Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El diputado nacional e hijo de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, Máximo, dio a conocer su patrimonio del 2020 y alcanza los $400 millones, marcando un crecimiento del 37% respecto al año anterior.
Máximo Kirchner declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) una herencia de Néstor Kirchner de US$ 2.848.072 repartidos en dos plazos fijos en el país y gracias a la diferencia cambiaria, aumentó su patrimonio en $69 millones.
Asimismo, informó que posee 27 propiedades y 2 vehículos valuados en $1.237.500, pero no detalló ni la marca ni el modelo. Gran parte de estas son de la herencia por el fallecimiento de su padre, sin embargo, otras pertenecen a una donación de su madre del 2016, en un intento de evitar embargos por las causas judiciales que enfrenta.
Los bienes mencionados en las declaraciones patrimoniales ante la OA se basan en los datos de las declaraciones impositivas ante la AFIP, y están informados a valor fiscal, que es entre cuatro y cinco veces inferior al valor de mercado. Así lo establece la norma a los fines impositivos, pero en la práctica no permite que se conozca el patrimonio real de un funcionario.
La Ley de Ética Pública establece que los funcionarios nacionales deben presentar una declaración jurada patrimonial anual, que se publica en la web de la OA, para permitir un control sobre la evolución de su patrimonio mientras se desempeñan en el Estado. Con esto se busca detectar un posible enriquecimiento ilícito y prevenir conflictos de interés, en el caso de que tengan participación accionaria en empresas. Además, en un anexo reservado, deben informar sus antecedentes laborales en los últimos tres años en el sector privado.
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
[cm_ad_changer campaign_id=”6″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El candidato a legislador porteño por la UCeDé, Ramiro Marra, fue interpelado durante una recorrida de campaña por un hombre en situación de calle que le planteó de forma directa su realidad. El diálogo, breve pero contundente, giró en torno al lenguaje utilizado por Marra y la falta de respuestas concretas para las personas que viven en la vía pública. “Como a vos te gusta hablar, vos tenés que escuchar”, dijo el hombre, y cuestionó el uso del término “fisura” para referirse a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Eso es discriminar”, remarcó.
Marra negó que sus palabras tuvieran una connotación discriminatoria y sostuvo que se trataba de “conversaciones” que mantiene con distintas personas en condiciones similares. Sin embargo, el hombre insistió en su reclamo, visiblemente afectado por lo que considera una mirada estigmatizante. Aun así, expresó cierta esperanza en el diálogo político:“Sabés que me encanta tu forma de ser. Si hablás así, yo te voto”, afirmó.
El momento más sensible del intercambio llegó cuando el hombre confesó: “Estoy pidiendo ayuda porque no quiero delinquir. No quiero más estar en la calle”. En este contexto, volvieron a cobrar relevancia las anteriores declaraciones de Marra, en las que propuso la implementación de multas o detenciones para quienes duerman en la vía pública, bajo el argumento de que “las normas de convivencia, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error”.
En el primer aniversario de la marcha en defensa de la educación pública, la oposición retoma el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.
Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros legisladores de bloques dialoguistas, presentaron un proyecto de ley que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes. La iniciativa toma como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y establece una fórmula mixta de actualización para 2025, que incluye el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y las tarifas de servicios públicos.
Además, el proyecto prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Por su parte, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otra iniciativa con objetivos similares, que instruye al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta contempla ajustes bimestrales retroactivos al 1 de enero de 2025 y la recomposición de los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, según la inflación acumulada informada por el INDEC.
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional, y en la importancia de establecer mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las becas estudiantiles.
Desde la oposición señalaron que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025.
El proyecto de Tavela y Ferraro cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, en los que se encuentran Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.
En tanto, la iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancada Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky y Mónica Macha, entre otros.
Tal como ya advertían el año pasado, en la Casa Rosada mantienen firme la línea: no pasará ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal. Así, si la oposición logra avanzar con su iniciativa, el final podría repetirse con un nuevo veto del Presidente.
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
¿“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”? Esa consigna quedó obsoleta, ahora el debate dentro del espacio libertario está en “kirchnerismo o libertad”. Pareciera ser que la hermana del Presidente quiere poner el último clavo del ataúd del kirchnerismo absorbiendo a cuanto kirchnerista se pase a sus filas.
El análisis de la nómina de candidatos a la Legislatura porteña de La Libertad Avanza, encabezada por el aún vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la directa influencia del armado de Karina Milei y la jefa del partido en la Ciudad, la ex-camporista Pilar Ramírez, evidencia que los principales puestos de la lista, con chances de ingresar al parlamento local, están ocupados por figuras con pasados y vínculos en estructuras políticas que el propio espacio suele criticar con vehemencia. Esta conformación, lejos de ser un fenómeno aislado en el distrito porteño, se inscribe en una aparente estrategia de La Libertad Avanza a nivel nacional y con un patrón definido.
Candidatos kirchneristas y larretistas
En los primeros lugares de la boleta porteña se observan nombres con claras conexiones en la política pre-Milei.
