructura internacional para percibir ingresos de patrocinadores extranjeros y afrontar gastos fuera de Argentina, especialmente por las restricciones cambiarias que existieron durante los años anteriores.
Pese a ello, la existencia de esa justificación no elimina la duda de explicar qué servicios prestó el intermediario, cuáles fueron sus comisiones, quiénes eran sus beneficiarios finales y cómo se contabilizaron los ingresos.
El documento de julio utilizaba como dirección de la AFA su sede histórica de Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la asociación había defendido ante la Justicia el traslado de su sede social a Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. La disputa es importante porque el lugar de radicación legal determina qué organismo provincial o nacional ejerce determinadas facultades de fiscalización societaria.
El 18 de junio de 2026 la Cámara Nacional en lo Civil avaló el traslado a jurisdicción bonaerense y dejó sin efecto medidas de la Inspección General de Justicia vinculadas al control de la entidad. Aún con eso, las comunicaciones comerciales internacionales continuaron utilizando Viamonte como domicilio registrado. Esto constituye una inconsistencia documental relevante para investigar.
Aún así continúa sin estar suficientemente aclarado cuál es el destino final de los pagos del patrocinio. Ni Somjen ni la AFA respondieron las consultas enviadas antes del cierre de esa investigación.
El sobreseimiento de Alfredo Coto, uno de los principales supermercadistas del país, y de su hijo Germán en la causa por el arsenal hallado en instalaciones de la empresa en 2016 todavía no está firme. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró admisible, en una resolución dictada el martes 16 de septiembre, el recurso de casación que presentó el fiscal José Luis Agüero Iturbe contra la decisión del propio tribunal que, un mes atrás, revocó los procesamientos y dispuso el sobreseimiento de los directivos de la cadena y de otros imputados.
La decisión salió por mayoría. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola votaron a favor de habilitar el recurso, mientras que Mariano Llorens se pronunció en disidencia. Con ese resultado, el expediente quedó en condiciones de llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal antes de la Corte Suprema y el mismo tribunal que ya había anulado un sobreseimiento anterior en esta causa.
La revisión estará a cargo de la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
La resolución no reabre los procesamientos ni modifica, por ahora, el sobreseimiento dictado en agosto. Su efecto es exclusivamente procesal: permite que el expediente sea remitido a Casación, donde la fiscalía tendrá tres días desde el ingreso de las actuaciones para comparecer y mantener el recurso. Recién en esa instancia se resolverá si los argumentos del Ministerio Público Fiscal alcanzan para revertir el sobreseimiento o si la decisión de la Cámara queda firme.
Bertuzzi y Yadarola consideraron que el recurso fue presentado en tiempo y forma por quien tenía interés para hacerlo y que la resolución cuestionada resultaba equiparable a una sentencia definitiva. También entendieron que el planteo de la fiscalía sobre una posible contradicción en los fundamentos del fallo, a la luz de la Constitución, involucraba una cuestión federal que debía pasar primero por un tribunal superior antes de que el caso pudiera eventualmente llegar a la Corte Suprema. Los dos jueces, de todos modos, marcaron un límite y aclararon que no advertían que la fiscalía hubiera demostrado un supuesto de arbitrariedad en el fallo, sino más bien una disconformidad con lo resuelto. Aun así, sostuvieron que el planteo sobre la cuestión federal bastaba para habilitar la vía recursiva.
Llorens fue más lejos en su rechazo y apuntó contra el uso extendido de la casación en el proceso penal en general. Según su voto, esa herramienta fue pensada para casos específicos y, en la práctica, “ha visto incrementado su caudal con asuntos a los que debiera ser extraña”. Para el camarista, los argumentos de la fiscalía no satisfacían las exigencias necesarias para abrir la intervención de Casación, y la invocación de arbitrariedad tampoco alcanzaba. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema para recordar que esa doctrina tiene carácter excepcional y no sirve para corregir sentencias con las que una de las partes simplemente discrepa.
La resolución que la fiscalía busca revertir fue dictada el 18 de agosto por la misma Sala I, entonces integrada por Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Llorens. En aquella ocasión, el tribunal sobreseyó a la totalidad de los imputados que habían llegado a esa instancia: Alfredo Coto y Germán Coto, presidente y vicepresidente de la empresa; dos gerentes de la compañía; el exjefe de seguridad; y un oficial de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
El eje de aquel fallo fue la posición de los directivos dentro de la firma. Los camaristas concluyeron que no existía prueba que vinculara a padre e hijo con el manejo operativo de las armas y que, por las dimensiones de la compañía, resultaba inverosímil que sus máximas autoridades se ocuparan personalmente de esas tareas.
