El oficialismo logró un dictamen para poder privatizar Aerolíneas Argentinas
En la última sesión de la comisión de Transporte, Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza alcanzó un dictamen positivo que le permitirá llevar al recinto de diputados el proyecto de ley que declara a la empresa sujeta a privatización.
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El Gobierno de Javier Milei continúa en su marcha hacia la privatización de empresas estatales deficitarias que les cuesta millones por años a todos los argentinos. En esta ocasión, se alcanzó un dictamen favorable para poder tratar en sesión de diputados el proyecto de ley que permita privatizar Aerolíneas Argentinas antes del 30 de noviembre, fecha en que cierran las sesiones ordinarias.
El plenario de la comisión de Transporte, Presupuesto y Hacienda fue dirigido por Pamela Verasay, del radicalismo, y JoséLuisEspert, del oficialismo libertario. En ella se firmó un dictamen de mayoría con diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, y Producción y Trabajo de San Juan.
Por su parte, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda firmaron el dictamen de minoría en el cual rechazan por completo el proyecto de privatización, quienes acusaron de “traidores a la patria” y “cómplices” a aquellos diputados que acompañaron el proyecto del oficialismo.
Sin embargo, el bloque de Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, Río Negro y Salta, no firmó ningún dictamen. Serán claves las negociaciones del gobierno con este bloque de cara a la votación en la Cámara para sumar apoyos y lograr aprobar el proyecto.
Este proceso legislativo se enmarca en un contexto en el cual el sindicato aeronáutico “se resiste y lucha” contra el gobierno de Milei, con medidas de fuerza como el paro de este 30 de octubre.
A su vez, se dio a conocer que el ex diputado del PRO, Omarde Marchi, se suma al directorio de la empresa como director y vicepresidente de la compañía. En caso de lograrse aprobar el proyecto de ley, el proceso de privatización podría llevar hasta un año en concretarse.
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El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.
Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.
La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.
En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.
El ConcejoDeliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.
En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.
La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.
“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.
Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.
El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.
LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
Solicitud de deuda líquida y exigible.
Aprobación para instalación medidor de luz.
Venta de planos del municipio.
Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
Inscripción de comercio, industria, etc.
Los recursos contra resoluciones administrativas.
Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
Por presentación de denuncias contra vecinos.
Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Sellados municipales de planos.
Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
Carnet sanitario.
Desinfección y desratización.
Derechos de edificación.
Actuaciones administrativas.
Tasa por servicios especiales.
Tasa por servicios eventuales.
Sobretasa General Inmobiliaria.
Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.
A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, MarianoDeLosHeros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.
Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.
El ministro ministro de Desregulación y Transformación, FedericoSturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
