Elecciones 2023: Se presentaron 15 listas de precandidatos en Mar del Plata

Más allá del gran número de nóminas locales, el favoritismo se encuentra entre el actual intendente Guillermo Montenegro y la opositora K, Fernanda Raverta.
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Las elecciones están a la vuelta de la esquina en la ciudad de Mar del Plata, más aún con el cierre de listas confirmado ya, en dónde hubo idas y vueltas, rumores, heridos en el camino y hasta negociaciones de última hora. Más bien promesas.

A pesar de todo, 15 son los precandidatos que van en búsqueda del Sillón Municipal de General Pueyrredón. A ello sumada la enorme presencia legislativa, tanto bonaerense como nacional, de figuras de Mar del Plata. Algo de no creer rotundamente.

Guillermo Montenegro on Twitter: “Quiero que en los próximos 4 años sigamos trabajando juntos por la ciudad que todos queremos. pic.twitter.com/Y9iCfqz1wn / Twitter”

Quiero que en los próximos 4 años sigamos trabajando juntos por la ciudad que todos queremos. pic.twitter.com/Y9iCfqz1wn

El mayor protagonista es el intendente Guillermo Montenegro que busca su reelección desde la lista única del oficialismo local, Juntos por el Cambio, yendo detrás de las listas de Diego Santilli y Néstor Grindetti de manera provincial, y las nacionales de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Ahora bien, la lista de concejales se encuentra conformada por los concejales Agustín Neme (PRO), Marianela Romero (UCR), Guido García (CC ARI), Vilma Baragiola (UCR), Julian Bussetti (PRO) y Mónica Lence (ERF).

Guillermo Montenegro on Twitter: “Quiero contarles que @agustin_neme va a encabezar la lista de concejales de Juntos. Estoy seguro que su compromiso y experiencia serán claves para seguir en este camino: trabajar y defender a la ciudad que todos queremos. pic.twitter.com/LSjMJmBCOD / Twitter”

Quiero contarles que @agustin_neme va a encabezar la lista de concejales de Juntos. Estoy seguro que su compromiso y experiencia serán claves para seguir en este camino: trabajar y defender a la ciudad que todos queremos. pic.twitter.com/LSjMJmBCOD

Dentro del territorio legislativo bonaerense, en el sector de Bullrich, el radical Diego Garciera será cabeza de lista. Sofía Pomponio, ex directora de Tránsito y parte del equipo de Gustavo Jara, quedó segunda. Mientras que Johana Pannebianco se ubicó en el cuarto lugar. Emilio Sucar Grau, presidente de UNIR local y provincia, irá en quinta posición.

Haciendo vista directa hacia lo que tiene Rodríguez Larreta, sorprendió la ubicación del concejal Fernando Muro como tercero en la nómina. Siendo así el único marplatense en el sector.

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Ya en el plano nacional, desde el ala bullrichista, Maximiliano Abad logró encabezar la lista de senadores nacionales en La Fuerza del Cambio. Mientras en el larretismo hizo su aparición Emiliano Giri como séptimo precandidato a diputado.

La pelea de listas en el kirchnerismo

Asimismo, vale recalcar que hubo un acuerdo peronista entre Fernanda Raverta, quién será precandidata desde Unión por la Patria bajo el nombre Encuentro Marplatense, y el ex jefe comunal Gustavo Pulti, el cual irá como primer nominado como diputado bonaerense.

Gustavo Pulti on Twitter: “En el Encuentro Marplatense hay lugar para todos y para todas, para cada vecino de esta ciudad. No importa de dónde venimos, importa la Mar del Plata que tenemos que hacer. Para eso formamos un equipo, dónde voy a ser candidato a Diputado de los y las marplatenses. / Twitter”

En el Encuentro Marplatense hay lugar para todos y para todas, para cada vecino de esta ciudad. No importa de dónde venimos, importa la Mar del Plata que tenemos que hacer. Para eso formamos un equipo, dónde voy a ser candidato a Diputado de los y las marplatenses.

