Con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos, los organismos presentaron un proyecto de ley en contra del negacionismo. Según informó la página oficial del Gobierno Nacional, la presentación ya fue elevada al Congreso y tendrá como objetivo “fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino”.
“Nuestro proyecto está focalizado en la formación de todo el personal del Estado con responsabilidades políticas y sin responsabilidades políticas. La idea es que toda persona que forme parte del Estado en sus tres poderes tenga que llevar adelante una capacitación en materia de derechos humanos que la llevaría adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, habría sanciones para personas que tengan responsabilidades institucionales y lleven adelante públicamente discursos negacionistas“, detalló el secretario Horacio Pietragalla Corti.
El proyecto impuesto a Diputados también contempla duras penas a quienes, incluso en un ámbito privado, pongan en duda la cifra de los desaparecidos, que según el oficialismo es 30.000. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que públicamente o en una reunión de personas, negare la existencia y/o la naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado(…)”, explica la presentación.
“En la misma pena incurrirá quien, públicamente o en una reunión de personas, trivialice, reivindique o legitime los actos genocidas y/o los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, o enaltezca a sus perpetradores o cómplices“, suma.
No obstante, la ambigüedad de los artículos del proyecto podrían aumentar aún más las condenas, tomando como agravantes alguna expresión que a consideración de un tercero puedan ser contempladas como una “trivialización”, por ejemplo.
Desde los sectores opositores salieron a cuestionar en duros términos la presentación, dado que la consideran una censura a lo que puede debatirse o ponerse en duda. Una de las primeras fue la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, quien es señalada como “negacionista” por varios sectores ligados al kirchnerismo por negar la cifra de los 30.000 desaparecidos y dar como verídica la que distribuyó la CONADEP, 8.960.
“Los proyectos de negacionismo que se tratan en el Congreso son para amordazar a los que pensamos distinto, a los que cuestionamos el relato y las mentiras sostenidas con dinero público y a evitar que cualquiera que tenga coraje se anime a hablar para ejercer su libertad de pensamiento y expresión y pueda ser votado. Les gustan los DD.HH. solo si pensás como ellos, sino no tienen problemas en violártelos“, aseveró la diputada nacional que, en caso de que se apruebe la ley, deberá realizar una extensa capacitación.
Sí, porque el proyecto también prevé penas aún más duras para los funcionarios públicos y/o empleados del Estado que no sólo hocen cuestionar la cifra sino también no quieran capacitarse. “Propone la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado y sanciones a quienes tengan responsabilidades institucionales y promuevan discursos negacionistas”, explica en otro tramo la presentación.
La ley se debatirá este miércoles 7 de noviembre y se esperan tensos cruces por parte del oficialismo y los sectores opositores.
