13 diciembre, 2024

El índice de confianza del gobierno de Alberto Fernández cayó a 1,17 puntos

Según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella, Alberto Fernández es el presidente que generó menos confianza en "la serie histórica general".
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Con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aproximándose cada encuesta vale y, puntualmente, la que realizó la Universidad Torcuato Di Tella develó que el Índice de confianza en el Gobierno (ICG) sufrió una brutal caída hasta llegar a los 1,17 puntos este mes, volviéndose a acercar a los 1,12 puntos de julio del año pasado, la peor marca del presidente Alberto Fernández.

Luego de un ligero repunte que la presidencia había llegado a tener a fines del 2022, el espacio oficialista volvió a tener un descenso de la opinión pública sobre el manejo de la gestión que, en esta oportunidad, fue del 8,1% en relación a enero.

El ICG de febrero fue de 1,17 puntos, con una caída de 8,1% respecto al mes de enero. En términos interanuales el índice tuvo una variación negativa de 21,6%.
El ICG de febrero fue de 1,17 puntos, con una caída de 8,1% respecto al mes de enero. En términos interanuales el índice tuvo una variación negativa de 21,6%

El estudio también comparó los índices de los mandatos anteriores al del dúo Fernández-Fernández y sostuvo que “el nivel de confianza actual es 40,5% inferior al de la última medición del gobierno de Mauricio Macri (diciembre de 2019), y 49,6% menor al del primer mes completo del gobierno de Alberto Fernández (enero de 2020)”.

La nueva caída en el ICG de febrero mantiene al índice en los niveles más bajos de la gestión de Alberto Fernández (el piso de su gestión ocurrió en julio pasado, mes de la renuncia de del ministro Martín Guzmán, ICG=1,12), y uno de los menores de la serie histórica en general”, agrega el informe.

Los hombres confían más en este Gobierno que las mujeres.
Los hombres confían más en este Gobierno que las mujeres

El estudio realizado con datos de Poliarquía Consultores, a través de una encuesta telefónica realizada a 1000 personas mayores de 18 años a nivel nacional, busca dar a conocer la visión del electorado en cinco aspectos vinculados al Gobierno: La imagen o evaluación general: la percepción sobre si se gobierna para todos los sectores o no; la eficiencia y transparencia en la administración del gasto público; la honestidad de sus miembros y su capacidad para resolver los problemas del país.

Ante estos ítems, el informe afirmó que “la variación del ICG respecto de enero fue negativa en sus cinco componentes: Capacidad para resolver los problemas del país (1,24 puntos, -12,8%), Evaluación general del gobierno (0,76 puntos, -10,7%), Preocupación por el interés general (1,16 puntos, -8,3%), Honestidad de los funcionarios (1,84 puntos, -5,9%) y Eficiencia en la administración del gasto público (0,87 puntos, -2,3%)”.

Evolución Mensual de los cinco componentes del ICG: 2009-Presente.
Evolución Mensual de los cinco componentes del ICG: 2009-Presente

Además, el estudio de Universidad Torcuato Di Tella expuso que la gestión de Alberto Fernández perdió apoyo entre los hombres que pertenecen al rango etario de “mayores de 50 años” con una caída del 3% marcando unos 1,20 puntos. Entre los hombres de 30 a 49 años un “1,16 puntos, con una variación negativa de 13%” y por último, los jóvenes-adultos de 18 a 29 años marcaron un “1,12 puntos, con una caída de 7%”.

Otro de los puntos que destacan por el final del informe son las perspectivas económicas de los consultados, quienes aseguraron que la economía mejorará luego de que este gobierno finalice con “2,70 puntos, con una variación negativa de 11%” sobre unos 1,58 puntos, con un incremento del 2% que aseguran que la situación se mantendrá igual. En menor medida, los que sostienen que la situación empeorará “0,55 puntos, con una caída del 8%”.

EL INFORME COMPLETO:

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URRIBARRI A CÁRCEL COMÚN | El ex gobernador K detenido por corrupción

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.

Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa.

El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.

La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.

La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.

Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.

El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.

ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K

La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.


*Con información de Infobae Clarín y La Nación

Redacción

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Frigerio intervino el IOSPER por irregularidades y pérdidas mensuales de $2.000 millones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.

Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.

El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.

Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.

Intervencion-del-Iosper

Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.

En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.

“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.

La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.

– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre

La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior, de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.

El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.

– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos

Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.

Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.

Redacción

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Aislada del Gobierno, Victoria Villarruel publicó un video de su propio primer año de gestión

En el primer aniversario del gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidente Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un video que resume su gestión en el Senado. Con apenas una breve mención al presidente Javier Milei, la publicación evidencia la tensa relación entre ambos. “Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel junto al audiovisual que destaca momentos clave de su labor.

El video, de poco más de dos minutos, incluye un repaso de actividades como el retiro del busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias, una decisión que justificó afirmando: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”. También recordó su papel crucial en la aprobación de la Ley Bases, cuando tuvo que desempatar en el Senado, declarando: “Mi voto es positivo, pensando en los argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos”.

