El Gobierno reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas
El presidente oficializó la reglamentación que permite la conversión de clubes en Sociedades Anónimas Deportivas. La medida obliga a la AFA a aceptar a estos clubes en sus torneos y otorga un plazo de un año para adecuar sus estatutos.
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El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
“Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, tuiteó Sturzenegger
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
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Tal como adelantó DATA24.COM.AR la semana pasada, y como trascendió en muchos medios, la diputada nacional por Córdoba del bloque de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, fue acusada de extraerle sumas de hasta $500.000 por mes a su exasesora, la bahiense María Guillermina Ruiz Nieto.
Esto correspondería a más del 70% del sueldo de $700.000 que percibía la afectada. La acusación no sólo fue reafirmada, sino que fue agravada.
Antes de que Ponce se expresara al respecto, la diputada de LLA Lilia Lemoine apareció para defender a su compañera de banca compartiendo la captura de una publicación ajena, donde argumentaba que “gana el que es difamado”.
La diputada nacional acusada por los hechos de corrupción, lejos de defenderse o excusarse, casi una semana después de que estallara el escándalo, se limitó a publicar que “Dios está con ella”, y le sumó una frase bíblica donde indirectamente indicaría que “todo es mentira”.
Esta peculiar forma de defenderse fue imitada por otros de sus compañeros del partido, como la diputada Lemoine o el biógrafo oficial del presidente Javier Milei, el escritor y abogado NicolásMárquez, quien afirmó creer en Ponce porque su exasesora no se atrevió a denunciarla formalmente ante la Justicia, pese a que la presunta víctima afirmó haber sido intimidada para no hacerlo.
A partir de otro de los tuits donde Márquez decidió expresar su absoluto apoyo a Ponce por tener “lealtad al gobierno”, la diputada del partido de Javier Milei decidió hablar nuevamente sobre las acusaciones y evidencias en su contra, pero no desmintiéndolas de alguna manera o explicando su absoluto silencio al respecto, sino calificando todo de “idioteces” y de “operaciones berretas” que forman “parte de la farándula”.
Además, señaló que esto le está sucediendo porque acompaña al presidente y porque hay personas que “no la ven”.
LA EXASESORA SUMA INFORMACIÓN Y RECONFIRMA SU ACUSACIÓN
Luego de que algunos referentes y militantes del partido involucrado defendieran que la acusación había sido desmentida simplemente porque Ponce había publicado una cita bíblica, su exasesora volvió a arremeter contra ella públicamente agregando que “sí se llevaba dinero de sus asesores”, sumando de esta manera a más personas presuntamente extorsionadas, pero sin dar los nombres de estos involucrados en este acto de corrupción, y afirmando que tampoco denunció esta situación, pero sin aclarar si estas personas también se manejaban mediante transferencias.
A partir de todo esto, la exasesora expuso públicamente una disputa con el periodista Augusto Grinner (más conocido como “Depe” o “DePeroncho”), mediante la cual, él le criticaba no haber realizado ninguna denuncia formal contra Ponce, y afirmaba que esto sería denunciable por incumplimiento de los deberes de funcionario público (Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, Nº25.188).
LAS CONVERSACIONES REVELADAS POR “DEPE”
Desde que arrancó la controversia, ésta fue seguida de cerca por Grinner a través de su perfil de X y de su canal de YouTube, aparente razón por la cual Ruiz lo había contactado en privado para brindarle más información sobre las circunstancias. Esto lo sabemos porque fue el propio youtuber quien reveló la antesala de la discordia con la ex-asesora.
También me enteré que creen que Ruiz dijo que “era todo mentira”.No, dijo que informamos que ella fue a una comisaría (nunca lo dijimos) y que iba a hacer una denuncia (tenemos audio donde lo dice).Como ven, Ruiz dice todo lo que dijimos Y MÁS.Siguen defendiendo a corruptos. https://t.co/Y9qwiyt6Yj pic.twitter.com/x3SMHrKsbB
Mediante capturas de imagen y de video, el comunicador publicó toda la conversación que supo tener con la acusadora. Aquí, en horas de la madrugada, Ruiz señala que consideraba a Ponce su amiga, y trae de vuelta lo que publicó en su perfil, que no fue ella quien liberó las capturas de las transferencias, sino “más gente” que “ahora se esconden”.
