En plena crisis, el ministerio de las Mujeres adquiere cuatro vehículos nuevos para sus funcionarias
A pesar del agudo brete económico que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández y del imparable aumento de femicidios ocurrido desde la creación de la cartera, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta comprará vehículos para sus laderas políticas.
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Hace casi cuatro meses, en febrero de este año, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, publicó una licitación pública a través de la cual buscó adquirir varios vehículos para uso de sus funcionarias.
La compulsa no pudo haber llegado en un peor momento. Semanas atrás, se había conocido el femicidio de Úrsula Bahillo en manos de su ex novio y efectivo de la policía Matías Ezequiel Martínez, y habían pasado sólo unos días desde que las cifras oficiales confirmaran que, desde la creación del ministerio de las Mujeres en el año 2019, los femicidios no sólo que no habían disminuido, sino que aumentaron en un 15 por ciento, poniendo en duda la efectividad y labor de la cartera que dirige Gómez Alcorta.
Lejos de tomar una postura de autocrítica, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad volvió a la carga por cuatro autos de lujo para sus funcionarias. En efecto, recientemente se llevó adelante la licitación privada 500-18-SCO21, a través de la cual la cartera de Gómez Alcorta comprará cuatro automóviles tipo sedán, de cuatro puertas, con motor 1.6 y cero kilómetro.
Para la misma se confirmaron hasta el momento dos ofertas, una de la empresa Caballito Cars SA por 10 millones de pesos a cambio de cuatro Nissan Versa Advance MT, y otra de la compañía Vemerkiper SRL, por 15.5 millones de pesos.
A pesar de que el presidente Alberto Fernández se mostró en numerosos actos junto a Elizabeth Gómez Alcorta con el objetivo de apoyar a la polémica ministra, ya es un rumor de boca en boca dentro de la Casa Rosada que afirma que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha fracasado estrepitosamente y se mantiene en pie por la única razón que darlo de baja sería implicaría un costo político muy difícil de sobrellevar, especialmente en un año electoral.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
En plena campaña para las elecciones porteñas, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluirá mayores exigencias para el ingreso y residencia de extranjeros, así como mecanismos acelerados para su deportación en caso de delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial para implementar las nuevas medidas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma aspectos del DNU 70/2017, aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021. Sin embargo, desde las redes, se recordó como “el principal impulsor de estas políticas” a Ramiro Marra, el candidato a legislador expulsado de La Libertad Avanza, quien desde hace meses viene reclamando un mayor control migratorio.
Prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales.
Deportación inmediata de quienes cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
Expulsión acelerada de inmigrantes que ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración migratoria.
Pago obligatorio de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, además de la exigencia de un seguro médico al ingresar al país.
Arancelamiento opcional en universidades nacionales para estudiantes extranjeros no residentes.
Mayores requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se concederá tras dos años de residencia continua.
Adorni justificó las medidas al afirmar que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular” y destacó que, en los últimos 20 años, más de 1.700.000 personas entraron al país sin cumplir los requisitos legales. El Estado gasta $114.000 millones anuales en atención médica a extranjeros.
Aunque el anuncio fue realizado por Adorni, “el verdadero abanderado” de esta reforma fue Ramiro Marra, quien desde 2024 viene denunciando el “abuso” de los inmigrantes en el acceso a servicios públicos. En febrero de 2024, el legislador criticó a los estudiantes extranjeros que se benefician de la educación gratuita: “Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Marra también insistió en la necesidad de deportar delincuentes extranjeros y frenar la inmigración irregular. En abril de 2024, celebró la decisión de Milei de expulsar a inmigrantes que cometan delitos: “Suena algo obvio, pero durante décadas en Argentina, la política y la justicia se dedicaron a defender a criminales”, escribió.
El anuncio se produce en medio de la campaña por las elecciones porteñas, donde Adorni es candidato a legislador. Sin embargo, el vocero negó que la medida tenga fines políticos y aseguró que busca “proteger a los ciudadanos argentinos”.
Bullrich, por su parte, busca reimpulsar su política migratoria de 2017, que fue declarada inconstitucional por la Justicia por considerar que vulneraba derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las nuevas normas garantizarán “un país ordenado”, tal como lo expresó Milei en su discurso del 1° de marzo, cuando adelantó la necesidad de reformar el sistema migratorio.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
Durante la conversación con El Presto, Danann dejó en claro que su apoyo a Marra no responde a fanatismos, sino a una necesidad de coherencia ideológica. “¿Qué somos, libertarios o personalistas?”, se preguntó y, a su vez, diferenció su visión del proyecto libertario de una lealtad ciega a figuras como Milei o su entorno inmediato. Aunque valoró su relación con el presidente, advirtió sobre la creciente infiltración de kirchneristas en el espacio.
Danann fue tajante al referirse a la posible candidatura de Manuel Adorni en CABA. Aunque destacó que le cae bien y espera que no sea una postulación meramente testimonial, afirmó: “Yo hoy no podría votar a Adorni por el tren fantasma que tiene atrás”. También mencionó el temor que genera en muchos militantes la figura de Pilar Ramírez y otros personajes ligados al kirchnerismo.