La lista de concejales se encuentra compuesta por Horacio Taccone de Acción Marplatense, la referente de la Multisectorial de la Mujer Valeria Crespo, el massista Juan Manuel Cheppi, María Eva Ayala del espacio de Pulti, el titular del CDR Diego García y la consejera escolar del Movimiento Mayo, Eva Fernández.

La batalla para ingresar al podio

El liberalismo, como ya se sabía, irá con el economista Rolando Demaio como precandidato a intendente. La Libertad Avanza de Javier Milei estuvo inmersa en medio de internas muy fuertes, con cruces de los más tensos. Sin embargo, se logró el final.

Juliana Santillán Juarez Brahím on Twitter: “GRAN CANDIDATO a Intendente por General Pueyrredon #MarDelPlata #Batán tiene @JMilei ECONOMISTA, 30 años en el sector Privado. SABE LO QUE DEBEMOS HACER, Y LO HARA. @rolandodemaio es un orgullo tenerte en el equipo de la libertad!! 5° SECCIÓN #VLLC pic.twitter.com/uJ9rTkRhzN / Twitter”

GRAN CANDIDATO a Intendente por General Pueyrredon #MarDelPlata #Batán tiene @JMilei ECONOMISTA, 30 años en el sector Privado. SABE LO QUE DEBEMOS HACER, Y LO HARA. @rolandodemaio es un orgullo tenerte en el equipo de la libertad!! 5° SECCIÓN #VLLC pic.twitter.com/uJ9rTkRhzN

Su lista de precandidatos a concejales se compone del abogado Emiliano Recalt, siendo acompañado por su colega Cecilia Martínez, el escribano Juan Pi de la Serra y la contadora Vanesa Benavídez. Afuera quedó Guillermo Raúl Sáenz Saralegui, el arroyista. El concejal, ex massista, macrista y kirchnerista, Alejandro Carrancio, integra la nómina de diputados provinciales.

Del otro lado de la brecha, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores irá a una megainterna de 4 listas: Alejandro Martínez (Partido Obrero), Marcelo Roldán, Rosa Mairegui (PTS) y Marcos Pascuán (Nuevo Más). Una total locura.

En lo que es la lista de Martínez, como precandidata a legisladora provincial por la Quinta Sección Electoral tendrá lugar Sonia Magasinik del MST y de aspirante bonaerense Walter Orozco, del Polo Obrero. María Demateis, secretaria general de la comisión interna de Textilana Mauro Sergio integrará la nómina de diputados nacionales.

Después, se encuentra también el edil Nicolás Lauría, quién confirmó que irá a precandidato comunal por Creciendo Juntos. Los aspirantes a concejales del espacio vecinal serán Franco Luna y Natalia Russo.

https://twitter.com/nicolauria/status/1672699017640157185

En la misma línea del peronismo que va por fuera, se hizo un espacio Hacemos por Nuestro País con el binomio Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. En Mar del Plata, sin embargo, tras idas y vueltas, apareció el mediático gremialista Fabián Giovanniello como precandidato a intendente. Como diputado bonaerense, Álvaro Fanproyen está en la nómina seccional.

A su vez, en lo que respecta a otra lista del peronismo, el dirigente Néstor Troiano confirmó su precandidatura a intendente por el espacio Corriente de Pensamiento Bonaerense, de cara a lo que serán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Fabian Giovanniello on Twitter: “Más que les pese a Muchos, soy el único pre candidato a Intendente Peronista en Batan, Sierra de Los Padres y Mar del Plata. pic.twitter.com/YtLyp2ojfM / Twitter”

Más que les pese a Muchos, soy el único pre candidato a Intendente Peronista en Batan, Sierra de Los Padres y Mar del Plata. pic.twitter.com/YtLyp2ojfM

En este espacio, también la marplatense Mónica Biasone, profesional de larga trayectoria en la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue incluida como precandidata a diputada nacional.