Luego, introdujo a la diputada Lemoine en la riña, afirmando que la cosplayer y Ponce sostenían que Ruiz “no iba a laburar y que tenía problemas mentales” y que “querían hacerme quedar como una ñoqui”.
No siendo esto suficiente, Grinner publicó aún más. En primer lugar, una captura en video de 2 minutos y medio; se trata de una parte del chat privado de X, donde Ruiz se muestra muy molesta porque Abigail Luna, colega del periodista, señaló en un video de su canal que la exasesora haría una denuncia contra Ponce en la Justicia, y la mujer señala que ella no tiene intenciones de hacerlo, que eso “es mentira”.
Ya que funcionarios, militontos y ñoquis de LLA salen a decir que “Ruiz dijo que mentimos”, y esta Ruiz mostró chats privados (donde puso sólo mi respuesta a ella insultándome)…… les dejo todo el chat que tuve por MP donde ella dice LO MISMO QUE YA LES DIJE que ella dice…
Ruiz aclara que no renunció por los hechos de corrupción señalados, sino que simplemente discutió con Ponce, pero que además las capturas de las transferencias (que reafirma que son reales) no las hizo ella, sino los asesores que la reemplazaron en el gabinete de la diputada mileísta. Vuelve a sostener que “hay más gente perjudicada” y que “hay más denunciantes que ya se arrugaron y ahora no se animan”, pero nuevamente encubre a Ponce no revelando los nombres de sus presuntas víctimas, ni exponiendo los testimonios de los demás afectados.
Les dejo otros CUATRO MINUTOS DE AUDIO de Guillermina Ruiz REAFIRMANDO QUE CELESTE PONCE LE SACABA PLATA y que TODOS LOS ASESORES LO SABÍAN.Lo que dice que “mentimos” es porque -explico de nuevo- la tiene con que dijimos que había hecho una denuncia (no lo dijimos) y porque… https://t.co/8WaVu4OWDl pic.twitter.com/wrsW2Rn4vH
En un segundo video, esta vez de más de 4 minutos, Ruiz reafirma que las capturas fueron realizadas por otros asesores, y que es por ese motivo que considera que Abigail Luna y Grinner “mintieron” al sostener que las capturas fueron realizadas por ella, y al haber dicho que denunciaría a Ponce. Sin embargo, “Depe” asegura tener grabaciones de Ruiz Nieto afirmando que realizaría una denuncia contra la diputada de Milei.
¿POR QUÉ NO HACE LA DENUNCIA?
Fue después cuando llegó lo verdaderamente llamativo. En un extenso audio, Ruiz explicó el motivo por el cual decidió no denunciar ante la Justicia el presunto acto de corrupción cometido durante meses y con muchos damnificados, por supuesto que todo financiado por el contribuyente.
Si bien sorprende que la bahiense sostenga que los demás asesores “tienen miedo” de realizar la denuncia, dice que este no es el caso de ella, sino que Ruiz Nieto no realizó (ni realizará) la denuncia porque… no tiene ganas.
Pero la respuesta se tornará aún más asombrosa para el lector cuando sepa que trascendieron varias publicaciones de la exasesora indicando que sí tiene ganas de denunciar ante la Justicia a otras personas.
Ruiz Nieto afirmó en reiteradas oportunidades que denunciará ante la Justicia a los periodistas Abigail Luna y Augusto Grinner por dos razones imperdonables: primero por haber dicho que las capturas de las transferencias las realizó ella; y segundo por haber indicado que Ruiz denunciaría a Ponce en algún momento. Pero esto sabemos que no es así, que Ruiz Nieto no denunciará por corrupción a la diputada Ponce… Porque “no tiene ganas”.
Los funcionarios del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Marta Casali, directora de Supervisión y Monitoreo, y Dante Martínez, director de Centros Cerrados, enfrentarán juicio oral por la golpiza propinada a varios menores en el centro cerrado Araoz Alfaro el año pasado, según se desprende del expediente “Tacchi, Oscar Luis y otros s/ Vejaciones y/o apremios ilegales en acto de servicio – Incumplimiento de los deberes de funcionario público – Encubrimiento agravado por ser funcionario público” y sus conexas, IPP 06-00-030547-23/00, 06-00-030695-23/00, 06-00-030676- 23/00 y 06-00-030886-23/00.
