22 febrero, 2025

“Es una operación mediática” | Las declaraciones de ministro de Insfrán sobre el informe que explica la presencia del Cartel de Sinaloa en Formosa

Según el informe del 2021 de la PROCUNAR, la provincia se sumó a la red de rutas del narcotráfico. Sin embargo, en el Ministro de Gobierno de Formosa, antes de la investigación de la justicia, afirma que se debe a que la "oposición carece de proyecto político".
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*Por Leonardo Fernández Acosta

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González (que no da declaraciones a medios que no sean pautados por el gobierno) brindó una entrevista al diario El Litoral de Corrientes, en donde volvió a desmentir que el Cártel de Sinaloa “opere” en Formosa luego de que se mediatizara declaraciones del abogado y especialista en la lucha contra el crimen organizado, Edgardo Buscaglia.

El 9 de marzo, Infobae publicó una entrevista con Buscaglia donde titula que “Un especialista aseguró que CFK no tuvo voluntad política para investigar a los narcos y alertó que el Cartel de Sinaloa ya opera en varias provincias”. Entre esas provincias se encuentran Buenos Aires, Chaco y Formosa.

El Comercial publicó las declaraciones efectuadas en esta entrevista y como es costumbre del ministro, aseguró que se trata de una “operación mediática que desembocará en una acción judicial contra Insfrán”.

Luego fue más allá y dijo que: “Estamos en presencia de una carencia de contundencia política por parte de la oposición para brindar respuestas al pueblo de Formosa y buscando situaciones para tratar de lastimar” destacó González.

Además dijo que se están realizando las diligencias correspondientes para presentar y exigir a la Justicia una investigación por dichas declaraciones. “Cuando vos tenés una oposición que se desarma por cuestiones personales o particulares, pero carece de un proyecto político, se agarran de notas periodísticas, sin indicadores, estudios, ni nada que sostenga tan grave afirmación”, aseguró el ministro quien ya da por sentado cuestiones que recién empiezan a investigarse a partir de una presentación en la justicia federal, aun cuando el narcotráfico es de competencia de los juzgados federales.

Un mal antecedente

En el informe de la PROCUNAR (Procuradoría de Narcocriminalidad) dependiente de Ministerio Público Fiscal de la Procuradoría de la Nación del año 2021, determinaron los tres focos más calientes relacionados con el tráfico, acopio, distribución y venta de drogas ilegales, sobre todo marihuana, cocaína y sintéticas. También alertaron sobre el aumento de la comercialización de precursores químicos. Una variable que demuestra que la Argentina ya dejó de ser un país de tráfico y consumo y pasó a ser fabricante de estupefacientes.

El mapa del narcotráfico en Argentina incluye, como mínimo, a unos 20 líderes narco que seguían operado sus clanes familiares desde las cárceles. Una situación que solo puede ocurrir con la complicidad de las autoridades de distintos niveles, fuera y dentro de las cárceles.

“Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

En estos tres círculos del mapa el narcotráfico “no sólo tiene presencia local, sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país”, aseguran los fiscales federales.

Según el informe del 2021 de la PROCUNAR, la provincia de Formosa se sumó a la red de rutas, junto a Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones. Los caminos de la droga marcan también un destino que desde hace más de una década se trasformó en inevitable: la que llevan a los puertos. Desde allí la cocaína viaja a Europa.

*Fuente: Periodismo Profesional

Redacción

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Marcelo Peretta lanzó su candidatura a legislador porteño con críticas a la gestión actual: “La Ciudad está sucia, insegura y con mala salud”

El dirigente propuso una “renovación liberal” en la Legislatura de CABA, con énfasis en bajar los precios de medicamentos y modernizar el sistema de porteño, impulsando la competencia en el sector y reduciendo el gasto público.

En un acto realizado en el Hotel Savoy, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, el farmacéutico y dirigente gremial Marcelo Peretta presentó su candidatura a legislador porteño por el Movimiento Plural, un partido de orientación liberal que se distancia del presidente Javier Milei. Con un marcado énfasis en la situación sanitaria, Peretta expuso sus principales propuestas y trazó un diagnóstico sobre la realidad que afrontan los porteños: “La Ciudad está sucia, insegura y con mala salud.”