La segunda y el tercero en la lista, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz, ambos acomodados por el esposo de Pilar Ramírez —Darío Wasserman— como directora del Banco Nación y presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, respectivamente. Ambos responden a la ex-camporista Ramírez, quien supo ser amiga del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del senador kirchnerista y ex director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Ramírez decidió cambiar de amistades, ahora se junta con la secretaria general de presidencia. Lejos quedó aquella época en la que Ramírez presidía la fundación de Mariano Recalde, siendo luego expulsada de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Mauricio Macri, deviniendo en un juicio al Estado por parte de esta mujer.
– Mariano Recalde, Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de La Libertad Avanza de CABA).
En el caso de Pakgojz, además, se trata de un retirado funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante más de cinco años, y de hecho fue militante del ex jefe de gobierno durante 2023.
Los vínculos con Ramírez y su entorno también son notorios en varios tramos de la lista, como es el caso de la cuarta candidata, Andrea Freguia, la jefa de despacho de Pilar y ex asesora de la retirada Senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, por entonces parlamentaria de Cristina Fernández.
– Nicolás Pakgojz junto a Karina Milei y Pilar Ramírez
Antes de seguir en orden numérico, podemos mencionar también al número nueve, Diego Vartabedián, quien actualmente trabaja para Karina Milei con un cargo con 24 palabras de extensión, habiendo sido previamente destinado a Nación Seguros por el esposo de Ramírez. O también llama la atención la número doce, Patricia Holzman, y del número quince, Yamil Minakowski, quienes supieron vivir del contribuyente respectivamente durante siete años y tres años de la gestión larretista. Y si al lector no le alcanza con la jefa de despacho y los amigos de Ramírez, sepan que también tendrán de candidato a Dante Di Carlo, secretario de la legisladora ex-camporista.
El desembarco de figuras con pasados kirchneristas o peronistas en las filas del mileísmo es un patrón que se repite en distintos niveles y distritos del país, evidenciando una fórmula de armado que trasciende ideología. Ejemplos notorios incluyen a Daniel Scioli, ex Vicepresidente y Gobernador kirchnerista, hoy en el gabinete nacional; su hermano Nicolás Scioli, también con trayectoria K; Leila Gianni, ex funcionaria del kirchnerismo y ex La Cámpora, actualmente referente en La Matanza; Sebastián Pareja, armador provincial de LLA con pasado en el kirchnerismo incluso como aportante de campaña; Manuel Quintar, ex candidato jujeño del kirchnerismo y cercano a Milagro Sala; Ramón “Nene” Vera, diputado provincial de LLA en Buenos Aires también ex candidato kirchnerista; y Sonia Limache, actual referente de LLA en Quilmes, anteriormente referente K.
Entre el sexto y el octavo puesto, tenemos bancas que intentan renovar, como es el caso de Lucía Montenegro quien, entre otras cosas, fue noticia en 2022 por haber contratado como asesor a un filo-nazi ex candidato de Alejandro Biondini.
¿Por qué Pilar Ramírez tiene tanto poder?
En el contexto del armado de listas, circula una versión, persistente en ciertos círculos políticos, sobre un supuesto video con cámara oculta que registraría un importante aporte monetario para la campaña de 2023, en el cual, Karina Milei estaría contando dinero en efectivo de un enorme pago realizado por Darío Wasserman. El marido de Pilar Ramírez estaría extorsionando a la hermana del Presidente con algo tan básico. La versión busca explicar el particular ascendente de estas figuras con pasados kirchneristas dentro del espacio, y alimenta las suspicacias sobre las razones detrás de algunas designaciones.
El farmacéutico y candidato a legislador porteño Marcelo Peretta (lista Remedios para CABA) acusó a los sucesivos gobiernos de haber convertido en “una estafa” el proyecto del Polo Farmacéutico de Lugano III y IV. La iniciativa, sancionada por la Ley 7168 en 2005 para reunir a empresas productoras e investigadoras de medicamentos, permanece como “un terreno baldío” casi veinte años después.
En un video difundido en redes, Peretta señala las rejas oxidadas que rodean el predio y afirma: “Aquí debía haber 100 productores de medicamentos, pero veinte años después solo hay 4”. Para el postulante, el incumplimiento configura una violación de los deberes de funcionario público previstos en la Ley 25 188 y en el artículo 248 del Código Penal.
El dirigente apunta a una “connivencia” multipartidaria: “Hay connivencia entre macrismo, kirchnerismo y radicalismo, cuyos partidos están financiados por los laboratorios y, a cambio, les congelan este proyecto que traía competencia, producción y trabajo”.
Peretta sostiene que la parálisis del polo encarece el acceso a los medicamentos: “esta es la prueba de que la política está comprada por la industria farmacéutica y, por eso, tenemos los medicamentos más caros del mundo”. Su programa incluye instalar nuevos laboratorios en el predio para aumentar la competencia, obligar a recetar por nombre genérico y sancionar a los médicos que prioricen marcas comerciales por “intereses económicos” y limitar la publicidad engañosa y cortar el financiamiento empresario a la política.
“Vamos a abrir más laboratorios para generar competencia y cortar el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros. Tengo conocimiento, experiencia y valentía para enfrentar a las corporaciones y aliviar a los porteños”, aseguró.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.
El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.
El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.
La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.
En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.
Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.
Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.
El candidato a legislador por CABA criticó al Plan Patria Grande del kirchnerismo: “La población de las villas se multiplicó por diez en la última década”.
Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A