El candidato a gobernador de La Libertad Avanza en La Rioja, Martín Menem, quedó lejos de los pronósticos del espacio con el 16% de los votos. De esta forma, nuevamente Ricardo Quintela (FdT) fue reelecto como mandatario provincial con más del 48%.
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Este primer domingo de mayo, las provincias La Rioja, Misiones y Jujuy eligieron gobernador y el oficialismo nuevamente impuso ventaja.
En el caso de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela obtuvo la relección con más del 48% de los votos, en segundo lugar el candidato de Juntos por el Cambio Felipe Álvarez que logró cosechar 33,5%. Por último, el candidato predilecto del espacio de “El León”, Martín Menem, que rescató un 16%.
Resultados sobre el 15% de las mesas escrutadas en la provincia
Con el batacazo que sufrió el sobrino del expresidente Carlos Menem,La Libertad Avanza retrotrae sus pasos y minimiza sus esperanzas de poner frente a Nación a Javier Milei. Si bien individualmente mide bien, no así su espacio a nivel nacional ni tampoco llega a superar a la fuerza opositora de JxC que luego de las PASO logrará marcar una diferencia porcentual debido a que los votos no se diluirán en diversas figuras.
Además, con las elecciones PASO aproximándose no se descartan nuevas alianzas con figuras fuertes del espacio con más intención de voto a nivel nacional Juntos por el Cambio. De hecho, recientemente, se sumó a la lista de precandidatos José Luis Espert, con el claro fin de restarle algunos votos a Javier Milei.
LA REPERCUSIÓN EN LAS REDES
Uno de los primeros en pronunciarse sobre estos resultados fue Carlos Maslatón, ex financista del espacio liberal. Para el abogado, que Menem haya quedado en tercer lugar fue “un fracaso”, incluso dijo que “sucedió lo peor para La Libertad Avanza”.
Sucedió lo peor para La Libertad Avanza. Es un fracaso la elección en La Rioja. No sumó nada Milei con respecto a 2021. Se suma a la no participación absurda en Jujuy y a la payasada de Misiones. Kikuchi, Milei y su hermana son un desastre armando política, 100% fraudulentos.
El panelista de Duro de Domar viene propinando duras críticas al partido liberal que hace un año supo apoyar, aunque en esta oportunidad fue mucho más tajante. En una línea similar varios usuarios se mostraron enojados, frustados y decepcionados con los resultados.
“Milei no existe en el interior. Hay que dejar de pensar que todo es Buenos Aires”, expresó el usuario Fede Fer en Twitter.
Milei no existe en el interior. Hay que dejar de pensar que todo es Buenos Aires
Otra internauta analizó los resultados y dijo: “Gracias a Milei ganó el Frente de Todos”. En cambio, también hubo quienes destacaron ese resultado alegando que es muy buena elección para ser la primera del espacio libertario en La Rioja.
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La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.
Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.
Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.
La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.
Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.
La derrota del “amigo” del Presidente
La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.
Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de rematepara que los empresarios amigos sigan levantandotorres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.
La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.
Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA
Sin techo y con sueldos de miseria
Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.
El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Vista satelital del predio rematado.
La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientrasla Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.
Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.
Entrada a lo que era el predio de la PFA
El modelo extractivo del Estado
La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.
Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.
Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.
Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
La renuncia de Sergio Maldonado dejó al descubierto la interna con Carlos Presti y golpeó a una obra social militar ya desbordada por las deudas, la falta de prestaciones y el suicidio de un suboficial retirado que había denunciado abandono médico.
Mientras el relato oficial se aferra a una “tábula rasa” mal entendida, el armado de LLA se convirtió en un refugio de ex militantes de Moreno, abogados del kirchnerismo, barrabravas, comunistas y dirigentes peronistas denunciados por acoso. Del slogan de la “Argentina distinta” a una estructura nacional plagada de “los mismos de siempre” que el Presidente prometió barrer.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