Los jueces también tuvieron en cuenta que la propia empresa inició ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) el trámite para regularizar la tenencia del armamento mediante el permiso de usuario colectivo, que estaba vencido. Nadie discutió, sin embargo, la presencia de las armas ni las irregularidades que rodeaban su tenencia: en el expediente constan armas con identificaciones que no correspondían al usuario Coto, pedidos de secuestro sobre algunas de ellas, numeraciones borradas en otras y material vinculado a fuerzas armadas.
Al declarar en la causa Coto padre atribuyó a la Gerencia de Operaciones el control de la recepción de mercadería, la logística, la seguridad tercerizada y la maestranza. Sobre el porqué del armamento, lo justificó por razones de seguridad, a raíz de “los graves y reiterados hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias de la empresa, en particular, en los últimos 20 años”.
La Cámara ya había reconocido esa circunstancia en pronunciamientos anteriores. En 2018, cuando Bruglia, Llorens y Bertuzzi dictaron la falta de mérito de padre e hijo, dejaron asentado que no podían soslayarse las “tensiones producidas por los reclamos de distintas organizaciones sociales en diversos momentos críticos atravesados en el país”, que obligaron a montar operativos de seguridad “con el objeto de contrarrestar las consecuencias perjudiciales que los actos de tal naturaleza podrían acarrear”. En esa misma resolución concluyeron que “esas circunstancias, la intervención de distintas fuerzas de seguridad y, con ella, la necesidad de permanecer en los distintos predios de la firma a fin de cumplimentar acabadamente la misión aludida, generó la necesidad de utilización de varios de sus depósitos para el adecuado resguardo del armamento utilizado”.
La investigación comenzó en agosto de 2016, cuando una inspección de la Anmac solicitada por la propia empresa derivó en el hallazgo de armas, granadas, municiones y material explosivo en situación irregular. El material apareció en un depósito de la calle Paysandú al 1800, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan la casa central y la administración del supermercado, y también en un centro de distribución bonaerense.
En una primera etapa intervinieron el fallecido fiscal Jorge Di Lello y su par Franco Picardi, en el ámbito de la Unidad Fiscal Especializada en Armas de Fuego (Ufiarm). Luego el expediente quedó en manos del juez Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, con Alfredo y Germán Coto como principales imputados por la presunta tenencia ilegítima de material explosivo, inflamable o tóxico sin la debida autorización y por acopio de armas de fuego. Desde entonces, la causa atravesó varias idas y vueltas entre procesamientos, faltas de mérito y sobreseimientos, y ahora volverá a Casación.
El exdiputado nacional por la provincia de Salta Emiliano Estrada, dirigente vinculado a La Cámpora y exintegrante del bloque de Unión por la Patria (UxP), enfrenta una investigación judicial por una presunta utilización indebida de recursos del Estado para desarrollar campañas de desprestigio contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
Todo se produjo cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanello que cite a Estrada a declaración indagatoria por el presunto delito de “haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio”.
En actuaciones anteriores, la defensa sostuvo que la imputación era vaga o imprecisa y planteó la inmunidad de opinión parlamentaria del artículo 68 de la Constitución. La Cámara Federal de Casación rechazó en noviembre de 2025 una impugnación contra el avance del pedido de desafuero que se había originado por la falta de comparecencia de Estrada.
— El fiscal federal Guillermo Marijuan
La acusación sostiene que, mientras ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, Estrada habría empleado a dos asesores remunerados con fondos públicos, cuyos salarios pagaba el Congreso de la Nación, para producir videos y administrar cuentas anónimas de TikTok destinadas a perjudicar a sus adversarios.
La hipótesis de la Fiscalía es que existió una estructura de producción y distribución de contenidos políticos que funcionaba bajo las órdenes del entonces diputado. Según la acusación, durante el mandato de Estrada como diputado nacional por Salta, sus asesores Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand habrían producido y difundido videos desde cuentas anónimas en redes.