Otra agrupación de izquierda que presentará lista local en las PASO será Política Obrera por la que la dirigente docente María Fernanda Díaz será la precandidata a intendente, en tanto que Pablo Guida, Mirta Flores y Sergio Prieto serán los primeros precandidatos a concejales y María Rosa Díaz encabezará la nómina para consejeros escolares.

https://twitter.com/Conicetmdp/status/1533858555220066304

Además, en lo que son los desprendimientos por izquierda, el espacio Política Obrera incluyó a la marplatense Agustina Vaccaroni como precandidata a diputada bonaerense por la Quinta Sección Electoral, acompañada por Jeremías Kiss y Daniela Rumbola.

Por otra parte, Rodrigo Blanco, abogado y director de Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana, será el precandidato a intendente por Libres del Sur.

Rodrigo Blanco on Twitter: “Firmé mi candidatura a Intendente de Mar del Plata y Batan. Estoy convencido que #OtraMarDelPlata es posible.Junto a Lorena Quiroga encabezaremos la lista de Libres del Sur que disputará las elecciones este 13 de Agosto. pic.twitter.com/01uzv8Fybo / Twitter”

Firmé mi candidatura a Intendente de Mar del Plata y Batan. Estoy convencido que #OtraMarDelPlata es posible.Junto a Lorena Quiroga encabezaremos la lista de Libres del Sur que disputará las elecciones este 13 de Agosto. pic.twitter.com/01uzv8Fybo

El partido Todos por Buenos Aires anunció públicamente que Ismael Ponte será su precandidato a intendente, mientras que Alicia Ledesma encabezará la de concejales. Por su parte, el dirigente César Moraiz también hizo lo propio respecto a la presentación de su aspiración bajo el mismo espacio, con lista de concejales integrada en los primeros lugares por Perla Giménez, Eduardo Nicolás Repetto y Nadia Andriola.

Desde el espacio Alternativa Republicana Federal (ARF) anunciaron que el dirigente portuario Daniel Tunoni se presentará como precandidato a intendente y lo haría de la mano a nivel nacional del precandidato a Presidente, Guillermo Moreno.

https://twitter.com/led_elizabeth/status/1672750035639885824

Por último, el Movimiento de Integración Federal difundió que Osvaldo Rubén Alonso será su precandidato a intendente en Mar del Plata, y la nómina de concejales está integrada en los primeros lugares por Marta Fiorenza, Ernesto Bilik y Angélica Rojas.

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El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

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El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

Milei habilitó por decreto la exploración petrolera del Mar Argentino a una firma británica con sede en un paraíso fiscal

Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.

El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.

La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.

El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.

Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.

El beneficiario y la jurisdicción

La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.

La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.

Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.

En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.

Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.

El conflicto de intereses

La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.

Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.

El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.

Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.

La letra chica y la soberanía

El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.

Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.

Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.

Contexto de tensiones

La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.

Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.

*Por Augusto Grinner

Autorizado por el Gobierno, Flybondi no vuela hace diez días pero sigue vendiendo pasajes

Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.

El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.

La estafa al pasajero

Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.

Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados. La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.

Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.

Inacción gubernamental y causas de la crisis

El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.

El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresas que operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.

La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.

*Por Augusto Grinner

El “Pollo” Sobrero se reunió con Villarruel y le advirtió sobre un “inminente colapso” del sistema ferroviario

La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.

La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.

Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.

Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.

La advertencia de masacre

Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situación límite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.

La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo tras la declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado

Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.

22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.

El frente legislativo y la presión al Ejecutivo

La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.

Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.

Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.

Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

*Por Augusto Grinner

La gestión de Kicillof pagó $1.265 millones en intereses por atrasarse con proveedores

Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.

No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.

El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.

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Una factura que pagan todos los bonaerenses

La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David JacobyPese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.

El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.

— David René Jacoby

La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.

Una auditoría incompleta

El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.

El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.

La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.

*Fuente: Realpolitik

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