La relación entre Villarruel y Milei, que mostró daños desde el inicio de la gestión, se tensó aún más con decisiones como la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Justicia y Luis Petri en Defensa, áreas que Villarruel consideraba propias. A lo largo del año, también protagonizó episodios polémicos como un conflicto diplomático con Francia, su ausencia en la firma del Pacto de Mayo, y una visita a España en la que se fotografió junto a Isabel Perón, lo que generó malestar en el Ejecutivo.

En una entrevista reciente, Milei fue contundente al referirse a la vicepresidente. Señaló que Villarruel “no tiene injerencia en la toma de decisiones” y que su diálogo con ella es “meramente institucional”. Además, la vinculó al “círculo rojo” y la inclusión en lo que denomina “la casta”. Villarruel, por su parte, continúa marcando un camino independiente dentro del Gobierno, con protagonismo propio y lejos del liderazgo de su compañero de fórmula.

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Javier Milei | “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, ella está cerca de la casta”

Javier Milei sorprendió al lanzar duras críticas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una relación tensa desde hace meses. En una entrevista con LN+, Milei aseguró que Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones” y que “decidió no participar” en reuniones de Gabinete. “Hace mucho tiempo que no asiste. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones confirman los rumores sobre una relación deteriorada entre los líderes de La Libertad Avanza, algo que hasta ahora se había manejado con discreción desde la Casa Rosada. Milei enfatizó que su vínculo con Villarruel se limita a lo estrictamente institucional y evitó hablar de posibles cambios en la estructura del gobierno.

EL QUIEBRE Y SUS IMPLICANCIAS

El presidente dejó entrever que las diferencias con Villarruel se intensificaron tras decisiones y actitudes que consideró contrarias a su línea política. Entre los desencuentros, se mencionan su visita a Isabel Perón en Madrid, la colocación de un busto de la exmandataria en el Congreso y desacuerdos sobre la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Además, Milei cuestionó el papel de Villarruel en actos oficiales, como su aparición en la ceremonia de la Fragata Libertad, lo que generó tensiones con otros funcionarios del Ejecutivo.

Por su parte, Villarruel mantiene el silencio ante estas acusaciones. Desde su entorno, consideran que su bajo perfil responde a una estrategia de evitar escalar el conflicto.

¿ALIANZA CON EL PRO EN EL HORIZONTE?

En otro tramo de la entrevista con Trebuc, Milei abrió la puerta a una posible alianza electoral con el PRO para las elecciones de 2025. “Creo que debemos caminar hacia un rumbo en el que nos encontremos juntos. El enemigo son los colectivistas que nos llevaron a la miseria. Para lograr un cambio permanente, hay que trabajar en tres áreas: económica, política y cultural”, afirmó.

– Milei junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO

El mandatario destacó el trabajo de su hermana Karina Milei —encargada del armado político de su espacio— y resaltó la importancia de librar una batalla cultural para consolidar sus ideas a largo plazo: “Estamos integrando los tres frentes activamente. Necesitamos un brazo político sólido, y Karina ha demostrado una capacidad excepcional en este aspecto”, añadió.

DESAFÍO ECONÓMICO, LA HERENCIA RECIBIDA

Milei dedicó parte de la entrevista a describir la crítica situación económica al asumir la presidencia. Según detalló, el país enfrentaba un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, desequilibrios monetarios y reservas negativas por 12.000 millones de dólares. “Era una bomba armada para que en diciembre comenzaran los saqueos y en enero el peronismo estuviera de vuelta en el poder”, afirmó, apuntando contra el PJ.

El presidente defendió las medidas económicas implementadas en su gestión, asegurando que han generado resultados milagrosos. “En seis meses logramos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, redujimos la pobreza 11 puntos y controlamos la inflación. Nuestro modelo es reconocido en el mundo”, aseguró.

En cuanto a la política monetaria, Milei se mostró optimista respecto al levantamiento del cepo cambiario, que espera concretar a través de un proceso de mercado. También celebró el respaldo de la ciudadanía a su gestión: “A pesar de las medidas impopulares, estamos mejor posicionados en las encuestas que al inicio del mandato”.

Redacción

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La mala gestión de Homero Giles desató una crisis en IOMA que afecta a más de 2 millones de bonaerenses

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una crisis profunda que afecta a más de dos millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto millonario para el 2025, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la creciente insatisfacción de los beneficiarios han generado una serie de reclamos que amenazan con convertirse en un tema central de debate político y social.

El presupuesto de IOMA para el próximo año asciende a 1.75 billones de pesos —superando a áreas clave como Educación, Seguridad y Salud, que recibirán entre 1.15 y 1.28 billones de pesos—. Sin embargo, a pesar de esta gran asignación, el organismo atraviesa una grave crisis financiera, que no se refleja en sus balances. Los propios responsables del IOMA reconocen las dificultades económicas, pero no logran explicar cómo una caja billonaria puede tener tantos “agujeros negros”.

