El Gobierno prohibió las armas de fuego en los liceos militares

Cuestionan una serie de artículos de una reciente disposición ministerial. Desde los órganos oficiales respondieron que “los Liceos no se van a cerrar”.
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*Por: Milton Del Moral

La Resolución 255/2020 del Ministerio de Defensa, dictada el miércoles 5 de agosto de 2020, despertó la inquietud de algunos actores de la comunidad educativa de los liceos militares. Autoridades, presidentes de asociaciones de ex cadetes y egresados con predominancia en la sociedad advierten que el plan de reforma impulsado por el gobierno nacional intenta socavar la esencia militar, desalentar la formación de nuevos oficiales y desarticular la presencia de los graduados en el ámbito público.

Por la naturaleza de las medidas adoptadas, lo comprenden como una maniobra de desmilitarización de la población, una norma con sesgo ideológico. Y de ahí, sus reparos y objeciones. Los puntos de la reforma más criticados son la renovación de los planes de estudio en medio del curso lectivo, la incorporación de los nueve liceos militares a la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la desafectación del concepto de reservistas y la suspensión de las prácticas de tiro tradicionales.

Para Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y egresado del Liceo Aráoz de Lamadrid, la iniciativa es improcedente. “Sería desnaturalizar la esencia misma de los liceos militares. Si bien todos los que van terminan siendo militares efectivamente, se trata de una formación de hombres de bien, de conducta y disciplina militar que se traduce en los hábitos y costumbres”. En su análisis, sugiere que la resolución apunta a desanimar a las camadas futuras: “El no uso de armas y que no puedan ser oficiales de reserva es la motivación misma que lleva al adolescente a ingresar a estas instituciones”.

El artículo 6 de la medida exclama: “Los egresados de los Liceos Militares pasarán a integrar la reserva como establecen las Leyes Nº 24.429, 24.948 y 19.101 y sus modificatorias, permaneciendo fuera del servicio activo, en el grado que ya otorga la Fuerza, cuando su aptitud e instrucción militar satisfagan las competencias exigidas para cada caso, sin responsabilidad operacional alguna hasta tanto se aprueba la Ley de Reserva”.

Los egresados de los distintos liceos se convierten, automáticamente, en oficiales de reserva. Se gradúan con el rango de alférez en la Fuerza Aérea, guardiamarina en la Marina y subteniente en el Ejército, y pasan a formar parte de las reservas de las Fuerzas Armadas del país, en disponibilidad de ser llamados para cumplir tareas y desempeñarse en diversas áreas ante eventuales procesos. En esta nueva disposición, el carácter de los reservistas queda suspendido y condicionado hasta la promulgación de la Ley de Reserva, aún en formulación sin un horizonte claro sobre su regulación.

El artículo 7 también sustituye su fundamentación: “Los cadetes de los Liceos pertenecientes a 1º y 2º año de los Liceos Militares solamente podrán recibir conocimientos teóricos sobre el uso de armas, mientras que los de 3º año y superiores de los Liceos Militares realizarán práctica de tiro en simuladores”. De modo que la práctica de tiro con arma de fuego quedará restringida. Según voceros de los institutos, el ejercicio integra la formación básica. Lo asumieron como una medida prohibitiva del punto de vista presupuestario porque el costo de los simuladores afectaría ampliamente la partida.

Alejandro Barbosa, presidente de la Comisión de Padres de alumnos del Liceo General Belgrano de Santa Fe, reparó en el contexto histórico. “Este es el cuarto intento, desde 2006, en el que se proponen reformar los liceos militares. En ese año ya querían cerrar estas instituciones educativas. En este momento, hay una resolución del Ministerio de Defensa en la cual se establecen cambios inmediatos y otros quedan sujetos a discusión para el 2021”, dijo en diálogo con el portal LT10 de Santa Fe.