La fiscal ValeriaCorfield solicitó la elevación de la causa y los dos funcionarios deberán comparecer junto al ex director del Araoz Alfaro, Oscar Tacchi, quien fue su jefe durante varios años. Hace dos meses, Tacchi fue obligado a jubilarse para cerrar el sumario administrativo. Sin embargo, las autoridades del OPNyA no lograron archivar la causa penal.
“Sería un escándalo que después de semejante golpiza no hubiera responsables”, afirmaron desde la Justicia, respondiendo a las presiones del gobierno de Axel Kicillof y Andrés Larroque. En ese marco, el poder judicial dictó el sobreseimiento de la directora provincial de Institutos Penales Juveniles, Laura Sporetti, limitando la cadena de responsabilidades a Casali y Martínez.
Se anticipa que Sporetti pedirá la renuncia de Casali y Martínez, quienes están aferrados a sus cargos. Por ello, no se descarta que en el juicio se rompa el pacto de silencio y la denuncia por encubrimiento alcance a las máximas autoridades del OPNyA.
Vale destacar que la acumulación de irregularidades en el OPNyA ha generado rumores recurrentes de una intervención judicial. En este contexto, el personal jerárquico enfrenta un futuro incierto, con fuentes judiciales sugiriendo que algunos podrían terminar en prisión.
Finalmente, el medio digital REALPOLITIK ha conocido nuevas fugas que refuerzan los cuestionamientos a la gestión del ministro Andrés Larroque, máximo responsable detrás de la desastre del organismo: ayer al mediodía, tres menores se escaparon del instituto Legarra mientras estaban en el patio en recreación, poniendo nuevamente en evidencia el desgobierno reinante en el sistema de institutos penales juveniles provinciales.
En una declaración que generó un intenso debate, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, defendió enfáticamente la inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol. “Nadie obliga a nadie a nada. Es impresionante cómo da miedo la libertad. Es a total discreción y voluntad de los socios de los clubes”, expresó Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre.
El ministro explicó que la iniciativa del gobierno tiene como objetivo atraer inversiones, elevar la calidad del deporte y transformar el fútbol argentino en una marca globalmente competitiva: “Queremos que las instituciones deportivas puedan no solo exportar talento, sino también el producto final. Mis hijos los fines de semana ven la Premier League, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Queremos transformar el fútbol en un producto final atractivo”.
El Gobierno y las SAD: ¿Una apuesta por la modernización?
La defensa de Sturzenegger se fundamenta en la Resolución General 15/2024, publicada en el Boletín Oficial, que apunta a corregir las restricciones estatales que limitan el desarrollo empresarial. Este documento, subraya la necesidad de la inversión extranjera para el crecimiento de economías emergentes, destacando que la llegada de capital foráneo puede generar nuevas empresas, empleo formal y reducir la pobreza y la desigualdad.
Sturzenegger sostuvo que la adopción de modelos de gestión como el de las SAD es un estándar internacional que ha demostrado su efectividad en numerosos clubes alrededor del mundo. “Es casi el estándar y lo hacemos con ánimo de mejorar la calidad del deporte en Argentina”, afirmó.
Las declaraciones de Sturzenegger se produjeron en respuesta a un firme comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ratificó la inalterabilidad de su estatuto frente a las normativas que promueven las SAD. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del organismo, reiteró que sigue siendo indispensable ser una “Asociación Civil sin fines de lucro” para ser miembro de la AFA. “Nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la AFA y de la Liga Profesional en Ezeiza para, entre otros temas, aclarar la inalterabilidad del Estatuto frente a las SAD”, destacó Tapia en una publicación en Instagram.
El comunicado de la AFA, titulado “Aclaración sobre la inalterabilidad del Estatuto de AFA frente a los supuestos cambios introducidos por cierta normativa en materia de Sociedades Anónimas Deportivas”, enfatiza que las modificaciones dictadas por la Inspección General de Justicia no afectan el estatuto social de la AFA. Los clubes que adopten el modelo de SAD no podrán competir en la Liga Profesional, ya que mantener el estatus de “Asociación Civil sin fines de lucro” es un requisito indispensable.
En una controvertida decisión administrativa, el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, ha destinado una suma de 15 millones de pesos a la adquisición de 170 cuadros con su propia imagen. La resolución ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para este tipo de gastos.