Durante la ceremonia, Peretta, conocido por su trayectoria farmacéutica y bioquímica, señaló la urgencia de impulsar políticas que alivien el costo de las prepagas y los medicamentos, productos que, según puntualizó, más incrementaron su precio, muy por encima de la inflación y afectan especialmente a sectores vulnerables como los jubilados.

En referencia a la situación sanitaria porteña, sostuvo: “Los porteños están disconformes con el sistema de salud, con los turnos, las colas y la mala atención. El Ministerio de Salud está ausente en la Ciudad. Hay problemas con los trabajadores de la salud: con los médicos, con los enfermeros, con los psicólogos, con los bioquímicos. Todos están todos a disgusto. Y el vecino no recibe una buena salud.”

Al profundizar en su experiencia como farmacéutico, afirmó: “Hay que bajar el precio de los medicamentos, conozco el oligopolio de los laboratorios y su cartelización. Hay que enfrentarlos; pero no meterse en sus costos sino obligarlos a competir, promover la instalación de nuevos productores. Hay que instalar más laboratorios para que haya alternativas. Hay que abrirse a capitales extranjeros deseosos de instalarse y contratar personal argentino.”

Asimismo, Peretta denunció la influencia de la industria farmacéutica en la política: “Los laboratorios financian las campañas y compran Ministerios y Secretarías para influir en las decisiones. Nos bombardean con continua publicidad de medicamentos en todos los canales por televisión. Promueven la automedicación, la adicción y empobrecen a la gente induciéndola a comprar medicamentos caros, que muchas veces no necesitan. Quiero continuar el trabajo hecho por el doctor Arturo Illia.”

El candidato por el Movimiento Plural se mostró especialmente crítico con la administración del PRO en la Ciudad: “Ya llevan 18 años en esta Ciudad, que hoy está sucia e insegura porque se escapan los presos.” También reclamó la ampliación de la red de subtes, la reorganización de las bicisendas y la reducción del Estado porteño: “Debe haber menos ministerios y hay que eliminar los comuneros, no cumplen una función necesaria y cobran dos tercios del sueldo de un legislador. Propongo que su función sea asumida por los propios legisladores, designando 4 por cada Comuna que obligatoriamente deban atender las necesidades de los vecinos. No se puede seguir tirando la plata que después no alcanza para la salud.”

Peretta, quien se presenta como un liberal distanciado de Javier Milei, convocó a los votantes a sumarse a su partido: “Quiero salvar al liberalismo, porque si seguimos así la gente va a decir ‘volvamos a lo de antes’, como pasó en 2019.” Además, lanzó duras críticas contra el presidente: “Milei no deja funcionar el mercado, pisa todas las variables. Aplica motosierra a trabajadores, jubilados y pymes, les asegura grandes negocios a los ‘empresaurios’ y usa guillotina con los verdaderos liberales que lo convencieron de dar el paso a la política y lo llevaron a la Casa Rosada. Ya echó a 130 liberales de su gobierno, solo por opinar. Se volvió stalinista.”

En sintonía con sus propuestas de corte productivo, el candidato agregó: “Tenemos que volver a la economía real. De esta se sale produciendo y trabajando, como hace Trump en Estados Unidos”.

Como parte de su lanzamiento, Peretta presentó sus “10 Remedios” para mejorar la calidad de vida en Buenos Aires:

  1. Recuperar la cultura del esfuerzo, la producción y el trabajo.
  2. Respetar, potenciar y respaldar a las fuerzas de seguridad.
  3. Salir de la especulación financiera y volver a la economía real.
  4. Evitar el abuso empresarial y sindical.
  5. Achicar y fortalecer el Estado.
  6. Bajar impuestos y potenciar al sector privado.
  7. Priorizar la nación, la familia, el hogar y la fe.
  8. Frenar la imposición de agendas globales.
  9. Proteger a niños, ancianos, salud y ambiente.
  10. Crear empleo formal y defender el trabajo basado en el hombre, no en la máquina.

