22 diciembre, 2024

El PRO impulsa un proyecto para frenar las apuestas ilegales entre menores

Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
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El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.

Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.

El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.

La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.

Pero el problema va mucho más allá del deporte. En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.

Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.

El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.

Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.

En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.

A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.

– El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un convenio con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, con el fin de responder a las denuncias sobre sitios de apuestas ilegales

La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.

CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…

El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.

El debate en el Congreso

Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.

“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.

La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.

Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.

De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.

En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.

En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.

Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.

“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.

Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.

Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:

Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/

En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.

Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.

Redacción

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Kicillof propone que Buenos Aires controle Aerolíneas frente a una eventual privatización y busca respaldo de gobernadores K

Axel Kicillof volvió a protagonizar un controvertido anuncio, esta vez relacionado con Aerolíneas Argentinas. Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatario dejó en clara su postura: si el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de la aerolínea estatal, Buenos Aires está dispuesta a asumir su control.

“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. La Provincia sí la quiere”, expresó, acompañado por representantes sindicales y antiguos directivos de la compañía. El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre los sectores que abogan por el ajuste fiscal y quienes defienden el modelo estatal.

Kicillof detalló que la cabecera genera ingresos de más de 2.600 millones de dólares anuales y sostiene 81.000 empleos directos e indirectos, resaltando su impacto en el turismo y las economías regionales. Además, calificó la posible privatización como “un intento de vaciamiento” que la Provincia no permitirá.

“Si el gobierno nacional quiere liquidarla, que sepa que la Provincia la va a sostener. No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. La patria no se vende”, sentenció, en un claro desafío a la administración de Milei.

El gobernador también anunció un plan para convocar a otros mandatarios provinciales y sectores estratégicos con el objetivo de construir una “estrategia colaborativa” que impida la privatización. Los gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, respaldaron su postura, alertando sobre el impacto social y laboral que podría una eventual venta.

La propuesta de Kicillof, sin embargo, genera interrogantes. Los especialistas advierten que un traspaso de este tipo requeriría la aprobación del Congreso Nacional y exigiría enormes recursos para garantizar la operatividad de la aerolínea, la cual depende de subsidios multimillonarios.

Pese a esto, el gobernador no escatimó en elogios hacia Aerolíneas Argentinas, calificándola como “una pieza clave en el rompecabezas de la Argentina federal” y sugiriendo que la compañía es “de las mejores del mundo”. Según afirmó, la Provincia ya está “explorando todos los caminos posibles” para asumir el control si la Nación decide desprenderse de ella.

Redacción

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Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar

A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.

A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.

Silencio forzado y caza de filtraciones

Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.

La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.

El entramado judicial y los nexos locales

El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.

Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas

El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.

Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.

Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.

Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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ESCÁNDALO | Denuncias y amenazas por una pelea de generales en el Ejército

En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.

La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.

Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.

Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora.

“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.

La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.

Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.

Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.

Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.

Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.

Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.

“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.

PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:

La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.

Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.

En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.

Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.

Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.

Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredo en una reciente formación en el Edificio Libertador.

Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.

Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.

Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.

Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.

Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.

En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petri de “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.

*Fuente: Diario Clarín


Redacción

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Villarruel pidió una sesión navideña para bajar las dietas (de casi $10 millones) a los senadores pero hasta los libertarios se oponen

Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.

El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.

El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.

Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.

Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.

Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.

Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.

La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.

De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.

En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.

Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.


*Fuente: La Política OnLine

Redacción

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Diputada de Kicillof presentó un proyecto de ley para homenajear al inodoro

En medio de una agitada discusión legislativa por el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada bonaerense Viviana Guzzo, perteneciente a Unión por la Patria, presentó un proyecto que causó sorpresa y polémica: declarar al inodoro como “un lugar para la paz”. Pese a su afán por instalar la curiosa temática en la agenda, la propuesta no fue debatida ni aprobada sobre tablas, en un contexto marcado por demandas sociales urgentes y necesidades básicas insatisfechas.