La resolución 106, fechada el 8 de mayo de 2024, detalla la contratación directa con Américo Guillermo Jordan Cruz, para la confección de estos cuadros. Según el documento oficial, los cuadros, que miden 37 x 47 centímetros y llevan una varilla de madera chata de 40 x 16 milímetros en color nogal, vidrio y sistema de cuelgue, contienen una fotografía de 30 x 40 centímetros del gobernador, impresa en papel fotográfico de 240 gramos.
En su artículo 1, el texto de la resolución especifica: “Apruébase la contratación directa con el señor Américo Guillermo Jordan Cruz, con domicilio en (…) la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, por la adquisición de ciento setenta (170) cuadros con la imagen del señor gobernador de la provincia del Chubut, todos enmarcados”.
El gasto total aprobado para esta curiosa iniciativa asciende a los 15 millones de pesos, lo que se traduce en un costo de 88.235,30 pesos por cuadro. Por otro lado, este monto ha sido autorizado a ser pagado de manera anticipada, sin la constitución de garantía, como se indica en el segundo artículo de la resolución: “Autorízase a efectuar el pago anticipado del total acordado, pesos quince millones (15.000.000,00), sin constitución de garantía”.
La decisión promete generar controversia en una provincia económica asfixiada, entre quienes cuestionan la necesidad y la justificación de destinar una insólita suma de dinero a un destino absolutamente vanal.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
Las diputadas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta encontraron en el despacho de Marcela Pagano, la contención que Martín Menem les negó (Pagano despreciada por buena parte de la bancada que conduce Gabriel Bornoroni). La resistida titular de la Comisión de Juicio Político organizó una reunión con Germán Martínez y Cecilia Moreau, para que sus colegas de bloque hicieran su descargo ante la principal fuerza opositora.
Si bien desde el entorno de Martínez y Moreau negaron que esa cita se hubiera concretado, fuentes del oficialismo confirmaron su existencia. “Fue una charla con legisladores de mucha experiencia”, admitieron.
El sitio La Política Online reconstruyó una serie de conversaciones que Pagano había entablado con líderes de bloques opositores, con el objetivo de confluir desde el más amplio abanico ideológico en una ofrenda floral a la embajada de Francia. Ese gesto pluripartidario pretendía ser un desagravio por la visita a Alfredo Astiz, sentenciado por la desaparición de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon.
Pero los contactos trascendieron la mera acción protocolar. De hecho, la cita de Pagano con Martínez y Moreau se produjo después de que se revelara la existencia de un chat integrado por diputados libertarios, jueces y fiscales que trabajaban desde febrero, bajo el impulso de Patricia Bullrich, en la redacción de un decreto que otorgue prisión domiciliaria a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad.
Según fuentes parlamentarias, los miembros de ese grupo de WhatsApp tuvieron un encuentro presencial a mediados de marzo, cuando Oscar Zago presidía el bloque oficialista. Sin embargo, el líder de la bancada del MID no supo de ese cónclave hasta este martes, cuando la información se filtró a través de C5N junto con la foto de los libertarios, con Arrieta en el centro y vestida de naranja, rodeados de los represores de la última dictadura.
LA DENUNCIA DE ARRIETA
La diputada mendocina Lourdes Arrieta preparó una denuncia judicial por amenazas contra su par Beltran Benedit, el organizador de la visita a Ezeizay uno de los que lleva la estrategia para conseguir la prisión domiciliaria a los genocidas.
Con el escándalo estallado, la diputada sufrió el desamparo de Bornoroni y Menem, a tal punto que en su entorno sospechan que se trató de una cama de Karina Mileiy del presidente de la Cámara contra legisladores que en algún momento estuvieron cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En ese contexto, Pagano la contuvo y contactó con un reconocido abogado para que redacte la denuncia contra Benedit, que deja al bloque al borde de una crisis de magnitud.
Por ahora, el oficialismo ignora cómo afrontar la sesión prevista para este miércoles en la Cámara Baja. “Están a las puertas de una guerra total y siguen negando todo”, se quejaban en uno de los despachos disconformes con el manejo de la crisis que impuso Menem desde que se publicó la expedición y estalló el escándalo.
Entre las especulaciones más extendidas, figura la posibilidad de que se parta el oficialismo. “La pregunta es si La Libertad Avanza explota o implosiona”, reflexionaron en una de las oficinas libertarias, y agregaron: “la implosión sería que siga todo como está con el bloque destruido por dentro”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