A lo largo de 2024, los problemas se agudizaron. En los primeros ocho meses del año, IOMA incrementó el gasto en medicamentos, que pasó del 28.9% en 2023 al 31.6% en octubre de este año. Además, se registraron más de 12,000 cirugías y 10 millones de medicamentos dispensados, lo que indica una creciente demanda, pero también evidencia de una mala gestión en los recursos.

QUEJAS Y PROTESTAS POR LA FALTA DE ATENCIÓN

Los afiliados de IOMA denunciaron numerosos problemas a lo largo de la provincia de Kicillof. En Lincoln, 10,000 afiliados se enfrentan a consultas médicas que rondan entre los $20,000 y $25,000, lo que hace imposible el acceso a atención preventiva. “Nos están tomando de rehenes, se están quedando con la plata del sueldo”, expresó un vecino afectado. La situación obligó a muchos a desplazarse hasta 60 kilómetros para acceder a servicios médicos, lo que compromete la salud de miles de bonaerenses.

– Pacientes, afiliados, médicos y profesionales de salud realizaron en Navarro un cacerolazo contra el convenio del IOMA con el Municipio. La atención en localidades vecina sigue cortada

La crisis también generó protestas en distintos distritos. En Navarro, más de 200 vecinos salieron a la calle para rechazar un convenio firmado entre IOMA y el ejecutivo local, que limita la cobertura a un único hospital. Lo ocurrido en este municipio es solo un ejemplo de lo que sucede en otros puntos de la provincia, donde IOMA rompió convenios con clínicas y hospitales privados, dejando a miles de afiliados sin cobertura médica adecuada.

En otras ciudades como Mar del Plata, Olavarría y Azul, los afiliados también persentaron quejas por la falta de cobertura médica, y algunos decidieron llevar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo. En muchos casos, los médicos privados que aún mantienen contratos con IOMA están cobrando las consultas por fuera del sistema, lo que genera conflictos con los reintegros.

– Protestas de los afiliados del IOMA en Olavarría

La crisis en IOMA generó un fuerte debate. Desde la oposición, legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza exigen respuestas urgentes. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la creación de un Comité de Crisis para dar soluciones a los afiliados y la declaración de emergencia sanitaria, económica y operativa de IOMA. La idea es realizar una auditoría para esclarecer cómo se manejan los recursos de la obra social, que hasta ahora han estado rodeados de opacidad.

El bloque opositor también propuso la intervención de IOMA por parte del Ejecutivo, lo que permitiría una revisión exhaustiva de su funcionamiento. A pesar de estas propuestas, el oficialismo, liderado por Axel Kicillof, no ha tomado medidas concretas para solucionar la crisis.

Redacción

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El Gobierno cerró ex Ciccone Calcográfica | Ahorro de $5.000 millones y el fin de un emblema de la corrupción K

En un anuncio que marca el fin de un capítulo controvertido en la historia política, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el cierre definitivo de la planta ex Ciccone Calcográfica, situada en Don Torcuato. La emblemática imprenta, estatizada en 2012 tras un caso de corrupción que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, será subastada en los próximos meses.

“La ex Ciccone ya no es necesaria en manos estatales. Su cierre ahorrará al país 5.040 millones de pesos anuales”, destacó Caputo en su cuenta oficial de la red social X. La decisión incluye la desvinculación de los 270 empleados que trabajaban en la planta, quienes han sido “dispensados” hasta que se definan políticas de reubicación o acuerdos individuales.

– Caputo hizo el anuncio desde Brasil, acompañando al Presidente en la cumbre del G20

El cierre fue acompañado por un operativo que incluye el retiro de maquinaria y el desalojo del inmueble, que cuenta con una bóveda utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para almacenar billetes próximos a ser destruidos. Según Caputo, algunas máquinas serán reutilizadas:

  • Equipos para la fabricación de chapas patente se trasladarán a depósitos en Retiro.
  • Tres máquinas de calcografía serán utilizadas para la producción de pasaportes.
  • Las máquinas importadas para la producción de billetes serán retiradas y redistribuidas.
  • El ministro aclaró que la planta había dejado de operar el 31 de octubre, cuando el BCRA rescindió el contrato para la producción de billetes a nivel estatal.

Aunque el Gobierno asegura que buscará reubicar a algunos de los trabajadores en la administración pública, no se ha especificado cuántos podrán mantener sus empleos. “Nadie volverá a la planta de la ex Ciccone”, confirmaron fuentes oficiales. El cierre definitivo también simboliza un cambio en la estrategia estatal: Argentina ya no producirá billetes localmente y optará por proveedores internacionales.

“El cierre de la ex Ciccone pone fin a uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.

El escándalo de la ex Ciccone

El cierre de la planta marca el epílogo de un caso que sacudió al país en 2012, cuando se destaparon irregularidades en la compra de Ciccone Calcográfica por parte de testaferros vinculados a Amado Boudou, entonces vicepresidente. La denuncia inicial fue realizada por Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele, quien actuó como intermediario en la operación a través de la firma The Old Fund.

El escándalo llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la empresa en agosto de 2012. Sin embargo, las investigaciones continuaron, y en 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Redacción

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