Entre los nombres mencionados en las actuaciones y en la cobertura aparecen las cuentas de “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz”, “Informante Salta” y “Casta Salta”. El contenido se dirigía contra funcionarios, empresarios y comunicadores salteños, y algunas publicaciones vinculaban al gobierno provincial con el narcotráfico. A diferencia de lo que ocurrió con sus dos exempleados involucrados, Estrada no ha recibido una condena por estos hechos hasta el momento. La solicitud del fiscal tampoco equivale a un procesamiento ni a una declaración judicial de culpabilidad.
— Florencia Arias Bustamante, la fotógrafa señalada como uno de los presuntos operadores del exdiputado nacional Emiliano Estrada
El punto jurídico más importante tampoco es simplemente que se hayan difundido noticias falsas. La hipótesis de Marijuán es que Estrada, cumpliendo como funcionario habría empleado trabajo financiado por el Estado para obtener un beneficio político propio, conducta que el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal denomina peculado de trabajos o servicios.
Dicho de manera sencilla, si un diputado paga de su bolsillo a un equipo para hacer propaganda agresiva o difundir falsedades, pueden aparecer otros problemas civiles o penales según el contenido, pero no necesariamente peculado. Si ordena esa tarea a empleados pagados por el Congreso, el salario público y el tiempo laboral de esas personas pasan a ser el recurso estatal presuntamente desviado.
No se trataba de una tarea de comunicación institucional identificada como proveniente del despacho del diputado. Se operó mediante perfiles sin autoría política visible, con videos considerados falsos y con el objetivo de perjudicar adversarios, especialmente figuras relacionadas con el gobernador Gustavo Sáenz, enfrentado políticamente con Estrada.
— Alonso Javier Allemand, señalado como el operador técnico de la campaña en TikTok, y quien habría trabajado bajo instrucciones de Estrada
Particularmente Bustamante y Allemand reconocieron su intervención en un juicio abreviado realizado en Salta. En mayo de 2025 fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, además de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, como partícipes secundarios de intimidación pública en la Municipalidad de Cerrillos encabezada por el intendente Enrique Borelli.
La “prisión de ejecución condicional” significa que, en principio, no cumplen la pena dentro de una cárcel, siempre que respeten las reglas impuestas y no incurran en circunstancias que permitan revocar ese beneficio. El juicio abreviado supone que los acusados aceptaron los hechos y la responsabilidad acordada con la acusación, pero esa admisión no reemplaza automáticamente la necesidad de probar la responsabilidad personal de Estrada.
La causa tuvo una trayectoria compleja entre la justicia salteña y la federal. La investigación original examinó la producción y difusión de los videos y derivó en las condenas abreviadas de los dos asesores. Posteriormente surgió en Comodoro Py un expediente centrado en el posible uso de recursos pagados por el Congreso.
Tras conflictos de competencia, la investigación federal por el uso de fondos y personal legislativo quedó bajo el Juzgado Federal N.º 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Casanello. La Corte Suprema fue informada sobre la controversia territorial, pero no resolvió el fondo porque la cuestión de competencia ya había quedado superada. La causa provincial y la investigación federal continuaron por sus respectivos objetos.
La prueba relevante
El elemento más comprometedor que trascendió son las declaraciones de los dos colaboradores. En el acuerdo abreviado dijeron que seguían instrucciones directas del diputado y entendían la producción de esos contenidos como parte de sus responsabilidades laborales. Otras reconstrucciones del expediente señalan que Estrada habría enviado lineamientos o guiones y aprobado los videos antes de su publicación.
Esto es importante por dos razones. Primero, conecta la operación digital con personas contratadas por la Cámara de Diputados. Segundo, intenta atribuir la conducción de la maniobra a Estrada y no solamente una actuación autónoma de sus subordinados. Sin embargo, la declaración de coimputados o partícipes interesados debe ser confrontada con elementos independientes.
El artículo 261 del Código Penal contiene dos variantes. La primera castiga al funcionario que sustrae dinero o efectos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada. La segunda aplica la misma pena al funcionario que utiliza, en beneficio propio o ajeno, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
La jurisprudencia reseñada por la Suprema Corte bonaerense explica que esta figura se consuma con la desviación y aprovechamiento del servicio pagado por el Estado y que exige dolo directo. También señala que el autor debe ser el funcionario que está a cargo de quienes prestan esos servicios.