En contraposición, defendió a Ramiro Marra, a quien calificó como un dirigente coherente y leal desde los inicios del movimiento libertario. “Lo humillaron públicamente, lo expulsaron… no se merecía eso”. A su juicio, muchos votantes desencantados con el rumbo que tomó el espacio en la Ciudad podrían inclinarse por Marra: “Parece que ese es el pensamiento de mucha gente que dice ‘bueno, hoy me la juego con Marra, que está desde el principio’. Cuando votaron a Milei, era con Villarruel y Ramiro; ahora están todos separados”.
Finalmente, Danann lanzó una advertencia directa a Milei: si no retoma el liderazgo de su espacio con liberales auténticos, corre el riesgo de ser traicionado por los mismos que hoy lo rodean. “Me parece que la guillotina se la tiene que aplicar a la cantidad enorme de kirchneristas que se le infiltraron en el espacio, y no a tipos como Ramiro Marra, que están desde el principio”. En esa línea, señaló casos como el de Carlos Kikuchi y legisladores que, según él, ya han demostrado deslealtad. “Ojalá construya con liberales, no con kirchneristas, porque lo van a traicionar”, concluyó.
Mientras miles de bonaerenses sobreviven con sueldos de miseria y hospitales colapsados, el gobierno de Axel Kicillof parece más preocupado en asegurar peinados perfectos y cargos a medida que en solucionar los problemas de fondo. Es claro que hace tiempo que la política dejó de ser una vocación para convertirse en una pasarela. Pero lo que ocurre en el círculo íntimo del gobernador ya roza el delirio estético institucional. Mientras las aulas se caen a pedazos, mientras faltan médicos y sobran piquetes, la pareja gobernante parece moverse con el glamour de un set de televisión.
Un posteo y un punto de inflexión
El origen de esta historia podría datarse un 12 de octubre de 2022. Aquella jornada, el peluquero más cool de La Plata, Santiago Giovannone, publicaba orgulloso una imagen en Instagram en la que se lo ve abrazado a Kicillof y a su esposa, la primera dama bonaerense, Soledad Quereilhac, todos estrenando un moderno corte de cabello. Junto a ellos se encuentra otro personaje absolutamente desconocido, llamado Federico Cornet, pareja del famoso coiffeur.
Momentos posteriores a la publicación, Kicillof se trasladó a la Casa de Gobierno para lucir su nuevo peinado en la presentación del programa “Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares”. En su cuenta de Facebook, de la empresa Meta, el mandatario auguraba que “transformar la educación pública desde el cariño y el compromiso, necesita de todos y de todas”.
Pero detrás de la foto hay un detalle no menor: ya por entonces, Cornet cobraba un sueldo público en la esfera bonaerense, aunque nunca hubo demasiadas certezas al respecto. Extraoficialmente trascendió que la pareja del peluquero no percibía un ingreso por cortarle las puntas al mandatario y a la primera dama, sino como parte integral de la planta de trabajadores del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Aunque esto nunca fue aclarado oficialmente.
Hace tres años, Jorge Lanata había advertido irregularidades en esta relación: “Para gente al pedo encerrada en una casa ya está el gabinete de Alberto (Fernández). Lo que no sabíamos es que también había peluqueros con amigos que entraban por la ventana de la política, mientras las ventanillas de empleo público están cerradas para miles de personas con formación real”, explicó.
Pero otra publicación en redes sociales, mucho más reciente, vino a confirmar lo que varios años no lograron.
El 8 de noviembre de 2024, la cuenta oficial de la fundación Ludovica, del hospital de Niños de La Plata, compartió un posteo dando a conocer una actividad con el gobierno provincial, poniendo fin al asunto: “El pasado lunes, nos visitó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz y el asesor de Gabinete, Federico Cornet”.
De este modo, Cornet fue presentado oficialmente como asesor de gabinete durante una visita institucional de la ministra. Allí compartió elogios y fotos en modo funcionario ejemplar. Pero el problema no es solo que la pareja del peluquero no aparezca en el organigrama del ministerio, ni que no se sepa cuál es su función específica, sino que su ascenso parece obedecer a una lógica perversa: la política del amiguismo travestida de inclusión.
¿Un peinado por un puesto?
La cercanía entre los protagonistas resulta visible. Con el tiempo, Giovannone se volvió una especie de estilista de cabecera del matrimonio gobernante. A la par, su pareja fue designado asesor de gabinete.¿Coincidencia? ¿Currículum? ¿O simplemente un caso de insertismo capilar en la administración pública?
Mientras tanto, en una Argentina en crisis, donde la desigualdad de género es un drama estructural, el ministerio que debería liderar esas políticas parece haber abierto sus puertas a un improvisado sin formación conocida. A la luz de los hechos, la única experiencia comprobable de Cornet es su cercanía con Giovannone -el peluquero del poder- y su afición por posar con funcionarios.
El relato oficial habla de equidad, inclusión y justicia de género. Pero desde hace tiempo que lo que se ve detrás de escena es un ministerio que reparte puestos como si fueran turnos en la peluquería. Lo que podría haber sido una política clave para combatir violencias y desigualdades, hoy parece reducido a un círculo íntimo de militantes bien peinados y funcionarios sin función.
¿Qué aporta Cornet a la agenda de género? ¿Qué calificaciones tiene? ¿Qué evaluación de desempeño lo respalda? Al día de la fecha, nadie lo sabe con claridad.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