Es parte de una instrucción vieja que quedó de la época de Nilda Garré. Hoy está el mismo personal que estaba trabajando con ella en aquel momento”, acreditó el doctor Luis Juez, diputado nacional por la provincia de Córdoba y graduado del Liceo Militar General Paz. En aquellos años hubo intentos similares de supresión de los liceos militares que a través de amparos judiciales terminaron diluyéndose y modificando únicamente cambios parciales. Esta nueva resolución aspira a completar las reformas impulsadas durante la presidencia de Néstor Kirchner.

“Es de una ignorancia supina creer que si vas a un Liceo Militar salís con formación militar, es como pensar que si estudiás en la UBA te recibís de enólogo –comparó Juez, con sorna–. Te lo dice un tipo que cursó el Liceo Militar en la peor época de la dictadura militar porque entré en el 76 y salí en el 81. Te diría que el 95% de mi promoción no fue a ninguna de las tres fuerzas. El actual jefe del ejército, el general Agustín Cejas, es un compañero mío desde los 11 años y tiene conceptos más arraigados de la democracia que cualquier dirigente político de cualquier partido”.

Para el abogado, diplomático y político cordobés, sería torpe seguir insistiendo en una “línea argumental que no tiene asidero ni explicación racional”. “Solo una cabeza llena de prejuicios setentistas puede entender que ir a un Liceo militar instruye valores en contra de la democracia”, calificó, y anunció que intentará hablar con el ministro Agustín Rossi para convencerlo de que desista de la imposición de la norma. También el prestigioso nutricionista Alberto Cormillot, médico graduado del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, se refirió a su formación educativa: “El Liceo fue uno de los hitos más importantes de mi vida y donde me enseñaron la responsabilidad, la lealtad, la puntualidad, la disciplina. Les estoy muy agradecido y ojalá puedan mantener el nivel de excelencia que supieron tener”.

“Como egresado y padre, espero que las modificaciones no desnaturalicen ni hagan perder la esencia de la institución. El liceo militar no forma ‘soldados para la guerra’, lejos está y estuvo de ello. De mi promoción, por ejemplo, ninguno siguió la carrera militar. Es un aprendizaje integral que te forma para la vida, donde además de una reconocida educación de excelencia, se inculcan valores, respeto y apego a las normas de convivencia, el premio al esfuerzo, la disciplina, el amor a la patria, la solidaridad”, expresó Marcelo Pérez, egresado del Liceo Naval Militar Almirante Storni y ministro de Gobierno de Misiones desde diciembre de 2015.

Barbosa también habló de la pérdida de esencia y del concepto de desmilitarización como intención de fondo: el temor y la inquietud compartida casi en unanimidad por distintos actores de la formación educativa militar. El director nacional de Formación del Ministerio de Defensa, Sergio Eissa, respondió a las críticas y fue contundente: “Los liceos no se van a cerrar y no hay ningún plan oculto que se desprenda de esta resolución. Tampoco se va a desnaturalizar su rol como instituciones que forman las reservas porque eso está en la Ley 19.101, que no se va a modificar. La resolución convoca a una jornada pedagógica como se hace en todas las instituciones educativas que se va a realizar en cada Liceo con la participación de los padres, los docentes, los graduados, donde se va a evaluar la calidad de la enseñanza y de los planes de estudios. Ellos propondrán cambios o no. Luego nos juntaremos con la Dirección General de Educación de las Fuerzas Armadas para ver cuáles son las propuestas que hizo cada comunidad educativa, pero en ningún caso se va a modificar la esencia”.

En rigor, la resolución establece la coordinación de un plan académico y pedagógico con perspectiva hacia 2030: “Los directores generales de Educación de las Fuerzas Armadas, junto al director nacional de Formación, elaborarán, antes del 31 de julio de 2021, un nuevo plan pedagógico 2030 para los Liceos Militares y Colegios Secundarios de la jurisdicción”. Asimismo, ordena que el programa deberá ser aprobado por Resolución Ministerial. “Los Liceos van a seguir formando ciudadanos. El Ministerio de Defensa no va a imponer nada”, apuntó Eissa, en plan de paz.

*Fuente: Infobae


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Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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