La iniciativa de Guzzo se apoya en el Día Mundial del Retrete, establecido cada 19 de noviembre por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el proyecto, se buscaba “declarar de interés legislativo el lema ‘El retrete es un lugar para la paz’ en el marco del Día Mundial del Retrete (inodoro) 2024 establecido cada 19 de noviembre por la ONU”. La diputada oriunda de Los Toldos —Partido de General Viamonte— argumentó que “el saneamiento es un derecho humano” y que la falta de acceso a un inodoro adecuado y seguro “minimiza la capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.

La legisladora sostuvo que “todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos”. En el texto presentado, además, se advirtió que los sistemas inadecuados, dañados o rotos “pueden provocar contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.

Guzzo también enfatizó en la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la falta de saneamiento: “La falta de servicios de saneamiento, agua e higiene gestionados de forma segura hace más vulnerables a las mujeres y las niñas, en particular, a los abusos, los ataques y la mala salud, lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.

inodoro

La diputada, al fundamentar su propuesta, consideró que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. En este sentido, mencionó el Plan Federal Sanitario “Mi Baño”, lanzado en 2023, que buscaba erradicar letrinas y mejorar las condiciones de saneamiento para las poblaciones más vulnerables.

La iniciativa describía tres líneas de acción para el Día Mundial del Inodoro 2024:  

  • “El inodoro es un lugar para la paz”: Según el proyecto, este espacio esencial “debería ser seguro y no suponer un riesgo”, y se señaló que el saneamiento mundial “corre peligro a causa de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.  
  • “El inodoro es un lugar de protección”: Al aislar los desechos, el saneamiento adecuado resulta “crucial para la salud pública y ambiental”, evitando así la proliferación de enfermedades mortales.  
  • “El inodoro es un lugar para el progreso”: Un adecuado servicio sanitario protege la dignidad y transforma vidas, especialmente la de mujeres y niñas. “Más inversión y una mejor gestión del saneamiento son claves para un mundo más justo y pacífico”, puntualizó la diputada.

A pesar de los argumentos presentados, la propuesta no logró avanzar en la Legislatura. Este resultado se atribuye tanto a la falta de consenso como a la sensación de desconexión entre las prioridades reales de la ciudadanía y las temáticas planteadas por ciertos legisladores. La propuesta, vista por muchos como trivial en un contexto de crisis económica y social, también generó un debate sobre el uso del tiempo legislativo para cuestiones percibidas como menos relevantes.

Por otro lado, Guzzo intentó justificar su iniciativa destacando el papel central que tiene el acceso al saneamiento en los derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades. “El acceso al saneamiento es fundamental para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. En especial, las mujeres y niñas que son las más afectadas por la falta de servicios higiénicos seguros”, afirmó la diputada en declaraciones posteriores a la presentación del proyecto.

Cabe destacar que este no es un caso aislado en la trayectoria legislativa de Guzzo. La diputada también estuvo involucrada en otros proyectos que han generado opiniones divididas, como el intento de declarar al cantante Carlos “Indio” Solari como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. Aunque la iniciativa logró cierta tracción en un principio, finalmente perdió estado parlamentario, dejando en evidencia los desafíos de lograr consenso en temas que no siempre son prioritarios para la agenda política.

Redacción

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GUÍAS DE HACIENDA: El “curro” que asfixia al campo cordobés y encarece la carne

Las guías de hacienda municipales, un tributo históricamente cobrado por municipios y comunas para el traslado de ganado, desataron una fuerte controversia en el arco noroeste de la provincia de Córdoba. Las Sociedades Rurales de la región emitieron un comunicado tildando esta práctica de “una desagradable costumbre de currar” y exigieron su inmediata eliminación por la falta de contraprestaciones.

En una reunión realizada el 22 de noviembre con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, dirigentes de las rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Villa Dolores, Arroyito, Deán Funes y la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero (ACIPRO), plantearon su descontento y recibieron el compromiso del funcionario para trabajar en la derogación del impuesto junto a otros organismos provinciales.