“Espero que mis recetas y remedios hagan una Ciudad mejor”, destacó el dirigente al concluir su discurso.

El acto contó con la presencia del diputado Miguel Pichetto y del consultor político Federico González. En tanto, enviaron sus saludos a Peretta figuras como Juan Pagotto, Francisco Poaltroni, Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Domingo Cavallo y Nazareno Echepare.

“Salgo a la calle a hablar con la gente porque los problemas se solucionan metiéndose”, remarcó Peretta, quien busca consolidar su candidatura a legislador porteño con un mensaje de renovación liberal en CABA y propuestas centradas en la salud pública.

Redacción

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El campo rechazó un reglamento de la Unión Europea que limita el comercio de carne y soja: “Afecta nuestra soberanía nacional”

El sector agropecuario argentino expresó su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés), que estableció nuevas restricciones a productos asociados a la deforestación. 

Las entidades del agro afirmaron que la regulación “afectó nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”.

– “Desde el año 2013 entró en vigor el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). El objetivo es garantizar que la madera y los derivados comercializados en el mercado de la UE procedan de prácticas legales y sostenibles”

El encuentro para debatir la postura argentina se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. El subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, presidió la reunión. Allí, las instituciones agropecuarias entregaron un documento donde detallaron sus argumentos en contra del EUDR y solicitaron que este “no entre en vigencia” o, en su defecto, se contemplaran modificaciones para mitigar el impacto comercial negativo para el país.

El texto presentado también planteó que no hubiera inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de nuevos productos en la norma. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina”, señalaron las entidades, que, en paralelo, se comprometieron a avanzar en esquemas de trazabilidad para evitar posibles pérdidas de mercado, aclarando que esta acción no debe interpretarse como un aval al reglamento.

– Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados

Durante la reunión, los funcionarios argentinos coincidieron en relanzar “negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), declaró: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral”.

En un contexto de cambios legislativos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió postergar por un año la entrada en vigor de la normativa 1115. Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se extendió la fecha original del 30 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026. 

Entre otros puntos, la regulación apunta a impedir la comercialización de productos, como soja y carne bovina, que provengan de tierras deforestadas después de 2020.

La nueva versión del texto incluyó la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación, a la que se sumarían las categorías ya existentes de “riesgo bajo”, “estándar” y “alto”. El Parlamento Europeo informó que estos cambios pretendieron “permitir a las empresas adaptarse” y disminuir requisitos en los países clasificados como “sin riesgo”. Sin embargo, la propuesta quedó sujeta a nuevas negociaciones, luego de que el texto regresara a la Comisión de Medioambiente. La Comisión Europea, por su parte, tendrá que finalizar el sistema de evaluación comparativa de cada país antes del 30 de junio de 2025.

Frente a la postergación de la norma, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. Agregó que se trató de “un avance que parecía imposible” tras el trabajo que venían realizando desde hace dos años. A la vez, subrayó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”.

En representación del sector agropecuario participaron la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Finalmente, el gobierno nacional y las entidades del agro acordaron mantener una mesa de trabajo de seguimiento, con el objetivo de sostener el diálogo y las negociaciones en el ámbito local e internacional. “Las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino”, aseguraron en un comunicado, en el que reiteraron el pedido de “no aplicación” del EUDR y el firme reclamo por la defensa de la soberanía nacional y de la competitividad de la producción argentina.

Redacción

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El Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares retirados y generó un fuerte rechazo

Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:

  • Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
  • Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
  • Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri

En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.

Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.

Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.

A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.

“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.

Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.

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Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.

Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.

AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.

Redacción

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ENCUESTA CABA | ¿Cómo impactó la expulsión de Ramiro Marra?

La consultora política Federico González y Asociados publicó los resultados de una encuesta realizada sobre 1.500 casos efectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muestra un escenario electoral marcado por el liderazgo del radical kirchnerista Leandro Santoro en varias categorías, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se consolida como la coalición más votada, aunque pierde apoyo en su flanco más derechista.