La pena prevista es de dos a diez años de prisión y inhabilitación absoluta perpetua. Ese es el marco legal abstracto. No anticipa una pena concreta, porque para llegar a ella primero tendría que haber procesamiento o una decisión equivalente, acusación, juicio, condena firme y determinación individual de la sanción.
No obstante, en Argentina no existe un delito general que castigue cualquier mentira difundida en redes. El derecho penal requiere que la conducta encaje en una figura específica. En este caso, la falsedad y el anonimato describen el tipo de trabajo que presuntamente se encargó, pero el núcleo del peculado sería quién pagó indirectamente ese trabajo y para qué fue usado. La ilicitud que plantea Marijuán consiste en convertir recursos humanos del Congreso en una herramienta clandestina de conveniencia partidaria o personal.
En paralelo aparece la figura de intimidación pública, que protege el orden y la tranquilidad colectivos. El artículo 211 vigente castiga el empleo de medios materialmente idóneos para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, ya que por eso no toda injuria, falsedad o ataque reputacional constituye automáticamente intimidación pública.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ayer un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno informe si el presidente Javier Milei cuenta con alguna evaluación que acredite su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo. La solicitud, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, llegó por escrito a la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli.
La nota, firmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en representación de la organización, se dirigió al responsable de Acceso a la Información Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. El propio sindicalista la difundió en sus redes sociales.
El escrito recordó que el Estado tiene un plazo de 15 días para responder. Sin embargo, desde el Gobierno ya trascendió que no contestarán el requerimiento.
Punto por punto, qué pidieron
En primer lugar solicita a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete que informen si existe en relación con Milei “algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica”.
En caso de que esa evaluación exista, el gremio reclamó que “se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente y resultado (“apto/no apto” o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia”.
El segundo punto apunta a las reglas de juego. ATE pidió saber si hay alguna normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente y, si la respuesta es afirmativa, que se entregue una copia.
Por último, el sindicato previó un posible rechazo. Si el Gobierno decide negar total o parcialmente la información, la negativa deberá presentarse por escrito y con fundamentos, con indicación precisa de qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública invoca y con la aplicación del correspondiente test de daño e interés público.
El documento también contempló un escenario adicional. Si no existe ningún tipo de examen o apto médico realizado a Milei, Aguiar exigió que se lleve a cabo para constatar si el Presidente se encuentra en pleno uso de sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
La presentación aclaró que el gremio no requiere información reservada, como la historia clínica o los antecedentes médicos del mandatario. Lo que pide es conocer si Milei está “apto o no apto”, si existen organismos que evalúen su aptitud psicofísica, tal como ocurre con todos los trabajadores del Estado, y si alguna norma prevé esas evaluaciones.
Para respaldar el pedido, ATE citó declaraciones públicas sobre presuntos problemas mentales del Presidente. Entre ellas figuran las del periodista Nelson Castro, el exdiputado Facundo Manes, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el diputado Jorge Araujo Hernández y las de varios psicólogos.
“Acá se controla a los trabajadores”
En su publicación, Aguiar fue tajante. “Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, sostuvo.
El dirigente basó parte del reclamo en la diferencia entre las exigencias que enfrentan los estatales para ingresar a la administración pública y la falta de controles sobre la máxima autoridad política del país. “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, remarcó. Y agregó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.
Aguiar se anticipó a las críticas. “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, aclaró. Luego advirtió sobre el alcance de una eventual respuesta negativa: “Si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.
En paralelo con el trámite administrativo, ATE anunció que impulsará una iniciativa legislativa para que, a partir de las elecciones de 2027, todos los candidatos a cargos electivos estén obligados a realizarse un examen psicofísico preocupacional antes de la presentación de listas.
“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”, propuso Aguiar. El titular del gremio estatal cerró con una advertencia: “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”.
Lourdes Parache pidió en TikTok que la gente “frene el odio” y cerró su cuenta tras las críticas. Sus propios chats con amigas fueron una de las pruebas que llevó a la Justicia tucumana a sobreseer a los cuatro futbolistas.
La low cost presentó ante la Justicia el detalle de su pasivo y la lista de proveedores que le reclaman pagos. El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial N° 24, que todavía debe resolver si abre el proceso.
La Justicia federal investiga si Emiliano Estrada aprovechó los servicios de dos empleados públicos para difundir contenidos contra sus adversarios políticos. Los asesores reconocieron su participación en las maniobras y fueron condenados en Salta.
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