En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.
La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.
El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.
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