En la intención de voto para Senador Nacional por CABA, Leandro Santoro, representante del Movimiento Nacional Alfonsinista dentro de Unión por la Patria (UxP), se posiciona como el candidato más votado, con un 24,5% de las preferencias. La Libertad Avanza, sumando a sus tres principales candidatos (Manuel Adorni, Karina Milei y Martín Menem), acumula un 29,5%, lo que la ubica como la coalición con mayor intención de voto.

Por su parte, el oficialismo de Propuesta Republicana (PRO) aparece fragmentado, sumando un 16,1% entre sus diferentes postulantes. La izquierda, encabezada por Miriam Bregman, alcanza un 6,5%, mientras que un 14% de los votantes se inclina por otras opciones.

En la categoría de Diputados Nacionales, Santoro amplía su ventaja con un 26,1%, el liderazgo de UxP acumula un 32,6% de intención de voto en total. Ramiro Marra, libertario recientemente expulsado de La Libertad Avanza, se posiciona en segundo lugar con un 13,5%, seguido por Manuel Adorni (8,9%). El PRO vuelve a mostrar debilidad, sumando solo un 10,5% en total, mientras que la izquierda mantiene un 3,7%.

Para la Legislatura Porteña, Santoro vuelve a liderar con un 24,1%, mientras que Ramiro Marra se consolida en segundo lugar con un 18,1%. En tercer puesto, Ofelia Fernández (Argentina Humana) obtiene un 7,1%, superando a Fernán Quirós (6,1%) y Waldo Wolff (4,9%), ambos del PRO.

La sorpresa de Peretta y la fragmentación de LLA

El farmacéutico Marcelo Peretta, del Movimiento Plural (liberalismo nacionalista), sorprende con un 4,9% de intención de voto, captando parte del electorado liberal tras la salida de Marra y Diana Mondino de LLA, y de la pelea del gobierno con Victoria Villarruel. La izquierda suma un 6,4%, mientras que la categoría “otros” representa un 11,2% del electorado.

La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, anunciada por el partido debido a su “voto a favor del aumento de impuestos en la Ciudad”, generó un vacío en el espacio libertario que parece estar siendo ocupado por figuras como Peretta. Marra, fundador de LLA, fue expulsado por “no seguir los lineamientos del partido”.

El informe también destaca la debilidad del PRO, que atraviesa una crisis interna reflejada en su fragmentación electoral. Con la salida de Patricia Bullrich y el casi confirmado pase de Soledad Acuña a LLA, el espacio político que gobernó CABA durante las últimas dos décadas aparece dividido y sin un liderazgo claro.

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La encuesta también reveló las principales preocupaciones de los ciudadanos de CABA. El sistema de salud y los hospitales encabezan la lista, con un 71,9% de los encuestados expresando una preocupación “muchísimo” o “bastante”. Le siguen el costo de los medicamentos (65,6%), la pobreza y la marginalidad (64,1%), la corrupción política (59,4%) y la educación (54,7%).

Los resultados globales de la encuesta muestran que Unión por la Patria, con Santoro como principal referente, mantiene una fuerte presencia en CABA, mientras que La Libertad Avanza sigue siendo la coalición más votada, aunque su fragmentación y peleas internas le hacen perder el voto de derecha más nacionalista y antiglobalista.

La irrupción de Marcelo Peretta como una figura emergente en el escenario porteño, junto con la posible incorporación de Ramiro Marra a un nuevo espacio político, configuran un panorama electoral mucho más abierto, variado y competitivo para las elecciones de 2025.

*Con información de encuesta realizada por Federico González y Asociados entre el 23 y el 29 de enero de 2025, con un margen de error de +/- 2,58% y un nivel de confianza del 95,5%.

Redacción

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El Gobierno avanzó con una reforma migratoria inspirada en las medidas de Donald Trump

El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.

El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.

– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane

A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.

El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.

La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.

El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.

Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.

Redacción

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Renunció Claudia Rucci, funcionaria cercana a Victoria Villarruel

Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.

La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”

En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.

La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.

Redacción

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