UN TRIBUTO BAJO LA LUPA

Las guías de hacienda son tasas que deben abonarse por cualquier movimiento de ganado, desde el traslado entre campos propios hasta la venta en ferias o frigoríficos. Este tributo, exponen los productores, no responde al principio fundamental de toda tasa municipal: la prestación de un servicio.

“Estos animales transitan por rutas y caminos por los cuales ya abonamos como contribuyentes. Además, las operaciones generan impuestos provinciales y nacionales que retornan a los municipios. Sin embargo, no hay ninguna contraprestación local”, señalaron los trabajadores rurales en su comunicado.

Además de la falta de justificación, las entidades advirtieron que este cobro impacta directamente en los costos de producción, lo que finalmente se traslada al precio que paga el consumidor. “Es un impuesto injusto que penaliza a un sector que siempre ha aportado, sin recibir nada a cambio”, lamentaron.

Los ruralistas también enfatizaron que este tributo representa una carga adicional para los pequeños productores, quienes muchas veces operan al límite de la rentabilidad. “No se trata solo de un impacto económico; es también un obstáculo para el desarrollo del sector y una muestra de inequidad tributaria”, explicaron.

UN RECLAMO CON HISTORIA

Aunque el rechazo a estas tasas no es nuevo, las críticas se han intensificado en un contexto económico adverso. Las rurales del Arco Noroeste destacaron que los productores enfrentan crecientes costos impositivos y burocráticos que dificultan la competitividad. “Se trata de una carga punitiva y de bloqueo que no tiene sentido. Incluso se cobra si el movimiento es entre campos del mismo propietario. Una locura adicional”, denunciaron.

Esta situación generó tensiones entre los productores y las autoridades locales. Según los ruralistas, los municipios y comunas utilizan los fondos recaudados sin transparencia, lo que genera dudas sobre el destino real de estos recursos. “No solo estamos frente a un cobro injustificado, sino también ante una gestión opaca que mina la confianza de los ciudadanos”, agregaron.

Durante la reunión con el ministro Sergio Busso, las entidades encontraron apoyo a sus reclamos. “La autoridad del Poder Ejecutivo provincial, en coincidencia de criterios, reconoció el planteo y se comprometió a trabajar desde su lugar con los organismos pertinentes”, aseguraron los ruralistas. Sin embargo, el desafío radica en transformar este compromiso en acciones concretas que alivien la carga tributaria para el sector. “Es hora de terminar con estas prácticas anacrónicas y establecer un sistema tributario más justo y transparente”, subrayaron.

En este sentido, los productores destacaron la importancia de una reforma integral que no solo elimine las guías de hacienda, sino que también garantice un marco impositivo que fomente la productividad. “No pedimos favores ni privilegios; exigimos un trato equitativo que reconozca el esfuerzo de quienes sostenemos la economía local”, manifestaron.

El comunicado también apuntó contra los municipios y comunas por la opacidad en el uso de los fondos recaudados a través de estas guías. “El ‘frasquito de recaudación’ se sigue incrementando, pero nadie sabe cuál es su destino final”, criticaron. Para las rurales del Arco Noroeste, el fin de las guías de hacienda no solo aliviaría la presión fiscal sobre los productores, sino que también beneficiaría a los consumidores al reducir los costos finales de la carne vacuna. “Los ciudadanos exigen que los administradores de nuestros fondos cambien de paradigma. Es momento de dejar atrás estas prácticas que perjudican a todos y no aportan ningún valor”, concluyeron.

Además, las entidades hicieron un llamado a la sociedad para unirse en este reclamo. “La lucha por un sistema tributario justo no es solo una causa del sector rural, sino de todos los ciudadanos que buscan mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, subrayaron.

Por último, los productores reiteraron su compromiso de seguir insistiendo en la derogación de las guías de hacienda y en la construcción de un diálogo constructivo con las autoridades. “El futuro de nuestro sector depende de políticas que promuevan el desarrollo y no de cargas que lo obstaculicen”, concluyeron.

Redacción

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